Cuando se trata de batallas judiciales entre el Gobierno y la prensa, esa falta de independencia del árbitro que juzga, sin ninguna imparcialidad, se convierte en una grave amenaza a la libertad de expresión. Simplemente, los medios de comunicación y periodistas hoy no pueden ejercer su derecho humano a ser juzgados ante un tribunal independiente.
El caso La Hora ilustra perfectamente esta situación por lo siguiente:
1. Sí es cierto que toda persona (incluyendo al Estado) tiene un derecho a la réplica en el mismo espacio donde se publicó una nota sobre ella. Así lo dice el artículo 66, número 7, de la Constitución.
2. Para ejercer ese derecho, el Gobierno no puede iniciar una acción de protección, porque esa es una garantía jurisdiccional exclusiva para tutelar derechos fundamentales. Esos son derechos que solo tienen las personas. El Estado no tiene derechos, sino potestades. Por tanto, el Estado no puede, jamás, interponer una acción de protección.
3. Lo que debió hacer el Gobierno era formular una acción de réplica, que se ejerce como un hábeas data. No lo hizo ¿por torpeza de su abogado?
4. Que una acción de protección tan burdamente improcedente haya prosperado en nuestro sistema de justicia solo se puede explicar por una razón: que el Gobierno controla a los jueces.
Acá pueden leer mi opinión sobre este tema publicada en El Comercio: http://www.elcomercio.com/politica/Inquietud-efectos-fallo-La_Hora-juicio-Rafael_Correa-Gobierno-Gobierno_de_Ecuador_0_810519120.html
