Enmiendas: una derrota de Alianza País

Hablemos claro: el principal objetivo político de las enmiendas era que Rafael Correa se reelija como presidente ecuatoriano en 2017. Así lo anunció él mismo, después de que su movimiento político, Alianza País, perdiera elecciones locales en nueve de las diez ciudades más pobladas del Ecuador, incluyendo Quito, el 23 de febrero de 2014. Entonces, el Presidente afirmó que cambiaba de opinión —hasta esa fecha había defendido la alternancia como valor esencial de la democracia— para hacer frente a lo que denominó la “restauración conservadora”, un supuesto contraataque de la derecha regional contra gobiernos progresistas, pese a que en 2014 sucumbió ante líderes de muy diversa edad y tendencia ideológica.

Ese fue el móvil político para reformar la Constitución. No la reelección indefinida como cuestión de principios: siempre se habló de la reelección con el fin pragmático del 2017. Tampoco es creíble pensar que Alianza País haya estado dispuesta a soportar movilizaciones sociales para modificar competencias municipales, bajar la edad de un candidato presidencial o poner en la Constitución lo que ya dice la ley sobre la comunicación y las Fuerzas Armadas. El costo político no habría valido la pena.

Pues bien, siendo así, el objetivo de las enmiendas fracasó rotundamente el 3 de diciembre de 2015, cuando cien asambleístas reformaron la Constitución sin consulta popular e incluyeron una disposición transitoria que permite la reelección indefinida después de las elecciones de 2017, en la que no se podrá postular ninguna autoridad que lleve ya dos periodos consecutivos en el cargo. Por tanto, las enmiendas, lejos de ser una victoria, constituyen una sonora derrota para Alianza País desde un punto de vista político y electoral, puesto que impiden al presidente Correa y un grupo considerable de actuales asambleístas ser candidatos en 2017 — más allá de sus terribles consecuencias jurídicas y democráticas, ampliamente expuestas en la opinión pública.

¿Qué cambió?

Luego de pensar en una tercera reelección consecutiva a raíz del “revés electoral” de febrero de 2014 —como simpáticamente lo bautizó la propaganda oficialista—, el presidente Correa ha vuelto a recular. Ahora dijo en Francia que piensa retirarse, en Europa, durante “un buen tiempo” de la política. Pretenderá seguir los pasos del Gran Ausente, el cinco veces presidente ecuatoriano José María Velasco Ibarra, quien dominó la vida política de la primera mitad del siglo XX y era célebre por volver del extranjero para postularse directamente en las elecciones. ¿Cómo así?

Vamos por partes.

El mapa político ecuatoriano se redibujó en el 2014. Exceptuando la alcaldía de Guayaquil, que el correísmo jamás ha podido amenazar, en febrero de ese año el oficialismo sufrió su única derrota electoral importante en ya casi nueve años. La cereza del pastel fue la alcaldía de Quito: aunque el ex alcalde Augusto Barrera arrancó una campaña de menos de dos meses con 45% de intención de voto, al final Mauricio Rodas ganó la capital con el 58% por el movimiento SUMA —donde milito—, organización que además sirve al 26% de los ecuatorianos desde gobiernos locales, incluyendo las alcaldías de Manta, Tulcán, Puyo y otras quince, más las prefecturas de Bolívar, Pastaza y El Oro. Si añadimos las administraciones socialcristianas en la Costa —Guayaquil, Machala, Babahoyo— y la fuerza de la izquierda —Pachakutik y Paúl Carrasco— en la Sierra y Amazonía, más la obtención de numerosos municipios pequeños por parte de AVANZA —que reclutaron a candidatos excluidos de Alianza País—, eso significa un quiebre frente al modelo concentrador del correísmo en los gobiernos locales, que son los más cercanos a la gente. Antes del 2014, ciudades populosas como Quito, Cuenca y Manta tenían alcaldes del oficialismo. Hoy la mayoría de la población no vive bajo administraciones de Alianza País.

Así como ha cambiado la política local “por debajo” de la nacional, también ha cambiado la política regional “por encima” de ella. Salvo Bolivia, todos los países sudamericanos del socialismo bolivariano del siglo 21 están en recesión. Brasil y Venezuela, además de sus terribles problemas económicos, viven de las peores crisis políticas en su historia. El peronismo kirchnerista perdió en Argentina, la segunda economía de Sudamérica, en manos de Mauricio Macri. La oposición en Venezuela acaba de triunfar en las elecciones legislativas. Y Dilma Rousseff enfrenta un juicio político que busca su destitución.

