El sordo de Carondelet

Ya somos cientos de miles los ecuatorianos que hemos quemado suela en las calles para protestar contra el modelo correísta de la Revolución Ciudadana. Un modelo con dos frentes. El primero es político: la Revolución correísta ha instaurado un régimen autoritario —que Montalvo habría bautizado como la Propaganda Perpetua— donde el caudillo controla todos los poderes, persigue a los medios y aplasta las libertades civiles. El segundo frente es económico: luego de ganarse la lotería con la mayor bonanza petrolera de la historia y llevarnos al  mayor récord de deuda pública también de la historia (más de 32 mil millones de dólares), la Revolución correísta se ha quedado chira y hoy raspa la olla contra el pueblo para mantener una burocracia faraónica y un gasto público exorbitante. En otras palabras: tuvieron más plata que nunca, nos endeudaron más que nunca, pero aun así no les alcanza. No debería sorprenderles que el pueblo esté cabreado.

Lo insólito es que, pese a lo masivo de las protestas, el sordo de Carondelet no se da por enterado. (Ni hablar de los sumisos asambleístas...) Las respuestas del poder son volátiles. A veces dice que se trata de unos cuantos pelucones, un grupúsculo, el 2% de la población. Otras veces afirma que son muchos pobres manipulados por un puñado de políticos. ¿Es el 2% en la calle o el 98% manipulado por el 2%? Ya nadie entiende nada. Y el colmo de la osadía: el presidente llegó a afirmar que las protestas se deben a la publicidad millonaria de la oposición. Lo dijo él mismo, que ha revolucionado —eso sí— la propaganda estatal gastando cientos de millones de dólares en cadenas infinitas, sabatinas interminables y el imperio mediático más grande del país.

Ahora bien, más allá de que la tesis del Presidente es insultante —si la mayoría protesta por manipulación, ¿entonces Rafael sugiere que el pueblo es imbécil?—, lo cierto es que las encuestas revelan que más del 70% del país está en contra de aumentar los impuestos a la herencia y plusvalía, que son la cereza del pastel en una sistemática metida de mano, cada vez más profunda, al bolsillo ciudadano. No se puede tapar el sol con un dedo: el pueblo ha decidido despertar antes de que lo verde se vuelva maduro y Ecuador caiga en el abismo venezolano.

Frente a ello el Presidente solo tiene dos opciones. La primera es continuar por el mismo camino que ha encendido la llama del clamor popular: invitar al diálogo mientras insulta a quienes discrepan, seguir defendiendo la necesidad de impuestos confiscatorios, insistir en el discurso fratricida de lucha de clases. La segunda es lavarse bien los oídos y escuchar la voz del pueblo: abrir un diálogo auténtico y sin condiciones, rectificar su política económica, reducir el gasto público, tender la mano al sector privado y respetar la diversidad democrática.

La pelota está en la cancha de Carondelet y la suerte del correísmo hoy depende de su propia arrogancia. Pero sea cual sea la decisión del caudillo, hay un hecho que ya no pueden controlar: el pueblo no come cuento y les perdió el miedo. El diálogo ahora es en la calle. Y no tiene marcha atrás.

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Cuidado se queman

El pueblo perdió la paciencia: el pretendido aumento de los impuestos a la herencia y a la plusvalía, temporalmente aplazado por un Presidente arrinconado ante la presión ciudadana, es solo la gota que derramó el vaso de la paciencia popular. La gente se ha volcado a las calles en varias ciudades del país, por su rechazo a pagar más impuestos que amenazan el esfuerzo de las familias. Pero esta solo ha sido la chispa que encendió una larga mecha, tejida con insistentes metidas de mano al bolsillo de los ecuatorianos: quitaron el 40% al seguro social en perjuicio de los jubilados, quitaron los ahorros a más de 146 mil maestros, quitaron beneficios salariales a funcionarios públicos en Galápagos, quitaron las utilidades a los empleados de las telefónicas, quitaron la atención de salud a amas de casa obligadas a afiliarse al IESS. Y una larga lista de etcéteras.

La indignación masiva empeora cuando el atropello a todas las clases sociales del país lo comete el gobierno que más plata ha recibido por la bonanza petrolera y, al mismo tiempo, el que más nos ha endeudado en toda la historia nacional: en mayo de 2015 la deuda pública alcanzó el récord de 32 447 millones de dólares, más del doble de los 13 872 millones a que llegaba a final del 2007, todo según cifras oficiales.

La realidad es testaruda: el dinero se acabó y, con él, se acabó la Revolución. La fiebre en la calle y la inocultable chirez del régimen advierten el principio del fin de un modelo económico y político que resulta insostenible. Y luego de la farra petrolera, en vez de rectificar —apoyando al sector privado y abriendo las puertas del diálogo—, una Revolución con chuchaqui hoy se vira contra el pueblo para sacarle más plata por todos los frentes que uno pueda imaginar. Es decir, a una crisis fiscal y política, el Presidente pretende añadirle una crisis social. La solución es tan suicida que solo se explica por la arrogante ceguera del poder.

