Mensajes de Francisco

El papa Francisco no es solo pontífice de la Iglesia católica sino un líder mundial cuyo mensaje, aunque trasciende intereses partidistas, tiene un profundo contenido social y político.

Francisco nos invitó a construir una sociedad justa para todos, sin extremos ideológicos, personalistas o autoritarios, levantada sobre una democracia participativa que respeta libertades y abre un diálogo inclusivo que no descarta a quien piensa distinto, donde la sociedad y en especial la juventud, es protagonista y no espectadora de las decisiones de un poder que no impone su verdad única a los demás. Ojalá de lado y lado entendamos que los necesarios cambios para la justicia social, solo son sostenibles cuando surgen de ese diálogo amplio y respetuoso donde al otro no se lo insulta, se lo escucha; así podremos alcanzar la unidad a partir de esa diversidad humana y cultural que es el mayor tesoro del Ecuador.

Publicado en El Universo.

El papelón de UNASUR

El pasado fin de semana se reunieron en Quito todos los cancilleres de Unasur para discutir la situación en Venezuela. O tal vez esta última frase no sea correcta. Porque la “situación de Venezuela” es que, hace menos de un mes, un policía le disparó en la cabeza a un estudiante de 14 años, Kluibert Ferney Roa. Sí, luego de una reciente norma que permite usar armas letales en manifestaciones, hoy la fuerza pública asesina a los venezolanos en la calle. La “situación” es que el régimen encerró en una cárcel militar a nada menos que el alcalde electo de la capital, Antonio Ledezma, para engrosar, junto a Leopoldo López, la lista de presos políticos de la oposición. Nicolás Maduro acaba de recibir poderes extraordinarios para legislar, con lo cual ya ni siquiera se guardan las apariencias en un Estado donde no existe división de poderes. Y Venezuela se ha convertido en un caso de estudio por un modelo que ha utilizado las mayores reservas petroleras del mundo para hundir a su gente en la miseria económica.

No se puede tapar el sol con un dedo: más allá de izquierdas o derechas, el desastre es inocultable. En Venezuela ocurren cosas tan graves que sobrepasan cualquier discusión ideológica racional. Así lo han condenado varias organizaciones internacionales: el Alto Comisionado para los Derechos Humanos y el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Parlamento Europeo. Y el gobierno de Barack Obama, en una medida drástica, ha prohibido el ingreso a los Estados Unidos y ha congelado los activos de ciertas autoridades del régimen de Maduro en territorio norteamericano.

En medio de esta masiva condena internacional, ¿qué resolvió UNASUR, que integra a los países vecinos de Venezuela, sobre su “situación”? Distingamos. Sobre lo que de hecho ocurre dentro de Venezuela, los cancilleres se limitaron a respaldar a una comisión, creada por ellos mismos el año pasado, que va a “seguir acompañando el más amplio diálogo político con todas las fuerzas democráticas venezolanas, con el pleno respeto al orden institucional, los derechos humanos y el estado de derecho”. Más allá de que esta comisión hasta ahora no exhibe un solo resultado, la declaración de los cancilleres parece una broma. Hablan de derechos humanos, pero no dicen que el régimen de Maduro los viola sistemáticamente. Hablan de orden institucional, democracia y estado de derecho, pero no dicen que el régimen de Maduro ha arrasado la división de poderes y se burla del voto ciudadano al destituir a una diputada y encarcelar a varios alcaldes electos por el pueblo.

Lo que sí le importa a UNASUR es lo más lejano: la decisión de Obama de sancionar —no en Venezuela, sino dentro de Estados Unidos— a funcionarios del régimen de Maduro. Ahí sí UNASUR, tan timorata para reconocer matanzas y persecuciones en una nación latinoamericana, se vuelve súper categórica cuando se trata del “imperio” y exige a Obama derogar su decreto, que califican como “una amenaza injerencista a la soberanía y al principio de no intervención en los asuntos internos de otros Estados”.

