Enmiendas: una derrota de Alianza País

Hablemos claro: el principal objetivo político de las enmiendas era que Rafael Correa se reelija como presidente ecuatoriano en 2017. Así lo anunció él mismo, después de que su movimiento político, Alianza País, perdiera elecciones locales en nueve de las diez ciudades más pobladas del Ecuador, incluyendo Quito, el 23 de febrero de 2014. Entonces, el Presidente afirmó que cambiaba de opinión —hasta esa fecha había defendido la alternancia como valor esencial de la democracia— para hacer frente a lo que denominó la “restauración conservadora”, un supuesto contraataque de la derecha regional contra gobiernos progresistas, pese a que en 2014 sucumbió ante líderes de muy diversa edad y tendencia ideológica.

Ese fue el móvil político para reformar la Constitución. No la reelección indefinida como cuestión de principios: siempre se habló de la reelección con el fin pragmático del 2017. Tampoco es creíble pensar que Alianza País haya estado dispuesta a soportar movilizaciones sociales para modificar competencias municipales, bajar la edad de un candidato presidencial o poner en la Constitución lo que ya dice la ley sobre la comunicación y las Fuerzas Armadas. El costo político no habría valido la pena.

Pues bien, siendo así, el objetivo de las enmiendas fracasó rotundamente el 3 de diciembre de 2015, cuando cien asambleístas reformaron la Constitución sin consulta popular e incluyeron una disposición transitoria que permite la reelección indefinida después de las elecciones de 2017, en la que no se podrá postular ninguna autoridad que lleve ya dos periodos consecutivos en el cargo. Por tanto, las enmiendas, lejos de ser una victoria, constituyen una sonora derrota para Alianza País desde un punto de vista político y electoral, puesto que impiden al presidente Correa y un grupo considerable de actuales asambleístas ser candidatos en 2017 — más allá de sus terribles consecuencias jurídicas y democráticas, ampliamente expuestas en la opinión pública.

¿Qué cambió?

Luego de pensar en una tercera reelección consecutiva a raíz del “revés electoral” de febrero de 2014 —como simpáticamente lo bautizó la propaganda oficialista—, el presidente Correa ha vuelto a recular. Ahora dijo en Francia que piensa retirarse, en Europa, durante “un buen tiempo” de la política. Pretenderá seguir los pasos del Gran Ausente, el cinco veces presidente ecuatoriano José María Velasco Ibarra, quien dominó la vida política de la primera mitad del siglo XX y era célebre por volver del extranjero para postularse directamente en las elecciones. ¿Cómo así?

Vamos por partes.

El mapa político ecuatoriano se redibujó en el 2014. Exceptuando la alcaldía de Guayaquil, que el correísmo jamás ha podido amenazar, en febrero de ese año el oficialismo sufrió su única derrota electoral importante en ya casi nueve años. La cereza del pastel fue la alcaldía de Quito: aunque el ex alcalde Augusto Barrera arrancó una campaña de menos de dos meses con 45% de intención de voto, al final Mauricio Rodas ganó la capital con el 58% por el movimiento SUMA —donde milito—, organización que además sirve al 26% de los ecuatorianos desde gobiernos locales, incluyendo las alcaldías de Manta, Tulcán, Puyo y otras quince, más las prefecturas de Bolívar, Pastaza y El Oro. Si añadimos las administraciones socialcristianas en la Costa —Guayaquil, Machala, Babahoyo— y la fuerza de la izquierda —Pachakutik y Paúl Carrasco— en la Sierra y Amazonía, más la obtención de numerosos municipios pequeños por parte de AVANZA —que reclutaron a candidatos excluidos de Alianza País—, eso significa un quiebre frente al modelo concentrador del correísmo en los gobiernos locales, que son los más cercanos a la gente. Antes del 2014, ciudades populosas como Quito, Cuenca y Manta tenían alcaldes del oficialismo. Hoy la mayoría de la población no vive bajo administraciones de Alianza País.

Así como ha cambiado la política local “por debajo” de la nacional, también ha cambiado la política regional “por encima” de ella. Salvo Bolivia, todos los países sudamericanos del socialismo bolivariano del siglo 21 están en recesión. Brasil y Venezuela, además de sus terribles problemas económicos, viven de las peores crisis políticas en su historia. El peronismo kirchnerista perdió en Argentina, la segunda economía de Sudamérica, en manos de Mauricio Macri. La oposición en Venezuela acaba de triunfar en las elecciones legislativas. Y Dilma Rousseff enfrenta un juicio político que busca su destitución.

Hoy Alianza País juega en un terreno político local y regional desfavorable. Sin embargo eso, por sí solo, no tendría por qué forzar un giro sobre la reelección indefinida en 2017. Pero algo más grave cambió: la economía.

El astuto Perón decía que el bolsillo es el órgano más sensible del cuerpo humano. La mayor movilización popular en 2015 no fue contra las enmiendas, sino contra el aumento frustrado de impuestos a la herencia y plusvalía, liderada por el alcalde Jaime Nebot en Guayaquil, que aglutinó a 355 mil personas: más del 10% de toda la ciudad salió a la calle. Fue el ataque al bolsillo lo que despertó la reacción masiva de la ciudadanía. Antes y después de ese episodio, casi todas las protestas las han protagonizado los activistas políticos, no las mayorías ciudadanas. No debería sorprender: ya en la época de Juan José Flores, el pueblo no se sumó a los políticos contra la Carta de la Esclavitud, sino al grito de “¡mueran los tres pesos!”. Bien lo decía Bill Clinton: “It’s the economy, stupid!”

En 2016 la cosa no pinta mejor. Luego de dos trimestres seguidos de decrecimiento, ya estamos en recesión. 30% de las empresas están reduciendo puestos de trabajo y 15% de manera drástica, según el director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano. El sector rural sufre 52% de pobreza y 71% sin empleo adecuado, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos. El próximo año no entrará al país un centavo de petróleo, con lo cual hoy vivimos de la agricultura y el camarón, actividades perjudicadas por la actual actividad de volcanes y amenazadas por el inminente fenómeno de El Niño.

Entonces parece ser la recesión económica, más un entorno político desfavorable desde los gobiernos locales y el tablero regional, lo que ha causado que Rafael Correa se eche para atrás en el 2017. Especulo que no solo teme una posible derrota electoral, sino una victoria pírrica: ganar en 2017 con crisis económica, Asamblea en contra y un panorama regional cada vez más adverso. Rafael Correa evitará quemarse el 2017 cuando cumpla recién 54 años. Y para eso preferirá arriesgar el poder —en Argentina, el 50% de popularidad de Cristina no impidió que pierda Daniel Scioli—, con tal de salvar los muebles más adelante.

Así las cosas, todo el futuro queda en la cancha de la oposición. Solo de ella depende canalizar la mayor preocupación de la gente, la economía, en una alternativa creíble para ganar las elecciones del 2017 y luego superar a la Revolución Ciudadana. Y, por tanto, solo de ella depende si la arriesgada apuesta a largo plazo de Rafael Correa queda como anécdota para la historia o se convierte en una realidad.

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Ecuador después de las enmiendas

Aunque más del 80% de los ciudadanos queríamos consulta popular, este 3 de diciembre cien asambleístas reformaron la Constitución en un recinto legislativo que dejó de ser de “puertas abiertas”, como repite la propaganda oficialista, para convertirse desde temprano, por un lado, en un bunker acordonado por miles de policías y, por otro, en un hotel al que incluso llevaron colchones verdes para madrugar antes de la sesión.

¿Cuáles son los principales cambios?