Ante ello, la prioridad es pensar en el futuro del país. Lo ideal es que Rafael Correa corrija lo que pueda, haga las maletas y se vaya el 2017. O, en su defecto, ya que desafía ahora con consultas populares, convoque a aquella que casi todo el Ecuador espera: la consulta sobre la reelección indefinida. Hasta entonces, la sociedad merece un urgente giro económico: en vez de meter mano al bolsillo de los ciudadanos para engordar a un Estado obeso, la Revolución debe ponerse a dieta y Rafael debe amarrarse la correa. Es absurdo justificar más impuestos con la muletilla de la redistribución mientras el gobierno derrocha la plata en sabatinas, en un imperio mediático de propaganda, en una burocracia faraónica y en el yoga de Freddy Ehlers. Qué paradoja: mientras la gente protestaba por la subida frustrada de impuestos, el presidente Correa viajaba con 41 personas a Europa, tuiteros incluidos. La Revolución debe recuperar la vergüenza, escuchar el clamor ciudadano y rectificar. De lo contrario, el llamado de Rafael a un debate de oídos sordos puede equivaler a jugar con el fuego popular. Un juego donde puede salir quemado. Aún están a tiempo de evitarlo.

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Si la justicia fuera independiente...

Con bombos y platillos, después de ocho años en el poder, la Revolución Ciudadana ha declarado la guerra contra la corrupción. Una guerra peculiar. Porque uno creería que la corrupción se combate con independencia en las autoridades de control, con fiscalización desde la Asamblea, con una justicia autónoma y con una prensa libre para informar sobre los trapos sucios de la política. Nada de eso. Acá la guerra se trata de un gobierno persiguiendo su propia cola. Una guerra con pistolas de agua.

Bien lo demuestra el último show: en medio informe a la nación por el 24 de Mayo, el Presidente anuncia que entre sus filas hay una asambleísta corrupta. Para abundancia del espectáculo, la “traidora” es detenida en el mismo evento —pese a que no hubo delito flagrante ni juicio político— y luego es expulsada de Alianza País. El guion lo complementa la presidenta de la sumisa Asamblea, Gabriela Rivadeneira, quien pide al Contralor que investigue el patrimonio de todos los asambleístas. El protagonismo no es de los fiscales y los jueces. Es el propio Presidente —¡y hasta Jorge Glas!— quien baja su pulgar a la legisladora en desgracia. No es el Contralor quien cumple su obligación cotidiana de auditar a los asambleístas. Es Gabriela Rivadeneira quien le da permiso para realizar su trabajo.

Ahora bien, desde que el gobierno confesó meter la mano en la justicia, los ecuatorianos solemos asociar la sumisión judicial a asuntos políticos, como el caso El Universo o la persecución a Cléver Jiménez. Lo del 24 de Mayo es otra raya más: un show político para aparentar que se combate la corrupción. Sin embargo, la falta de independencia judicial hoy perjudica al ciudadano de a pie mucho más de lo que parece a simple vista.

Si la justicia fuera independiente, no solo se sancionaría la corrupción con o sin permiso de Rafael Correa, Jorge Glas o Gabriela Rivadeneira, sino que cualquier juez habría impedido que se atropelle el derecho de más de 146 mil maestros a que la policía no se lleve sus ahorros al Banco del IESS sin su consentimiento. Si la justicia fuera independiente, la Corte Constitucional anularía la nueva ley que crea un impuesto a las utilidades, violando el derecho de los trabajadores, y obligaría a que las reformas constitucionales sobre la reelección indefinida y otros temas sean decididas por votación popular, como manda la Constitución. Si la justicia fuera independiente, cualquier juez podría impedir que el gobierno borre mágicamente los 1700 millones de deuda al IESS o que la ley discrimine a las amas de casa cuando las obliga a afiliarse al seguro social sin recibir la prestación de salud.

No hace falta aumentar los ejemplos. La guerra de balines contra la corrupción demuestra, una vez más, que hoy la justicia no se administra en los tribunales —menos aún en los titulares de los periódicos— sino en el Palacio de Carondelet. Y que las víctimas de la sumisión al Ejecutivo no solo son los políticos o los medios, sino los 15 millones de ecuatorianos cuyos derechos más elementales no dependen del imperio de la ley, sino de las órdenes del poder.

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¿Quién es el malcriado?

La historia ya es conocida: en medio de su séquito de seguridad, el Presidente se bajó del carro para increpar a Luis Calderón, un “muchachito malcriado” de 17 años que le sacó una yuca el 1 de mayo, día de marchas y protestas en la capital. El adolescente fue detenido por la fuerza pública, mientras su madre, comprensiblemente indignada, cacheteó a un policía. Así aparece en un video de la Secretaría de Comunicación (SECOM). Según el adolescente detenido, el Presidente lo agarró del pecho y la madre fue agredida. Finalmente, un juez condenó la malacrianza con 20 horas de servicio comunitario.

Aun si nos limitamos a creer la versión oficial de la SECOM, el episodio es francamente ridículo. ¿Será un show para distraer el ojo público de las reformas al seguro social, las salvaguardias, la reelección indefinida y la crisis fiscal? Quién sabe. Lo cierto es que la reacción del presidente Correa deja al descubierto, una vez más, su inmadurez emocional ante el gesto de un colegial en la calle. No se trata de defender la obscenidad, sino de entender que ello no amerita ni la ira de un mandatario, ni la movilización del aparato de policía y justicia.

El suceso también confirma —de nuevo— la doble moral de un Presidente indignado por la yuca de un adolescente, mientras él mismo, ya cincuentón, dueño de una tarima pública que lo expone a millones de ecuatorianos, es autor inigualable de agresiones verbales y lidera un gobierno que maneja el mayor oligopolio nacional de medios dedicados a la propaganda política. Esta paradoja revela, como he señalado en varias ocasiones, que el discurso del Presidente sobre la defensa del honor y la imparcialidad es una deshonestidad intelectual. De hecho, la infracción por la que se juzgó al menor Luis Calderón, tipificada en el artículo 378.1 del Código Orgánico Integral Penal, sanciona a “la persona que, por cualquier medio, profiera expresiones de descrédito o deshonra en contra de otra”. ¿No podría aplicarse esta norma a una sabatina cualquiera? Después de ocho años en el poder, está claro que el discurso presidencial sobre el honor y la verdad no es más que un arma retórica para justificar el abuso de poder.