Esta reacción parte de al menos dos falacias. La primera es calificar como injerencia la sanción a funcionarios de Maduro dentro del territorio estadounidense —no en Venezuela—, lo cual es un ejercicio tan soberano como el que a menudo reclaman, con toda razón, los países latinoamericanos para sí. El argumento de UNASUR permitiría acusar el asilo a Assange en una embajada de Ecuador como una injerencia contra Suecia y Estados Unidos, lo cual sería absurdo. La segunda falacia es equiparar estas sanciones con el embargo a Cuba. Lo criticable del embargo, a mi juicio, es que penaliza a todo el pueblo cubano por los abusos de la dictadura castrista, con lo cual se victimiza doblemente a los cubanos. En esto Obama ha aprendido la lección: ahora, por el contrario, las sanciones no son contra Venezuela como país, ni contra los venezolanos en general, sino contra funcionarios específicos del régimen de Maduro.

Ahora bien, aun cuando se discrepe sobre la legitimidad o no del decreto de Obama, lo más grave es el silencio de UNASUR sobre atrocidades que, a estas alturas, para todo el resto del mundo civilizado son inocultables. Y eso llama a reflexionar sobre la naturaleza de UNASUR como un esquema de integración regional que dice defender la democracia y la participación ciudadana. El trasfondo es correcto: los organismos internacionales deberían defender los derechos de los ciudadanos por encima de sus gobiernos. Pero el caso de Venezuela comprueba que UNASUR es justamente lo contrario: un club de presidentes que, entre palmaditas y cocteles, se organizan para defenderse contra el clamor de sus pueblos.

Twitter: @hectoryepezm

Mujica en Ecuador

Pepe Mujica, presidente de Uruguay, ya es célebre en América Latina por la sencillez de su discurso humano, frontal y, sobre todo, coherente: vive en una chacra y dona el 90% de su sueldo. Hace poco fue homenajeado en Guayaquil, al asumir la presidencia de la UNASUR, en un evento protagonizado por un exabrupto del presidente Correa contra la vicealcaldesa de Guayaquil. 

Como era de esperarse, todos aprovecharon la oportunidad para alabar al sabio uruguayo. Pero vale la pena contrastar las reflexiones de este Quijote del sur con la conducta real de políticos ecuatorianos que tanto dicen coincidir con él.

A quienes piensan que siempre tienen la razón y que su criterio se impone por encima de todos los demás, Mujica confiesa: “Quizás esté equivocado, porque yo me equivoco mucho.”

A quienes necesitan aviones, edificios y séquitos para gobernar, Mujica dice: “Preciso poco para vivir.” Mujica usualmente viaja en clase turista o comparte el avión de otros presidentes en eventos regionales.

A quienes se quejan porque el mundo les falla, Mujica replica: “Lo inevitable no se lloriquea. Lo inevitable hay que enfrentarlo.”

A quienes pretenden abruptos cambios sociales, Mujica enseña: “Por el camino largo el viaje es más corto.”

A quienes buscan destruir a sus contrincantes, Mujica sentencia: “una izquierda que quiera ser democrática… tiene que acostumbrarse a vivir con la oposición.”

A quienes permiten círculos de corrupción y roscas empresariales, Mujica advierte: "A los que les gusta mucho la plata hay que correrlos de la política… son un peligro”, porque “no puede ser la política el mundo de los empresarios”. Aunque se digan de izquierda.

A un Ecuador que hoy ocupa el antepenúltimo lugar en percepción de corrupción de Sudamérica según Transparencia Internacional, Mujica exhorta: “Hay que gritar fuerte en el mundo: no a la corrupción”.

A quienes buscan la reelección indefinida, Mujica la califica como “monárquica”. Él sostiene que el “presidente no es un rey, no es un dios, no es el brujo de la tribu que las sabe todas. Es un funcionario y como tal debe irse y ser sustituido”. Al final del día, “los líderes electos tienen que tomarse un respiro”, porque “los mejores luchadores no son los que hacen más sino aquellos que son capaces de dejar a alguien que lo suplante.”

Y a quienes persisten en trabajar, día a día, por el sueño de una auténtica democracia, donde la justicia sea tan imprescindible como la libertad, Mujica los alienta: “Los únicos derrotados son los que dejan de luchar”.

