Un señor se gana un millón en la lotería. Destina una parte a
vivienda y educación para sus hijos, otra parte la arriesga en la bolsa de
valores y con el resto sale a viajar por el mundo. Su familia no aprende a
trabajar. No emprenden ningún negocio. Al poco tiempo hay crisis, la bolsa de
valores se derrumba, se acumulan las deudas y el afortunado millonario se queda
en la calle.
El relato no es ficticio: ha ocurrido innumerables veces y ha sido objeto de estudios
académicos. Los seres humanos tendemos a ser
imprudentes con el dinero que nos cae del cielo. Como es lógico, esa condición
individual se traslada a nuestras sociedades, y de ahí surge el fenómeno
conocido como la maldición del petróleo —o de los recursos naturales en
general—, que parece habernos caído en Ecuador.
El gobierno se ha quedado chiro luego de la mayor bonanza de
nuestra historia: entre 2007 y 2013 vendimos petróleo por más de 77.500 millones de dólares,
que representan el 56% de toda nuestra exportación de crudo desde 1970. Gran
parte de esos recursos se invirtieron en carreteras, escuelas del milenio,
centros de salud, hidroeléctricas y proyectos positivos para el país. Otra
parte ha ido a la burocracia, la propaganda y el agujero negro de la
corrupción. En contra de la sabiduría
bíblica, nunca ahorramos para la época de vacas flacas. Al contrario, nos
endeudamos en pleno apogeo de vacas gordas: la deuda externa superó los 17 mil millones de
dólares al final del 2014 y, sumada a la interna, hoy la deuda
total está peligrosamente cerca de llegar al 40% del PIB,
que es el tope permitido por la Constitución. A diferencia de nuestros vecinos
Colombia y Perú, no atrajimos grandes inversiones, ni generamos un entorno
claro y estable para fortalecer al sector privado. El gobierno de la Revolución
Ciudadana construyó todo un modelo económico basado en el gasto del sector
público, a su vez basado en un precio del petróleo que, como ganarse la
lotería, escapa por completo a nuestro mérito y control.
Entonces nos golpeó la realidad: los precios del petróleo
bajaron a la mitad. Algo similar ocurrió en la década del 70. Ese
cambio en el mercado era previsible,
pero llegó antes de lo esperado. No nos preparamos para ello. Y ahora el
chuchaqui de la farra petrolera luce peor que lo que el gobierno admite.
De otro modo no se explica la reforma al seguro social. Su costo
político es altísimo para el oficialismo: le ha significado romper con Avanza y
lo ha llevado al desesperado extremo de llamar por teléfono a ciudadanos con
la voz pregrabada del Presidente para pedirles que confíen en él. Esta ley
conlleva un riesgo político que el Presidente jamás se jugaría si no
considerara imprescindible quitar el 40% que daba al IESS para sostener del
sistema de jubilación, o crear un impuesto a las utilidades de trabajadores por
encima de 24 salarios básicos, o afirmar que los 1700 millones de deuda al IESS de
la noche a la mañana dejaron de existir.
Otro síntoma preocupante es el proyecto urgente de Ley de
Remisión de Intereses, Multas y Recargos Tributarios sobre Impuestos Nacionales,
que envió el Presidente a la Asamblea. En él se perdonan todos los intereses,
multas y recargos a quienes paguen de contado sus deudas con el Servicio de
Rentas Internas (SRI) dentro de 60 días desde que entre en vigencia la ley (y se
perdona el 50% a quienes paguen en 90 días), incluyendo a quienes litigan
contra el SRI y desistan de su demanda. Es comprensible ayudar a un profesional
o una empresa mediana que no pudieron pagar a tiempo sus tributos, pero el
espectro de esta amnistía tributaria es amplísimo. Se supone que la ley no
busca beneficiar a quienes con fundamento litigan contra el SRI: ellos se
espera que peleen hasta el final. Por tanto, si se busca recaudar un monto
significativo —según Galo Borja,
unos 600 millones de dólares—, el incentivo entonces va dirigido a los grandes
evasores del país. Para ponerlo en perspectiva, de los 102 millones de dólares
que el SRI demandaba a Álvaro Noboa, 53 millones eran por intereses y
multas. Hoy quedarían condonados.
Es decir, el gobierno está dispuesto a perder millones de
dólares a los que legítimamente tiene derecho, con tal de cobrar la mayor
cantidad posible de dinero en los 90 días posteriores a la publicación de la
ley. Conociendo la opinión del Presidente sobre el pago de impuestos, dudo que
la idea le fascine. De nuevo, ¿qué tan grave debe ser la crisis para llegar a
tal extremo?
A ciencia cierta no sabemos. No hay cifras claras y el poder
camufla las verdades con propaganda. Lo grave es que, en vez de aprovechar la
crisis como oportunidad para aprender y mejorar, estamos cometiendo el mismo
error que nos llevó hasta este punto: coger toda la plata que se pueda ahora a
costa de arriesgar el futuro. Hoy estamos pagando los platos rotos de ocho años
de esa política económica. Si no enderezamos el rumbo, puede que los platos
rotos de las decisiones de hoy los paguemos mucho antes.
Publicado en LaRepublica.ec
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