Al Manso Guayas

Panteón de los piratas invasores

y de cruces de obreros rebelados.

Testigo mudo al sol de los enfados

de ayer esclavos, que hoy son vencedores.

Eres viva corriente que refrescas

calores de pasión. Tu honda brisa

seduce al malecón y tu ola pisa

recuerdos de astilleros y de grescas.

Con Olmedo encendiste el alma brava

que en Guayaquil parió al libre Ecuador

con sangre, independencia y equidad;

y bañas en mansa agua al son que graba,

en grito huancavilca abrasador,

la lucha por la eterna libertad.

Mensajes de Francisco

El papa Francisco no es solo pontífice de la Iglesia católica sino un líder mundial cuyo mensaje, aunque trasciende intereses partidistas, tiene un profundo contenido social y político.

Francisco nos invitó a construir una sociedad justa para todos, sin extremos ideológicos, personalistas o autoritarios, levantada sobre una democracia participativa que respeta libertades y abre un diálogo inclusivo que no descarta a quien piensa distinto, donde la sociedad y en especial la juventud, es protagonista y no espectadora de las decisiones de un poder que no impone su verdad única a los demás. Ojalá de lado y lado entendamos que los necesarios cambios para la justicia social, solo son sostenibles cuando surgen de ese diálogo amplio y respetuoso donde al otro no se lo insulta, se lo escucha; así podremos alcanzar la unidad a partir de esa diversidad humana y cultural que es el mayor tesoro del Ecuador.

Publicado en El Universo.

El sordo de Carondelet

Ya somos cientos de miles los ecuatorianos que hemos quemado suela en las calles para protestar contra el modelo correísta de la Revolución Ciudadana. Un modelo con dos frentes. El primero es político: la Revolución correísta ha instaurado un régimen autoritario —que Montalvo habría bautizado como la Propaganda Perpetua— donde el caudillo controla todos los poderes, persigue a los medios y aplasta las libertades civiles. El segundo frente es económico: luego de ganarse la lotería con la mayor bonanza petrolera de la historia y llevarnos al  mayor récord de deuda pública también de la historia (más de 32 mil millones de dólares), la Revolución correísta se ha quedado chira y hoy raspa la olla contra el pueblo para mantener una burocracia faraónica y un gasto público exorbitante. En otras palabras: tuvieron más plata que nunca, nos endeudaron más que nunca, pero aun así no les alcanza. No debería sorprenderles que el pueblo esté cabreado.

Lo insólito es que, pese a lo masivo de las protestas, el sordo de Carondelet no se da por enterado. (Ni hablar de los sumisos asambleístas...) Las respuestas del poder son volátiles. A veces dice que se trata de unos cuantos pelucones, un grupúsculo, el 2% de la población. Otras veces afirma que son muchos pobres manipulados por un puñado de políticos. ¿Es el 2% en la calle o el 98% manipulado por el 2%? Ya nadie entiende nada. Y el colmo de la osadía: el presidente llegó a afirmar que las protestas se deben a la publicidad millonaria de la oposición. Lo dijo él mismo, que ha revolucionado —eso sí— la propaganda estatal gastando cientos de millones de dólares en cadenas infinitas, sabatinas interminables y el imperio mediático más grande del país.

Ahora bien, más allá de que la tesis del Presidente es insultante —si la mayoría protesta por manipulación, ¿entonces Rafael sugiere que el pueblo es imbécil?—, lo cierto es que las encuestas revelan que más del 70% del país está en contra de aumentar los impuestos a la herencia y plusvalía, que son la cereza del pastel en una sistemática metida de mano, cada vez más profunda, al bolsillo ciudadano. No se puede tapar el sol con un dedo: el pueblo ha decidido despertar antes de que lo verde se vuelva maduro y Ecuador caiga en el abismo venezolano.

Frente a ello el Presidente solo tiene dos opciones. La primera es continuar por el mismo camino que ha encendido la llama del clamor popular: invitar al diálogo mientras insulta a quienes discrepan, seguir defendiendo la necesidad de impuestos confiscatorios, insistir en el discurso fratricida de lucha de clases. La segunda es lavarse bien los oídos y escuchar la voz del pueblo: abrir un diálogo auténtico y sin condiciones, rectificar su política económica, reducir el gasto público, tender la mano al sector privado y respetar la diversidad democrática.

La pelota está en la cancha de Carondelet y la suerte del correísmo hoy depende de su propia arrogancia. Pero sea cual sea la decisión del caudillo, hay un hecho que ya no pueden controlar: el pueblo no come cuento y les perdió el miedo. El diálogo ahora es en la calle. Y no tiene marcha atrás.

Twitter: @hectoryepezm

Cuidado se queman

El pueblo perdió la paciencia: el pretendido aumento de los impuestos a la herencia y a la plusvalía, temporalmente aplazado por un Presidente arrinconado ante la presión ciudadana, es solo la gota que derramó el vaso de la paciencia popular. La gente se ha volcado a las calles en varias ciudades del país, por su rechazo a pagar más impuestos que amenazan el esfuerzo de las familias. Pero esta solo ha sido la chispa que encendió una larga mecha, tejida con insistentes metidas de mano al bolsillo de los ecuatorianos: quitaron el 40% al seguro social en perjuicio de los jubilados, quitaron los ahorros a más de 146 mil maestros, quitaron beneficios salariales a funcionarios públicos en Galápagos, quitaron las utilidades a los empleados de las telefónicas, quitaron la atención de salud a amas de casa obligadas a afiliarse al IESS. Y una larga lista de etcéteras.

La indignación masiva empeora cuando el atropello a todas las clases sociales del país lo comete el gobierno que más plata ha recibido por la bonanza petrolera y, al mismo tiempo, el que más nos ha endeudado en toda la historia nacional: en mayo de 2015 la deuda pública alcanzó el récord de 32 447 millones de dólares, más del doble de los 13 872 millones a que llegaba a final del 2007, todo según cifras oficiales.

La realidad es testaruda: el dinero se acabó y, con él, se acabó la Revolución. La fiebre en la calle y la inocultable chirez del régimen advierten el principio del fin de un modelo económico y político que resulta insostenible. Y luego de la farra petrolera, en vez de rectificar —apoyando al sector privado y abriendo las puertas del diálogo—, una Revolución con chuchaqui hoy se vira contra el pueblo para sacarle más plata por todos los frentes que uno pueda imaginar. Es decir, a una crisis fiscal y política, el Presidente pretende añadirle una crisis social. La solución es tan suicida que solo se explica por la arrogante ceguera del poder.

