Si la justicia fuera independiente...

Con bombos y platillos, después de ocho años en el poder, la Revolución Ciudadana ha declarado la guerra contra la corrupción. Una guerra peculiar. Porque uno creería que la corrupción se combate con independencia en las autoridades de control, con fiscalización desde la Asamblea, con una justicia autónoma y con una prensa libre para informar sobre los trapos sucios de la política. Nada de eso. Acá la guerra se trata de un gobierno persiguiendo su propia cola. Una guerra con pistolas de agua.

Bien lo demuestra el último show: en medio informe a la nación por el 24 de Mayo, el Presidente anuncia que entre sus filas hay una asambleísta corrupta. Para abundancia del espectáculo, la “traidora” es detenida en el mismo evento —pese a que no hubo delito flagrante ni juicio político— y luego es expulsada de Alianza País. El guion lo complementa la presidenta de la sumisa Asamblea, Gabriela Rivadeneira, quien pide al Contralor que investigue el patrimonio de todos los asambleístas. El protagonismo no es de los fiscales y los jueces. Es el propio Presidente —¡y hasta Jorge Glas!— quien baja su pulgar a la legisladora en desgracia. No es el Contralor quien cumple su obligación cotidiana de auditar a los asambleístas. Es Gabriela Rivadeneira quien le da permiso para realizar su trabajo.

Ahora bien, desde que el gobierno confesó meter la mano en la justicia, los ecuatorianos solemos asociar la sumisión judicial a asuntos políticos, como el caso El Universo o la persecución a Cléver Jiménez. Lo del 24 de Mayo es otra raya más: un show político para aparentar que se combate la corrupción. Sin embargo, la falta de independencia judicial hoy perjudica al ciudadano de a pie mucho más de lo que parece a simple vista.

Si la justicia fuera independiente, no solo se sancionaría la corrupción con o sin permiso de Rafael Correa, Jorge Glas o Gabriela Rivadeneira, sino que cualquier juez habría impedido que se atropelle el derecho de más de 146 mil maestros a que la policía no se lleve sus ahorros al Banco del IESS sin su consentimiento. Si la justicia fuera independiente, la Corte Constitucional anularía la nueva ley que crea un impuesto a las utilidades, violando el derecho de los trabajadores, y obligaría a que las reformas constitucionales sobre la reelección indefinida y otros temas sean decididas por votación popular, como manda la Constitución. Si la justicia fuera independiente, cualquier juez podría impedir que el gobierno borre mágicamente los 1700 millones de deuda al IESS o que la ley discrimine a las amas de casa cuando las obliga a afiliarse al seguro social sin recibir la prestación de salud.

No hace falta aumentar los ejemplos. La guerra de balines contra la corrupción demuestra, una vez más, que hoy la justicia no se administra en los tribunales —menos aún en los titulares de los periódicos— sino en el Palacio de Carondelet. Y que las víctimas de la sumisión al Ejecutivo no solo son los políticos o los medios, sino los 15 millones de ecuatorianos cuyos derechos más elementales no dependen del imperio de la ley, sino de las órdenes del poder.

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¿Quién es el malcriado?

La historia ya es conocida: en medio de su séquito de seguridad, el Presidente se bajó del carro para increpar a Luis Calderón, un “muchachito malcriado” de 17 años que le sacó una yuca el 1 de mayo, día de marchas y protestas en la capital. El adolescente fue detenido por la fuerza pública, mientras su madre, comprensiblemente indignada, cacheteó a un policía. Así aparece en un video de la Secretaría de Comunicación (SECOM). Según el adolescente detenido, el Presidente lo agarró del pecho y la madre fue agredida. Finalmente, un juez condenó la malacrianza con 20 horas de servicio comunitario.

Aun si nos limitamos a creer la versión oficial de la SECOM, el episodio es francamente ridículo. ¿Será un show para distraer el ojo público de las reformas al seguro social, las salvaguardias, la reelección indefinida y la crisis fiscal? Quién sabe. Lo cierto es que la reacción del presidente Correa deja al descubierto, una vez más, su inmadurez emocional ante el gesto de un colegial en la calle. No se trata de defender la obscenidad, sino de entender que ello no amerita ni la ira de un mandatario, ni la movilización del aparato de policía y justicia.