Coliseo en Guayaquil

En la antigüedad, los romanos acudían al coliseo para distraerse con la lucha salvaje de los gladiadores. Y también practicaban la guerra, igualmente salvaje, solo que entre militares. En ambos casos los contendientes se jugaban la vida. La diferencia estaba en que la guerra se libraba —supuestamente— por causas más o menos serias, mientras que el coliseo era escenario de un mero espectáculo de distracción.

Quitándole la sangre, el coliseo romano sirve como metáfora para la polémica que hoy encandila a Guayaquil. Justo en medio de las fiestas de independencia, se ha desatado una contienda entre el gobierno y la alcaldía sobre el tema de transporte. Mejor dicho, entre Rafael Correa y Jaime Nebot. Como en el coliseo, las amenazas son serias. Si hoy el gobierno elimina el subsidio al transporte y a la vez garantiza una rentabilidad a los transportistas, aunque sea indeterminada, eso puede arrinconar al municipio a explorar un alza en el pasaje o a subsidiar el transporte urbano con fondos de la ciudad. En cualquier hipótesis, el costo es importante. Y no lo sufrirá el alcalde Nebot, que ni utiliza el transporte público ni mantiene con su bolsillo privado las finanzas municipales. Lo pagaremos la mayoría de los guayaquileños, sin importar nuestra tendencia política: los impuestos prediales no distinguen entre oficialistas u opositores, ni los choferes le preguntan a uno si votó por tal o cual candidato antes de cobrar el pasaje.

Ahora bien, aunque las amenazas resulten serias, los móviles y objetivos de esta pelea parecen propios de gladiadores descuartizándose en el coliseo por pura diversión.

Ni la Constitución ni las leyes cambiaron en el 2014: esta maniobra no es jurídica, sino política. La ejecutan precisamente en un año de complicaciones fiscales que coincide con la derrota de Alianza País en 9 de las 10 ciudades más pobladas del Ecuador. La fórmula es ideal: si AP ya no gobierna en esos municipios, qué mejor que transferirle a sus alcaldes el costo social y económico de lidiar con el transporte público. Así, el origen de la polémica, que amenaza la economía de todos los habitantes de Guayaquil, sea cual sea su color político, obedece a estrategias electorales del partido oficialista.

Por otro lado, la finalidad de avivar la batalla del gobierno con el alcalde Nebot parece deberse a un puro espectáculo, que llegó al ridículo extremo de amagar una detención para llevarlo a declarar en el caso Las Dolores, a través del juez Wilson Merino —cuestionado por irregularidades de puntaje en el proceso de “metida de mano” a la justicia— lo que permitió al alcalde Nebot intentar un suavizado reprise en el siglo 21 del famoso “yo no me ahuevo” de Febres Cordero, para luego denunciar supuestas presiones del presidente Correa en las cortes. Lujo de material de espectáculo para los canales, periódicos y radios, disfrutable con canguil o cerveza en mano. Lujo de distractor para los problemas de fondo que afligen al país.

Mientras tanto, al son de las últimas bravuconadas políticas, continúa el proceso de reforma constitucional para eternizar al presidente en el poder, negando el derecho de una amplia mayoría del pueblo que quiere consulta popular. Continúa el intento de aumentar impuestos y confiscar los ahorros privados de más de 140 mil maestros. Continúa un modelo económico que ya ha confirmado 5000 millones de dólares de déficit para el 2015 y que, ante la baja del precio en la lotería del petróleo, no ha anunciado recortes en publicidad o burocracia, sino en inversión social y educación. Continúa el acoso a la libertad de prensa: Carlos Ochoa ya propuso endurecer las sanciones de la Ley de Comunicación. Y continúa la sumisión política de un sistema judicial y policial que, por encima de los derechos fundamentales de las personas, defiende a ultranza los intereses del poder, como recién lo volvió a demostrar el caso contra los estudiantes del Mejía y la represión del 17S.

Frente a ello, los guayaquileños, sí, debemos unirnos para defender a nuestra ciudad. En ese sentido, una consulta popular no es descabellada para dirimir la polémica con un pronunciamiento popular. Pero no podemos permitir que el intento de afectar las finanzas de Guayaquil sirva de cortina de humo para disimular tantos otros problemas, algunos mucho más graves, que afectan la democracia, los derechos humanos y la estabilidad económica del Ecuador.