Ante ello, la prioridad es pensar en el futuro del país. Lo ideal es que Rafael Correa corrija lo que pueda, haga las maletas y se vaya el 2017. O, en su defecto, ya que desafía ahora con consultas populares, convoque a aquella que casi todo el Ecuador espera: la consulta sobre la reelección indefinida. Hasta entonces, la sociedad merece un urgente giro económico: en vez de meter mano al bolsillo de los ciudadanos para engordar a un Estado obeso, la Revolución debe ponerse a dieta y Rafael debe amarrarse la correa. Es absurdo justificar más impuestos con la muletilla de la redistribución mientras el gobierno derrocha la plata en sabatinas, en un imperio mediático de propaganda, en una burocracia faraónica y en el yoga de Freddy Ehlers. Qué paradoja: mientras la gente protestaba por la subida frustrada de impuestos, el presidente Correa viajaba con 41 personas a Europa, tuiteros incluidos. La Revolución debe recuperar la vergüenza, escuchar el clamor ciudadano y rectificar. De lo contrario, el llamado de Rafael a un debate de oídos sordos puede equivaler a jugar con el fuego popular. Un juego donde puede salir quemado. Aún están a tiempo de evitarlo.

Twitter: @hectoryepezm

No dan chance

El Gobierno no da respiro. Impuestos a la herencia y la plusvalía. Detención de una asambleísta esmeraldeña. Politización de la visita del Papa. Salida de Rolando Panchana. Subida a la Gobernación del “tumba-casas” Julio César Quiñónez. Reformas de la Asamblea a autonomías locales, al derecho procesal, al Código Civil. Todo parece girar en una inagotable agenda de sucesos para tenernos hablando, día tras día, semana tras semana, en torno al último escándalo, el último debate, la última pirueta. Y mientras tanto, no nos dan chance para discutir otras cosas de fondo. O para mantener en primera plana los temas que mayor costo político le cobran al régimen.

“Si no puedes negar las malas noticias, inventa otras que las distraigan”, enseñaba Goebbels. Y añadía: “Hay que emitir constantemente informaciones y argumentos nuevos a un ritmo tal que, cuando el adversario responda, el público esté ya interesado en otra cosa.”

Así habló el genio de la propaganda nazi. ¿Suena familiar? Las mentes maestras de la Revolución Ciudadana llevan esta estrategia a extremos cada vez más arriesgados, pero todavía exitosos. Eso ocurrió en el último informe del 24 de Mayo, donde el presidente Correa mató cuatro pájaros con dos tiros. Me explico.

El primer tiro fue la detención de la asambleísta María Esperanza Galván, por tomarse el nombre del vicepresidente Glas en un chanchullo de 800 mil dólares en Esmeraldas. La cifra suena a dinero de bolsillo a lado de, por ejemplo, los 1.200 millones de dólares de sobreprecio en las hidroeléctricas que denuncia Plan V. Más allá de la farsa —que expliqué en mi última columna—, el objetivo es doble. Por un lado, se disimula combatir la corrupción. Por otro lado, se refuerza el mensaje del poder absoluto: luego de apresar a una asambleísta electa, militante del propio oficialismo, en medio informe a la nación, a nadie le puede caber duda de quién manda en este país. Dos pájaros con el primer tiro.

El segundo disparo fue el anuncio de aumentar impuestos. Toda una apuesta. Hasta entonces algunos de los temas más candentes, que le han costado al Presidente un drástico golpe a su popularidad y credibilidad —ni hablar de la Asamblea, que está por los suelos—, han sido las salvaguardias, desfinanciar al seguro social, confiscar ahorros de más de 146 mil maestros y forzar una reforma a la Constitución a espaldas del pueblo para perpetuarse en el poder. Todo eso pasó a segundo plano. En vez de hablar de los múltiples atropellos contra la clase media y popular, casi todos se han volcado a atacar —con mucha razón— un impuesto que es absurdo, pero cuyas víctimas son fácilmente mostradas —aunque ello no sea tan cierto— como una minúscula parte de la población. Así ya se encarga de recordarlo el Presidente a cada instante.

El tema no es inofensivo para el régimen: los impuestos son una de las pocas cosas negativas que casi todo el mundo asocia con Alianza País. Y es lógico que no sea inofensivo: de lo contrario, la oposición no mordería el anzuelo. Pero no es lo suficientemente impopular. O, en todo caso, es mucho menos dañino que tener a la mayoría hablando sobre los hospitales públicos sin medicinas, los productos encarecidos en el mercado o las dos terceras partes de trabajadores que viven en la informalidad.

Y es así como el segundo tiro de los impuestos mata a otros dos pájaros. El primero es mantener a la oposición ocupada sobre un tributo de mediano costo político. El segundo es manipular el impuesto a la herencia para revivir su caricatura socialista de pobres contra ricos que defienden sus millones. Una caricatura que es esencial para la Revolución Ciudadana. Que estaba a punto de morir con el ataque a los trabajadores, a los afiliados al seguro, a los desalojados en la Trinitaria y Monte Sinaí. Pero que el régimen, con inteligencia goebbeliana y un empujoncito de la oposición, a toda costa pretende reposicionar antes de jugarse, en el 2017, el futuro de su proyecto autoritario. Ante ello, la alternativa de las fuerzas democráticas del país no debe ser el silencio, sino un mensaje potente que, rechazando impuestos excesivos, insista en desterrar los demás abusos contra nuestra clase media y popular.

Si la justicia fuera independiente...

Con bombos y platillos, después de ocho años en el poder, la Revolución Ciudadana ha declarado la guerra contra la corrupción. Una guerra peculiar. Porque uno creería que la corrupción se combate con independencia en las autoridades de control, con fiscalización desde la Asamblea, con una justicia autónoma y con una prensa libre para informar sobre los trapos sucios de la política. Nada de eso. Acá la guerra se trata de un gobierno persiguiendo su propia cola. Una guerra con pistolas de agua.

Bien lo demuestra el último show: en medio informe a la nación por el 24 de Mayo, el Presidente anuncia que entre sus filas hay una asambleísta corrupta. Para abundancia del espectáculo, la “traidora” es detenida en el mismo evento —pese a que no hubo delito flagrante ni juicio político— y luego es expulsada de Alianza País. El guion lo complementa la presidenta de la sumisa Asamblea, Gabriela Rivadeneira, quien pide al Contralor que investigue el patrimonio de todos los asambleístas. El protagonismo no es de los fiscales y los jueces. Es el propio Presidente —¡y hasta Jorge Glas!— quien baja su pulgar a la legisladora en desgracia. No es el Contralor quien cumple su obligación cotidiana de auditar a los asambleístas. Es Gabriela Rivadeneira quien le da permiso para realizar su trabajo.