El suceso también confirma —de nuevo— la doble moral de un Presidente indignado por la yuca de un adolescente, mientras él mismo, ya cincuentón, dueño de una tarima pública que lo expone a millones de ecuatorianos, es autor inigualable de agresiones verbales y lidera un gobierno que maneja el mayor oligopolio nacional de medios dedicados a la propaganda política. Esta paradoja revela, como he señalado en varias ocasiones, que el discurso del Presidente sobre la defensa del honor y la imparcialidad es una deshonestidad intelectual. De hecho, la infracción por la que se juzgó al menor Luis Calderón, tipificada en el artículo 378.1 del Código Orgánico Integral Penal, sanciona a “la persona que, por cualquier medio, profiera expresiones de descrédito o deshonra en contra de otra”. ¿No podría aplicarse esta norma a una sabatina cualquiera? Después de ocho años en el poder, está claro que el discurso presidencial sobre el honor y la verdad no es más que un arma retórica para justificar el abuso de poder.

Ahora bien, sí hay una lección positiva en todo este sainete. Y es que el Ecuador necesita una urgente reflexión sobre cómo superar incultura del irrespeto y la permanente ofensa en nuestro país. Yo me niego a aceptar que seamos incapaces de sustituir los insultos por razones y los descalificativos por argumentos. Eso debe empezar en el mismo Carondelet, pero —seamos sinceros— la violencia verbal de nuestra política no es exclusiva de la Revolución Ciudadana, sino que aflige a parte de la actual oposición y resulta, a fin de cuentas, una continuación de ese viejo estilo de la partidocracia que ya es hora de sepultar en el baúl de la historia. Vamos más allá: se trata de un problema cultural en nuestra sociedad. Los políticos no son más groseros que un conductor promedio en nuestras calles. Si nos ponemos la mano en el pecho, la norma que utilizaron contra Luis Calderón y que mejor le calza al Presidente, también podría aplicarse a muchos de nosotros.

Por tanto, si queremos —pero de verdad— cambiar esta realidad, la respuesta no es abusar del poder policial y judicial, ni montar shows para distraer a la opinión pública, sino emprender una campaña seria que fomente los valores de respeto, diálogo y tolerancia, empezando por aquellos líderes que, gracias a su masiva exposición pública, son referentes de conducta para los demás.

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La chirez del chuchaqui petrolero

Primer barril de petróleo. Imagen de El Comercio.

Un señor se gana un millón en la lotería. Destina una parte a vivienda y educación para sus hijos, otra parte la arriesga en la bolsa de valores y con el resto sale a viajar por el mundo. Su familia no aprende a trabajar. No emprenden ningún negocio. Al poco tiempo hay crisis, la bolsa de valores se derrumba, se acumulan las deudas y el afortunado millonario se queda en la calle.

El relato no es ficticio: ha ocurrido innumerables veces y ha sido objeto de estudios académicos. Los seres humanos tendemos a ser imprudentes con el dinero que nos cae del cielo. Como es lógico, esa condición individual se traslada a nuestras sociedades, y de ahí surge el fenómeno conocido como la maldición del petróleo —o de los recursos naturales en general—, que parece habernos caído en Ecuador.

El gobierno se ha quedado chiro luego de la mayor bonanza de nuestra historia: entre 2007 y 2013 vendimos petróleo por más de 77.500 millones de dólares, que representan el 56% de toda nuestra exportación de crudo desde 1970. Gran parte de esos recursos se invirtieron en carreteras, escuelas del milenio, centros de salud, hidroeléctricas y proyectos positivos para el país. Otra parte ha ido a la burocracia, la propaganda y el agujero negro de la corrupción.  En contra de la sabiduría bíblica, nunca ahorramos para la época de vacas flacas. Al contrario, nos endeudamos en pleno apogeo de vacas gordas: la deuda externa superó los 17 mil millones de dólares al final del 2014 y, sumada a la interna, hoy la deuda total está peligrosamente cerca de llegar al 40% del PIB, que es el tope permitido por la Constitución. A diferencia de nuestros vecinos Colombia y Perú, no atrajimos grandes inversiones, ni generamos un entorno claro y estable para fortalecer al sector privado. El gobierno de la Revolución Ciudadana construyó todo un modelo económico basado en el gasto del sector público, a su vez basado en un precio del petróleo que, como ganarse la lotería, escapa por completo a nuestro mérito y control.