Entrevista en CNPlus

Acá pueden ver mi entrevista con Carlos Rabascall en CNPlus sobre la afectación a los derechos humanos en la enmienda constitucional:

Enmienda vs Derechos humanos

Publicado en La República.

La enmienda constitucional no es solo una decisión política, sino una cuestión de derechos humanos. Y una muy grave: modificar la norma principal del país para restringir derechos fundamentales significa legitimar abusos, retroceder como sociedad y responsabilizar al Ecuador —a todo el país, no solo al gobierno— por violar tratados internacionales. Pues bien, mientras se persigue la reelección eterna en el poder —que hoy solo permiten Cuba, Nicaragua y Venezuela en nuestro continente—, algunos derechos terminarán recortados entre los 17 puntos que 103 asambleístas aprobaron, sin voto popular, para enmendar la Constitución.

De entrada hay un problema: la Constitución prohíbe, por cualquier forma, reducir derechos humanos. Ni por enmienda, ni por reforma, ni por asamblea constituyente. Ese es uno de los límites que nos hemos autoimpuesto como sociedad. Así, ni con una constituyente se puede eliminar la remuneración al empleado, impedir la educación a los jóvenes, negar el voto a las mujeres o imponer la pena de muerte. En materia de derechos, el Ecuador ha decidido que no puede dar marcha atrás. Sin embargo, 103 de nuestros asambleístas han elegido, pese a ello, incluir restricciones en la enmienda constitucional. Veamos cuáles son.

La primera se refiere a la acción de protección, que es un mecanismo para lograr, con agilidad y eficacia, que un juez detenga o repare la violación a un derecho humano. Esta acción, por su naturaleza, no tiene otro límite que la obligación de verificar la ocurrencia o amenaza de la violación. La razón es lógica: si el mayor deber del Estado es garantizar los derechos de las personas, como reza el artículo 11 de la Constitución, no hay ningún motivo para impedir que esa garantía se vuelva efectiva ante los jueces. Sin embargo, los asambleístas piensan que la ley (es decir, ellos mismos) puede regular en qué casos no cabría esta acción, lo cual no permite hoy por hoy la Constitución. Eso es consistente el discurso del Presidente, que algunas veces se ha quejado de la “molestia” que implican estas acciones para el gobierno.

La segunda es la práctica eliminación del derecho a la consulta por iniciativa popular. Hoy el artículo 104 permite a la ciudadanía convocar a consulta “por cualquier asunto”. La última frase citada desaparecerá. Es decir, la Asamblea decidirá por ley en qué temas cabe y en cuáles no. De manera que ese derecho, que antes tenía una garantía constitucional, hoy queda al antojo del legislador, con lo cual, en la práctica, deja de ser un derecho “constitucional”, puesto que sus efectos quedan al arbitrio del juego político de mayorías en la Asamblea.

La tercera restricción es que se definirá la comunicación “como un servicio público”, que “se prestará a través de medios públicos, privados y comunitarios”, cuando la comunicación, a diferencia del alcantarillado, es un derecho de libertad. ¿Qué significa eso? Los derechos pueden ser de libertad o de prestación. Los de libertad son derechos del individuo frente al Estado, que marcan una frontera que éste no puede traspasar: por ejemplo, el derecho a la libre circulación implica que el Estado no puede impedirme transitar por el país. Por el contrario, derechos de prestación son los que me permiten demandar algo del Estado: por ejemplo, el derecho al agua potable significa que el Estado tiene la obligación de brindármela. Aunque esta distinción tiene sus complejidades, lo importante es entender que la comunicación no es un servicio que el Estado brinda a los ciudadanos, sino un derecho que tenemos todos los individuos a comunicarnos, que a su vez nace, como el derecho a opinar, de otro aún más fundamental: la libertad de expresión. Esa libertad —que fundamenta la actividad humana tanto de los grandes medios como en las redes sociales— no es un beneficio estatal, sino un derecho que antecede al mismo Estado y que éste simplemente debe reconocer, defender y respetar.