Ahora bien, sí hay una lección positiva en todo este sainete. Y es que el Ecuador necesita una urgente reflexión sobre cómo superar incultura del irrespeto y la permanente ofensa en nuestro país. Yo me niego a aceptar que seamos incapaces de sustituir los insultos por razones y los descalificativos por argumentos. Eso debe empezar en el mismo Carondelet, pero —seamos sinceros— la violencia verbal de nuestra política no es exclusiva de la Revolución Ciudadana, sino que aflige a parte de la actual oposición y resulta, a fin de cuentas, una continuación de ese viejo estilo de la partidocracia que ya es hora de sepultar en el baúl de la historia. Vamos más allá: se trata de un problema cultural en nuestra sociedad. Los políticos no son más groseros que un conductor promedio en nuestras calles. Si nos ponemos la mano en el pecho, la norma que utilizaron contra Luis Calderón y que mejor le calza al Presidente, también podría aplicarse a muchos de nosotros.

Por tanto, si queremos —pero de verdad— cambiar esta realidad, la respuesta no es abusar del poder policial y judicial, ni montar shows para distraer a la opinión pública, sino emprender una campaña seria que fomente los valores de respeto, diálogo y tolerancia, empezando por aquellos líderes que, gracias a su masiva exposición pública, son referentes de conducta para los demás.

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La chirez del chuchaqui petrolero

Primer barril de petróleo. Imagen de El Comercio.

Un señor se gana un millón en la lotería. Destina una parte a vivienda y educación para sus hijos, otra parte la arriesga en la bolsa de valores y con el resto sale a viajar por el mundo. Su familia no aprende a trabajar. No emprenden ningún negocio. Al poco tiempo hay crisis, la bolsa de valores se derrumba, se acumulan las deudas y el afortunado millonario se queda en la calle.

El relato no es ficticio: ha ocurrido innumerables veces y ha sido objeto de estudios académicos. Los seres humanos tendemos a ser imprudentes con el dinero que nos cae del cielo. Como es lógico, esa condición individual se traslada a nuestras sociedades, y de ahí surge el fenómeno conocido como la maldición del petróleo —o de los recursos naturales en general—, que parece habernos caído en Ecuador.

El gobierno se ha quedado chiro luego de la mayor bonanza de nuestra historia: entre 2007 y 2013 vendimos petróleo por más de 77.500 millones de dólares, que representan el 56% de toda nuestra exportación de crudo desde 1970. Gran parte de esos recursos se invirtieron en carreteras, escuelas del milenio, centros de salud, hidroeléctricas y proyectos positivos para el país. Otra parte ha ido a la burocracia, la propaganda y el agujero negro de la corrupción.  En contra de la sabiduría bíblica, nunca ahorramos para la época de vacas flacas. Al contrario, nos endeudamos en pleno apogeo de vacas gordas: la deuda externa superó los 17 mil millones de dólares al final del 2014 y, sumada a la interna, hoy la deuda total está peligrosamente cerca de llegar al 40% del PIB, que es el tope permitido por la Constitución. A diferencia de nuestros vecinos Colombia y Perú, no atrajimos grandes inversiones, ni generamos un entorno claro y estable para fortalecer al sector privado. El gobierno de la Revolución Ciudadana construyó todo un modelo económico basado en el gasto del sector público, a su vez basado en un precio del petróleo que, como ganarse la lotería, escapa por completo a nuestro mérito y control.

Entonces nos golpeó la realidad: los precios del petróleo bajaron a la mitad. Algo similar ocurrió en la década del 70. Ese cambio en el mercado era previsible, pero llegó antes de lo esperado. No nos preparamos para ello. Y ahora el chuchaqui de la farra petrolera luce peor que lo que el gobierno admite.

De otro modo no se explica la reforma al seguro social. Su costo político es altísimo para el oficialismo: le ha significado romper con Avanza y lo ha llevado al desesperado extremo de llamar por teléfono a ciudadanos con la voz pregrabada del Presidente para pedirles que confíen en él. Esta ley conlleva un riesgo político que el Presidente jamás se jugaría si no considerara imprescindible quitar el 40% que daba al IESS para sostener del sistema de jubilación, o crear un impuesto a las utilidades de trabajadores por encima de 24 salarios básicos, o afirmar que los 1700 millones de deuda al IESS de la noche a la mañana dejaron de existir.

Otro síntoma preocupante es el proyecto urgente de Ley de Remisión de Intereses, Multas y Recargos Tributarios sobre Impuestos Nacionales, que envió el Presidente a la Asamblea. En él se perdonan todos los intereses, multas y recargos a quienes paguen de contado sus deudas con el Servicio de Rentas Internas (SRI) dentro de 60 días desde que entre en vigencia la ley (y se perdona el 50% a quienes paguen en 90 días), incluyendo a quienes litigan contra el SRI y desistan de su demanda. Es comprensible ayudar a un profesional o una empresa mediana que no pudieron pagar a tiempo sus tributos, pero el espectro de esta amnistía tributaria es amplísimo. Se supone que la ley no busca beneficiar a quienes con fundamento litigan contra el SRI: ellos se espera que peleen hasta el final. Por tanto, si se busca recaudar un monto significativo —según Galo Borja, unos 600 millones de dólares—, el incentivo entonces va dirigido a los grandes evasores del país. Para ponerlo en perspectiva, de los 102 millones de dólares que el SRI demandaba a Álvaro Noboa, 53 millones eran por intereses y multas. Hoy quedarían condonados.

