Amas de casa: ¿afiliación o entuque?

Lo prometieron en Montecristi. El artículo 34 de la Constitución del 2008 garantizó el seguro social universal, que incluye a las amas de casa “que realizan trabajo no remunerado en los hogares”, aunque ello ya estaba implícito en los artículos 55 y 56 de la Constitución del 1998. Yo coincido: todos quienes contribuimos al desarrollo económico del país tenemos derecho —no obligación— a una seguridad social universal garantizada desde el Estado. Fácil es decirlo y escribirlo. Lo difícil es convertir esa promesa política de la Constitución en un hecho real.

Seis años después, el presidente por fin anuncia que cumplirá lo ofrecido. Lo hace en medio de un torbellino social por medidas impopulares contra los derechos laborales (de maestros, empleados de telefónicas, obreros en el sector público, etc.), mientras pretende enmendar la Constitución para reelegirse indefinidamente en el poder, recortar el derecho a la consulta, amenazar las competencias de municipios en educación y salud, estatizar la comunicación, entre otros, en contra del 73% de la ciudadanía que exige decidir sobre estos cambios en las urnas. Si a ello se suma que las amas de casa, sobre todo de escasos recursos, hoy están preocupadas por el programa de cocinas de inducción que busca eliminar el subsidio al gas, al presidente Correa le sobran razones para relanzar, con bombos y platillos, promesas de impacto popular.

Eso, en principio, es positivo. Es bueno que el descontento en la calle obligue a los políticos a tomar acciones a favor del pueblo. El problema es que la oferta, hasta ahora, parece pura demagogia.

La prometida seguridad social se refiere, en realidad, a que las amas de casa puedan jubilarse dentro de 20 años. Mientras tanto, estarán forzadas —sí, será obligatorio— a afiliarse al IESS sin derecho a atención médica, aportando, en las familias más necesitadas, $2 de los $50 que reciben al mes por el bono de desarrollo humano. ¿Pero de qué sirve jubilarse en 20 años si una ama de casa, ante una enfermedad grave, no se puede atender en un hospital del IESS? Lo más básico de la seguridad social es, precisamente, la salud: si hay que elegir uno de cualquiera de los beneficios del IESS, la atención médica debería tener prioridad.

Por otro lado, el 95% del aporte para esa jubilación no lo pagarán las afiliadas, sino que se cubrirá con los excedentes de las utilidades de otros trabajadores, cuando superen 24 remuneraciones básicas unificadas, que equivalen a $8160. Esta reforma, por supuesto, es inconstitucional, puesto que el derecho al 15% de utilidades, como todo derecho laboral, es intangible y, por tanto, irreversible. Pero lo más grave es que el gobierno no ha explicado su consistencia económica. ¿Qué relación hay entre la cifra de un millón y medio de amas de casa que se van a afiliar y el monto de utilidades de empresas que exceden los $8160 por empleado? ¿Qué pasa si, por ejemplo, en unos siete años el número de amas de casa aumenta drásticamente —tenemos la tercera tasa más alta de madres adolescentes en América Latina según la CEPAL— mientras las utilidades de las compañías disminuyen, sea por problemas económicos, factores internacionales o reformas que desincentivan la rentabilidad empresarial? ¿Cómo es posible ofrecer a 20 años una jubilación cuyo 95% estaría garantizado por ganancias que ningún economista en el mundo puede asegurar? 

Los cálculos no cuadran. Y estas dudas, al menos de momento, no han sido disipadas por Alianza País: su oferta más bien parece una jugada en combo para contentar con humo a la ciudadanía, contrarrestar las protestas de los trabajadores y maquillar con pretextos sociales un impuesto ilícito a las utilidades de empleados, así como una reducción de $2 al bono de desarrollo humano, que en vez de ir a las familias pobres pasarán a los fondos del IESS, tradicional financista del Estado central. Dos medidas que, de otro modo, en medio de un probable desajuste fiscal por la caída del petróleo y la subida del dólar, ante el pueblo serían imposibles de justificar.

El cálculo político del régimen, sin embargo, puede fallarle tanto como las matemáticas. La gente no es tonta. Y las recientes manifestaciones del 17S y el 19N han demostrado, una vez más, que la paciencia del pueblo no es eterna. Sobre todo cuando le meten la mano en el bolsillo.