Ahora bien, desde que el gobierno confesó meter la mano en la justicia, los ecuatorianos solemos asociar la sumisión judicial a asuntos políticos, como el caso El Universo o la persecución a Cléver Jiménez. Lo del 24 de Mayo es otra raya más: un show político para aparentar que se combate la corrupción. Sin embargo, la falta de independencia judicial hoy perjudica al ciudadano de a pie mucho más de lo que parece a simple vista.

Si la justicia fuera independiente, no solo se sancionaría la corrupción con o sin permiso de Rafael Correa, Jorge Glas o Gabriela Rivadeneira, sino que cualquier juez habría impedido que se atropelle el derecho de más de 146 mil maestros a que la policía no se lleve sus ahorros al Banco del IESS sin su consentimiento. Si la justicia fuera independiente, la Corte Constitucional anularía la nueva ley que crea un impuesto a las utilidades, violando el derecho de los trabajadores, y obligaría a que las reformas constitucionales sobre la reelección indefinida y otros temas sean decididas por votación popular, como manda la Constitución. Si la justicia fuera independiente, cualquier juez podría impedir que el gobierno borre mágicamente los 1700 millones de deuda al IESS o que la ley discrimine a las amas de casa cuando las obliga a afiliarse al seguro social sin recibir la prestación de salud.

No hace falta aumentar los ejemplos. La guerra de balines contra la corrupción demuestra, una vez más, que hoy la justicia no se administra en los tribunales —menos aún en los titulares de los periódicos— sino en el Palacio de Carondelet. Y que las víctimas de la sumisión al Ejecutivo no solo son los políticos o los medios, sino los 15 millones de ecuatorianos cuyos derechos más elementales no dependen del imperio de la ley, sino de las órdenes del poder.

Twitter: @hectoryepezm

¿Quién es el malcriado?

La historia ya es conocida: en medio de su séquito de seguridad, el Presidente se bajó del carro para increpar a Luis Calderón, un “muchachito malcriado” de 17 años que le sacó una yuca el 1 de mayo, día de marchas y protestas en la capital. El adolescente fue detenido por la fuerza pública, mientras su madre, comprensiblemente indignada, cacheteó a un policía. Así aparece en un video de la Secretaría de Comunicación (SECOM). Según el adolescente detenido, el Presidente lo agarró del pecho y la madre fue agredida. Finalmente, un juez condenó la malacrianza con 20 horas de servicio comunitario.

Aun si nos limitamos a creer la versión oficial de la SECOM, el episodio es francamente ridículo. ¿Será un show para distraer el ojo público de las reformas al seguro social, las salvaguardias, la reelección indefinida y la crisis fiscal? Quién sabe. Lo cierto es que la reacción del presidente Correa deja al descubierto, una vez más, su inmadurez emocional ante el gesto de un colegial en la calle. No se trata de defender la obscenidad, sino de entender que ello no amerita ni la ira de un mandatario, ni la movilización del aparato de policía y justicia.

El suceso también confirma —de nuevo— la doble moral de un Presidente indignado por la yuca de un adolescente, mientras él mismo, ya cincuentón, dueño de una tarima pública que lo expone a millones de ecuatorianos, es autor inigualable de agresiones verbales y lidera un gobierno que maneja el mayor oligopolio nacional de medios dedicados a la propaganda política. Esta paradoja revela, como he señalado en varias ocasiones, que el discurso del Presidente sobre la defensa del honor y la imparcialidad es una deshonestidad intelectual. De hecho, la infracción por la que se juzgó al menor Luis Calderón, tipificada en el artículo 378.1 del Código Orgánico Integral Penal, sanciona a “la persona que, por cualquier medio, profiera expresiones de descrédito o deshonra en contra de otra”. ¿No podría aplicarse esta norma a una sabatina cualquiera? Después de ocho años en el poder, está claro que el discurso presidencial sobre el honor y la verdad no es más que un arma retórica para justificar el abuso de poder.

Ahora bien, sí hay una lección positiva en todo este sainete. Y es que el Ecuador necesita una urgente reflexión sobre cómo superar incultura del irrespeto y la permanente ofensa en nuestro país. Yo me niego a aceptar que seamos incapaces de sustituir los insultos por razones y los descalificativos por argumentos. Eso debe empezar en el mismo Carondelet, pero —seamos sinceros— la violencia verbal de nuestra política no es exclusiva de la Revolución Ciudadana, sino que aflige a parte de la actual oposición y resulta, a fin de cuentas, una continuación de ese viejo estilo de la partidocracia que ya es hora de sepultar en el baúl de la historia. Vamos más allá: se trata de un problema cultural en nuestra sociedad. Los políticos no son más groseros que un conductor promedio en nuestras calles. Si nos ponemos la mano en el pecho, la norma que utilizaron contra Luis Calderón y que mejor le calza al Presidente, también podría aplicarse a muchos de nosotros.

Por tanto, si queremos —pero de verdad— cambiar esta realidad, la respuesta no es abusar del poder policial y judicial, ni montar shows para distraer a la opinión pública, sino emprender una campaña seria que fomente los valores de respeto, diálogo y tolerancia, empezando por aquellos líderes que, gracias a su masiva exposición pública, son referentes de conducta para los demás.

Twitter: @hectoryepezm


Publicado en www.larepublica.ec

La chirez del chuchaqui petrolero

Primer barril de petróleo. Imagen de El Comercio.

Un señor se gana un millón en la lotería. Destina una parte a vivienda y educación para sus hijos, otra parte la arriesga en la bolsa de valores y con el resto sale a viajar por el mundo. Su familia no aprende a trabajar. No emprenden ningún negocio. Al poco tiempo hay crisis, la bolsa de valores se derrumba, se acumulan las deudas y el afortunado millonario se queda en la calle.

El relato no es ficticio: ha ocurrido innumerables veces y ha sido objeto de estudios académicos. Los seres humanos tendemos a ser imprudentes con el dinero que nos cae del cielo. Como es lógico, esa condición individual se traslada a nuestras sociedades, y de ahí surge el fenómeno conocido como la maldición del petróleo —o de los recursos naturales en general—, que parece habernos caído en Ecuador.

