Si la justicia fuera independiente...

Con bombos y platillos, después de ocho años en el poder, la Revolución Ciudadana ha declarado la guerra contra la corrupción. Una guerra peculiar. Porque uno creería que la corrupción se combate con independencia en las autoridades de control, con fiscalización desde la Asamblea, con una justicia autónoma y con una prensa libre para informar sobre los trapos sucios de la política. Nada de eso. Acá la guerra se trata de un gobierno persiguiendo su propia cola. Una guerra con pistolas de agua.

Bien lo demuestra el último show: en medio informe a la nación por el 24 de Mayo, el Presidente anuncia que entre sus filas hay una asambleísta corrupta. Para abundancia del espectáculo, la “traidora” es detenida en el mismo evento —pese a que no hubo delito flagrante ni juicio político— y luego es expulsada de Alianza País. El guion lo complementa la presidenta de la sumisa Asamblea, Gabriela Rivadeneira, quien pide al Contralor que investigue el patrimonio de todos los asambleístas. El protagonismo no es de los fiscales y los jueces. Es el propio Presidente —¡y hasta Jorge Glas!— quien baja su pulgar a la legisladora en desgracia. No es el Contralor quien cumple su obligación cotidiana de auditar a los asambleístas. Es Gabriela Rivadeneira quien le da permiso para realizar su trabajo.

Ahora bien, desde que el gobierno confesó meter la mano en la justicia, los ecuatorianos solemos asociar la sumisión judicial a asuntos políticos, como el caso El Universo o la persecución a Cléver Jiménez. Lo del 24 de Mayo es otra raya más: un show político para aparentar que se combate la corrupción. Sin embargo, la falta de independencia judicial hoy perjudica al ciudadano de a pie mucho más de lo que parece a simple vista.

Si la justicia fuera independiente, no solo se sancionaría la corrupción con o sin permiso de Rafael Correa, Jorge Glas o Gabriela Rivadeneira, sino que cualquier juez habría impedido que se atropelle el derecho de más de 146 mil maestros a que la policía no se lleve sus ahorros al Banco del IESS sin su consentimiento. Si la justicia fuera independiente, la Corte Constitucional anularía la nueva ley que crea un impuesto a las utilidades, violando el derecho de los trabajadores, y obligaría a que las reformas constitucionales sobre la reelección indefinida y otros temas sean decididas por votación popular, como manda la Constitución. Si la justicia fuera independiente, cualquier juez podría impedir que el gobierno borre mágicamente los 1700 millones de deuda al IESS o que la ley discrimine a las amas de casa cuando las obliga a afiliarse al seguro social sin recibir la prestación de salud.

No hace falta aumentar los ejemplos. La guerra de balines contra la corrupción demuestra, una vez más, que hoy la justicia no se administra en los tribunales —menos aún en los titulares de los periódicos— sino en el Palacio de Carondelet. Y que las víctimas de la sumisión al Ejecutivo no solo son los políticos o los medios, sino los 15 millones de ecuatorianos cuyos derechos más elementales no dependen del imperio de la ley, sino de las órdenes del poder.

Twitter: @hectoryepezm

Mujica en Ecuador

Pepe Mujica, presidente de Uruguay, ya es célebre en América Latina por la sencillez de su discurso humano, frontal y, sobre todo, coherente: vive en una chacra y dona el 90% de su sueldo. Hace poco fue homenajeado en Guayaquil, al asumir la presidencia de la UNASUR, en un evento protagonizado por un exabrupto del presidente Correa contra la vicealcaldesa de Guayaquil. 

Como era de esperarse, todos aprovecharon la oportunidad para alabar al sabio uruguayo. Pero vale la pena contrastar las reflexiones de este Quijote del sur con la conducta real de políticos ecuatorianos que tanto dicen coincidir con él.

A quienes piensan que siempre tienen la razón y que su criterio se impone por encima de todos los demás, Mujica confiesa: “Quizás esté equivocado, porque yo me equivoco mucho.”

A quienes necesitan aviones, edificios y séquitos para gobernar, Mujica dice: “Preciso poco para vivir.” Mujica usualmente viaja en clase turista o comparte el avión de otros presidentes en eventos regionales.

A quienes se quejan porque el mundo les falla, Mujica replica: “Lo inevitable no se lloriquea. Lo inevitable hay que enfrentarlo.”

A quienes pretenden abruptos cambios sociales, Mujica enseña: “Por el camino largo el viaje es más corto.”

A quienes buscan destruir a sus contrincantes, Mujica sentencia: “una izquierda que quiera ser democrática… tiene que acostumbrarse a vivir con la oposición.”

A quienes permiten círculos de corrupción y roscas empresariales, Mujica advierte: "A los que les gusta mucho la plata hay que correrlos de la política… son un peligro”, porque “no puede ser la política el mundo de los empresarios”. Aunque se digan de izquierda.

A un Ecuador que hoy ocupa el antepenúltimo lugar en percepción de corrupción de Sudamérica según Transparencia Internacional, Mujica exhorta: “Hay que gritar fuerte en el mundo: no a la corrupción”.

A quienes buscan la reelección indefinida, Mujica la califica como “monárquica”. Él sostiene que el “presidente no es un rey, no es un dios, no es el brujo de la tribu que las sabe todas. Es un funcionario y como tal debe irse y ser sustituido”. Al final del día, “los líderes electos tienen que tomarse un respiro”, porque “los mejores luchadores no son los que hacen más sino aquellos que son capaces de dejar a alguien que lo suplante.”

Y a quienes persisten en trabajar, día a día, por el sueño de una auténtica democracia, donde la justicia sea tan imprescindible como la libertad, Mujica los alienta: “Los únicos derrotados son los que dejan de luchar”.