La chirez del chuchaqui petrolero

Primer barril de petróleo. Imagen de El Comercio.

Un señor se gana un millón en la lotería. Destina una parte a vivienda y educación para sus hijos, otra parte la arriesga en la bolsa de valores y con el resto sale a viajar por el mundo. Su familia no aprende a trabajar. No emprenden ningún negocio. Al poco tiempo hay crisis, la bolsa de valores se derrumba, se acumulan las deudas y el afortunado millonario se queda en la calle.

El relato no es ficticio: ha ocurrido innumerables veces y ha sido objeto de estudios académicos. Los seres humanos tendemos a ser imprudentes con el dinero que nos cae del cielo. Como es lógico, esa condición individual se traslada a nuestras sociedades, y de ahí surge el fenómeno conocido como la maldición del petróleo —o de los recursos naturales en general—, que parece habernos caído en Ecuador.

El gobierno se ha quedado chiro luego de la mayor bonanza de nuestra historia: entre 2007 y 2013 vendimos petróleo por más de 77.500 millones de dólares, que representan el 56% de toda nuestra exportación de crudo desde 1970. Gran parte de esos recursos se invirtieron en carreteras, escuelas del milenio, centros de salud, hidroeléctricas y proyectos positivos para el país. Otra parte ha ido a la burocracia, la propaganda y el agujero negro de la corrupción.  En contra de la sabiduría bíblica, nunca ahorramos para la época de vacas flacas. Al contrario, nos endeudamos en pleno apogeo de vacas gordas: la deuda externa superó los 17 mil millones de dólares al final del 2014 y, sumada a la interna, hoy la deuda total está peligrosamente cerca de llegar al 40% del PIB, que es el tope permitido por la Constitución. A diferencia de nuestros vecinos Colombia y Perú, no atrajimos grandes inversiones, ni generamos un entorno claro y estable para fortalecer al sector privado. El gobierno de la Revolución Ciudadana construyó todo un modelo económico basado en el gasto del sector público, a su vez basado en un precio del petróleo que, como ganarse la lotería, escapa por completo a nuestro mérito y control.

Entonces nos golpeó la realidad: los precios del petróleo bajaron a la mitad. Algo similar ocurrió en la década del 70. Ese cambio en el mercado era previsible, pero llegó antes de lo esperado. No nos preparamos para ello. Y ahora el chuchaqui de la farra petrolera luce peor que lo que el gobierno admite.

De otro modo no se explica la reforma al seguro social. Su costo político es altísimo para el oficialismo: le ha significado romper con Avanza y lo ha llevado al desesperado extremo de llamar por teléfono a ciudadanos con la voz pregrabada del Presidente para pedirles que confíen en él. Esta ley conlleva un riesgo político que el Presidente jamás se jugaría si no considerara imprescindible quitar el 40% que daba al IESS para sostener del sistema de jubilación, o crear un impuesto a las utilidades de trabajadores por encima de 24 salarios básicos, o afirmar que los 1700 millones de deuda al IESS de la noche a la mañana dejaron de existir.

Otro síntoma preocupante es el proyecto urgente de Ley de Remisión de Intereses, Multas y Recargos Tributarios sobre Impuestos Nacionales, que envió el Presidente a la Asamblea. En él se perdonan todos los intereses, multas y recargos a quienes paguen de contado sus deudas con el Servicio de Rentas Internas (SRI) dentro de 60 días desde que entre en vigencia la ley (y se perdona el 50% a quienes paguen en 90 días), incluyendo a quienes litigan contra el SRI y desistan de su demanda. Es comprensible ayudar a un profesional o una empresa mediana que no pudieron pagar a tiempo sus tributos, pero el espectro de esta amnistía tributaria es amplísimo. Se supone que la ley no busca beneficiar a quienes con fundamento litigan contra el SRI: ellos se espera que peleen hasta el final. Por tanto, si se busca recaudar un monto significativo —según Galo Borja, unos 600 millones de dólares—, el incentivo entonces va dirigido a los grandes evasores del país. Para ponerlo en perspectiva, de los 102 millones de dólares que el SRI demandaba a Álvaro Noboa, 53 millones eran por intereses y multas. Hoy quedarían condonados.

Es decir, el gobierno está dispuesto a perder millones de dólares a los que legítimamente tiene derecho, con tal de cobrar la mayor cantidad posible de dinero en los 90 días posteriores a la publicación de la ley. Conociendo la opinión del Presidente sobre el pago de impuestos, dudo que la idea le fascine. De nuevo, ¿qué tan grave debe ser la crisis para llegar a tal extremo?

