Aunque más del 80% de los ciudadanos queríamos
consulta popular, este 3 de diciembre cien asambleístas reformaron la
Constitución en un recinto legislativo que dejó de ser de “puertas abiertas”,
como repite la propaganda oficialista, para convertirse desde temprano, por un
lado, en un bunker acordonado por miles de policías y, por otro, en un hotel al
que incluso llevaron colchones verdes para madrugar antes de la sesión.
¿Cuáles
son los principales cambios?
1. Se permitirá la reelección indefinida a partir de la elección local del 2019,
destruyendo el principio de alternancia esencial en un sistema democrático presidencialista
—a diferencia de sistemas parlamentarios como Alemania— y perjudicando el
derecho de igualdad en las elecciones, como razonó la Corte Constitucional de
Colombia al impedir un tercer periodo de Álvaro Uribe. Sí, esto no es cuestión
de izquierda o derecha. Y da igual si Rafael Correa se postula o no el 2017. Es
cuestión de principios.
2. Se recortará el derecho humano a la participación
política: los ciudadanos no podrán
convocar a consulta sobre “cualquier asunto”, sino solo sobre lo que defina
la Asamblea por ley.
3. Se constitucionalizará dos normas que ya habían
incluido en la ley —inconstitucionalmente hasta ahora—: que la comunicación sea un servicio público,
como la energía o el agua potable, y que las Fuerzas Armadas puedan intervenir en tareas de policía, en contra
de lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos —a la que el
gobierno sí dice respetar— en el caso Zambrano Vélez contra el mismo Ecuador.
4. Se incluirá a los obreros del Estado en la
normativa de servicio público, pero sin derecho
a la contratación colectiva, discriminándolos frente a empleados del sector
privado.
5. Se quitará a la Contraloría General del Estado la
competencia de fiscalizar la gestión en la función pública, aumentando la impunidad contra la corrupción.
6. Se impedirá la competencia de municipios en salud y educación, para lo cual solo podrán construir
infraestructura con permiso del Gobierno central.
7. Otros cambios son inofensivos —esos sí, verdaderas
enmiendas—, como corregir la palabra “provisionales” por “previsionales” (error
mecanográfico en el artículo 372 de la Constitución) o rebajar a treinta años
la edad para ser candidato presidencial.
¿Cuáles
serán las consecuencias?
En lo jurídico, la mayoría de cambios son inválidos en forma y fondo. En cuanto a
la forma, porque al modificarse la
estructura del Estado —en casos como la reelección indefinida, Contraloría,
Fuerzas Armadas y competencias municipales—, se requería una reforma vía
consulta popular En cuanto al fondo,
porque hay artículos que restringen derechos humanos —como la igualdad,
participación política y libertad de expresión—, lo cual está prohibido y ni
siquiera podría resolverse en consulta popular.
En lo político, algunas observaciones:
1. El objetivo electoral de Alianza País era que
Correa se reelija el 2017. Y eso no se aprobó, lo cual es una contundente derrota del oficialismo.
Veremos qué dice luego la Corte Constitucional. Yo no veo ninguna ventaja para
Correa en postularse el 2017: incluso si ganara con las justas, no podría
gobernar cómodo teniendo en contra la Asamblea y, sobre todo, la economía. Intentará
seguir los pasos de Velasco Ibarra, “el Gran Ausente”, con la esperanza de
volver el 2021. Pero nadie sabe cuál será el panorama entonces. En política es
imposible apostar a tan largo plazo.
2.
Ignoro cuáles serán los efectos prácticos
de las enmiendas. Cambios sobre la comunicación o las Fuerzas Armadas ya
estaban en vigencia. Veremos qué pasa con los municipios y la Contraloría. Sin
la reelección del caudillo el 2017, persistir en la reforma constitucional solo
tuvo sentido para Alianza País como demostración de fuerza política. Como una
victoria pírrica para ocultar el fracaso.
3.
Fuera de la Asamblea, la policía abusó
salvajemente contra manifestantes, lo cual prueba que un correísmo con cada
vez menos respaldo popular está dispuesto a “defender lo logrado” a punta de
fuerza bruta. Tal como en Venezuela.
Pero también resulta increíble la violencia promovida por ciertos manifestantes
en Quito. Algunos parecen querer combatir al correísmo con sus propios métodos,
lo cual es hacerle el juego. Cuidado: el único camino sostenible hacia la
democracia es la resistencia pacífica. La violencia solo engendra más
violencia. Y rechazo popular.
4.
Pese a que se había anunciado en diciembre “la madre de todas las batallas”, la
realidad es que muchos ciudadanos han
sido indiferentes a esta violación constitucional. La recesión económica,
la pérdida de miles de puestos de trabajo, la tragedia de un sector rural que
sufre 52% de pobreza y 71% sin empleo adecuado, son las prioridades de la gente
que no sigue la política. Que es la amplia mayoría. Y siempre ha sido así. De
hecho, las protestas más multitudinarias este año no se dieron contra las
enmiendas, sino contra los impuestos a la herencia y plusvalía. La gente salió
a defender su bolsillo, no la democracia. Y en época de crisis, eso no debería
sorprender.
5. Las enmiendas eran un hecho consumado. La democracia
está golpeada, no enterrada. El gran
desafío es el 2017. Y la victoria es
posible, si la oposición sintoniza con la mayor preocupación ciudadana: la
recesión económica. La gente votará por quienes planteen las propuestas más
eficaces para que los ciudadanos vivan mejor, lo cual pasa por superar el
fracaso del autoritarismo político y del estatismo económico. Al final del día,
en democracia las batallas se ganan en las urnas. El 23 de febrero de 2014 vencimos
en nueve de las diez ciudades más grandes del país: la única victoria electoral
en casi nueve años de correísmo, salvo el caso de la alcaldía de Guayaquil. Con
la estrategia correcta y liderazgos convincentes, podremos vencer de nuevo en
febrero del 2017, si volvemos a luchar, con unidad y propuestas, para resolver
los problemas de la mayoría popular.
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