El gobierno se ha quedado chiro luego de la mayor bonanza de nuestra historia: entre 2007 y 2013 vendimos petróleo por más de 77.500 millones de dólares, que representan el 56% de toda nuestra exportación de crudo desde 1970. Gran parte de esos recursos se invirtieron en carreteras, escuelas del milenio, centros de salud, hidroeléctricas y proyectos positivos para el país. Otra parte ha ido a la burocracia, la propaganda y el agujero negro de la corrupción.  En contra de la sabiduría bíblica, nunca ahorramos para la época de vacas flacas. Al contrario, nos endeudamos en pleno apogeo de vacas gordas: la deuda externa superó los 17 mil millones de dólares al final del 2014 y, sumada a la interna, hoy la deuda total está peligrosamente cerca de llegar al 40% del PIB, que es el tope permitido por la Constitución. A diferencia de nuestros vecinos Colombia y Perú, no atrajimos grandes inversiones, ni generamos un entorno claro y estable para fortalecer al sector privado. El gobierno de la Revolución Ciudadana construyó todo un modelo económico basado en el gasto del sector público, a su vez basado en un precio del petróleo que, como ganarse la lotería, escapa por completo a nuestro mérito y control.

Entonces nos golpeó la realidad: los precios del petróleo bajaron a la mitad. Algo similar ocurrió en la década del 70. Ese cambio en el mercado era previsible, pero llegó antes de lo esperado. No nos preparamos para ello. Y ahora el chuchaqui de la farra petrolera luce peor que lo que el gobierno admite.

De otro modo no se explica la reforma al seguro social. Su costo político es altísimo para el oficialismo: le ha significado romper con Avanza y lo ha llevado al desesperado extremo de llamar por teléfono a ciudadanos con la voz pregrabada del Presidente para pedirles que confíen en él. Esta ley conlleva un riesgo político que el Presidente jamás se jugaría si no considerara imprescindible quitar el 40% que daba al IESS para sostener del sistema de jubilación, o crear un impuesto a las utilidades de trabajadores por encima de 24 salarios básicos, o afirmar que los 1700 millones de deuda al IESS de la noche a la mañana dejaron de existir.

Otro síntoma preocupante es el proyecto urgente de Ley de Remisión de Intereses, Multas y Recargos Tributarios sobre Impuestos Nacionales, que envió el Presidente a la Asamblea. En él se perdonan todos los intereses, multas y recargos a quienes paguen de contado sus deudas con el Servicio de Rentas Internas (SRI) dentro de 60 días desde que entre en vigencia la ley (y se perdona el 50% a quienes paguen en 90 días), incluyendo a quienes litigan contra el SRI y desistan de su demanda. Es comprensible ayudar a un profesional o una empresa mediana que no pudieron pagar a tiempo sus tributos, pero el espectro de esta amnistía tributaria es amplísimo. Se supone que la ley no busca beneficiar a quienes con fundamento litigan contra el SRI: ellos se espera que peleen hasta el final. Por tanto, si se busca recaudar un monto significativo —según Galo Borja, unos 600 millones de dólares—, el incentivo entonces va dirigido a los grandes evasores del país. Para ponerlo en perspectiva, de los 102 millones de dólares que el SRI demandaba a Álvaro Noboa, 53 millones eran por intereses y multas. Hoy quedarían condonados.

Es decir, el gobierno está dispuesto a perder millones de dólares a los que legítimamente tiene derecho, con tal de cobrar la mayor cantidad posible de dinero en los 90 días posteriores a la publicación de la ley. Conociendo la opinión del Presidente sobre el pago de impuestos, dudo que la idea le fascine. De nuevo, ¿qué tan grave debe ser la crisis para llegar a tal extremo?

A ciencia cierta no sabemos. No hay cifras claras y el poder camufla las verdades con propaganda. Lo grave es que, en vez de aprovechar la crisis como oportunidad para aprender y mejorar, estamos cometiendo el mismo error que nos llevó hasta este punto: coger toda la plata que se pueda ahora a costa de arriesgar el futuro. Hoy estamos pagando los platos rotos de ocho años de esa política económica. Si no enderezamos el rumbo, puede que los platos rotos de las decisiones de hoy los paguemos mucho antes.

Twitter: @hectoryepezm

Publicado en LaRepublica.ec

Mujica en Ecuador

Pepe Mujica, presidente de Uruguay, ya es célebre en América Latina por la sencillez de su discurso humano, frontal y, sobre todo, coherente: vive en una chacra y dona el 90% de su sueldo. Hace poco fue homenajeado en Guayaquil, al asumir la presidencia de la UNASUR, en un evento protagonizado por un exabrupto del presidente Correa contra la vicealcaldesa de Guayaquil. 

Como era de esperarse, todos aprovecharon la oportunidad para alabar al sabio uruguayo. Pero vale la pena contrastar las reflexiones de este Quijote del sur con la conducta real de políticos ecuatorianos que tanto dicen coincidir con él.

A quienes piensan que siempre tienen la razón y que su criterio se impone por encima de todos los demás, Mujica confiesa: “Quizás esté equivocado, porque yo me equivoco mucho.”

A quienes necesitan aviones, edificios y séquitos para gobernar, Mujica dice: “Preciso poco para vivir.” Mujica usualmente viaja en clase turista o comparte el avión de otros presidentes en eventos regionales.

A quienes se quejan porque el mundo les falla, Mujica replica: “Lo inevitable no se lloriquea. Lo inevitable hay que enfrentarlo.”

A quienes pretenden abruptos cambios sociales, Mujica enseña: “Por el camino largo el viaje es más corto.”

A quienes buscan destruir a sus contrincantes, Mujica sentencia: “una izquierda que quiera ser democrática… tiene que acostumbrarse a vivir con la oposición.”

A quienes permiten círculos de corrupción y roscas empresariales, Mujica advierte: "A los que les gusta mucho la plata hay que correrlos de la política… son un peligro”, porque “no puede ser la política el mundo de los empresarios”. Aunque se digan de izquierda.

A un Ecuador que hoy ocupa el antepenúltimo lugar en percepción de corrupción de Sudamérica según Transparencia Internacional, Mujica exhorta: “Hay que gritar fuerte en el mundo: no a la corrupción”.

A quienes buscan la reelección indefinida, Mujica la califica como “monárquica”. Él sostiene que el “presidente no es un rey, no es un dios, no es el brujo de la tribu que las sabe todas. Es un funcionario y como tal debe irse y ser sustituido”. Al final del día, “los líderes electos tienen que tomarse un respiro”, porque “los mejores luchadores no son los que hacen más sino aquellos que son capaces de dejar a alguien que lo suplante.”

Y a quienes persisten en trabajar, día a día, por el sueño de una auténtica democracia, donde la justicia sea tan imprescindible como la libertad, Mujica los alienta: “Los únicos derrotados son los que dejan de luchar”.

Amas de casa: ¿afiliación o entuque?