Es decir, el gobierno está dispuesto a perder millones de dólares a los que legítimamente tiene derecho, con tal de cobrar la mayor cantidad posible de dinero en los 90 días posteriores a la publicación de la ley. Conociendo la opinión del Presidente sobre el pago de impuestos, dudo que la idea le fascine. De nuevo, ¿qué tan grave debe ser la crisis para llegar a tal extremo?

A ciencia cierta no sabemos. No hay cifras claras y el poder camufla las verdades con propaganda. Lo grave es que, en vez de aprovechar la crisis como oportunidad para aprender y mejorar, estamos cometiendo el mismo error que nos llevó hasta este punto: coger toda la plata que se pueda ahora a costa de arriesgar el futuro. Hoy estamos pagando los platos rotos de ocho años de esa política económica. Si no enderezamos el rumbo, puede que los platos rotos de las decisiones de hoy los paguemos mucho antes.

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La propaganda perpetua

En la Cumbre de las Américas en Panamá, la intervención del presidente Rafael Correa dio mucho de qué hablar. ¿Hizo el ridículo? Cuando el mandatario expuso su relato histórico —con el que coincido— sobre el imperialismo yanqui en América Latina, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama le contestó que la Guerra Fría ya terminó. Cuando el Mashi dijo que la “muy mala” prensa latinoamericana es una amenaza para la democracia, el líder estadounidense replicó que él también tiende a ver mal a la prensa que lo critica en su país, pero la democracia implica que todas las voces se puedan expresar. Sin embargo, más allá de este cruce de palabras, la Cumbre de las Américas pasó a la historia por la reunión entre Obama y el presidente cubano Raúl Castro, dejando en segundo plano tanto a Rafael Correa como al resto de sus aliados en la región.

Tal vez “hacer el ridículo” sea exagerado. Más apropiado sería reconocer que esa retórica grandilocuente del presidente Correa desentona cuando hilvana teorías abstractas sobre ideas tan indefendibles —incluso para sus pares socialistas— como aniquilar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o cuando se empeña por resucitar el fantasma del imperialismo gringo anterior a Jimmy Carter —el “regreso de los zombies”, como lo llama Roberto Aguilar en su blog—, mientras Ecuador baila al compás del expansionismo contemporáneo de China.

Lo que pasó en Panamá, más allá de la vergüenza, tal vez sea inofensivo. Pero no es un hecho aislado. Ya no resulta inofensiva esa misma actitud practicada, todos los días —o, al menos, todos los sábados— casa adentro en Ecuador: ese cambio constante de la verdad por la propaganda masiva, de la realidad por la teoría escabrosa, del debate por el megáfono autoritario.

El primer ejemplo de esta actitud es simbólico. A propósito del aniversario del nacimiento de Juan Montalvo, el Mashi recordó en Twitter que lo llamaban “el Gran Insultador”. El paralelismo —he de suponer— se refería a las constantes críticas que recibe el Presidente por insultar a ciudadanos en las sabatinas. Sí, en realidad Montalvo fue un insultador contumaz y brillante —cuyos dardos deleitaban a nada menos que Unamuno—, pero justamente dentro de esa profesión que tanto le disgusta al Presidente: el periodismo de opinión. Montalvo convirtió el insulto en obra de arte, en magistral recurso literario, para utilizarlo despiadadamente contra lo que encarna Correa: el poder. O más exacto: el poder autoritario. Mucho más virulento que cualquier “sicario de tinta” de hoy, si Juan Montalvo —un liberal acérrimo que sostenía todo lo opuesto al socialismo del siglo 21— hubiera publicado sus panfletos incendiarios en los tiempos de la Revolución Ciudadana —que acaso bautizaría como “la Propaganda Perpetua”—, si hubiera calificado al presidente como “ente fatídico”, “Satanás” o “cacique ignorante”, si se hubiera referido a la “lepra de su alma” o hubiera proclamado que “el derecho de conspirar contra la tiranía es de los más respetables para los hombres libres”, seguramente ya estaría exiliado, preso, vilipendiado en una sabatina o condenado a pagar millones de dólares al ofendido en el poder. Montalvo no es Correa. Es todo lo que Correa hoy persigue.

El segundo ejemplo es sobre algo mucho más grave: la reforma de la seguridad social. No voy a considerar el contenido de la Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, que acaban de aprobar noventa asambleístas de Alianza País más una aliada de ARE. Únicamente me referiré al debate en torno a ella. La seguridad social debería trascender los colores políticos. Es un derecho humano garantizado en la Constitución. De su efectiva garantía dependen el bienestar, la salud, la vejez y, a veces, la vida misma de cientos de miles de ecuatorianos. Sin embargo, a diferencia del encendido debate que, por ejemplo, despertó la reforma de salud en los Estados Unidos —conocida como Obamacare—, acá no hay espacio para la discusión de fondo. No se contrastan números, no se presentan reportes técnicos, no se exhiben pruebas y documentos. Acá la reforma depende de que el Presidente diga, sin demostrar si es cierto o no, que no le debe ni un centavo al IESS —lo cual es ágilmente confirmado a coro por sus subordinados—, que nunca debió cubrir el 40% por pensiones —¿entonces lo que pagó por ese concepto todos estos años fue un despilfarro?— y que, por supuesto, todo el que diga lo contrario es un mentiroso vendepatria. Sí, de tan agudas reflexiones depende todo el futuro de nuestro seguro social.

