Tal como comenté hace algunas semanas, el proyecto de enmienda constitucional que aprobaron 103 asambleístas y hoy está en manos de la Corte Constitucional, contiene algunas violaciones a derechos humanos que no pueden aprobarse ni por enmienda, ni por reforma. Ni por asamblea constituyente, en mi opinión.
Pues bien, Human Rights Watch --la organización de derechos humanos más prestigiosa del mundo, junto a Amnistía Internacional-- ha expresado una preocupación similar en los siguientes temas:
- Declarar la comunicación como servicio público permitiría endurecer las regulaciones contra la libertad de expresión.
- Se busca recortar el derecho de ciudadanos en acciones de protección, que son juicios rápidos contra abusos del poder público.
- Militarizar la seguridad pública, es decir, dar tareas habituales de policía a las Fuerzas Armadas, genera un enorme riesgo de violación de derechos contra civiles.
En cuanto a la reelección indefinida, Human Rights Watch no se pronunció ni en contra ni a favor. Solo dijo que se "debe asegurar que el presidente en ejercicio no se beneficie injustamente de las normas vigentes". Una postura cómodamente equivocada, a mi juicio, cuando existe un consenso amplio en Latinoamérica contra la reelección indefinida --salvo en Cuba, Venezuela y Nicaragua--, al entender la alternancia como un elemento consustancial a la democracia, y cuando los esquemas institucionales de pesos y contrapesos se distorsionan si un presidente eternizado en el cargo se beneficia al influir en autoridades judiciales, electorales y de control. Además, la reelección indefinida sí tiene un impacto en los derechos humanos de participación política, al desequilibrar las relaciones de poder a favor de una sola persona, lo cual viola el principio de igualdad, como bien razonó la Corte Constitucional colombiana al impedir una tercera candidatura de Álvaro Uribe.
Por último, me parece que Human Rights Watch cometió una grave omisión: no ha dicho nada sobre la enmienda al artículo 104 de la Constitución, que impediría a la ciudadanía llamar a consulta popular sobre "cualquier tema". Es decir, la Asamblea decidirá sobre qué se puede consultar y sobre qué no, recortando el derecho actual de los ecuatorianos a la democracia directa y a esa participación ciudadana de la que tanto se habla, pero tan poco se practica.
Acá el comunicado oficial de HRW: http://www.hrw.org/es/news/2014/07/14/ecuador-problematico-proyecto-de-reforma-constitucional
Twitter: @hectoryepezm
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