Entonces nos golpeó la realidad: los precios del petróleo bajaron a la mitad. Algo similar ocurrió en la década del 70. Ese cambio en el mercado era previsible, pero llegó antes de lo esperado. No nos preparamos para ello. Y ahora el chuchaqui de la farra petrolera luce peor que lo que el gobierno admite.

De otro modo no se explica la reforma al seguro social. Su costo político es altísimo para el oficialismo: le ha significado romper con Avanza y lo ha llevado al desesperado extremo de llamar por teléfono a ciudadanos con la voz pregrabada del Presidente para pedirles que confíen en él. Esta ley conlleva un riesgo político que el Presidente jamás se jugaría si no considerara imprescindible quitar el 40% que daba al IESS para sostener del sistema de jubilación, o crear un impuesto a las utilidades de trabajadores por encima de 24 salarios básicos, o afirmar que los 1700 millones de deuda al IESS de la noche a la mañana dejaron de existir.

Otro síntoma preocupante es el proyecto urgente de Ley de Remisión de Intereses, Multas y Recargos Tributarios sobre Impuestos Nacionales, que envió el Presidente a la Asamblea. En él se perdonan todos los intereses, multas y recargos a quienes paguen de contado sus deudas con el Servicio de Rentas Internas (SRI) dentro de 60 días desde que entre en vigencia la ley (y se perdona el 50% a quienes paguen en 90 días), incluyendo a quienes litigan contra el SRI y desistan de su demanda. Es comprensible ayudar a un profesional o una empresa mediana que no pudieron pagar a tiempo sus tributos, pero el espectro de esta amnistía tributaria es amplísimo. Se supone que la ley no busca beneficiar a quienes con fundamento litigan contra el SRI: ellos se espera que peleen hasta el final. Por tanto, si se busca recaudar un monto significativo —según Galo Borja, unos 600 millones de dólares—, el incentivo entonces va dirigido a los grandes evasores del país. Para ponerlo en perspectiva, de los 102 millones de dólares que el SRI demandaba a Álvaro Noboa, 53 millones eran por intereses y multas. Hoy quedarían condonados.

Es decir, el gobierno está dispuesto a perder millones de dólares a los que legítimamente tiene derecho, con tal de cobrar la mayor cantidad posible de dinero en los 90 días posteriores a la publicación de la ley. Conociendo la opinión del Presidente sobre el pago de impuestos, dudo que la idea le fascine. De nuevo, ¿qué tan grave debe ser la crisis para llegar a tal extremo?

A ciencia cierta no sabemos. No hay cifras claras y el poder camufla las verdades con propaganda. Lo grave es que, en vez de aprovechar la crisis como oportunidad para aprender y mejorar, estamos cometiendo el mismo error que nos llevó hasta este punto: coger toda la plata que se pueda ahora a costa de arriesgar el futuro. Hoy estamos pagando los platos rotos de ocho años de esa política económica. Si no enderezamos el rumbo, puede que los platos rotos de las decisiones de hoy los paguemos mucho antes.

Twitter: @hectoryepezm

Publicado en LaRepublica.ec

La propaganda perpetua

En la Cumbre de las Américas en Panamá, la intervención del presidente Rafael Correa dio mucho de qué hablar. ¿Hizo el ridículo? Cuando el mandatario expuso su relato histórico —con el que coincido— sobre el imperialismo yanqui en América Latina, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama le contestó que la Guerra Fría ya terminó. Cuando el Mashi dijo que la “muy mala” prensa latinoamericana es una amenaza para la democracia, el líder estadounidense replicó que él también tiende a ver mal a la prensa que lo critica en su país, pero la democracia implica que todas las voces se puedan expresar. Sin embargo, más allá de este cruce de palabras, la Cumbre de las Américas pasó a la historia por la reunión entre Obama y el presidente cubano Raúl Castro, dejando en segundo plano tanto a Rafael Correa como al resto de sus aliados en la región.

Tal vez “hacer el ridículo” sea exagerado. Más apropiado sería reconocer que esa retórica grandilocuente del presidente Correa desentona cuando hilvana teorías abstractas sobre ideas tan indefendibles —incluso para sus pares socialistas— como aniquilar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o cuando se empeña por resucitar el fantasma del imperialismo gringo anterior a Jimmy Carter —el “regreso de los zombies”, como lo llama Roberto Aguilar en su blog—, mientras Ecuador baila al compás del expansionismo contemporáneo de China.