El nivel de discurso del presidente en la Cumbre de las Américas no pasa de ser decepcionante. Ese nivel sobre un símbolo nacional como Montalvo es una distorsión de la historia. Pero esa misma actitud, trasladada a los problemas reales de los ecuatorianos, en asuntos tan dramáticos como la jubilación y la seguridad social, es un error que, por beneficiar el interés de un grupo político, perjudica la capacidad para abordar nuestros mayores desafíos con libertad, información abierta y respeto a las ideas. Y esa es una factura que no la paga Alianza País, sino toda la sociedad.

Publicado en Gkillcity.com

Mujica en Ecuador

Pepe Mujica, presidente de Uruguay, ya es célebre en América Latina por la sencillez de su discurso humano, frontal y, sobre todo, coherente: vive en una chacra y dona el 90% de su sueldo. Hace poco fue homenajeado en Guayaquil, al asumir la presidencia de la UNASUR, en un evento protagonizado por un exabrupto del presidente Correa contra la vicealcaldesa de Guayaquil. 

Como era de esperarse, todos aprovecharon la oportunidad para alabar al sabio uruguayo. Pero vale la pena contrastar las reflexiones de este Quijote del sur con la conducta real de políticos ecuatorianos que tanto dicen coincidir con él.

A quienes piensan que siempre tienen la razón y que su criterio se impone por encima de todos los demás, Mujica confiesa: “Quizás esté equivocado, porque yo me equivoco mucho.”

A quienes necesitan aviones, edificios y séquitos para gobernar, Mujica dice: “Preciso poco para vivir.” Mujica usualmente viaja en clase turista o comparte el avión de otros presidentes en eventos regionales.

A quienes se quejan porque el mundo les falla, Mujica replica: “Lo inevitable no se lloriquea. Lo inevitable hay que enfrentarlo.”

A quienes pretenden abruptos cambios sociales, Mujica enseña: “Por el camino largo el viaje es más corto.”

A quienes buscan destruir a sus contrincantes, Mujica sentencia: “una izquierda que quiera ser democrática… tiene que acostumbrarse a vivir con la oposición.”

A quienes permiten círculos de corrupción y roscas empresariales, Mujica advierte: "A los que les gusta mucho la plata hay que correrlos de la política… son un peligro”, porque “no puede ser la política el mundo de los empresarios”. Aunque se digan de izquierda.

A un Ecuador que hoy ocupa el antepenúltimo lugar en percepción de corrupción de Sudamérica según Transparencia Internacional, Mujica exhorta: “Hay que gritar fuerte en el mundo: no a la corrupción”.

A quienes buscan la reelección indefinida, Mujica la califica como “monárquica”. Él sostiene que el “presidente no es un rey, no es un dios, no es el brujo de la tribu que las sabe todas. Es un funcionario y como tal debe irse y ser sustituido”. Al final del día, “los líderes electos tienen que tomarse un respiro”, porque “los mejores luchadores no son los que hacen más sino aquellos que son capaces de dejar a alguien que lo suplante.”

Y a quienes persisten en trabajar, día a día, por el sueño de una auténtica democracia, donde la justicia sea tan imprescindible como la libertad, Mujica los alienta: “Los únicos derrotados son los que dejan de luchar”.

Amas de casa: ¿afiliación o entuque?

Lo prometieron en Montecristi. El artículo 34 de la Constitución del 2008 garantizó el seguro social universal, que incluye a las amas de casa “que realizan trabajo no remunerado en los hogares”, aunque ello ya estaba implícito en los artículos 55 y 56 de la Constitución del 1998. Yo coincido: todos quienes contribuimos al desarrollo económico del país tenemos derecho —no obligación— a una seguridad social universal garantizada desde el Estado. Fácil es decirlo y escribirlo. Lo difícil es convertir esa promesa política de la Constitución en un hecho real.

Seis años después, el presidente por fin anuncia que cumplirá lo ofrecido. Lo hace en medio de un torbellino social por medidas impopulares contra los derechos laborales (de maestros, empleados de telefónicas, obreros en el sector público, etc.), mientras pretende enmendar la Constitución para reelegirse indefinidamente en el poder, recortar el derecho a la consulta, amenazar las competencias de municipios en educación y salud, estatizar la comunicación, entre otros, en contra del 73% de la ciudadanía que exige decidir sobre estos cambios en las urnas. Si a ello se suma que las amas de casa, sobre todo de escasos recursos, hoy están preocupadas por el programa de cocinas de inducción que busca eliminar el subsidio al gas, al presidente Correa le sobran razones para relanzar, con bombos y platillos, promesas de impacto popular.

Eso, en principio, es positivo. Es bueno que el descontento en la calle obligue a los políticos a tomar acciones a favor del pueblo. El problema es que la oferta, hasta ahora, parece pura demagogia.

La prometida seguridad social se refiere, en realidad, a que las amas de casa puedan jubilarse dentro de 20 años. Mientras tanto, estarán forzadas —sí, será obligatorio— a afiliarse al IESS sin derecho a atención médica, aportando, en las familias más necesitadas, $2 de los $50 que reciben al mes por el bono de desarrollo humano. ¿Pero de qué sirve jubilarse en 20 años si una ama de casa, ante una enfermedad grave, no se puede atender en un hospital del IESS? Lo más básico de la seguridad social es, precisamente, la salud: si hay que elegir uno de cualquiera de los beneficios del IESS, la atención médica debería tener prioridad.

