El pasado fin de semana se reunieron en Quito todos los cancilleres de Unasur para discutir la situación en Venezuela. O tal vez esta última frase no sea correcta. Porque la “situación de Venezuela” es que, hace menos de un mes, un policía le disparó en la cabeza a un estudiante de 14 años, Kluibert Ferney Roa. Sí, luego de una reciente norma que permite usar armas letales en manifestaciones, hoy la fuerza pública asesina a los venezolanos en la calle. La “situación” es que el régimen encerró en una cárcel militar a nada menos que el alcalde electo de la capital, Antonio Ledezma, para engrosar, junto a Leopoldo López, la lista de presos políticos de la oposición. Nicolás Maduro acaba de recibir poderes extraordinarios para legislar, con lo cual ya ni siquiera se guardan las apariencias en un Estado donde no existe división de poderes. Y Venezuela se ha convertido en un caso de estudio por un modelo que ha utilizado las mayores reservas petroleras del mundo para hundir a su gente en la miseria económica.
No se puede tapar el sol con un dedo: más allá de izquierdas o derechas, el desastre es inocultable. En Venezuela ocurren cosas tan graves que sobrepasan cualquier discusión ideológica racional. Así lo han condenado varias organizaciones internacionales: el Alto Comisionado para los Derechos Humanos y el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Parlamento Europeo. Y el gobierno de Barack Obama, en una medida drástica, ha prohibido el ingreso a los Estados Unidos y ha congelado los activos de ciertas autoridades del régimen de Maduro en territorio norteamericano.
En medio de esta masiva condena internacional, ¿qué resolvió UNASUR, que integra a los países vecinos de Venezuela, sobre su “situación”? Distingamos. Sobre lo que de hecho ocurre dentro de Venezuela, los cancilleres se limitaron a respaldar a una comisión, creada por ellos mismos el año pasado, que va a “seguir acompañando el más amplio diálogo político con todas las fuerzas democráticas venezolanas, con el pleno respeto al orden institucional, los derechos humanos y el estado de derecho”. Más allá de que esta comisión hasta ahora no exhibe un solo resultado, la declaración de los cancilleres parece una broma. Hablan de derechos humanos, pero no dicen que el régimen de Maduro los viola sistemáticamente. Hablan de orden institucional, democracia y estado de derecho, pero no dicen que el régimen de Maduro ha arrasado la división de poderes y se burla del voto ciudadano al destituir a una diputada y encarcelar a varios alcaldes electos por el pueblo.
Lo que sí le importa a UNASUR es lo más lejano: la decisión de Obama de sancionar —no en Venezuela, sino dentro de Estados Unidos— a funcionarios del régimen de Maduro. Ahí sí UNASUR, tan timorata para reconocer matanzas y persecuciones en una nación latinoamericana, se vuelve súper categórica cuando se trata del “imperio” y exige a Obama derogar su decreto, que califican como “una amenaza injerencista a la soberanía y al principio de no intervención en los asuntos internos de otros Estados”.
Esta reacción parte de al menos dos falacias. La primera es calificar como injerencia la sanción a funcionarios de Maduro dentro del territorio estadounidense —no en Venezuela—, lo cual es un ejercicio tan soberano como el que a menudo reclaman, con toda razón, los países latinoamericanos para sí. El argumento de UNASUR permitiría acusar el asilo a Assange en una embajada de Ecuador como una injerencia contra Suecia y Estados Unidos, lo cual sería absurdo. La segunda falacia es equiparar estas sanciones con el embargo a Cuba. Lo criticable del embargo, a mi juicio, es que penaliza a todo el pueblo cubano por los abusos de la dictadura castrista, con lo cual se victimiza doblemente a los cubanos. En esto Obama ha aprendido la lección: ahora, por el contrario, las sanciones no son contra Venezuela como país, ni contra los venezolanos en general, sino contra funcionarios específicos del régimen de Maduro.
Ahora bien, aun cuando se discrepe sobre la legitimidad o no del decreto de Obama, lo más grave es el silencio de UNASUR sobre atrocidades que, a estas alturas, para todo el resto del mundo civilizado son inocultables. Y eso llama a reflexionar sobre la naturaleza de UNASUR como un esquema de integración regional que dice defender la democracia y la participación ciudadana. El trasfondo es correcto: los organismos internacionales deberían defender los derechos de los ciudadanos por encima de sus gobiernos. Pero el caso de Venezuela comprueba que UNASUR es justamente lo contrario: un club de presidentes que, entre palmaditas y cocteles, se organizan para defenderse contra el clamor de sus pueblos.
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