Lo que pasó en Panamá, más allá de la vergüenza, tal vez sea inofensivo. Pero no es un hecho aislado. Ya no resulta inofensiva esa misma actitud practicada, todos los días —o, al menos, todos los sábados— casa adentro en Ecuador: ese cambio constante de la verdad por la propaganda masiva, de la realidad por la teoría escabrosa, del debate por el megáfono autoritario.

El primer ejemplo de esta actitud es simbólico. A propósito del aniversario del nacimiento de Juan Montalvo, el Mashi recordó en Twitter que lo llamaban “el Gran Insultador”. El paralelismo —he de suponer— se refería a las constantes críticas que recibe el Presidente por insultar a ciudadanos en las sabatinas. Sí, en realidad Montalvo fue un insultador contumaz y brillante —cuyos dardos deleitaban a nada menos que Unamuno—, pero justamente dentro de esa profesión que tanto le disgusta al Presidente: el periodismo de opinión. Montalvo convirtió el insulto en obra de arte, en magistral recurso literario, para utilizarlo despiadadamente contra lo que encarna Correa: el poder. O más exacto: el poder autoritario. Mucho más virulento que cualquier “sicario de tinta” de hoy, si Juan Montalvo —un liberal acérrimo que sostenía todo lo opuesto al socialismo del siglo 21— hubiera publicado sus panfletos incendiarios en los tiempos de la Revolución Ciudadana —que acaso bautizaría como “la Propaganda Perpetua”—, si hubiera calificado al presidente como “ente fatídico”, “Satanás” o “cacique ignorante”, si se hubiera referido a la “lepra de su alma” o hubiera proclamado que “el derecho de conspirar contra la tiranía es de los más respetables para los hombres libres”, seguramente ya estaría exiliado, preso, vilipendiado en una sabatina o condenado a pagar millones de dólares al ofendido en el poder. Montalvo no es Correa. Es todo lo que Correa hoy persigue.

El segundo ejemplo es sobre algo mucho más grave: la reforma de la seguridad social. No voy a considerar el contenido de la Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, que acaban de aprobar noventa asambleístas de Alianza País más una aliada de ARE. Únicamente me referiré al debate en torno a ella. La seguridad social debería trascender los colores políticos. Es un derecho humano garantizado en la Constitución. De su efectiva garantía dependen el bienestar, la salud, la vejez y, a veces, la vida misma de cientos de miles de ecuatorianos. Sin embargo, a diferencia del encendido debate que, por ejemplo, despertó la reforma de salud en los Estados Unidos —conocida como Obamacare—, acá no hay espacio para la discusión de fondo. No se contrastan números, no se presentan reportes técnicos, no se exhiben pruebas y documentos. Acá la reforma depende de que el Presidente diga, sin demostrar si es cierto o no, que no le debe ni un centavo al IESS —lo cual es ágilmente confirmado a coro por sus subordinados—, que nunca debió cubrir el 40% por pensiones —¿entonces lo que pagó por ese concepto todos estos años fue un despilfarro?— y que, por supuesto, todo el que diga lo contrario es un mentiroso vendepatria. Sí, de tan agudas reflexiones depende todo el futuro de nuestro seguro social.

El nivel de discurso del presidente en la Cumbre de las Américas no pasa de ser decepcionante. Ese nivel sobre un símbolo nacional como Montalvo es una distorsión de la historia. Pero esa misma actitud, trasladada a los problemas reales de los ecuatorianos, en asuntos tan dramáticos como la jubilación y la seguridad social, es un error que, por beneficiar el interés de un grupo político, perjudica la capacidad para abordar nuestros mayores desafíos con libertad, información abierta y respeto a las ideas. Y esa es una factura que no la paga Alianza País, sino toda la sociedad.

Publicado en Gkillcity.com

El papelón de UNASUR

El pasado fin de semana se reunieron en Quito todos los cancilleres de Unasur para discutir la situación en Venezuela. O tal vez esta última frase no sea correcta. Porque la “situación de Venezuela” es que, hace menos de un mes, un policía le disparó en la cabeza a un estudiante de 14 años, Kluibert Ferney Roa. Sí, luego de una reciente norma que permite usar armas letales en manifestaciones, hoy la fuerza pública asesina a los venezolanos en la calle. La “situación” es que el régimen encerró en una cárcel militar a nada menos que el alcalde electo de la capital, Antonio Ledezma, para engrosar, junto a Leopoldo López, la lista de presos políticos de la oposición. Nicolás Maduro acaba de recibir poderes extraordinarios para legislar, con lo cual ya ni siquiera se guardan las apariencias en un Estado donde no existe división de poderes. Y Venezuela se ha convertido en un caso de estudio por un modelo que ha utilizado las mayores reservas petroleras del mundo para hundir a su gente en la miseria económica.