Hoy Alianza País juega en un terreno político local y regional desfavorable. Sin embargo eso, por sí solo, no tendría por qué forzar un giro sobre la reelección indefinida en 2017. Pero algo más grave cambió: la economía.

El astuto Perón decía que el bolsillo es el órgano más sensible del cuerpo humano. La mayor movilización popular en 2015 no fue contra las enmiendas, sino contra el aumento frustrado de impuestos a la herencia y plusvalía, liderada por el alcalde Jaime Nebot en Guayaquil, que aglutinó a 355 mil personas: más del 10% de toda la ciudad salió a la calle. Fue el ataque al bolsillo lo que despertó la reacción masiva de la ciudadanía. Antes y después de ese episodio, casi todas las protestas las han protagonizado los activistas políticos, no las mayorías ciudadanas. No debería sorprender: ya en la época de Juan José Flores, el pueblo no se sumó a los políticos contra la Carta de la Esclavitud, sino al grito de “¡mueran los tres pesos!”. Bien lo decía Bill Clinton: “It’s the economy, stupid!”

En 2016 la cosa no pinta mejor. Luego de dos trimestres seguidos de decrecimiento, ya estamos en recesión. 30% de las empresas están reduciendo puestos de trabajo y 15% de manera drástica, según el director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano. El sector rural sufre 52% de pobreza y 71% sin empleo adecuado, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos. El próximo año no entrará al país un centavo de petróleo, con lo cual hoy vivimos de la agricultura y el camarón, actividades perjudicadas por la actual actividad de volcanes y amenazadas por el inminente fenómeno de El Niño.

Entonces parece ser la recesión económica, más un entorno político desfavorable desde los gobiernos locales y el tablero regional, lo que ha causado que Rafael Correa se eche para atrás en el 2017. Especulo que no solo teme una posible derrota electoral, sino una victoria pírrica: ganar en 2017 con crisis económica, Asamblea en contra y un panorama regional cada vez más adverso. Rafael Correa evitará quemarse el 2017 cuando cumpla recién 54 años. Y para eso preferirá arriesgar el poder —en Argentina, el 50% de popularidad de Cristina no impidió que pierda Daniel Scioli—, con tal de salvar los muebles más adelante.

Así las cosas, todo el futuro queda en la cancha de la oposición. Solo de ella depende canalizar la mayor preocupación de la gente, la economía, en una alternativa creíble para ganar las elecciones del 2017 y luego superar a la Revolución Ciudadana. Y, por tanto, solo de ella depende si la arriesgada apuesta a largo plazo de Rafael Correa queda como anécdota para la historia o se convierte en una realidad.

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Ecuador después de las enmiendas

Aunque más del 80% de los ciudadanos queríamos consulta popular, este 3 de diciembre cien asambleístas reformaron la Constitución en un recinto legislativo que dejó de ser de “puertas abiertas”, como repite la propaganda oficialista, para convertirse desde temprano, por un lado, en un bunker acordonado por miles de policías y, por otro, en un hotel al que incluso llevaron colchones verdes para madrugar antes de la sesión.

¿Cuáles son los principales cambios?

1. Se permitirá la reelección indefinida a partir de la elección local del 2019, destruyendo el principio de alternancia esencial en un sistema democrático presidencialista —a diferencia de sistemas parlamentarios como Alemania— y perjudicando el derecho de igualdad en las elecciones, como razonó la Corte Constitucional de Colombia al impedir un tercer periodo de Álvaro Uribe. Sí, esto no es cuestión de izquierda o derecha. Y da igual si Rafael Correa se postula o no el 2017. Es cuestión de principios.

2. Se recortará el derecho humano a la participación política: los ciudadanos no podrán convocar a consulta sobre “cualquier asunto”, sino solo sobre lo que defina la Asamblea por ley.

3. Se constitucionalizará dos normas que ya habían incluido en la ley —inconstitucionalmente hasta ahora—: que la comunicación sea un servicio público, como la energía o el agua potable, y que las Fuerzas Armadas puedan intervenir en tareas de policía, en contra de lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos —a la que el gobierno sí dice respetar— en el caso Zambrano Vélez contra el mismo Ecuador.