Por otro lado, el 95% del aporte para esa jubilación no lo pagarán las afiliadas, sino que se cubrirá con los excedentes de las utilidades de otros trabajadores, cuando superen 24 remuneraciones básicas unificadas, que equivalen a $8160. Esta reforma, por supuesto, es inconstitucional, puesto que el derecho al 15% de utilidades, como todo derecho laboral, es intangible y, por tanto, irreversible. Pero lo más grave es que el gobierno no ha explicado su consistencia económica. ¿Qué relación hay entre la cifra de un millón y medio de amas de casa que se van a afiliar y el monto de utilidades de empresas que exceden los $8160 por empleado? ¿Qué pasa si, por ejemplo, en unos siete años el número de amas de casa aumenta drásticamente —tenemos la tercera tasa más alta de madres adolescentes en América Latina según la CEPAL— mientras las utilidades de las compañías disminuyen, sea por problemas económicos, factores internacionales o reformas que desincentivan la rentabilidad empresarial? ¿Cómo es posible ofrecer a 20 años una jubilación cuyo 95% estaría garantizado por ganancias que ningún economista en el mundo puede asegurar? 

Los cálculos no cuadran. Y estas dudas, al menos de momento, no han sido disipadas por Alianza País: su oferta más bien parece una jugada en combo para contentar con humo a la ciudadanía, contrarrestar las protestas de los trabajadores y maquillar con pretextos sociales un impuesto ilícito a las utilidades de empleados, así como una reducción de $2 al bono de desarrollo humano, que en vez de ir a las familias pobres pasarán a los fondos del IESS, tradicional financista del Estado central. Dos medidas que, de otro modo, en medio de un probable desajuste fiscal por la caída del petróleo y la subida del dólar, ante el pueblo serían imposibles de justificar.

El cálculo político del régimen, sin embargo, puede fallarle tanto como las matemáticas. La gente no es tonta. Y las recientes manifestaciones del 17S y el 19N han demostrado, una vez más, que la paciencia del pueblo no es eterna. Sobre todo cuando le meten la mano en el bolsillo.

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Coliseo en Guayaquil

En la antigüedad, los romanos acudían al coliseo para distraerse con la lucha salvaje de los gladiadores. Y también practicaban la guerra, igualmente salvaje, solo que entre militares. En ambos casos los contendientes se jugaban la vida. La diferencia estaba en que la guerra se libraba —supuestamente— por causas más o menos serias, mientras que el coliseo era escenario de un mero espectáculo de distracción.

Quitándole la sangre, el coliseo romano sirve como metáfora para la polémica que hoy encandila a Guayaquil. Justo en medio de las fiestas de independencia, se ha desatado una contienda entre el gobierno y la alcaldía sobre el tema de transporte. Mejor dicho, entre Rafael Correa y Jaime Nebot. Como en el coliseo, las amenazas son serias. Si hoy el gobierno elimina el subsidio al transporte y a la vez garantiza una rentabilidad a los transportistas, aunque sea indeterminada, eso puede arrinconar al municipio a explorar un alza en el pasaje o a subsidiar el transporte urbano con fondos de la ciudad. En cualquier hipótesis, el costo es importante. Y no lo sufrirá el alcalde Nebot, que ni utiliza el transporte público ni mantiene con su bolsillo privado las finanzas municipales. Lo pagaremos la mayoría de los guayaquileños, sin importar nuestra tendencia política: los impuestos prediales no distinguen entre oficialistas u opositores, ni los choferes le preguntan a uno si votó por tal o cual candidato antes de cobrar el pasaje.

Ahora bien, aunque las amenazas resulten serias, los móviles y objetivos de esta pelea parecen propios de gladiadores descuartizándose en el coliseo por pura diversión.

Ni la Constitución ni las leyes cambiaron en el 2014: esta maniobra no es jurídica, sino política. La ejecutan precisamente en un año de complicaciones fiscales que coincide con la derrota de Alianza País en 9 de las 10 ciudades más pobladas del Ecuador. La fórmula es ideal: si AP ya no gobierna en esos municipios, qué mejor que transferirle a sus alcaldes el costo social y económico de lidiar con el transporte público. Así, el origen de la polémica, que amenaza la economía de todos los habitantes de Guayaquil, sea cual sea su color político, obedece a estrategias electorales del partido oficialista.

Por otro lado, la finalidad de avivar la batalla del gobierno con el alcalde Nebot parece deberse a un puro espectáculo, que llegó al ridículo extremo de amagar una detención para llevarlo a declarar en el caso Las Dolores, a través del juez Wilson Merino —cuestionado por irregularidades de puntaje en el proceso de “metida de mano” a la justicia— lo que permitió al alcalde Nebot intentar un suavizado reprise en el siglo 21 del famoso “yo no me ahuevo” de Febres Cordero, para luego denunciar supuestas presiones del presidente Correa en las cortes. Lujo de material de espectáculo para los canales, periódicos y radios, disfrutable con canguil o cerveza en mano. Lujo de distractor para los problemas de fondo que afligen al país.

Mientras tanto, al son de las últimas bravuconadas políticas, continúa el proceso de reforma constitucional para eternizar al presidente en el poder, negando el derecho de una amplia mayoría del pueblo que quiere consulta popular. Continúa el intento de aumentar impuestos y confiscar los ahorros privados de más de 140 mil maestros. Continúa un modelo económico que ya ha confirmado 5000 millones de dólares de déficit para el 2015 y que, ante la baja del precio en la lotería del petróleo, no ha anunciado recortes en publicidad o burocracia, sino en inversión social y educación. Continúa el acoso a la libertad de prensa: Carlos Ochoa ya propuso endurecer las sanciones de la Ley de Comunicación. Y continúa la sumisión política de un sistema judicial y policial que, por encima de los derechos fundamentales de las personas, defiende a ultranza los intereses del poder, como recién lo volvió a demostrar el caso contra los estudiantes del Mejía y la represión del 17S.