Lo prometieron en Montecristi. El artículo 34 de la Constitución del 2008 garantizó el seguro social universal, que incluye a las amas de casa “que realizan trabajo no remunerado en los hogares”, aunque ello ya estaba implícito en los artículos 55 y 56 de la Constitución del 1998. Yo coincido: todos quienes contribuimos al desarrollo económico del país tenemos derecho —no obligación— a una seguridad social universal garantizada desde el Estado. Fácil es decirlo y escribirlo. Lo difícil es convertir esa promesa política de la Constitución en un hecho real.

Seis años después, el presidente por fin anuncia que cumplirá lo ofrecido. Lo hace en medio de un torbellino social por medidas impopulares contra los derechos laborales (de maestros, empleados de telefónicas, obreros en el sector público, etc.), mientras pretende enmendar la Constitución para reelegirse indefinidamente en el poder, recortar el derecho a la consulta, amenazar las competencias de municipios en educación y salud, estatizar la comunicación, entre otros, en contra del 73% de la ciudadanía que exige decidir sobre estos cambios en las urnas. Si a ello se suma que las amas de casa, sobre todo de escasos recursos, hoy están preocupadas por el programa de cocinas de inducción que busca eliminar el subsidio al gas, al presidente Correa le sobran razones para relanzar, con bombos y platillos, promesas de impacto popular.

Eso, en principio, es positivo. Es bueno que el descontento en la calle obligue a los políticos a tomar acciones a favor del pueblo. El problema es que la oferta, hasta ahora, parece pura demagogia.

La prometida seguridad social se refiere, en realidad, a que las amas de casa puedan jubilarse dentro de 20 años. Mientras tanto, estarán forzadas —sí, será obligatorio— a afiliarse al IESS sin derecho a atención médica, aportando, en las familias más necesitadas, $2 de los $50 que reciben al mes por el bono de desarrollo humano. ¿Pero de qué sirve jubilarse en 20 años si una ama de casa, ante una enfermedad grave, no se puede atender en un hospital del IESS? Lo más básico de la seguridad social es, precisamente, la salud: si hay que elegir uno de cualquiera de los beneficios del IESS, la atención médica debería tener prioridad.

Por otro lado, el 95% del aporte para esa jubilación no lo pagarán las afiliadas, sino que se cubrirá con los excedentes de las utilidades de otros trabajadores, cuando superen 24 remuneraciones básicas unificadas, que equivalen a $8160. Esta reforma, por supuesto, es inconstitucional, puesto que el derecho al 15% de utilidades, como todo derecho laboral, es intangible y, por tanto, irreversible. Pero lo más grave es que el gobierno no ha explicado su consistencia económica. ¿Qué relación hay entre la cifra de un millón y medio de amas de casa que se van a afiliar y el monto de utilidades de empresas que exceden los $8160 por empleado? ¿Qué pasa si, por ejemplo, en unos siete años el número de amas de casa aumenta drásticamente —tenemos la tercera tasa más alta de madres adolescentes en América Latina según la CEPAL— mientras las utilidades de las compañías disminuyen, sea por problemas económicos, factores internacionales o reformas que desincentivan la rentabilidad empresarial? ¿Cómo es posible ofrecer a 20 años una jubilación cuyo 95% estaría garantizado por ganancias que ningún economista en el mundo puede asegurar? 

Los cálculos no cuadran. Y estas dudas, al menos de momento, no han sido disipadas por Alianza País: su oferta más bien parece una jugada en combo para contentar con humo a la ciudadanía, contrarrestar las protestas de los trabajadores y maquillar con pretextos sociales un impuesto ilícito a las utilidades de empleados, así como una reducción de $2 al bono de desarrollo humano, que en vez de ir a las familias pobres pasarán a los fondos del IESS, tradicional financista del Estado central. Dos medidas que, de otro modo, en medio de un probable desajuste fiscal por la caída del petróleo y la subida del dólar, ante el pueblo serían imposibles de justificar.

El cálculo político del régimen, sin embargo, puede fallarle tanto como las matemáticas. La gente no es tonta. Y las recientes manifestaciones del 17S y el 19N han demostrado, una vez más, que la paciencia del pueblo no es eterna. Sobre todo cuando le meten la mano en el bolsillo.

Twitter: @hectoryepezm

Cruces sobre el agua

Hace 92 años, cumplidos el pasado 15 de noviembre, ocurrió uno de los episodios más escalofriantes de toda la historia del Ecuador. Fue en 1922. Los trabajadores ferroviarios iniciaron una huelga general que terminó paralizando todo Guayaquil. El liberal José Luis Tamayo, entonces presidente, ordenó contener la situación “cueste lo que cueste”. La represión terminó con centenares de seres humanos asesinados por la fuerza pública, cuyos cadáveres fueron arrojados al manso Guayas y cuyos vientres fueron abiertos con bayonetas para que los cuerpos se hundieran. El pueblo guayaquileño veló a sus muertos con cruces que flotaron en lugar de los cadáveres partidos, sobre el agua de nuestro río convertido en cementerio, como lo inmortalizara en su libro Joaquín Gallegos Lara, en una tragedia cuyas víctimas son auténticos mártires no solo de las conquistas laborales, sino del derecho del pueblo a la protesta social.

Aunque han pasado 92 años, y salvando las obvias diferencias, en algunas cosas Ecuador parece seguir atrapado en 1922. Entonces, el conflicto se produjo no solo por las terribles injusticias sociales de la época, sino por un colapso económico desatado por la crisis del cacao, producto nacional estrella, lo cual provocó un declive de exportaciones que, junto a un exceso de importaciones, ocasionó falta de divisas, en el contexto de una economía internacional atribulada desde 1914, cuando estalló la Primera Guerra Mundial. 

Casi un siglo después, el cacao se nos convirtió en petróleo y la guerra mundial en los conflictos del Medio Oriente, Estados Unidos y Rusia. Pese al cacareo del cambio de matriz productiva, todos los huevos de nuestra economía siguen en una sola canasta y el bienestar de 15 millones de ecuatorianos depende de un modelo sostenido por el sector público, a su vez sostenido por un precio del petróleo que es una lotería ajena a nuestro control.

Por otro lado, el movimiento obrero de 1922 logró conquistas que hoy damos por sentadas, pero que costaron sangre. Ironías de la historia: entonces los mártires del 15 de noviembre fueron aniquilados por orden del presidente Tamayo, del Partido Liberal, quien había peleado y gobernado junto a Eloy Alfaro, ícono legendario de la lucha social, aunque luego se le opuso y coqueteó con parte del conservadurismo.