4. Se incluirá a los obreros del Estado en la normativa de servicio público, pero sin derecho a la contratación colectiva, discriminándolos frente a empleados del sector privado.

5. Se quitará a la Contraloría General del Estado la competencia de fiscalizar la gestión en la función pública, aumentando la impunidad contra la corrupción.

6. Se impedirá la competencia de municipios en salud y educación, para lo cual solo podrán construir infraestructura con permiso del Gobierno central.

7. Otros cambios son inofensivos —esos sí, verdaderas enmiendas—, como corregir la palabra “provisionales” por “previsionales” (error mecanográfico en el artículo 372 de la Constitución) o rebajar a treinta años la edad para ser candidato presidencial.

¿Cuáles serán las consecuencias?

En lo jurídico, la mayoría de cambios son inválidos en forma y fondo. En cuanto a la forma, porque al modificarse la estructura del Estado —en casos como la reelección indefinida, Contraloría, Fuerzas Armadas y competencias municipales—, se requería una reforma vía consulta popular En cuanto al fondo, porque hay artículos que restringen derechos humanos —como la igualdad, participación política y libertad de expresión—, lo cual está prohibido y ni siquiera podría resolverse en consulta popular.

En lo político, algunas observaciones:

1. El objetivo electoral de Alianza País era que Correa se reelija el 2017. Y eso no se aprobó, lo cual es una contundente derrota del oficialismo. Veremos qué dice luego la Corte Constitucional. Yo no veo ninguna ventaja para Correa en postularse el 2017: incluso si ganara con las justas, no podría gobernar cómodo teniendo en contra la Asamblea y, sobre todo, la economía. Intentará seguir los pasos de Velasco Ibarra, “el Gran Ausente”, con la esperanza de volver el 2021. Pero nadie sabe cuál será el panorama entonces. En política es imposible apostar a tan largo plazo.

2. Ignoro cuáles serán los efectos prácticos de las enmiendas. Cambios sobre la comunicación o las Fuerzas Armadas ya estaban en vigencia. Veremos qué pasa con los municipios y la Contraloría. Sin la reelección del caudillo el 2017, persistir en la reforma constitucional solo tuvo sentido para Alianza País como demostración de fuerza política. Como una victoria pírrica para ocultar el fracaso.

3. Fuera de la Asamblea, la policía abusó salvajemente contra manifestantes, lo cual prueba que un correísmo con cada vez menos respaldo popular está dispuesto a “defender lo logrado” a punta de fuerza bruta. Tal como en Venezuela. Pero también resulta increíble la violencia promovida por ciertos manifestantes en Quito. Algunos parecen querer combatir al correísmo con sus propios métodos, lo cual es hacerle el juego. Cuidado: el único camino sostenible hacia la democracia es la resistencia pacífica. La violencia solo engendra más violencia. Y rechazo popular.

4. Pese a que se había anunciado en diciembre “la madre de todas las batallas”, la realidad es que muchos ciudadanos han sido indiferentes a esta violación constitucional. La recesión económica, la pérdida de miles de puestos de trabajo, la tragedia de un sector rural que sufre 52% de pobreza y 71% sin empleo adecuado, son las prioridades de la gente que no sigue la política. Que es la amplia mayoría. Y siempre ha sido así. De hecho, las protestas más multitudinarias este año no se dieron contra las enmiendas, sino contra los impuestos a la herencia y plusvalía. La gente salió a defender su bolsillo, no la democracia. Y en época de crisis, eso no debería sorprender.

5. Las enmiendas eran un hecho consumado. La democracia está golpeada, no enterrada. El gran desafío es el 2017. Y la victoria es posible, si la oposición sintoniza con la mayor preocupación ciudadana: la recesión económica. La gente votará por quienes planteen las propuestas más eficaces para que los ciudadanos vivan mejor, lo cual pasa por superar el fracaso del autoritarismo político y del estatismo económico. Al final del día, en democracia las batallas se ganan en las urnas. El 23 de febrero de 2014 vencimos en nueve de las diez ciudades más grandes del país: la única victoria electoral en casi nueve años de correísmo, salvo el caso de la alcaldía de Guayaquil. Con la estrategia correcta y liderazgos convincentes, podremos vencer de nuevo en febrero del 2017, si volvemos a luchar, con unidad y propuestas, para resolver los problemas de la mayoría popular.