1. Se permitirá la reelección indefinida a partir de la elección local del 2019, destruyendo el principio de alternancia esencial en un sistema democrático presidencialista —a diferencia de sistemas parlamentarios como Alemania— y perjudicando el derecho de igualdad en las elecciones, como razonó la Corte Constitucional de Colombia al impedir un tercer periodo de Álvaro Uribe. Sí, esto no es cuestión de izquierda o derecha. Y da igual si Rafael Correa se postula o no el 2017. Es cuestión de principios.

2. Se recortará el derecho humano a la participación política: los ciudadanos no podrán convocar a consulta sobre “cualquier asunto”, sino solo sobre lo que defina la Asamblea por ley.

3. Se constitucionalizará dos normas que ya habían incluido en la ley —inconstitucionalmente hasta ahora—: que la comunicación sea un servicio público, como la energía o el agua potable, y que las Fuerzas Armadas puedan intervenir en tareas de policía, en contra de lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos —a la que el gobierno sí dice respetar— en el caso Zambrano Vélez contra el mismo Ecuador.

4. Se incluirá a los obreros del Estado en la normativa de servicio público, pero sin derecho a la contratación colectiva, discriminándolos frente a empleados del sector privado.

5. Se quitará a la Contraloría General del Estado la competencia de fiscalizar la gestión en la función pública, aumentando la impunidad contra la corrupción.

6. Se impedirá la competencia de municipios en salud y educación, para lo cual solo podrán construir infraestructura con permiso del Gobierno central.

7. Otros cambios son inofensivos —esos sí, verdaderas enmiendas—, como corregir la palabra “provisionales” por “previsionales” (error mecanográfico en el artículo 372 de la Constitución) o rebajar a treinta años la edad para ser candidato presidencial.

¿Cuáles serán las consecuencias?

En lo jurídico, la mayoría de cambios son inválidos en forma y fondo. En cuanto a la forma, porque al modificarse la estructura del Estado —en casos como la reelección indefinida, Contraloría, Fuerzas Armadas y competencias municipales—, se requería una reforma vía consulta popular En cuanto al fondo, porque hay artículos que restringen derechos humanos —como la igualdad, participación política y libertad de expresión—, lo cual está prohibido y ni siquiera podría resolverse en consulta popular.

En lo político, algunas observaciones:

1. El objetivo electoral de Alianza País era que Correa se reelija el 2017. Y eso no se aprobó, lo cual es una contundente derrota del oficialismo. Veremos qué dice luego la Corte Constitucional. Yo no veo ninguna ventaja para Correa en postularse el 2017: incluso si ganara con las justas, no podría gobernar cómodo teniendo en contra la Asamblea y, sobre todo, la economía. Intentará seguir los pasos de Velasco Ibarra, “el Gran Ausente”, con la esperanza de volver el 2021. Pero nadie sabe cuál será el panorama entonces. En política es imposible apostar a tan largo plazo.

2. Ignoro cuáles serán los efectos prácticos de las enmiendas. Cambios sobre la comunicación o las Fuerzas Armadas ya estaban en vigencia. Veremos qué pasa con los municipios y la Contraloría. Sin la reelección del caudillo el 2017, persistir en la reforma constitucional solo tuvo sentido para Alianza País como demostración de fuerza política. Como una victoria pírrica para ocultar el fracaso.

3. Fuera de la Asamblea, la policía abusó salvajemente contra manifestantes, lo cual prueba que un correísmo con cada vez menos respaldo popular está dispuesto a “defender lo logrado” a punta de fuerza bruta. Tal como en Venezuela. Pero también resulta increíble la violencia promovida por ciertos manifestantes en Quito. Algunos parecen querer combatir al correísmo con sus propios métodos, lo cual es hacerle el juego. Cuidado: el único camino sostenible hacia la democracia es la resistencia pacífica. La violencia solo engendra más violencia. Y rechazo popular.

4. Pese a que se había anunciado en diciembre “la madre de todas las batallas”, la realidad es que muchos ciudadanos han sido indiferentes a esta violación constitucional. La recesión económica, la pérdida de miles de puestos de trabajo, la tragedia de un sector rural que sufre 52% de pobreza y 71% sin empleo adecuado, son las prioridades de la gente que no sigue la política. Que es la amplia mayoría. Y siempre ha sido así. De hecho, las protestas más multitudinarias este año no se dieron contra las enmiendas, sino contra los impuestos a la herencia y plusvalía. La gente salió a defender su bolsillo, no la democracia. Y en época de crisis, eso no debería sorprender.

5. Las enmiendas eran un hecho consumado. La democracia está golpeada, no enterrada. El gran desafío es el 2017. Y la victoria es posible, si la oposición sintoniza con la mayor preocupación ciudadana: la recesión económica. La gente votará por quienes planteen las propuestas más eficaces para que los ciudadanos vivan mejor, lo cual pasa por superar el fracaso del autoritarismo político y del estatismo económico. Al final del día, en democracia las batallas se ganan en las urnas. El 23 de febrero de 2014 vencimos en nueve de las diez ciudades más grandes del país: la única victoria electoral en casi nueve años de correísmo, salvo el caso de la alcaldía de Guayaquil. Con la estrategia correcta y liderazgos convincentes, podremos vencer de nuevo en febrero del 2017, si volvemos a luchar, con unidad y propuestas, para resolver los problemas de la mayoría popular.

Triunfo de Macri y lecciones para Ecuador

Mauricio Macri venció en Argentina contra 12 años de kirchnerismo.

Su triunfo es importante no solo porque Argentina es la mayor economía sudamericana después de Brasil, sino porque Macri ha condicionado la permanencia de Venezuela en Mercosur a que Nicolás Maduro libere a los presos políticos, cuyo rostro más visible es Leopoldo López, y garantice transparencia en las elecciones legislativas el próximo 6 de diciembre, en las cuales, si no hay fraude, se vaticina una contundente victoria de la oposición. El cambio en Argentina podría ser la antesala del cambio en Venezuela.

Así, la victoria de Macri representa una esperanza de giro continental hacia la defensa de la democracia y las libertades, que están por encima del debate entre izquierda y derecha. Y el peso geopolítico de Argentina puede envalentonar a gobiernos civilizados de izquierda, como Chile y Uruguay, para alzar la voz contra sus pares autoritarios del socialismo bolivariano. Por último, una mejora —veremos si llega— en la atribulada economía argentina agravará el desprestigio del modelo despilfarrador de Venezuela, Brasil y Ecuador, hoy hundidos, los tres, en recesión.

Casa adentro, también el resultado argentino deja lecciones a la oposición en Ecuador. Todo el mundo se cree general después de la guerra y algunos acá interpretan conclusiones diametralmente opuestas a las estrategias de que le dieron el triunfo a Macri, que se logró contra viento y marea, con apuestas arriesgadísimas tanto a nivel nacional como en la provincia de Buenos Aires, en contra de la opinión de expertos y columnistas, del “círculo rojo” tan criticado —¡con toda razón!— por el gurú ecuatoriano Jaime Durán Barba.

Macri no ganó con el discurso del conflicto y la revancha, de combatir odio con odio, sino con un mensaje de proposición y reconciliación nacional, de unidad, de alegría, de esperanza, de moderación. Macri ganó sin unirse a Sergio Massa. No cedió a la unidad porque sí y a cualquier costo. No se pasó insultando a Cristina. Puso más énfasis en proponer que en oponerse. Conectó con la mayoría de la gente. Habló de sus problemas, que suelen ser muy diferentes a las preocupaciones de los políticos y analistas. Macri hizo su campaña pensando en la ciudadanía, no en sus amigos y grupos de presión.