Frente a ello, los guayaquileños, sí, debemos unirnos para defender a nuestra ciudad. En ese sentido, una consulta popular no es descabellada para dirimir la polémica con un pronunciamiento popular. Pero no podemos permitir que el intento de afectar las finanzas de Guayaquil sirva de cortina de humo para disimular tantos otros problemas, algunos mucho más graves, que afectan la democracia, los derechos humanos y la estabilidad económica del Ecuador.

Llevarse fondos al BIESS: ¿confiscación?

La respuesta es sí. Un proyecto de ley para expropiar alrededor de $936 millones de dólares en 54 fondos previsionales al Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS), en los cuales hay dinero privado, es una confiscación prohibida por el artículo 323 de la Constitución y el artículo 21.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

El caso más representativo es el Fondo de Cesantía del Magisterio, que suma aproximadamente $430 millones aportados por más de 146 mil maestros a lo largo del país. Según Juan José Castelló, presidente del Fondo, ahí no hay dinero público: todo es privado. Según el presidente Correa, ese fondo nació con un capital “semilla” del Estado. 

¿Qué dice la Constitución?

Art. 372.- (…) “Los fondos previsionales públicos y sus inversiones se canalizarán a través de una institución financiera de propiedad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.”*

La norma es muy clara: el Estado, a través del BIESS, solo puede gestionar fondos públicos. Por el contrario, el Estado no tiene potestad para apropiarse de dinero privado, que ha sido ahorrado con el sudor de trabajadores ecuatorianos durante años, al menos que cada uno de esos trabajadores lo consienta de manera expresa. La razón salta a la vista: el Estado no tiene derecho a administrar o adueñarse de plata que no le pertenece.

Asumamos, sin embargo, que fuera cierta la tesis del presidente Correa. Reflexionemos: si en un barrio hay una casa construida con dinero del Estado, ¿eso justifica una ley que diga que todo el barrio va a pasar a propiedad del MIDUVI? No, ¿verdad? Pues bien, de igual manera, si entre los $430 millones del magisterio alguna vez hubo una parte de dinero público, eso no justifica expropiar la totalidad de los $430 millones, sino tan solo aquella parte que era pública y que, hasta ahora, ni el presidente ni nadie se han dignado especificar o demostrar. Es decir, aun en la teoría presidencial, existe confiscación.

No nos confundamos. Esto no se trata de si el MPD —partido que, a propósito, no es santo de mi devoción— tiene injerencia o no en el magisterio, o si el BIESS hace o no un buen trabajo otorgando créditos hipotecarios. Aquí el punto es que llevarse dinero ajeno a la fuerza mediante una ley, en términos jurídicos, se llama confiscar. Y, en términos comunes, se llama robar. 

* Por un error tipográfico, la Constitución en realidad dice “provisionales”. Este desliz se busca corregir en el actual paquete de enmiendas constitucionales.

Twitter: @hectoryepezm

¿Van a eliminar la plusvalía?

"¿Por qué no pensar, querido Fander, una enmienda constitucional para quitarle la plusvalía a la tierra? Esas son cosas verdaderamente revolucionarias, compañeros, eso es lo que tiene que elaborar nuestro centro de pensamiento... Yo compro un terreno a mil, me siento cruzado de brazos y después de tres años lo vendo a cinco mil. ¿Por qué? ¿Qué valor agregado he generado?"

Eso dijo el presidente Rafael Correa al inaugurar el centro de formación política de Alianza País. El video lo pueden ver acá.

Algunos políticos han perdido de vista el problema de fondo. Por ejemplo, el alcalde de Guayaquil ha replicado que el Gobierno central puede cobrar un tributo a la plusvalía cuando realiza obras de su bolsillo, mas no cuando las entrega el municipio. Pero el presidente --a diferencia de otros funcionarios oficialistas-- no está hablando de cambiar las reglas sobre los tributos a la plusvalía --que es el beneficio económico por el aumento de precio de un inmueble--, ni sobre a quién le corresponde cobrarlos. El presidente propone desaparecerla por completo.

Por supuesto, eliminar la plusvalía, como fenómeno económico, es imposible. El Estado no puede desconocer el aumento del precio en el mercado. Lo que puede hacer es anularlo a través de ciertas vías normativas: fijar un impuesto del 100% sobre el beneficio económico contra el propietario del inmueble, prohibir vender a un valor mayor al pagado al momento de adquirir el bien (sin que el Estado reciba nada) o decretar precios oficiales a los bienes raíces. 

Son alternativas que hoy se me ocurren. Cualquiera de ellas, a mi juicio, violaría gravemente el derecho humano de propiedad --incluyendo su función social--, porque equivaldría a una confiscación, prohibida por el artículo 323 de la Constitución y el artículo 21.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José). 

Además, este cambio constitucional no podría realizarse ni por enmienda ni por reforma, porque implica la restricción de un derecho fundamental, lo cual prohíbe, sin excepciones, el artículo 11.8 de la Constitución. Y si bien esta restricción siempre sería ilícita en cuanto a su fondo, la única vía formal para intentarla, por lo menos, sería una asamblea constituyente.

La comunicación, ¿servicio público?