Ahora bien, hay otros dos cambios que, sin referirse específicamente a derechos, tienen un impacto decisivo contra ellos.

El primero es militarizar la seguridad pública, al permitir que las fuerzas armadas intervengan en tareas de policía, cuando tanto la Comisión como la Corte Interamericana de Derechos Humanos —en casos como Zambrano Vélez contra el mismo Ecuador—  han dictaminado que los militares, entrenados para eliminar a un enemigo externo, al dedicarse a la seguridad interna amenazan los derechos de los ciudadanos comunes a la libertad, protesta y tutela judicial. El segundo es la misma reelección presidencial indefinida: eliminar la alternancia en el poder genera enormes desequilibrios a favor de quien gobierna y una especie de feudalismo político que viola los derechos de igualdad y participación ciudadana, como razonó la Corte Constitucional colombiana cuando en el 2010 bloqueó un referéndum para que Álvaro Uribe sea candidato por tercera vez.

¿Estas enmiendas cambiarán la vida diaria del Ecuador? Lo dudo. Las acciones de protección ya son, hoy por hoy, un saludo a la bandera, cuando la justicia está absolutamente politizada. La consulta por iniciativa popular ya quedó reducida a mito desde que el CNE rechazó medio millón de firmas de ciudadanos a favor del Yasuní. Las fuerzas armadas ya intervienen en la seguridad interna en virtud de una norma, que, por ahora, sigue siendo inconstitucional. Y la comunicación también está definida ya en la ley como “servicio público”, y es día a día tratada como tal cuando las autoridades sancionan a caricaturistas e investigan a medios por el nivel de cobertura de la agenda del Presidente. No me aventuro a anticipar las consecuencias sociales de estos cambios, pero, salvo la reelección indefinida, más bien parecen una triste legitimación constitucional de lo que ya vivimos en la realidad: un país donde los derechos humanos están, lejos de la defensa de las normas, a merced de los vaivenes del poder.


Twitter: @hectoryepezm

Caricatura de Asdrúbal en Diario HOY.

La comunicación, ¿servicio público?

Después de haber sido el gran promotor en la Asamblea de la Ley de Comunicación, que ha demostrado su virtud para perseguir a medios, periodistas y hasta caricaturistas incómodos al poder, el legislador oficialista Mauro Andino ha anunciado que Alianza País busca definir la comunicación como "bien de servicio público", dentro del combo de enmienda constitucional que se prepara junto a la propuesta de reelección indefinida.

No sé cómo es un bien y al mismo tiempo un servicio, pero en todo caso: ¿por qué público?

Cuando la comunicación es un derecho fundamental --como hoy rezan la Constitución y el Pacto de San José, aunque la realidad local los desmienta--, constituye un espacio de libertad de la persona, que forma parte de su dignidad humana y que, por tanto, resulta inviolable para el poder. Esta lógica, por supuesto, no es la que se aplica hoy en la práctica ecuatoriana, ni la que inspira la Ley de Comunicación, ni peor aún la que dirige la mentalidad de Carlos Ochoa y las demás autoridades que controlan la comunicación en el país.

Ellos, bajo la dirección ideológica del presidente Correa, tienen otra visión: la comunicación es un bien y/o servicio público, cuya prestación es vital para la sociedad, que debe ser defendida de los oscuros intereses corporativos y mediáticos. Y entonces la conclusión viene fácil: la comunicación la debe brindar el Estado. Así lo ha defendido el presidente en varias entrevistas.

Y así, además, encuadraría en el actual texto constitucional, cuyo artículo 314 hoy asigna la responsabilidad de la provisión de servicios públicos exclusivamente al Estado, que puede a su vez delegarlos al sector privado (como los puertos).

Entre derecho humano y servicio público, la diferencia está considerar la comunicación como una facultad personal del ser humano o como un bien estatal similar al petróleo del Yasuní.

En esto no hay medias tintas: concebir la comunicación como un recurso público, donde el Estado prevalece sobre los individuos, es la característica más común de todas las dictaduras. De izquierda o derecha, lo mismo da.


Acá pueden leer nota en diario Expreso sobre este post.