Eso se traduce en algunas lecciones para la próxima campaña electoral del 2017 en Ecuador. La victoria exige unirse, sí, pero no con cualquiera: hay sumas que restan y ciertas figuras cuentan con apoyo de parte de la oposición, pero despiertan un rechazo mayoritario en el resto del país. Más importante aún: el único camino para ganar es la proposición. Nadie vota por la crítica sino por las soluciones, que no pueden desconocer algunos logros del correísmo. Lo principal hoy es plantear una alternativa clara para Ecuador, que no signifique un retroceso ni una defensa del pasado, sino que construya una mirada hacia el futuro, en una tarea nacional que no puede excluir a una mayoría que ha votado por el correísmo, sino que debe promover el reencuentro de los ecuatorianos, con una visión de equilibrio entre sector privado y público —sin sustituir la asfixia del Estado por el libertinaje del mercado— a fin de reducir la pobreza y fomentar el empleo para que cada ciudadano viva mejor.

¿Aprenderemos la lección? Estamos contra el tiempo.

Publicado en La República.

Rafael Correa, entre Maduro y Cristina

El panorama político está cambiando en América Latina. Venezuela vive una de las peores crisis de su historia. Brasil y Ecuador están en recesión. En Argentina, Mauricio Macri logró un balotaje sin precedentes que ha puesto en jaque al peronismo. El socialismo bolivariano, aunque permanece en el poder, se resquebraja en el continente. Y la grieta es la economía. con la excepción de Bolivia, que mantiene reservas por el 43% de su producto interno bruto: la prudencia de los “fonditos” que tanto desprecia el gobierno de Ecuador.



¿Qué significa eso para el correísmo? Su futuro puede, por lo pronto, reflejarse en dos posibles espejos: Venezuela y Argentina.



En Venezuela, tras un apoyo multitudinario en las urnas durante la bonanza petrolera, el desastre económico está hundiendo el barco chavista que dirige Nicolás Maduro, quien ya amenazó sin desparpajo que gobernará “en unión cívica militar” con el pueblo si pierde —como se vaticina— en las elecciones legislativas de diciembre. ¿Parecido con Ecuador? Luego de un crecimiento económico sostenido por ocho años, la caída del precio del petróleo hoy hunde a Ecuador en recesión. ¿Querrá Rafael Correa asumir el costo político de la desaceleración económica —por no decir crisis— al presentarse como candidato en 2017? Es cierto que, en lo personal, no se puede comparar a Maduro con Correa, pero también es verdad que ambas economías presentan cuadros similares, cuyos síntomas en Ecuador son atenuados por una administración más profesional y el blindaje de la dolarización. Mirando el espejo de Venezuela, si Rafael Correa persiste en su modelo con un entorno económico adverso, puede que logre la reelección en 2017, pero también puede que su respaldo electoral —y, por tanto, su gobernabilidad— disminuya drásticamente en un cuarto mandato.



Argentina es la otra cara del futuro ecuatoriano. Sin reelección indefinida, Cristina Fernández de Kirchner mantiene una popularidad en torno al 50%, pero su apoyo al candidato oficialista Daniel Scioli —quien, por cierto, no es un incondicional del kirchnerismo— no fue suficiente para evitar, contra todo pronóstico, casi un empate en primera vuelta con el liberal Mauricio Macri, forzando un balotaje inédito en Argentina cuyo resultado es aterradoramente incierto para el peronismo. ¿Parecido con Ecuador? Si Correa no es candidato en 2017, aun reteniendo su popularidad personal, eso no garantiza el triunfo del correísmo, bien porque puede haber una segunda vuelta donde cualquier cosa puede pasar, o bien porque otro candidato no necesariamente será fiel al Presidente. En este escenario, Rafael Correa se arriesga a que su apoyo electoral a un tercero —quizá Lenin Moreno; después del reciente debate, Ramiro González parece descartado— no se traduzca en la continuidad de la argolla oficialista en el poder.



Ahora bien, el futuro político de Ecuador, con sus propios desafíos y realidades, depende de algunos factores peculiares.



El primer factor —y más importante— es la situación económica: si la actual recesión continúa, es probable que Correa desista de lanzarse en 2017.



El segundo factor es la carta de la oposición: puede que Correa confíe en un relevo oficialista si no enfrenta a un rival contundente. Hasta ahora, nadie se ha proclamado candidato —cosa normal a estas alturas— salvo Guillermo Lasso. Sin embargo, tras una campaña multimillonaria y permanente, su intención de voto sigue estancada desde 2013, cuando obtuvo un resultado electoral de 22,6%, seis puntos menos que el derrocado Lucio Gutiérrez en el proceso anterior del 2009 (28,2%), lo cual demuestra que el crecimiento de la oposición en los últimos años no se traduce en un respaldo a su candidatura.



El tercer factor es el cabildeo casa adentro: la decisión de Correa en gran parte se ve influenciada por los intereses de poder al interior de Alianza País y por la necesidad de protegerse —incluso judicialmente— ante un eventual giro al otro extremo del péndulo político.



Por supuesto, aún falta tiempo para la campaña y hay amplio margen de sorpresas. Acaba de entrar en la arena Alberto Dahik, resucitando desde la larga noche neoliberal para pelear, de repente, en la primera línea de fuego del debate económico. Ramiro González dividiría el voto de centroizquierda si compite contra Alianza País. Jaime Nebot dice que no quiere ser candidato, pero la maquinaria socialcristiana se ha reactivado. Mauricio Rodas puede ser una alternativa fresca y equilibrada si, en media crisis nacional, concreta megaproyectos como el Metro y Quitocables. A lo mejor Lenin Moreno participa con su propio movimiento, para aprovechar su capital electoral esquivando el desgaste oficialista. O Rafael Correa podría seguir los pasos de Maduro y combatir el creciente desencanto popular con aún más autoritarismo. Eso sin contar el sexto intento de Alvarito, el contraataque del bucaramato con Dalo, la obstinación de Lucio, las aspiraciones de Paúl Carrasco y el resurgimiento de un movimiento indígena fortalecido en los últimos meses por su liderazgo en las calles.



El tiempo dirá. Lo único claro es que en 2017, por primera vez en una década, las elecciones presidenciales volverán a ser un enigma.





Twitter: @hectoryepezm

No hay crisis y otros cuentos

Dos de cada tres ecuatorianos carecen de empleo adecuado en un sector rural que sufre 52% de pobreza, tres veces más que en la zona urbana. Ya llevamos dos trimestres seguidos de decrecimiento, lo cual técnicamente significa recesión. Estamos cerca del tope de endeudamiento permitido por la ley. Los bancos tienen problemas de liquidez. La construcción está paralizada. Y Ecuador es el país que menos crecerá —o decrecerá, según los nuevos amigos del Fondo Monetario Internacional— después de las peores economías de la región: Venezuela y Brasil. Eso sin contar la amenaza del fenómeno de El Niño que, agravada por la falta de dragado del río Guayas, puede devastar la producción agrícola y acuícola, que hoy sostiene las exportaciones y, por tanto, el equilibrio de la dolarización ante el derrumbe petrolero.

Ninguno de estos datos fue suficiente para evitar que el presidente Rafael Correa defendiera que en Ecuador no hay crisis, durante el debate económico mantenido frente a Alberto Dahik, ex Ministro de Finanzas de León Febres Cordero y ex Vicepresidente del fundador socialcristiano Sixto Durán-Ballén, Mauricio Pozo, ex Ministro de Economía de Lucio Gutiérrez, y Ramiro González, hace poco aliado del gobierno al mando del seguro social, promotor de las salvaguardias y viejo sobreviviente de la Izquierda Democrática.