No se puede tapar el sol con un dedo: más allá de izquierdas o derechas, el desastre es inocultable. En Venezuela ocurren cosas tan graves que sobrepasan cualquier discusión ideológica racional. Así lo han condenado varias organizaciones internacionales: el Alto Comisionado para los Derechos Humanos y el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Parlamento Europeo. Y el gobierno de Barack Obama, en una medida drástica, ha prohibido el ingreso a los Estados Unidos y ha congelado los activos de ciertas autoridades del régimen de Maduro en territorio norteamericano.

En medio de esta masiva condena internacional, ¿qué resolvió UNASUR, que integra a los países vecinos de Venezuela, sobre su “situación”? Distingamos. Sobre lo que de hecho ocurre dentro de Venezuela, los cancilleres se limitaron a respaldar a una comisión, creada por ellos mismos el año pasado, que va a “seguir acompañando el más amplio diálogo político con todas las fuerzas democráticas venezolanas, con el pleno respeto al orden institucional, los derechos humanos y el estado de derecho”. Más allá de que esta comisión hasta ahora no exhibe un solo resultado, la declaración de los cancilleres parece una broma. Hablan de derechos humanos, pero no dicen que el régimen de Maduro los viola sistemáticamente. Hablan de orden institucional, democracia y estado de derecho, pero no dicen que el régimen de Maduro ha arrasado la división de poderes y se burla del voto ciudadano al destituir a una diputada y encarcelar a varios alcaldes electos por el pueblo.

Lo que sí le importa a UNASUR es lo más lejano: la decisión de Obama de sancionar —no en Venezuela, sino dentro de Estados Unidos— a funcionarios del régimen de Maduro. Ahí sí UNASUR, tan timorata para reconocer matanzas y persecuciones en una nación latinoamericana, se vuelve súper categórica cuando se trata del “imperio” y exige a Obama derogar su decreto, que califican como “una amenaza injerencista a la soberanía y al principio de no intervención en los asuntos internos de otros Estados”.

Esta reacción parte de al menos dos falacias. La primera es calificar como injerencia la sanción a funcionarios de Maduro dentro del territorio estadounidense —no en Venezuela—, lo cual es un ejercicio tan soberano como el que a menudo reclaman, con toda razón, los países latinoamericanos para sí. El argumento de UNASUR permitiría acusar el asilo a Assange en una embajada de Ecuador como una injerencia contra Suecia y Estados Unidos, lo cual sería absurdo. La segunda falacia es equiparar estas sanciones con el embargo a Cuba. Lo criticable del embargo, a mi juicio, es que penaliza a todo el pueblo cubano por los abusos de la dictadura castrista, con lo cual se victimiza doblemente a los cubanos. En esto Obama ha aprendido la lección: ahora, por el contrario, las sanciones no son contra Venezuela como país, ni contra los venezolanos en general, sino contra funcionarios específicos del régimen de Maduro.

Ahora bien, aun cuando se discrepe sobre la legitimidad o no del decreto de Obama, lo más grave es el silencio de UNASUR sobre atrocidades que, a estas alturas, para todo el resto del mundo civilizado son inocultables. Y eso llama a reflexionar sobre la naturaleza de UNASUR como un esquema de integración regional que dice defender la democracia y la participación ciudadana. El trasfondo es correcto: los organismos internacionales deberían defender los derechos de los ciudadanos por encima de sus gobiernos. Pero el caso de Venezuela comprueba que UNASUR es justamente lo contrario: un club de presidentes que, entre palmaditas y cocteles, se organizan para defenderse contra el clamor de sus pueblos.

Twitter: @hectoryepezm

23F

Hace un año, el 23 de febrero de 2014, Ecuador vivió acaso el punto de inflexión política más importante desde que entró en vigencia la Constitución de Montecristi en el año 2008, cuando se consolidó el proyecto de la autodenominada Revolución Ciudadana, con una serie de hitos en lo económico, en lo social y en los derechos humanos que, para bien o mal, trazaron una hoja de ruta que ha contado con un masivo apoyo popular.