Twitter: @hectoryepezm

Impuesto a las utilidades

Ya está en la Asamblea el proyecto de reforma a la Ley de Telecomunicaciones, firmado por el Presidente, que recorta el derecho de los trabajadores a recibir utilidades en ese sector, incluyendo a las telefónicas Claro y Movistar. Hasta ahora, como en todo empleo normal, los trabajadores recibían el 15%. En adelante recibirán el 3%. Y el otro 12% se lo quedará el Estado.

Aquí hay dos fenómenos.

El primero es una reducción del derecho fundamental a percibir utilidades. El proyecto, en apariencia, es constitucional: según el artículo 328 de la Carta Magna, si bien no se puede eliminar el derecho a las utilidades, su monto sí se puede determinar por ley. Por ese lado, disminuir de 15% a 3% está permitido. Lo debatible, a mi juicio, es que esta medida resulta inconstitucional a la luz del principio de igualdad: si el resto de empleados en todo el país recibe el 15%, ¿por qué los empleados en compañías de telecomunicaciones —al igual que en las petroleras— han de recibir un porcentaje cinco veces inferior? ¿Por qué castigar a un empleado por lo que hace su empleador? Es lícito que la ley regule el porcentaje de utilidades, pero es ilícito que lo haga discriminando a cierto grupo de personas, inocentemente perjudicadas por la actividad de su patrón.

El segundo fenómeno es que ese 12% sobre la utilidad, que antes lo recibía el empleado, hoy se pagará al Estado. Y eso equivale a decir que, para las empresas de telecomunicaciones, su impuesto a la renta ha aumentado en un 12%. Aquí también hay una innegable discriminación: ¿por qué una empresa ha de pagar casi la mitad más de lo que paga el resto, en virtud del sector donde opera? Y si hubiera alguna razón para ese incremento, ¿bajo qué lógica se concluyó que el porcentaje a aumentar es, ni más ni menos, 12%? ¿Existe algún estudio sobre el impacto de fijar dicho número? ¿O simplemente lo escogieron para que “cuadre” con el anterior 15%?

Estas preguntas, cuya respuesta es fácil de intuir, demuestran la arbitrariedad y la improvisación con la que se ha adoptado una delicadísima decisión legal y económica, que perjudica los derechos sociales de los trabajadores. Al final del día, más allá de reajustar sus políticas de remuneración, las empresas pagarán lo mismo. El impuesto realmente lo sufrirán los empleados.

Ahora bien, esta abrupta reforma es parte de un paquete más amplio para inyectar liquidez al fisco. Cuando el río suena, piedras trae: pese a que vivimos en la época de mayor bonanza petrolera de toda nuestra historia y de una excepcional estabilidad gracias a la dolarización, en estos días los ecuatorianos somos testigos de una serie de maniobras para conseguir dinero a cómo dé lugar. Prendaron parte de la reserva de oro para que Goldman Sachs nos preste $400 millones. Volvieron al mercado internacional con $2000 millones en bonos, a una tasa de 7,95%, superior a la que pagamos en los contratos clandestinos con China. Gravaron con $42 cada compra en Internet. La CAF nos prestó $296 millones. El BID, $220 millones. Aceptamos plata del Banco Mundial, antes denostado organismo neoliberal, aunque de los publicitados $1000 millones solo había $307 millones por entregar — el resto ya estaba comprometido. Y acaban de crear dinero electrónico respaldado en cualquier “activo” del Banco Central, cuya eliminación de balances diferenciados podría arriesgar la dolarización. Todo con el afán de cubrir los más de $5000 millones de déficit para 2014, mientras todo el sector público rumora —sin que nadie se atreva a decirlo en público— que por el momento tienen cerrada la llave: “No hay plata.”

Lo bueno es que el porcentaje de deuda de Ecuador sigue siendo prudente. Algunos de estos créditos, como los de la CAF y el BID, reportarán enormes beneficios sociales si cumplen su finalidad. Pero es imposible no preocuparse cuando, pese a los enormes ingresos fiscales, la sábana no alcanza a sostener el desenfrenado gasto público. Y más preocupante resulta aún que, ante ello, la reacción del gobierno no sea racionalizar sus egresos, sino subir los impuestos contra los ciudadanos y endeudar más al país.

Twitter: @hectoryepezm