No seamos ingenuos: había una estrategia política del gobierno detrás del debate. Mi teoría es que se buscaba publicitar una confrontación frente a exponentes creíbles del neoliberalismo (Dahik), el centro (Pozo) y la socialdemocracia (González), en el campo del análisis económico, que debía ser la zona de confort del Presidente. La idea era atestar otro golpe mediático de la Revolución contra la partidocracia, representada por sus viejas caras en todas las tendencias ideológicas. Ello a la par que se evitó enrostrar a los extremos de hoy en la izquierda (Alberto Acosta) y la derecha (Guillermo Lasso), así como se rehuyó la polémica con quienes triunfaron en las últimas elecciones: Mauricio Rodas, Jaime Nebot y Paúl Carrasco. El único militante activo invitado fue Ramiro González, el más cercano a Alianza País, ya que las pretensiones de Alberto Dahik, viejo ducho de la política, aún no están claras.

Pero el tiro salió por la culata.

González fue más político y, en ese campo, contundente, al punto de acusar a Correa, como quien no dice nada, de haber recibido plata de los Isaías. Dahik y Pozo dieron cátedra de economía, avalados por su gestión, respectivamente, durante el gobierno de Sixto Durán-Ballén, que exhibe los mejores resultados económicos de la partidocracia, y el régimen de Lucio Gutiérrez, que ya en dolarización redujo la pobreza más rápido que en casi una década de correísmo.

Al contrario, el Presidente, aunque tenía a tres de su lado —dos ministros y el mismísimo moderador—, terminó inquieto y sudoroso, repitiendo las muletillas de siempre frente a contrincantes a quienes no pudo achicar. Con todo a su favor, tal como ocurrió en las últimas elecciones el 23 de febrero de 2014, el perdedor de esta contienda fue Rafael Correa, en una derrota que, sin embargo, poco benefició a sus debatientes, quienes el oficialismo sabe de antemano que representan un pasado que la mayoría popular rechaza: por eso los escogió.

Pero lo personal es lo de menos. Lo grave es que, junto a Rafael, el mayor perdedor del debate es el actual modelo de la Revolución Ciudadana, que mantiene al Ecuador en la que ya es su peor crisis económica desde el feriado bancario.

Publicado en www.larepublica.ec

Falacias sobre El Niño y el manso Guayas

Dragar el río Guayas es imprescindible. En especial ante la amenaza del peor fenómeno de El Niño desde 1997. A mis entrevistas, artículos y tuits he recibido algunas respuestas del Gobierno Nacional y la Prefectura del Guayas. Algunas son imprecisiones, verdades a medias. Otras son informaciones ciertas pero que no corresponden a los problemas reales sobre el fenómeno climático que se avecina y el río. En este artículo las resumo, para que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones.

Se ha invertido 450 millones de dólares en megaproyectos.

Eso contestó la Secretaría General de Riesgos a Gkillcity por mi artículo “¿Estamos preparados para El Niño?”, cuando critiqué que no se ha dragado el río Guayas, cuya cuenca es el hogar del 40% de la población y representa el 12% del territorio nacional.

El comunicado dice:

El Gobierno de la Revolución Ciudadana ha invertido 450 millones de dólares en mega proyectos de control de inundaciones planificados en las zonas más críticas. Son proyectos que no se realizan de un día para el otro y por lo tanto hablan del principio de planificación y priorización de los proyectos que ejecuta este Gobierno,

Y menciona los proyectos de Cañar, Bulubulu, Naranjal y Chone.

Qué bueno. Pero la respuesta no dice una sola palabra sobre el dragado de los cinco millones de metros cúbicos de sedimento en el Guayas. ¿Qué tanta prevención para El Niño puede haber si no se draga el principal río del país, que está junto a la ciudad más poblada del país, Guayaquil, que es además la cuarta más vulnerable a inundaciones en el mundo según la revista Nature?

El Niño no será tan grave.

Hace semanas entrevisté a Rodney Martínez, director del Centro Internacional de Investigaciones para el Fenómeno del Niño (CIIFEN). Cuando le pregunté qué hacer para mitigar los daños de El Niño, me contestó: “Es urgente que todo el Ecuador sepa que El Niño viene y se tomen las medidas desde las actividades económicas tomando en cuenta su potencial impacto. En este momento la clave para Ecuador es la información a todos sobre la venida de El Niño.”

No parece coherente que, mientras los expertos recomiendan campañas masivas de prevención y educación al ciudadano, el Gobierno pretenda minimizar los posibles efectos de El Niño. Colombia y Perú ya han decretado estados de emergencia. Está bien no ser alarmistas, pero tampoco se puede caer en el otro extremo. En su comunicado a Gkillcity, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos afirmó:

De concretarse las predicciones sobre los efectos de El Niño el país sufrirá las consecuencias del mismo, sin duda, pero estamos mejor preparados. Además si bien las inundaciones y los cambios en las temperaturas pueden perjudicar a diferentes tipos de cultivos otros sectores como el camaronero o el turismo se pueden ver beneficiados.

Datos:

—Con el incremento del volumen de agua se puede potenciar el cultivo de palma, café, cacao, mejorar forestación. Aumenta la captura del camarón silvestre y el dorado. Y beneficia el turismo.

—Se cuenta con 650 millones de dólares para emergencias como las que se puedan suscitar con el Fenómeno El Niño.

—Se cuenta con la disponibilidad de recursos del BID y Banco Mundial por 300 y 150 millones respectivamente.

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. Enlace Ciudadano 440. 5-sept-2015

Los datos de la Secretaría de Gestión de Riesgos tienen como fuente la sabatina 440 que a su vez tiene como fuente al Ministerio de Agricultura. No se muestra ninguna fuente independiente al Gobierno para sustentarlos, ni la metodología utilizada para concluirlos.

La experiencia, sin embargo, ofrece un contraste preocupante. Por un lado, se afirma que El Niño no afectará al cacao y café, que son los productos de mayor exportación nacional después del petróleo, el banano y el camarón en lo que va del 2015. No obstante, hace un par de meses el café y el cacao sufrieron plagas vinculadas al fenómeno de El Niño según un funcionario del Ministerio de Agricultura, entidad que declaró emergencia en el sector. Por otro lado, según el Vicepresidente de la Asociación de Productores de Cacao, en 1997 El Niño arrasó con el 50% de toda la producción de cacao en el Ecuador. ¿Cómo cambiaron las cosas tan drásticamente?

Por último, la Secretaría afirma, sin ofrecer ninguna fuente o estadística, que El Niño beneficia el turismo. Resulta difícil de suponer: mientras toda la costa ecuatoriana esté anegada y paralizada por las inundaciones, el país esté incomunicado y la gastronomía esté afectada por la migración de peces ante la subida de temperatura del agua, como explica Efrén Avilés, consultor del Ministerio de Turismo. No soy experto en el tema, pero me cuesta creer que a uno le den ganas de pasear cuando el cielo se viene abajo.

Con lo anterior no pretendo negar de antemano la validez de lo que publicita el Gobierno. Lo que cuestiono —ante declaraciones y experiencias contradictorias— es que presente evidencia (sin mayor sustento que sus propias afirmaciones) para justificar su publicidad.

Es mejor dragar cuando pase El Niño.

Es el argumento estrella de Jimmy Jairala, Prefecto de Guayas. Jairala ya ha anunciado que dragará el río Guayas recién después mayo de 2016, cuando El Niño haya pasado.

El pretexto: es inútil dragar un volumen de sedimentación que aumentará con el fenómeno. Eso es como decir que es inútil limpiar la casa porque se va a ensuciar la semana siguiente. Por supuesto, se trata de una falacia: si Jairala hubiera dragado antes de El Niño, habría servido enormemente para evitar amenazas a la vida y la economía de los guayasenses, tal como lo explico acá en EXPRESO. Los cinco millones de metros cúbicos de sedimentación que hoy están en el manso Guayas provocarán que el río se desborde con más intensidad que si no existieran. Es puro sentido común.