A ciencia cierta no sabemos. No hay cifras claras y el poder camufla las verdades con propaganda. Lo grave es que, en vez de aprovechar la crisis como oportunidad para aprender y mejorar, estamos cometiendo el mismo error que nos llevó hasta este punto: coger toda la plata que se pueda ahora a costa de arriesgar el futuro. Hoy estamos pagando los platos rotos de ocho años de esa política económica. Si no enderezamos el rumbo, puede que los platos rotos de las decisiones de hoy los paguemos mucho antes.

Twitter: @hectoryepezm

Publicado en LaRepublica.ec

Impuesto a las utilidades

Ya está en la Asamblea el proyecto de reforma a la Ley de Telecomunicaciones, firmado por el Presidente, que recorta el derecho de los trabajadores a recibir utilidades en ese sector, incluyendo a las telefónicas Claro y Movistar. Hasta ahora, como en todo empleo normal, los trabajadores recibían el 15%. En adelante recibirán el 3%. Y el otro 12% se lo quedará el Estado.

Aquí hay dos fenómenos.

El primero es una reducción del derecho fundamental a percibir utilidades. El proyecto, en apariencia, es constitucional: según el artículo 328 de la Carta Magna, si bien no se puede eliminar el derecho a las utilidades, su monto sí se puede determinar por ley. Por ese lado, disminuir de 15% a 3% está permitido. Lo debatible, a mi juicio, es que esta medida resulta inconstitucional a la luz del principio de igualdad: si el resto de empleados en todo el país recibe el 15%, ¿por qué los empleados en compañías de telecomunicaciones —al igual que en las petroleras— han de recibir un porcentaje cinco veces inferior? ¿Por qué castigar a un empleado por lo que hace su empleador? Es lícito que la ley regule el porcentaje de utilidades, pero es ilícito que lo haga discriminando a cierto grupo de personas, inocentemente perjudicadas por la actividad de su patrón.

El segundo fenómeno es que ese 12% sobre la utilidad, que antes lo recibía el empleado, hoy se pagará al Estado. Y eso equivale a decir que, para las empresas de telecomunicaciones, su impuesto a la renta ha aumentado en un 12%. Aquí también hay una innegable discriminación: ¿por qué una empresa ha de pagar casi la mitad más de lo que paga el resto, en virtud del sector donde opera? Y si hubiera alguna razón para ese incremento, ¿bajo qué lógica se concluyó que el porcentaje a aumentar es, ni más ni menos, 12%? ¿Existe algún estudio sobre el impacto de fijar dicho número? ¿O simplemente lo escogieron para que “cuadre” con el anterior 15%?

Estas preguntas, cuya respuesta es fácil de intuir, demuestran la arbitrariedad y la improvisación con la que se ha adoptado una delicadísima decisión legal y económica, que perjudica los derechos sociales de los trabajadores. Al final del día, más allá de reajustar sus políticas de remuneración, las empresas pagarán lo mismo. El impuesto realmente lo sufrirán los empleados.

Ahora bien, esta abrupta reforma es parte de un paquete más amplio para inyectar liquidez al fisco. Cuando el río suena, piedras trae: pese a que vivimos en la época de mayor bonanza petrolera de toda nuestra historia y de una excepcional estabilidad gracias a la dolarización, en estos días los ecuatorianos somos testigos de una serie de maniobras para conseguir dinero a cómo dé lugar. Prendaron parte de la reserva de oro para que Goldman Sachs nos preste $400 millones. Volvieron al mercado internacional con $2000 millones en bonos, a una tasa de 7,95%, superior a la que pagamos en los contratos clandestinos con China. Gravaron con $42 cada compra en Internet. La CAF nos prestó $296 millones. El BID, $220 millones. Aceptamos plata del Banco Mundial, antes denostado organismo neoliberal, aunque de los publicitados $1000 millones solo había $307 millones por entregar — el resto ya estaba comprometido. Y acaban de crear dinero electrónico respaldado en cualquier “activo” del Banco Central, cuya eliminación de balances diferenciados podría arriesgar la dolarización. Todo con el afán de cubrir los más de $5000 millones de déficit para 2014, mientras todo el sector público rumora —sin que nadie se atreva a decirlo en público— que por el momento tienen cerrada la llave: “No hay plata.”

Lo bueno es que el porcentaje de deuda de Ecuador sigue siendo prudente. Algunos de estos créditos, como los de la CAF y el BID, reportarán enormes beneficios sociales si cumplen su finalidad. Pero es imposible no preocuparse cuando, pese a los enormes ingresos fiscales, la sábana no alcanza a sostener el desenfrenado gasto público. Y más preocupante resulta aún que, ante ello, la reacción del gobierno no sea racionalizar sus egresos, sino subir los impuestos contra los ciudadanos y endeudar más al país.

Twitter: @hectoryepezm