El 23F marcó un antes y un después de esa racha electoral. Ese día Alianza País (AP) perdió en nueve de las diez ciudades más pobladas del Ecuador, en una jornada cuyo logro más visible fue la victoria de Mauricio Rodas con casi el 60% de votación en la capital, ante un Rafael Correa que exhibió, días antes de la elección, un descontrolado nerviosismo que sorprendió al país. El mito de la invencibilidad se derrumbó. Y se recuperó un cierto pluralismo en el escenario político. Hasta el 23F, AP controlaba todos los espacios de poder más relevantes, salvo la alcaldía de Guayaquil, que siempre la ha dado por perdida. Después del 23F, de los diez municipios con mayor número de habitantes, AP solo gobierna en Durán. La mayoría de prefecturas las mantiene a fuerza de pactos con caudillos locales, casi todos antiguos sobrevivientes de la partidocracia.

Así, hoy AP y el presidente Correa se ven forzados a cogobernar, empezando por partidos políticos con agenda propia que, sí, son aliados, pero no son incondicionales. Que varias organizaciones, con diversas ideologías y simpatizantes, tengan espacios de servicio público a lo largo del país, debería ser lo normal en una democracia. Sin embargo, luego de una década de ingobernabilidad desde la caída de Bucaram y tras ya ocho años de un proyecto tremendamente concentrador del poder, parece que los ecuatorianos no estábamos acostumbrados a ello.

En esa línea, el 23F nos deja, por lo menos, dos lecciones. La primera es la unidad: gran parte de los triunfos de aquel día fueron posibles gracias a la consolidación de tendencias democráticas en cada campaña local. Quito y Guayaquil fueron claros ejemplos. La segunda es la estrategia. Las más significativas campañas locales no se vencieron —con sus excepciones— copiando el estilo agresivo de Correa y AP, ni reeditando las viejas recetas de la partidocracia, sino con justamente lo contrario: una propuesta de futuro, respetuosa y cercana al ciudadano. El 23F no ganó la oposición, sino la proposición de alternativas claras para cada comunidad. Lamentablemente eso es algo que, a nivel nacional, a muchos actores aún les cuesta asimilar, lo cual sigue jugando a favor del oficialismo.

A partir de ambas lecciones se desprende otra reflexión. El 23F es un símbolo de la democracia plural, de la posibilidad de vencer con todo en contra —incluyendo a un CNE obediente al poder— y de la eficacia del diálogo directo con la ciudadanía por encima de las grandes billeteras. Einstein decía que locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando resultados distintos. Pues bien, el 23F hubo un desenlace diferente a todos los procesos electorales entre 2007 y 2014 por una razón clave: muchos candidatos hicieron las cosas de manera diferente. Y así, mientras continúa un proyecto de poder que exhibe logros sociales con autoritarismo, altos impuestos, corrupción y poca sostenibilidad económica, hay dos opciones. O se mantiene la receta tradicional de la oposición, que, salvo el caso peculiar de Guayaquil, no ha exhibido ningún logro electoral desde el 2007, o se promueve una alternativa real, positiva y propositiva para resolver los problemas profundos del Ecuador mirando hacia el futuro. Este último camino exige la recuperación —que en muchos casos es inauguración— de las libertades y los derechos humanos, pero también requiere entender que ello pasa por plantear soluciones concretas y digeribles a las necesidades cotidianas de nuestra clase media y popular.

Crudo Ecuador: La madre de todas las batallas

Después de ocho años en el poder, después de gozar la mayor bonanza petrolera en nuestra historia, después de controlar desde el gobierno un imponente oligopolio de medios de comunicación, después de ganar elecciones y refundar la Patria en Montecristi, hoy la Revolución Ciudadana, capitaneada por el presidente Correa, ha declarado la batalla contra su nueva amenaza política. No es el Imperio. No es la Restauración Conservadora. No es la Prensa Corrupta. Es una página de memes: Crudo Ecuador.