¿Qué pasa si El Niño trae más sedimento?

Pues hay que dragar de nuevo. Como debería ocurrir siempre: el dragado no es cosa de un día, sino que debe ser una actividad permanente, junto a medidas de mediano y largo plazo para reducir y manejar la sedimentación, como la reforestación de la cuenca alta y megaproyectos de infraestructura (según expertos, propuestas tan variadas como: escolleras, un bypass o una vía artificial dentro de Guayaquil que canalice inundaciones, lo cual debe determinarse con estudios).

El argumento de Jairala es una simple excusa por no haber dragado hasta hoy. Es obvio que, si a estas alturas ni siquiera comienza el proceso precontractual del proyecto, no quedará más que dragar cuando El Niño haya pasado. Se trata de un discurso para justificarse políticamente frente a hechos consumados que bien se pudieron evitar.

El vil metal.

Dragar el Guayas cuesta sesenta millones de dólares. Desde mayo 2014, por lo menos, el Prefecto Jairala esgrime la falta de recursos como un desafío a resolver para ejecutar el dragado. Ahora se ha resuelto que el Gobierno pondrá 20 millones y la Prefectura 40 millones de dólares.

La gran pregunta  es por qué Jimmy Jairala no reclamó los 60 millones completos de parte del Gobierno cuando le pasaron la competencia el 26 de abril de 2012, mediante resolución CNC-005-2012 del Consejo Nacional de Competencias, cuando el artículo 273 de la Constitución obliga a que toda competencia se transfiera con los recursos suficientes. Los motivos de su silencio deberán ser explicados por el mismo Prefecto, pero lo cierto es que su inacción hoy provoca un perjuicio de 40 millones de dólares para la provincia por una obra que, por mandato constitucional, debió ser financiada en su totalidad por el Gobierno Nacional.

Y no ahora, sino hace, por lo menos, tres años y medio.

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EXPRESO: "Es muy tarde para el dragado"

Entrevista en diario EXPRESO: http://goo.gl/LyIKYU

Calma y datos. Las reflexiones que comparte con EXPRESO tienen más tono de comentarista que de político, aunque sea ambas cosas.

Luz verde para iniciar el dragado. ¿Qué le parece?

Es positivo que la presión ciudadana haya obligado a las autoridades, tanto al prefecto Jairala como al Gobierno nacional, a hablar del tema. Eso es bastante.

Pero...

Pero Jairala ha dicho que se va a dragar en mayo, cuando haya pasado el fenómeno de El Niño. El dragado del río Guayas, que tiene cinco millones de centímetros cúbicos de sedimentación, debió realizarse antes, justamente para evitar las inundaciones y perjuicios. No solo en Guayaquil, sino en el sector rural, donde el 52 % de los agricultores vive en condición de pobreza.

La Prefectura negó, en su momento, que la afectación de El Niño hubiera sido menor por el dragado.

Todos los expertos dicen lo contrario. Es sentido común: el sedimento va a empeorar las inundaciones. Solo para recordar: este año, en días sin lluvia, se desbordaba el agua de las alcantarillas de Guayaquil porque creció el río.

Jairala alegó que El Niño podría duplicar la sedimentación. ¿Por qué dragar antes?

No se puede esperar por los daños. No se trata de cuánta sedimentación hay, sino de los efectos que genera. Insisto: esto es como decir que no voy a bañarme en la mañana porque voy a sudar más tarde. El Guayas siempre va a tener sedimentos, por eso siempre hay que dragar. No se ha hecho y se va a sentir, sobre todo, en la zona rural.

En todas partes...

Hay gente de la ciudad que piensa que esto no le va a afectar. Y no es verdad. Porque la exportación agrícola, en lo que va del año, es casi igual a lo que hemos vendido en petróleo. Esto podría terminar por agravar la crisis económica.

Hay vidas y dólares en juego. Los riesgos están claros. ¿Y los responsables?

Legalmente la competencia es de la Prefectura, pero socialmente hay dos responsables: uno es Jimmy Jairala, que tiene la competencia desde hace tres años y medio y debió gestionarlo antes. Si no tenía los recursos para asumir la competencia debió reclamar, pues. Se ha quedado callado porque anda haciendo cálculos políticos con el presidente.

¿Y el segundo?

Por otro lado, el Gobierno nacional, por no haber dado la plata, por haberse demorado y porque no solo es un tema provincial; en la cuenca del río Guayas vive el 40 % de la población nacional. Si hubo negligencia de Jairala, el Gobierno debió intervenir.

No se llora sobre el agua derramada. El proyecto empieza a caminar. ¿Es muy tarde?

Muy tarde para el dragado, para prevenir lo que se podía ante El Niño. Pero de todas formas hay que hacerlo.

Andersson Boscán Pico

Humanismo: el centro sí existe

Ser de centro es no creer en nada. Es carecer de ideología. El centrista es un solapado de derecha o un socialista camuflado. Todo para acomodarse a las circunstancias del momento. Estas son parte de las acusaciones habituales contra quienes nos identificamos en esta línea. A veces, las críticas son fundadas. En Colombia, Álvaro Uribe lidera la derecha con un partido llamado “Centro Democrático”, nombre idéntico a un movimiento local de Jimmy Jairala en Ecuador, cuyas convicciones en cambio son un absoluto misterio. No obstante, la manipulación de algunos no significa negar la sustancia ideológica del centro como tal.

Quienes afirman que el centro es igual a la nada parten de un maquineísmo que reduce todas las ideas sociales a tan solo dos bandos: la derecha y la izquierda. Como si la sociedad entera fuera una guerra. Como si los complejísimos problemas sociales, económicos, jurídicos y políticos del mundo moderno pudieran resolverse con el “todo o nada”. Como si el universo pudieran explicarse únicamente con las categorías binarias de socialismo o liberalismo. Como si el espíritu progresista (izquierda) o el espíritu conservador (derecha) fueran méritos en sí mismos sin importar los temas a los cuales se apliquen: reformarlo todo es tan absurdo como mantenerlo todo. Con sus honrosas excepciones, la izquierda y la derecha, tal como hoy se venden en nuestros sistemas políticos latinoamericanos, se han convertido más en fórmulas de marketing electoral que en conjuntos coherentes de propuestas ciudadanas.

En pleno siglo 21, propongo al centro como la expresión de un nuevo humanismo que parte de esta convicción fundamental: el ser humano, el de carne y hueso, está por encima de cualquier extremo ideológico. Las personas y la dignidad humana no pueden ser sacrificadas en el altar de las abstracciones políticas: nadie es dueño absoluto de la verdad, ni puede blandirla como arma para arrasar a los demás. Y el diálogo es el valor primordial de una democracia. Por ello, si bien pueden existir dictaduras de derecha (Augusto Pinochet) o de izquierda (Fidel Castro), una dictadura de centro sería un contrasentido. Porque el centro predica, ante todo, el valor de la tolerancia, del respeto mutuo, del consenso por encima de los extremos, lo cual resulta hoy imposible al margen de la democracia.