Casi un siglo después, sin una brutalidad que hoy sería insostenible, la ironía continúa. Una revolución ciudadana que se autoproclama heredera del alfarismo, pese a contradecir principios históricos del liberalismo radical, y que ha contribuido con un aporte innegable a los derechos laborales al prohibir la tercerización, ampliar la seguridad social y mejorar los salarios, hoy aplaca el clamor de la clase trabajadora con el refinamiento propio de los autoritarismos latinoamericanos del siglo 21. Esa misma revolución, luego de haberse inventado las “renuncias obligatorias” para despedir inconstitucionalmente a servidores del Estado, hoy busca perjudicar a los obreros en el sector público a través de una camuflada reforma constitucional, intenta “mensualizar” (lo cual podría llevar en la práctica a “eliminar”) los décimos, pretende confiscar los ahorros de 146 mil trabajadores del magisterio y reducir las utilidades de los empleados, a la vez que proclama —con razón— el derecho a la seguridad social de las amas de casa mientras las excluye —sin razón— de la salud pública y condiciona el financiamiento de su jubilación a la violación de los derechos de otros empleados sin ninguna lógica económica.

Ahora bien, el 15 de noviembre no es solo un símbolo de la clase obrera, sino también de la protesta social, al recordar la violencia autoritaria contra un pueblo que se levantó en las calles de Guayaquil y reivindicar el derecho humano de la ciudadanía a manifestarse, con o sin motivo, contra toda especie de poder, sea de los adinerados señores de la oligarquía o de los potentados que dirigen los resortes de la maquinaria estatal.

Ese legado de protesta social que trazaron las cruces sobre el agua no pertenece hoy a la revolución ciudadana —ni a ningún grupo político, como entonces no perteneció al presidente Tamayo—, sino al pueblo que, por cualquier causa, defiende su derecho a protestar en la calle. Y es que aumentar el salario mínimo o prohibir la tercerización no son favores: defender los derechos de la gente es la obligación primordial de los gobiernos. Que regímenes anteriores hayan incumplido parte de esa tarea —como también la ha incumplido éste en algunos aspectos— no significa que la gestión pública sea una dádiva pagada con el precio del silencio, ni un privilegio que los ecuatorianos, únicos dueños de la soberanía, debamos agradecer a costa de perder no solo otros derechos laborales, sino ese derecho a expresarnos con absoluta libertad en los espacios públicos, que a punta de sangre conquistaron aquellos héroes enterrados hace 92 años, con el vientre abierto bajo cruces flotantes, en el corazón del manso Guayas.

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Raspando la olla

Los impuestos, en sí mismos, no tienen por qué ser malos. A mí me parece justo ceder parte de nuestro ingreso para financiar la gestión pública y “redistribuir la riqueza”, si por ello se entiende garantizar un piso mínimo y oportunidades iguales que nos permitan a todos salir adelante en la vida, sin importar en qué condición nos haya tocado nacer. Así, bien cobrados, bien cuantificados y, sobre todo, bien utilizados en salud, educación, seguridad y otros servicios, los impuestos pueden ser positivos en la sociedad. Ejemplo de ello son los países nórdicos, líderes en desarrollo humano, que mantienen altos tributos combinados con niveles envidiables de transparencia y libertad económica.

¿Pero qué sucede en Ecuador? Estas últimas semanas se han anunciado una larga serie de medidas económicas para aumentar el dinero en manos del Estado. Nuevos impuestos a la comida chatarra y a utilidades contra los empleados de telefónicas, aumento drástico del impuesto a la plusvalía, confiscación de fondos previsionales privados, amenaza de desfinanciar el transporte en las ciudades… ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué parece que el gobierno está “raspando la olla” para pellizcar el bolsillo ciudadano por todos los frentes?

Según la narrativa oficial, las finanzas públicas están perfectas. El régimen adorna una explicación para cada una de las nuevas medidas, pero la realidad es testaruda. El impuesto a la comida chatarra es un saludo a la bandera: gravar a negocios internacionales como McDonald’s no cambiará los hábitos de una mayoría que no se alimenta en ellos. Dicen que un impuesto mayor a la plusvalía serviría para devolver al Estado la ganancia de inmuebles beneficiados por obras públicas en casos de expropiación, pero lo cierto es que ese impuesto casi siempre se cobra en ventas privadas donde el Estado no tiene nada que ver. El impuesto del 12% a las utilidades de los empleados de telefónicas no solo es discriminatorio, sino que mantiene intactas las ganancias excesivas de Claro y Movistar, que bien podrían reducirse bajando las tarifas de sus servicios a favor de los ciudadanos, en vez de aprovechar ese “injusto” exceso para engrosar el erario público. Y la confiscación de fondos previsionales privados no tiene lógica alguna: en el caso del magisterio, que el BIESS se lleve 431 millones de dólares ahorrados por 146 mil maestros es simplemente indefendible.

El último capítulo: el régimen exige que los municipios con competencia de tránsito, empezando por Quito, fijen las tarifas urbanas de transporte y amenaza con quitar un “subsidio” del gobierno nacional. Aquí se dicen verdades a medias, que —como al presidente le gusta recordar— son lo mismo que medias mentiras. Es cierto que tales municipios deben fijar el pasaje en el transporte urbano, pero también es cierto que debe existir una política tarifaria nacional. No solo lo dicta el artículo 394 de la Constitución, sino el sentido común: sería lunático que haya 224 tarifas distintas de transporte, una por cada cantón. El gobierno central debe establecer parámetros nacionales, dentro de los cuales se puedan mover los gobiernos locales para decidir la tarifa final.

Por otro lado, una cosa es que el municipio determine el pasaje y otra cosa es pretender eliminar la transferencia de recursos del gobierno central para el transporte urbano. En esto la Constitución es clarísima:

“Art. 273.- Las competencias que asuman los gobiernos autónomos descentralizados serán transferidas con los correspondientes recursos. No habrá transferencia de competencias sin la transferencia de recursos suficientes, salvo expresa aceptación de la entidad que asuma las competencias.” 

No hay competencia sin dinero. Que el gobierno entregue recursos para el tránsito municipal no es una dádiva presidencial. Es una obligación impuesta por la Constitución. Lo curioso es que las normas no han variado del 2013 al 2014. Lo que sí varió es el escenario político: el pasado 23 de febrero Alianza País perdió elecciones en 9 de las 10 ciudades más pobladas del Ecuador. Pues bien, si esto se trata de una venganza electoral, el oficialismo olvida que atacar el transporte urbano no es un castigo a los alcaldes electos por el pueblo, sino una amenaza contra todos los habitantes de cada ciudad, incluyendo a quienes votaron por candidatos de AP.