Parece un chiste --como los que suele publicar Crudo Ecuador--, pero no, no es broma. "Por cada tuiter que mande, mandaremos diez mil diciéndole: eres un cobarde", increpó el mandatario a raíz de un meme que lo mostraba con compras durante sus vacaciones en Bélgica. Y así, el omnipotente aparato estatal se moviliza por una parodia en redes sociales que disgustó al presidente: todo el Estado al servicio de un capricho personal. Esto no es tan nuevo. Ya en 2011, la policía detuvo a la señora Irma Parra por hacerle una "yuca" al presidente en plena campaña electoral. En 2014, con Ley de Comunicación en la mano y Carlos Ochoa en el gatillo, sancionaron a Bonil por una caricatura en El Universo.

Ahora bien, luego de ocho años en el poder, no hay cómo confundirse: esta actitud no obedece a ninguna cuestión de principios. El presidente suele hablar de los límites éticos del periodismo, la sátira y la disidencia. Se aferra a la boya del Papa Francisco, quien a propósito del atentado contra Charlie Hebdo sostuvo, en síntesis, que la libertad de expresión no es absoluta. Pero nada de eso es creíble en Rafael Correa. Quien dirige el mayor grupo de medios en el Ecuador, dedicados sistemáticamente a la propaganda partidista, es obvio que no cree en el periodismo imparcial. Y quien todos los sábados insulta, amenaza, burla y menosprecia a raimundo y todo el mundo --incluyendo a veces a sus propios colaboradores--, en un espacio retransmitido por canales y radios de todo el país, donde no existe derecho a la réplica, es imposible que sinceramente crea que la expresión debe estar limitada por el respeto al honor ajeno. Eso es un cuento que, repetido mil veces, sirve como arma política para desacreditar a sus adversarios y justificar el abuso de poder. La otra alternativa sería que estemos frente a un caso gravísimo de esquizofrenia, lo cual dudo.

"Oficialmente el día de hoy entonces declarada, organizada, la batalla por la dignidad, por la verdad en las redes sociales", sentenció el presidente en la última sabatina. Esta batalla es un episodio de la más amplia guerra contra la libertad de expresión. Y es una insistencia lamentable en fomentar el odio irracional por la diversidad de tendencias políticas. Eso es especialmente vergonzoso. Lo que el poder público debe promover es que nuestras diferencias sociales se discutan de manera civilizada. No que nos entremos a insultos o golpes por ellas. El poder público debe llamar a la paz y la unidad. No al salvajismo entre compatriotas.

Pero los intereses se imponen: hoy es el mejor momento para levantar el fantasma del enemigo público. Hoy que Alianza País enfrenta un desafío político por un desajuste fiscal --un problema de partido convertido en problema de Estado--, luego del "revés" sufrido el pasado 23 de febrero, es ideal unir a la militancia contra un "villano" que, aun tan inofensivo como una página de memes, canalice la pasión política. Mejor aún cuando el villano no tiene ninguna relación con los verdaderos problemas del país. Porque, mientras movilizan al ejército de AP, mientras en la otra orilla se defienden de los ataques, mientras la prensa da amplia cobertura a la nueva "batalla"... en la vida cotidiana baja el barril del petróleo, se encarece el dólar, los vehículos suben de precio, la gente espera hasta el cansancio por una cita en hospitales del seguro social sin camas ni medicinas suficientes, aumentan los impuestos, la justicia permanece sumisa, nadie fiscaliza nada, y siguen su curso las reformas constitucionales para eternizarse en el poder, quitarle competencias a municipios, convertir la comunicación en servicio público y recortar el derecho ciudadano a la consulta popular.

Sí, la estrategia puede ser hábil. Pero su éxito no está en manos del gobierno. Está en manos --y, sobre todo, depende de la boca-- de nosotros, los ciudadanos.

Yo sí soy Charlie

Yo sí soy Charlie Hebdo.

Por borrar caricaturas,

por quitarle filo al lápiz,

matan vidas testarudas.

Y, sin embargo, el dibujo

de línea mordaz y burda,

sin pudor, irreverente,

choca, indigna y me pregunta:

¿No soy Charlie? ¿No merecen

morir por pintar locuras?

¿No tentaron, imprudentes,

la espada de media luna?

Ciertamente yo discrepo

de su satírica burla,

pero defiendo el derecho

a insultar con tinta oscura,

a la libre tontería,

sin temer la bala turbia.

Yo soy Charlie, aunque rechace

su vulgar caricatura,

porque aquello poco importa

cuando las armas dibujan

fronteras color de sangre

al derecho de la pluma.