Ahora bien, si por ideología se entiende un sistema de concepciones bajo las cuales el ser humano se desenvuelve en la sociedad, por supuesto que el humanismo de centro es también una ideología. Pero una que de antemano reconoce sus propios límites y entiende sus propias convicciones como principios de acción, no como revelaciones cuasi divinas. En lo económico, el centro reconoce la importancia del sector privado, donde cada uno se esfuerza por trabajar, emprender y generar empleo, así como la relevancia de un Estado eficaz, donde juntos proveemos servicios y obras públicas, regulamos las relaciones sociales y garantizamos un piso común de oportunidades. El humanismo entiende la libertad y la igualdad como dos caras de la misma moneda, y lucha por una justicia social que no se construye desde el abuso autoritario del poder, sino desde la defensa de los derechos de cada persona. El humanismo propone una visión de centro que supera la dinámica social entendida como infinito combate de intereses y clases, para incluir a la mayor cantidad posible de ciudadanos en amplios acuerdos que nos permitan prosperar y resolver diferencias legítimas, siempre con respeto al núcleo innegociable de los derechos humanos.

Es verdad que el centro ha sufrido una lamentable falta de reflexión y difusión sobre sus ideas, al punto de llegarse a confundir con un pragmatismo sin sustancia o una conveniente excusa para el quiebre de cintura en la danza política. Ante ello, quienes estamos convencidos de la necesidad del equilibrio en la economía, del diálogo como herramienta vital de la sociedad, de la hermandad inseparable entre libertad, igualdad y justicia, tenemos el desafío de abrir el debate sobre un nuevo humanismo que supere la vieja batalla entre extremos ideológicos, que siguen latentes con nuevos ropajes, pero poco responden ya a los problemas latinoamericanos del siglo 21.

Publicado en Brieffy.com

El Manso podría dejar de serlo (si no lo dragan)

El presidente Correa dice que estamos preparados para el inminente fenómeno de El Niño que, según expertos, será el peor desde 1997. La Secretaría General de Riesgos afirma que se han invertido cuatrocientos cincuenta millones de dólares en megaproyectos de control de inundaciones. Pero nadie en el Gobierno dice una palabra sobre el dragado del río Guayas. Su cuenca —la mayor de toda la costa sur del Pacífico— abarca el doce por ciento del territorio nacional y en ella vive el cuarenta por ciento de la población del Ecuador. Si el Guayas no se draga —si no se extrae los cinco millones de metros cúbicos de sedimentación que acumula— y si no se coordinan acciones ambientales y forestales para evitar la sedimentación a mediano plazo, cuando la marea suba se inundarán Guayaquil y más de veinte cantones. La agricultura de un sector rural —que ya sufre más de 52% de pobreza  y que hoy sostiene las exportaciones de todo el país ante la crisis del petróleo— será arrasada.  

Sobre este tema no solo sorprende el silencio, sino las contradicciones. 

El pasado 10 de septiembre, el Ministro Coordinador de Seguridad, César Navas, afirmó en Ecuavisa que estaban asignando recursos a los gobiernos locales para dragar ríos.

Buena noticia, pensé. Le pregunté en Twitter si eso significaba dar, por, fin los sesenta millones de dólares necesarios para dragar el Guayas. “Nunca se mencionó eso. El gobierno apoyará las acciones de limpieza de canales y dragado. Es competencia de los GAD.”, me respondió.

¿Están dragando ríos pero no el que más importa dragar? ¿Cuál es la lectura que debemos tener respecto de esto? 

El ministro Navas culpa a las Prefecturas. En parte con razón. Desde la resolución del Consejo Nacional de Competencias del 26 de abril de 2012, la responsabilidad de dragar el río recae sobre el prefecto de Guayas, Jimmy Jairala, que prometió hacerlo este año. Pero estamos octubre y ni siquiera ha empezado el proceso de contratación. Más contradicciones: en su enlace del 17 de septiembre (minuto 29), el Prefecto ahora dijo que no tiene sentido dragar los cinco millones de metros cúbicos sedimentados en el manso Guayas, porque El Niño aumentará esa cantidad. Algo similar declaró el 2 de octubre a Ecuavisa. Eso es tan absurdo como afirmar que no hay que limpiar la casa porque se ensuciará la semana siguiente. ¿Por qué esperar que llegue más sedimentación al río —según Jairala podría hasta duplicarse— para recién dragar? ¿Al aumentar el volumen, sube el costo del proyecto? 

Por otro lado, si bien la Prefectura es responsable del dragado, el Gobierno debe darle recursos para que lo haga. El artículo 273 de la Constitución es clarísimo: no se puede transferir una competencia sin dinero a un gobierno local, salvo que el local renuncie a su derecho a recibir los recursos. Ahí surgen más dudas: ¿por qué Jimmy Jairala no se sacó el sombrero para exigir los sesenta millones de dólares cuando le dieron la competencia hace tres años y medio, en abril de 2012, en plena bonanza petrolera? Si en efecto aceptó la competencia, ¿renunció a ese dinero que era de la Provincia? ¿O le dieron los recursos y no se han invertido en el dragado? En Venezuela, el Estado asume el dragado permanente del Orinoco en cooperación con China. ¿Por qué el Gobierno no cobra a los chinos el favor de pagar tasas altísimas de interés en compras anticipadas de petróleo, a cambio de que nos ayuden dragando el Guayas? 

Otra área gris en en todo esto es el costo de no dragar. En 1997 y 1998, El Niño perjudicó a Ecuador por casi tres mil millones de dólares según la CEPAL, sin contar la pérdida de vidas humanas, pero, además, hay que pensar en el uso de la sedimentación dragada que, mezclada con cal, sirve para relleno hidráulico en obras de construcción. En mayo de 2015, Jimmy Jairala prometió un millón y medio de metros cúbicos de sedimentación para relleno del Parque Samanes y el resto para El Recreo en Durán. Sin embargo, la draguita de la Armada que hoy está en el río contratada para extraer 268.000 metros cúbicos —tan solo 5% del total—, coloca la sedimentación en el islote El Palmar. Es correcto confinar el islote con sedimentación, ¿pero qué hay del resto? ¿Cuánto perjudica en costo para el Estado no haber utilizado el relleno hidráulico en obras públicas? ¿Cómo se avalúa el daño de no contar con ese relleno para la sufrida población de El Recreo?  

El Niño se acerca. Las autoridades deben tener cuidado: el río Guayas será manso, pero si se suma la falta de dragada a la llegada de un fenómeno climático que los científicos han bautizado —sin consideraciones infantiles— como Godzilla, podría no solo sacarlo de su calma, sino tener efectos devastadores en la economía y la vida de muchos ecuatorianos.  


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Al Manso Guayas

Panteón de los piratas invasores

y de cruces de obreros rebelados.

Testigo mudo al sol de los enfados

de ayer esclavos, que hoy son vencedores.

Eres viva corriente que refrescas

calores de pasión. Tu honda brisa

seduce al malecón y tu ola pisa

recuerdos de astilleros y de grescas.

Con Olmedo encendiste el alma brava

que en Guayaquil parió al libre Ecuador

con sangre, independencia y equidad;

y bañas en mansa agua al son que graba,

en grito huancavilca abrasador,

la lucha por la eterna libertad.

Dos caminos, un solo Ecuador

Ante las masivas protestas contra las enmiendas constitucionales y la política económica, la Revolución Ciudadana tiene dos caminos. El primero: bajar la guardia y lograr consensos. El segundo: contraatacar con todo, bajo la consigna bélica de matar o morir.

El sentido común aconsejaría la primera alternativa en el panorama actual del país. En una economía donde el Gobierno ya se comió las vacas gordas, según el Presidente recibiremos solo 40 millones de dólares en petróleo para 2015, cuando esperábamos 3.087 millones. El agresivo endeudamiento apenas alcanza para cubrir el déficit. Se viene un fenómeno de El Niño que amenaza al agro, hoy motor económico del país, arriesgando con ello la balanza comercial y la dolarización, lo cual puede agravarse por el incumplimiento del dragado del río Guayas. Y la anunciada erupción del volcán Cotopaxi es una espada de Damocles cuyas consecuencias catastróficas son impredecibles.

