Aquí hay dos fenómenos.
El primero es una reducción del derecho fundamental a percibir utilidades. El proyecto, en apariencia, es constitucional: según el artículo 328 de la Carta Magna, si bien no se puede eliminar el derecho a las utilidades, su monto sí se puede determinar por ley. Por ese lado, disminuir de 15% a 3% está permitido. Lo debatible, a mi juicio, es que esta medida resulta inconstitucional a la luz del principio de igualdad: si el resto de empleados en todo el país recibe el 15%, ¿por qué los empleados en compañías de telecomunicaciones —al igual que en las petroleras— han de recibir un porcentaje cinco veces inferior? ¿Por qué castigar a un empleado por lo que hace su empleador? Es lícito que la ley regule el porcentaje de utilidades, pero es ilícito que lo haga discriminando a cierto grupo de personas, inocentemente perjudicadas por la actividad de su patrón.
El segundo fenómeno es que ese 12% sobre la utilidad, que antes lo recibía el empleado, hoy se pagará al Estado. Y eso equivale a decir que, para las empresas de telecomunicaciones, su impuesto a la renta ha aumentado en un 12%. Aquí también hay una innegable discriminación: ¿por qué una empresa ha de pagar casi la mitad más de lo que paga el resto, en virtud del sector donde opera? Y si hubiera alguna razón para ese incremento, ¿bajo qué lógica se concluyó que el porcentaje a aumentar es, ni más ni menos, 12%? ¿Existe algún estudio sobre el impacto de fijar dicho número? ¿O simplemente lo escogieron para que “cuadre” con el anterior 15%?
Estas preguntas, cuya respuesta es fácil de intuir, demuestran la arbitrariedad y la improvisación con la que se ha adoptado una delicadísima decisión legal y económica, que perjudica los derechos sociales de los trabajadores. Al final del día, más allá de reajustar sus políticas de remuneración, las empresas pagarán lo mismo. El impuesto realmente lo sufrirán los empleados.
Ahora bien, esta abrupta reforma es parte de un paquete más amplio para inyectar liquidez al fisco. Cuando el río suena, piedras trae: pese a que vivimos en la época de mayor bonanza petrolera de toda nuestra historia y de una excepcional estabilidad gracias a la dolarización, en estos días los ecuatorianos somos testigos de una serie de maniobras para conseguir dinero a cómo dé lugar. Prendaron parte de la reserva de oro para que Goldman Sachs nos preste $400 millones. Volvieron al mercado internacional con $2000 millones en bonos, a una tasa de 7,95%, superior a la que pagamos en los contratos clandestinos con China. Gravaron con $42 cada compra en Internet. La CAF nos prestó $296 millones. El BID, $220 millones. Aceptamos plata del Banco Mundial, antes denostado organismo neoliberal, aunque de los publicitados $1000 millones solo había $307 millones por entregar — el resto ya estaba comprometido. Y acaban de crear dinero electrónico respaldado en cualquier “activo” del Banco Central, cuya eliminación de balances diferenciados podría arriesgar la dolarización. Todo con el afán de cubrir los más de $5000 millones de déficit para 2014, mientras todo el sector público rumora —sin que nadie se atreva a decirlo en público— que por el momento tienen cerrada la llave: “No hay plata.”
Lo bueno es que el porcentaje de deuda de Ecuador sigue siendo prudente. Algunos de estos créditos, como los de la CAF y el BID, reportarán enormes beneficios sociales si cumplen su finalidad. Pero es imposible no preocuparse cuando, pese a los enormes ingresos fiscales, la sábana no alcanza a sostener el desenfrenado gasto público. Y más preocupante resulta aún que, ante ello, la reacción del gobierno no sea racionalizar sus egresos, sino subir los impuestos contra los ciudadanos y endeudar más al país.
Twitter: @hectoryepezm