Por último, si todas estas medidas carecen de argumentos y algunas representan un alto costo político, ¿por qué el régimen las impulsa a capa y espada? No hay otra explicación posible que la falta de liquidez. Fausto Ortiz estima en más de 7000 millones de dólares el déficit tanto en el 2014 como para el 2015. Según Moisés Naím, los precios del petróleo bajaron este verano, cuando lo normal en esta temporada es que hubieran estado “por las nubes”, sobre todo a causa de los conflictos en Medio Oriente y Ucrania. Es un secreto a voces que hay retrasos en el pago de sueldos del sector público. Lo grave es que esto ocurre en la mayor bonanza petrolera de la historia ecuatoriana: según Henry Llanes, en 6 años de este gobierno Ecuador recibió 71 mil millones de dólares por petróleo, 35% más de lo que recibió en tres décadas y media entre 1972 y 2006. Entonces, si el gobierno tiene más plata que nunca, ¿por qué la urgencia de subir impuestos, llevarse plata privada de los maestros y quitarle dinero a las ciudades? Ya no se puede tapar el sol con un dedo. ¿Por qué no dejan las piruetas políticas y nos dicen de frente la verdad?

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Llevarse fondos al BIESS: ¿confiscación?

La respuesta es sí. Un proyecto de ley para expropiar alrededor de $936 millones de dólares en 54 fondos previsionales al Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS), en los cuales hay dinero privado, es una confiscación prohibida por el artículo 323 de la Constitución y el artículo 21.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

El caso más representativo es el Fondo de Cesantía del Magisterio, que suma aproximadamente $430 millones aportados por más de 146 mil maestros a lo largo del país. Según Juan José Castelló, presidente del Fondo, ahí no hay dinero público: todo es privado. Según el presidente Correa, ese fondo nació con un capital “semilla” del Estado. 

¿Qué dice la Constitución?

Art. 372.- (…) “Los fondos previsionales públicos y sus inversiones se canalizarán a través de una institución financiera de propiedad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.”*

La norma es muy clara: el Estado, a través del BIESS, solo puede gestionar fondos públicos. Por el contrario, el Estado no tiene potestad para apropiarse de dinero privado, que ha sido ahorrado con el sudor de trabajadores ecuatorianos durante años, al menos que cada uno de esos trabajadores lo consienta de manera expresa. La razón salta a la vista: el Estado no tiene derecho a administrar o adueñarse de plata que no le pertenece.

Asumamos, sin embargo, que fuera cierta la tesis del presidente Correa. Reflexionemos: si en un barrio hay una casa construida con dinero del Estado, ¿eso justifica una ley que diga que todo el barrio va a pasar a propiedad del MIDUVI? No, ¿verdad? Pues bien, de igual manera, si entre los $430 millones del magisterio alguna vez hubo una parte de dinero público, eso no justifica expropiar la totalidad de los $430 millones, sino tan solo aquella parte que era pública y que, hasta ahora, ni el presidente ni nadie se han dignado especificar o demostrar. Es decir, aun en la teoría presidencial, existe confiscación.

No nos confundamos. Esto no se trata de si el MPD —partido que, a propósito, no es santo de mi devoción— tiene injerencia o no en el magisterio, o si el BIESS hace o no un buen trabajo otorgando créditos hipotecarios. Aquí el punto es que llevarse dinero ajeno a la fuerza mediante una ley, en términos jurídicos, se llama confiscar. Y, en términos comunes, se llama robar. 

* Por un error tipográfico, la Constitución en realidad dice “provisionales”. Este desliz se busca corregir en el actual paquete de enmiendas constitucionales.

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Impuesto a las utilidades

Ya está en la Asamblea el proyecto de reforma a la Ley de Telecomunicaciones, firmado por el Presidente, que recorta el derecho de los trabajadores a recibir utilidades en ese sector, incluyendo a las telefónicas Claro y Movistar. Hasta ahora, como en todo empleo normal, los trabajadores recibían el 15%. En adelante recibirán el 3%. Y el otro 12% se lo quedará el Estado.

Aquí hay dos fenómenos.

El primero es una reducción del derecho fundamental a percibir utilidades. El proyecto, en apariencia, es constitucional: según el artículo 328 de la Carta Magna, si bien no se puede eliminar el derecho a las utilidades, su monto sí se puede determinar por ley. Por ese lado, disminuir de 15% a 3% está permitido. Lo debatible, a mi juicio, es que esta medida resulta inconstitucional a la luz del principio de igualdad: si el resto de empleados en todo el país recibe el 15%, ¿por qué los empleados en compañías de telecomunicaciones —al igual que en las petroleras— han de recibir un porcentaje cinco veces inferior? ¿Por qué castigar a un empleado por lo que hace su empleador? Es lícito que la ley regule el porcentaje de utilidades, pero es ilícito que lo haga discriminando a cierto grupo de personas, inocentemente perjudicadas por la actividad de su patrón.

El segundo fenómeno es que ese 12% sobre la utilidad, que antes lo recibía el empleado, hoy se pagará al Estado. Y eso equivale a decir que, para las empresas de telecomunicaciones, su impuesto a la renta ha aumentado en un 12%. Aquí también hay una innegable discriminación: ¿por qué una empresa ha de pagar casi la mitad más de lo que paga el resto, en virtud del sector donde opera? Y si hubiera alguna razón para ese incremento, ¿bajo qué lógica se concluyó que el porcentaje a aumentar es, ni más ni menos, 12%? ¿Existe algún estudio sobre el impacto de fijar dicho número? ¿O simplemente lo escogieron para que “cuadre” con el anterior 15%?

Estas preguntas, cuya respuesta es fácil de intuir, demuestran la arbitrariedad y la improvisación con la que se ha adoptado una delicadísima decisión legal y económica, que perjudica los derechos sociales de los trabajadores. Al final del día, más allá de reajustar sus políticas de remuneración, las empresas pagarán lo mismo. El impuesto realmente lo sufrirán los empleados.