En este peligroso escenario, un estadista pondría el bienestar nacional por encima de su agenda partidista. Incluso si las enmiendas fueran justificadas, mejor sería dejarlas de lado aunque solo fuera para lograr la unidad y paz social que nos permitan a todos arrimar el hombro en tiempos difíciles. El diálogo no es solo una recomendación del papa Francisco. Es el único camino sensato para el Ecuador.

Sin embargo, el oficialismo le apuesta al segundo camino: matar o morir. La lógica no responde al bien común, sino a la supervivencia electoral. La estrategia del correísmo obedecería a la siguiente doctrina: si cedemos, nos comen vivos; por tanto, hay que pelear con todo y ver qué pasa. Avivar el conflicto les parece el mal menor.

Esa es la única explicación para lo que vivimos. Mientras el régimen dialoga frente al espejo, redobla el acoso para quebrar a los medios de comunicación e inicia la disolución de FUNDAMEDIOS, en una evidente desviación de poder similar al caso de RCTV en Venezuela, que acaba de ser condenada en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que nuestro gobierno sí dice respetar. El correísmo avanza en las enmiendas y se obstina en su defensa a los impuestos de herencia y plusvalía, lo cual rechaza la mayoría del país. Y frente a las protestas de más de medio millón de ecuatorianos en las últimas semanas, que dejaron un saldo de 104 encarcelados según la CONAIE, el Presidente ahora reniega del derecho a la resistencia garantizado en Montecristi y amenaza, en plena sabatina, a los jueces que procesan a los manifestantes.

El Niño y el Cotopaxi, la crisis económica y la caída del petróleo, nos golpean a todos por igual, seamos oficialistas u opositores de izquierda, centro o derecha. Por ende, lo que necesitamos son paños de agua fría y promover un auténtico diálogo con concesiones mutuas para superar lo que se viene. Lo último que necesita un Ecuador ya incendiado es echarle, de lado y lado, más gasolina al fuego. La llave del camión de bomberos está en manos de Carondelet.

Twitter: @hectoryepezm

¿Estamos preparados para El Niño?

El Niño no viene a jugar. Según Rodney Martínez, director del Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno del Niño (CIIFEN), este fenómeno climático se repetirá en 2015 y puede ser similar al que causó las catástrofes de 1997 y 1998. Lo mismo pronostica la Organización Meteorológica Mundial. El Niño de esos años fue devastador: según la CIIFEN, hubo 352 muertos y 30.000 damnificados. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), los daños económicos ascendieron a más de USD 2.869 millones, equivalentes al 48% del producto interno bruto de 1997 de Ecuador. No, esto no es un juego.


Hoy nuestra infraestructura es superior a la de 1997. Sin embargo, los estragos de El Niño pueden ser terribles por la actual situación económica del Ecuador. Mientras el sector público raspa la olla con un petróleo por los suelos y la construcción está paralizada, es el agro lo que mantiene al Ecuador: según el Banco Central, entre enero y junio de 2015 solo las exportaciones de banano, camarón, cacao y café ascendieron a 3046 millones de dólares, cifra muy cercana a lo que vendimos en petróleo durante el mismo periodo, 3824 millones. Si El Niño arrasase con la agricultura, acuicultura y ganadería, no solo dejaría en la ruina a los campesinos —ya más del 52% viven en la pobreza según el INEC—, sino que podría desequilibrar toda la balanza comercial del país. Y eso significa un riesgo gravísimo para la dolarización: si las exportaciones son muy inferiores a las importaciones, salen más dólares de los que entran. El sistema monetario puede colapsar.


El problema es nacional, pero el principio de la solución es regional. La principal medida de prevención es extraer y evitar la sedimentación del río Guayas, cuya cuenca —la más grande del Pacífico sur— integra a nueve provincias y supera los 34.000 kilómetros cuadrados, un área diez veces más grande que el tamaño de Guayaquil. Para ello, la acción más importante en el mediano plazo es dragar el río, sin perjuicio de otras medidas de largo plazo, sobre todo ambientales, para evitar que se forme la sedimentación. En estos momentos, una draga de la Armada remueve 268 mil metros cúbicos —más de dos veces el volumen total que podía cargar el Titanic— de sedimiento para ponerlos en el islote El Palmar, que ha surgido a la vista de Guayaquil, Durán y Samborondón. Pero eso es apenas el 5% de los cinco millones de metros cúbicos de sedimentación que deben dragarse en el Guayas. Es como arar en el mar.


¿De quién es la culpa? Que no se drague desde 1968 es responsabilidad histórica del Estado ecuatoriano. Pero desde hace tres años y medio la pelota está en la cancha del prefecto Jimmy Jairala: el 26 de abril de 2012, el Consejo Nacional de Competencias resolvió que corresponde a los gobiernos provinciales “ejecutar obras de dragado” (resolución 005-CNC-2012, artículo 13), en coordinación con el Estado central, de acuerdo al artículo 263.3 de la Constitución ecuatoriana. Su artículo 273 dispone que las competencias a los gobiernos locales se otorgarán con el dinero necesario: “no habrá transferencia de competencias sin la transferencia de recursos suficientes, salvo expresa aceptación de la entidad que asuma las competencias”. ¿Entonces por qué la Prefectura no exigió la entrega de los USD 60 millones que cuesta el dragado, cuando el presupuesto provincial de Guayas en 2012 era USD 156 millones? ¿Por qué Jimmy Jairala no defendió de pie los recursos para la provincia, cuando en 2012 sobraba la plata del petróleo? ¿O será que aceptó asumir la competencia sin recursos suficientes, como prevé el artículo 273 de la Constitución? ¿Tendrá algo que ver que, en abril de 2012, estábamos a las puertas de las elecciones del 2013 en las cuales su movimiento político apoyó la campaña presidencial de Rafael Correa? La provincia merece respuestas claras a estas interrogantes.


¿Propuestas? Decretar estado de excepción en la cuenca del Guayas —Colombia y Perú ya declararon emergencia— para tomar las siguientes medidas. Primero, contratar el dragado urgente: si la Prefectura no tiene plata, el Gobierno debe cubrir el costo de inmediato. USD 60 millones para dragar es muchísimo más barato que los USD 2.869 millones de daños que dejó El Niño en 1997 y 1998. Segundo, ya que ese dragado indispensable no alcanzará a mitigar el impacto de El Niño, cuyo golpe duro se prevé para noviembre, hay que intensificar el trabajo en drenajes y canales de la cuenca del Guayas (parte de eso ya se ha anunciado). Tercero, se debe elaborar un plan integral de apoyo al agro con capacitación y crédito, incluso evaluando la posibilidad de subsidios focalizados. Cuarto, urge reubicar a quienes viven en zonas de riesgo para evitar muertes y destrucción de hogares. Y, por último, es necesaria una campaña masiva de prevención para que los habitantes en áreas urbanas y rurales sepamos cómo reaccionar ante posibles catástrofes. De seguro hay más y mejores ideas. La pregunta es qué esperan las autoridades para, en vez de montar caballos, tomar el toro —o, más preciso, al Niño— por los cuernos.

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Somos más... ¿Y ahora?