El delito de Leopoldo López

Publicado en La República.

Casi cuatro meses lleva Leopoldo López en la cárcel. ¿El delito? Convocar la protesta que miles de venezolanos hoy sostienen contra el régimen de Nicolás Maduro y contra el colapso económico causado por la negligencia del poder. Contra un modelo que, pese a la lotería de una bonanza petrolera sin precedentes, condena a los venezolanos a sufrir largas colas diarias para comprar los productos más elementales. Y contra un autoritarismo que, frente a lo indefendible de sus excesos, ha preferido abandonar ese sistema regional de derechos humanos que promovió nuestro ex presidente Roldós para defender a todo latinoamericano contra el abuso de cualquiera de sus gobiernos.

Leopoldo López está preso sin sentencia y sin ninguna garantía de independencia judicial. La semana pasada, luego de tres días de audiencia, la jueza Adriana López decidió mantenerlo en prisión preventiva y llamarlo a juicio por asociación para delinquir, incendio, daños e instigación. La estrategia es mostrarlo como el responsable de las víctimas en las manifestaciones. Pero lo cierto es que en el único espacio donde se puede difundir información libre desde Venezuela, el Internet, circulan videos de la brutal represión contra el pueblo a manos de una fuerza pública que ya tiene el escalofriante récord de haber matado a 7.998 personas solo entre los años 2000 y 2009, según cifras oficiales citadas por Human Rights Watch.

No importa si estamos de acuerdo o no con Leopoldo López, ni importa la opinión que tengamos sobre el chavismo. No importa si nos parece justa o no la causa de los venezolanos que han salido a la calle o de los millones que en la última elección votaron por Henrique Capriles. Protestar es siempre un derecho, jamás un delito. Y el ejercicio de ese derecho a protestar, como facultad de todo ser humano a expresarse en público y en libertad, no está condicionado a que el resto estemos de acuerdo con sus ideas y motivos. Al contrario, justamente porque es un derecho y no una concesión, es absurdo pretender que la protesta requiera la bendición de una autoridad. Cuando solo se permite manifestar lo que el gobierno autoriza, entonces la protesta deja de ser un derecho humano para degradarse a un simple show decidido en función de los cálculos del poder.

Ahora bien, Leopoldo López es la punta del iceberg de un problema que traspasa las fronteras de su patria. En Venezuela, su caso es una raya más al tigre: el 66,2% de los presos no tienen sentencia y, según Venezuela Awareness, hay 145 presos por causas políticas. En la única dictadura militar que hoy sobrevive en América Latina, la de los Castro en Cuba, luego de décadas de asesinatos y torturas, aún hay presos políticos y miles de detenciones arbitrarias. Pese a las promesas de Obama, los Estados Unidos todavía mantienen 149 “presos de guerra” en Guantánamo sin ninguna garantía judicial. Y en Ecuador se persigue en las cortes a quienes critican y denuncian al poder, con delitos disparatados que prevén penas draconianas, ante jueces cuya imparcialidad ya ni siquiera se aparenta.

Todo derecho siempre ha sido una conquista de la lucha social. Nuestro derecho a protestar y a expresarnos, sin temores ni venganzas, aunque está escrito en el papel de casi todas las constituciones latinoamericanas, hoy clama por ser reconquistado. Las hacinadas cárceles y los sobrecargados tribunales de nuestra región son para los verdaderos delincuentes que diariamente matan, roban y violan a inocentes, no para quienes alzan la voz, con o sin razón, sobre los problemas que afectan a nuestras sociedades. La gran víctima de esta asfixia del debate público no solo son los perseguidos, sino la comunidad en su conjunto, que pierde ideas y propuestas silenciadas ante la imposición de una verdad única por la fuerza. Esta reconquista, que no es para un grupo político, sino para todos, exige la perseverancia de los activistas en su propia tierra, pero también el despertar de la conciencia internacional. Ya es hora de defender los derechos humanos por encima de los cocteles de la diplomacia. Un buen paso sería comenzar a llamar al pan, pan y al vino, vino. Al autoritarismo, autoritarismo, y a la represión, represión.

Un extracto de este artículo se publicó como carta en diario El Universo.