Ahora bien, esta abrupta reforma es parte de un paquete más amplio para inyectar liquidez al fisco. Cuando el río suena, piedras trae: pese a que vivimos en la época de mayor bonanza petrolera de toda nuestra historia y de una excepcional estabilidad gracias a la dolarización, en estos días los ecuatorianos somos testigos de una serie de maniobras para conseguir dinero a cómo dé lugar. Prendaron parte de la reserva de oro para que Goldman Sachs nos preste $400 millones. Volvieron al mercado internacional con $2000 millones en bonos, a una tasa de 7,95%, superior a la que pagamos en los contratos clandestinos con China. Gravaron con $42 cada compra en Internet. La CAF nos prestó $296 millones. El BID, $220 millones. Aceptamos plata del Banco Mundial, antes denostado organismo neoliberal, aunque de los publicitados $1000 millones solo había $307 millones por entregar — el resto ya estaba comprometido. Y acaban de crear dinero electrónico respaldado en cualquier “activo” del Banco Central, cuya eliminación de balances diferenciados podría arriesgar la dolarización. Todo con el afán de cubrir los más de $5000 millones de déficit para 2014, mientras todo el sector público rumora —sin que nadie se atreva a decirlo en público— que por el momento tienen cerrada la llave: “No hay plata.”

Lo bueno es que el porcentaje de deuda de Ecuador sigue siendo prudente. Algunos de estos créditos, como los de la CAF y el BID, reportarán enormes beneficios sociales si cumplen su finalidad. Pero es imposible no preocuparse cuando, pese a los enormes ingresos fiscales, la sábana no alcanza a sostener el desenfrenado gasto público. Y más preocupante resulta aún que, ante ello, la reacción del gobierno no sea racionalizar sus egresos, sino subir los impuestos contra los ciudadanos y endeudar más al país.

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Derechos humanos durante el Mundial

Mientras en todo el mundo estábamos pendientes de la mordida de Suárez, las atajadas de Keylor, los piques de Robben, los goles de James, la humillación de Brasil y la victoria final de Alemania, hay goles contra los derechos humanos que podemos haber pasado por alto y vale la pena resaltar.

Franja de Gaza. El día de la final del Mundial, ya eran 170 los palestinos muertos —de ellos, 34 niños— y más de mil heridos —cuya cuarta parte, al menos, también son niños— por los ataques aéreos de Israel contra civiles en la franja de Gaza. Desde el día en que Alemania le metió 7-1 a Brasil, el grupo palestino de Hamás ha lanzado más de 980 cohetes contra Israel, que no han dejado muertos gracias a que buena parte han sido interceptados por la “cúpula de hierro” que protege su territorio. Cerca de la medianoche antes del duelo entre Alemania y Argentina, Israel realizó una operación por tierra para instalar una plataforma de lanzamiento de cohetes, luego de pedir a unos 100 mil seres humanos, víctimas inocentes de un conflicto sanguinario, que evacúen la zona fronteriza “por su propia seguridad”. Al menos 10 mil acataron el ultimátum y han tenido que desplazarse de su localidad.

Niños de Centroamérica. Cuando Holanda y Argentina se batían en penales, la policía mexicana liberó a 165 migrantes secuestrados por el crimen organizado en Tamaupilas, demostrando los enormes riesgos que corren los centroamericanos que emigran a través de México hacia los Estados Unidos. Desde octubre pasado, 57.000 niños centroamericanos --sobre todo de Guatemala, El Salvador y Honduras-- han huido clandestinamente al país del norte por la violencia de las pandillas en su tierra, aprovechando una ley estadounidense que impide la deportación automática de menores, lo cual ha provocado una grave crisis humanitaria. Como reacción, el presidente Obama ha pedido 3700 millones de dólares para enfrentar el problema, pese a que el Congreso no define aún la situación legal de 11 millones de personas que viven sin papeles en esa nación.

Derechos políticos en Venezuela. Un día antes de que Holanda golee a Brasil, por denuncia de diputados chavistas, se abrió una investigación por “traición a la patria” contra el alcalde Ramón Muchacho y el diputado Julio Borges, del partido de Henrique Capriles, por haber participado en una conferencia del Partido Popular en España. Este evento se suma a la lista de violaciones a los derechos políticos en Venezuela, que han tenido su máxima expresión en el encarcelamiento de Leopoldo López y la destitución de María Corina Machado como legisladora, además de la grave situación económica y la fragilidad del derecho a la vida en el país con la segunda tasa más alta de homicidios en el mundo después de Honduras, según la ONU.

El fútbol es un fenómeno social inigualable para fortalecer el espíritu, fomentar la unidad y resolver los nacionalismos en una sana competencia deportiva que supera las pasiones de la guerra. Ojalá ese mismo ímpetu que nos mueve a festejar goles y lamentar derrotas, lo podamos direccionar para indignarnos por estas y otras graves violaciones a los derechos humanos a lo largo del mundo, como el conflicto en Ucrania, la violencia en Medio Oriente o las mismas restricciones de derechos que, salvando las distancias, hoy se tramitan en Ecuador. Algunos casos nos quedan más cerca que otros. La mayoría no podemos solucionarlos. Pero hablar de ellos, denunciar lo que está mal, en medio de millones que prefieren mirar hacia otro lado, ya es un grano de arena —o un buen pase— a favor de la justicia.

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Caricatura de https://latuffcartoons.wordpress.com/tag/israel/

¿Treinta años para ser presidente?

Una de las enmiendas del "combo" que discute el oficialismo para aprobar en la Asamblea es bajar a treinta años la edad para ser candidato presidencial.

Actualmente, la edad es treinta y cinco años.

Vale la pena revisar este enlace de la Universidad de Georgetown que compara los mínimos de edad en América (a partir de la realidad regional, esta propuesta de enmienda no me parece descabellada):

http://pdba.georgetown.edu/Comp/Ejecutivo/Presidencia/requisitos.html

Hace poco vi a una asambleísta de AP decir que algunos incluso debaten fijar el mínimo en dieciocho años, para no discriminar a nadie en su derecho a "elegir y ser elegido"...

Los prefectos se oponen a las regiones

Otra enmienda más se viene a la Constitución: el flamante presidente del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (CONGOPE), el prefecto de Pichincha, Gustavo Baroja, oficialista, ha anunciado una propuesta para evitar la regionalización del país, que modifica la estructura territorial al permitir que las provincias se agrupen en regiones (un proceso similar a la agrupación de cantones en distritos metropolitanos). Hasta ahora no se ha conformado ninguna región.

El tema, a mi juicio, amerita ser ampliamente discutido.

Acá la norma constitucional hoy vigente:

Art. 244.- Dos o más provincias con continuidad territorial, superficie regional mayor a veinte mil kilómetros cuadrados y un número de habitantes que en conjunto sea superior al cinco por ciento de la población nacional, formarán regiones autónomas de acuerdo con la ley. Se procurará el equilibrio interregional, la afinidad histórica y cultural, la complementariedad ecológica y el manejo integrado de cuencas. La ley creará incentivos económicos y de otra índole, para que las provincias se integren en regiones.