Ecuador asiste a la decadencia política de Alianza País. Está por verse si eso se traducirá en un cambio electoral el 2017. Lo cierto es que el modelo correísta está hecho pedazos ante el derrumbe petrolero, luego de casi 9 años de incontenible gasto público que en parte se invirtió en infraestructuras y modernizar servicios públicos, mientras por otro lado se despilfarró en tejer una red impresionante de clientelismo político. Todo con la consigna ideológica de reemplazar, hasta la asfixia, a la empresa privada. Contratos para los ricos, consumo y empleo burocrático para la clase media, bono para los pobres: esa fue la estrategia para anestesiar, con abundancia de petrodólares, a la mayoría de la sociedad para impunemente secuestrar la justicia, perseguir a periodistas y opositores, tomarse el Consejo Nacional Electoral, encubrir la corrupción y construir un autoritarismo del siglo 21 que destruye las libertades bajo el pretexto de las elecciones.

Pero el modelo se vuelve insostenible sin petróleo ni respaldo popular.

Es lo que ocurre hoy: si sumamos 355 mil personas el 25 de junio en Guayaquil y más de 100 mil el 13 de agosto en Quito, alrededor de medio millón de ecuatorianos hemos salido a las calles en las últimas semanas. Eso más decenas de miles en otros días y lugares a lo largo del Ecuador. La cifra es altísima para un país con 15 millones de habitantes. Solo en Guayaquil protestó más del 10% de su población: si no estuvo personalmente, cualquier guayaquileño seguro tiene un amigo o pariente que salió el 25 de junio a la 9 de Octubre. Pese a que una parte timorata —o chantajeada— de la prensa lo disimula, somos muchisisísimos más quienes queremos un cambio democrático y estamos dispuestos a luchar por él.

La pregunta es: ¿y ahora? Ante la agonía del correísmo, algunos pretenden satanizar a la izquierda para promover un giro a la derecha. Con la crisis de Dilma en Brasil y Maduro en Venezuela, el eco es latinoamericano. Sin embargo, a nivel regional, las protestas también se dirigen contra gobiernos de centro o derecha como en México y Guatemala. El problema principal del correísmo —o del socialismo del siglo 21— no es ser un proyecto de izquierda, sino un proyecto autoritario. Y el autoritarismo no distingue entre izquierda o derecha. Si quienes lideran la política y la opinión pública no llegan a esa conclusión, es posible que el péndulo nos lleve a una derecha —o a otra variante de la izquierda— igual o peor que Alianza País.

Lo urgente en Ecuador, por tanto, no es discutir sobre izquierdas y derechas, sino sobre autoritarismo y democracia. También urge admitir que la democracia no es algo a recuperarse, sino a prácticamente inaugurarse en nuestra historia reciente. Lucio destituyó a la Corte Suprema. Jamil nos llevó al desastre económico. Abdalá gobernó como un lunático. Los tres fueron derrocados. Rafael pescó a río revuelto y profundizó la tendencia a hacer política contra los valores democráticos. La diferencia es que fue más hábil que el resto y le jugó la lotería del petróleo.

Una y mil veces la historia lo comprueba: el combate a un régimen autoritario no necesariamente conduce a la democracia. Sobre todo si no se atacan las causas del autoritarismo y no se practica un esfuerzo extraordinario para evitar que se reinstalen en la sociedad. Si se enfrentara al correísmo a través del insulto, la violencia y el sectarismo, con líderes de mano dura y mesías que prometen borrón y cuenta nueva, se abriría la puerta a reeditar los mismos vicios de hoy en la derecha o la izquierda. Incluso puede que Alianza País prevalezca a falta de una clara diferenciación al momento de las elecciones. Igual riesgo existe si quien encara al oficialismo, siendo democrático, no conecta con las preocupaciones masivas de las grandes mayorías de la clase pobre y media.

Así, el 2017 exige un difícil balance: carisma sin megalomanía, tolerancia sin debilidad, inteligencia sin arrogancia, popularidad sin populismo. Y voluntad firme para edificar instituciones democráticas con amplia participación nacional, lo cual requiere un equilibrio entre liderazgo y consenso. Son varios los caminos para llegar allá. Ninguno pasa por la hipertrofia del ego ni el extremo de las ideologías.

Twitter: @hectoryepezm

Militarizar la calle

Mientras el presidente Rafael Correa hace propaganda sobre el diálogo, las Fuerzas Armadas se toman las calles del Ecuador. Ante el anuncio de un paro nacional y un levantamiento indígena contra las enmiendas constitucionales —luego de protestas masivas que empezaron el 25 de junio en Guayaquil— el Presidente llamó a los militares a “combatir por la patria”, desnaturalizando su deber de proteger la soberanía nacional para involucrarlas en asuntos internos en defensa de Alianza País, el partido oficialista. Desde entonces, las FFAA están en un lugar que no les pertenece y su participación no debería ser aceptada bajo ningún argumento.

El 18 de agosto, la infantería de marina llegó a Macas y, días después, 1.200 policías y militares rodearon la gobernación de Morona Santiago. Esto desembocó en enfrentamientos entre indígenas y militares. Tres días antes, el 15 de agosto, a los militares se les pasó la mano con los protestantes y llegaron al extremo de disparar a una casa donde ellos se refugiaban en Sucúa, un pueblo de Morona Santiago. El hecho fue reproducido en un video que el Ministro de Defensa Nacional, Fernando Cordero, no pudo negar ante la entrevistadora María Josefa Coronel en Teleamazonas. Corcho acusó a Coronel de desinformación y justificó el “uso progresivo de la fuerza”. No le quedaba más: es imposible tapar con un dedo la represión contra el pueblo ecuatoriano.

Es cierto que durante las manifestaciones de estas últimas semanas hubo personas violentas, pero la inmensa mayoría de los cientos de miles de ecuatorianos —siquiera medio millón— que hemos protestado en las calles de Guayaquil, Quito, Galápagos, la Amazonía y el resto del país, nos hemos expresado en paz y democracia. Muchos en familia, con niños y adultos mayores. Los violentos —a quienes la Conaie, no sé si con razón, acusa de infiltrados— son una pequeñísimo grupo. Y esa violencia, por minoritaria que sea, hay que condenarla con todas las letras: el único camino hacia la democracia es la resistencia pacífica. En cualquier caso, militarizar las calles al estilo de dictadura setentera es inaceptable.

Que las FFAA intervengan en los conflictos internos del país es inconstitucional. El artículo 158 de la Constitución limita el rol de las Fuerzas Armadas a defender la soberanía y la integridad territorial. Para la seguridad dentro del país está la Policía Nacional. Y si para los oficialistas eso no es suficiente, entonces nos deben una explicación sobre cómo administran la institución policial. El problema, por supuesto, es que la Constitución no siempre es respetada por los asambleístas. Por eso, en 2014, la mayoría la violó para reformar la Ley de Seguridad Pública y del Estado, que permite a los militares “apoyar” a la policía en la seguridad interna. Con el pretexto de combatir la delincuencia, abrieron la puerta a la militarización de la calle.  Como la reforma fue inconstitucional —ya que una ley no puede estar sobre la Carta Magna—,  el paquete de enmiendas vigente en la Asamblea busca cambiar de una vez por todas el artículo 158 de la Constitución para autorizar a las Fuerzas Armadas a “complementariamente, apoyar en la seguridad integral del Estado de conformidad con la ley”. Se quiere legalizar lo inconstitucional. 

La situación es grave. Ya fue Ecuador sentenciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos —que el Gobierno sí dice respetar— por asignar tareas de seguridad interna a los militares. El argumento de la Corte es que Fuerzas Armadas están entrenadas para la guerra, para neutralizar al enemigo externo y no para proteger al ciudadano común, que es la misión de la Policía. Cambiar los roles de estas instituciones suele desembocar en violaciones de los derechos humanos, como ha pasado en otros países. Y ese es el grave riesgo de manipular los deberes de las Fuerzas Armadas para defender un “proyecto político” por encima de la Constitución.

Publicado en Gkillcity.com