Después de haber sido el gran promotor en la Asamblea de la Ley de Comunicación, que ha demostrado su virtud para perseguir a medios, periodistas y hasta caricaturistas incómodos al poder, el legislador oficialista Mauro Andino ha anunciado que Alianza País busca definir la comunicación como "bien de servicio público", dentro del combo de enmienda constitucional que se prepara junto a la propuesta de reelección indefinida.

No sé cómo es un bien y al mismo tiempo un servicio, pero en todo caso: ¿por qué público?

Cuando la comunicación es un derecho fundamental --como hoy rezan la Constitución y el Pacto de San José, aunque la realidad local los desmienta--, constituye un espacio de libertad de la persona, que forma parte de su dignidad humana y que, por tanto, resulta inviolable para el poder. Esta lógica, por supuesto, no es la que se aplica hoy en la práctica ecuatoriana, ni la que inspira la Ley de Comunicación, ni peor aún la que dirige la mentalidad de Carlos Ochoa y las demás autoridades que controlan la comunicación en el país.

Ellos, bajo la dirección ideológica del presidente Correa, tienen otra visión: la comunicación es un bien y/o servicio público, cuya prestación es vital para la sociedad, que debe ser defendida de los oscuros intereses corporativos y mediáticos. Y entonces la conclusión viene fácil: la comunicación la debe brindar el Estado. Así lo ha defendido el presidente en varias entrevistas.

Y así, además, encuadraría en el actual texto constitucional, cuyo artículo 314 hoy asigna la responsabilidad de la provisión de servicios públicos exclusivamente al Estado, que puede a su vez delegarlos al sector privado (como los puertos).

Entre derecho humano y servicio público, la diferencia está considerar la comunicación como una facultad personal del ser humano o como un bien estatal similar al petróleo del Yasuní.

En esto no hay medias tintas: concebir la comunicación como un recurso público, donde el Estado prevalece sobre los individuos, es la característica más común de todas las dictaduras. De izquierda o derecha, lo mismo da.


Acá pueden leer nota en diario Expreso sobre este post.

Combo de enmienda constitucional

Publicado en La República.

Mientras todo el país se concentra en el Mundial de Brasil, el presidente Correa ya anunció que la reelección indefinida en el poder será parte de un “combo” más amplio de enmienda constitucional. La misma estrategia se aplicó en la última consulta, cuando, para meter la mano a la justicia y regular a los medios, se nos preguntó también sobre toros, gallos y casinos. ¿Recuerdan?

Puede haber dos motivos para este “combo”. Uno es maquillar el auténtico fin de la enmienda —eliminar el principio de alternancia democrática y permitir la eternización en el poder— con otros elementos que ayuden a vender mejor el paquete. Otro sería aprovechar que ya van a enmendar la Constitución sin voto popular para de paso cambiar, a través de su hipermayoría en la Asamblea, algunas normas incómodas para Carondelet.

Estos son los artículos del “combo” que mencionó el presidente en la última sabatina, según reportó la prensa de gobierno:

• El artículo 86, número 3, que hoy dispone que, en un juicio por violación de derechos humanos, se presume la verdad del relato de la víctima si el Estado no lo refuta o si éste no comparece a la audiencia pública ante el juez. La razón de la norma actual es que, en muchos casos, las pruebas de estas violaciones son débiles y el Estado puede valerse de ello para simplemente “callar”, logrando ganar el juicio y legitimar su abuso. El presidente Correa, sin embargo, opina que eso lesiona la “presunción de inocencia” del Estado, cayendo en una confusión lamentable. Primero, la presunción de inocencia se refiere a ilícitos penales o sanciones administrativas, no a conflictos de derechos fundamentales. Segundo, esa presunción, como derecho, se predica sobre seres humanos, no sobre el Estado como entidad abstracta, que es el juzgado en este tipo de casos. Si el presidente no quiere perder juicios por silencio del Estado, la solución es tan sencilla como enviar puntualmente a las audiencias a los abogados de la Procuraduría. ¿Para qué cambiar la Constitución en contra de las víctimas?

• El artículo 264, que otorga a los municipios la competencia para “planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud y educación”. Según el presidente Correa, esto choca con la competencia del gobierno central en educación y salud. Pero el asunto es simple: ambas competencias pueden coexistir, a través de escuelas fiscales del gobierno y escuelas municipales, o a través de hospitales manejados por el Ministerio de Salud o el IESS que atienden junto a hospitales municipales. Que el gobierno central y los municipios brinden ambos servicios tiene hoy un magnífico beneficiario: el ciudadano. ¿Por qué perjudicarlo? ¿Tendrá esto que ver con los dimes y diretes entre el Ministerio de Educación y el Alcalde de Guayaquil? ¿O con centros de salud del Distrito Metropolitano de Quito que ya no administra Alianza País?

• El artículo 370, que se refiere a la jubilación de los miembros de la fuerza pública. La propuesta es que el Estado garantice directamente la jubilación, que hoy se regula al margen del IESS. No puedo opinar sobre la viabilidad económica de la idea, pero jurídicamente me parece razonable.

• El artículo 372, sobre los fondos del IESS, donde hoy se lee “provisionales” cuando lo correcto es “previsionales”. De acuerdo.

(Los cambios a los artículos 370 y 372 ilustran bien lo que significa “enmendar” la Constitución sobre temas secundarios, a diferencia de “reformarla” sobre un asunto tan trascendental como la reelección eterna en el poder.)

Según El Comercio, Alexis Mera ha anunciado en realidad 17 cambios a nuestra Carta Política. Así que faltan 13. ¿Aprovecharán el “combo” para aprobar todo por la Asamblea, donde tienen más legisladores que votos reales, huyendo al pronunciamiento popular? Veremos.