La chirez del chuchaqui petrolero

Primer barril de petróleo. Imagen de El Comercio.

Un señor se gana un millón en la lotería. Destina una parte a vivienda y educación para sus hijos, otra parte la arriesga en la bolsa de valores y con el resto sale a viajar por el mundo. Su familia no aprende a trabajar. No emprenden ningún negocio. Al poco tiempo hay crisis, la bolsa de valores se derrumba, se acumulan las deudas y el afortunado millonario se queda en la calle.

El relato no es ficticio: ha ocurrido innumerables veces y ha sido objeto de estudios académicos. Los seres humanos tendemos a ser imprudentes con el dinero que nos cae del cielo. Como es lógico, esa condición individual se traslada a nuestras sociedades, y de ahí surge el fenómeno conocido como la maldición del petróleo —o de los recursos naturales en general—, que parece habernos caído en Ecuador.

El gobierno se ha quedado chiro luego de la mayor bonanza de nuestra historia: entre 2007 y 2013 vendimos petróleo por más de 77.500 millones de dólares, que representan el 56% de toda nuestra exportación de crudo desde 1970. Gran parte de esos recursos se invirtieron en carreteras, escuelas del milenio, centros de salud, hidroeléctricas y proyectos positivos para el país. Otra parte ha ido a la burocracia, la propaganda y el agujero negro de la corrupción.  En contra de la sabiduría bíblica, nunca ahorramos para la época de vacas flacas. Al contrario, nos endeudamos en pleno apogeo de vacas gordas: la deuda externa superó los 17 mil millones de dólares al final del 2014 y, sumada a la interna, hoy la deuda total está peligrosamente cerca de llegar al 40% del PIB, que es el tope permitido por la Constitución. A diferencia de nuestros vecinos Colombia y Perú, no atrajimos grandes inversiones, ni generamos un entorno claro y estable para fortalecer al sector privado. El gobierno de la Revolución Ciudadana construyó todo un modelo económico basado en el gasto del sector público, a su vez basado en un precio del petróleo que, como ganarse la lotería, escapa por completo a nuestro mérito y control.

Entonces nos golpeó la realidad: los precios del petróleo bajaron a la mitad. Algo similar ocurrió en la década del 70. Ese cambio en el mercado era previsible, pero llegó antes de lo esperado. No nos preparamos para ello. Y ahora el chuchaqui de la farra petrolera luce peor que lo que el gobierno admite.

De otro modo no se explica la reforma al seguro social. Su costo político es altísimo para el oficialismo: le ha significado romper con Avanza y lo ha llevado al desesperado extremo de llamar por teléfono a ciudadanos con la voz pregrabada del Presidente para pedirles que confíen en él. Esta ley conlleva un riesgo político que el Presidente jamás se jugaría si no considerara imprescindible quitar el 40% que daba al IESS para sostener del sistema de jubilación, o crear un impuesto a las utilidades de trabajadores por encima de 24 salarios básicos, o afirmar que los 1700 millones de deuda al IESS de la noche a la mañana dejaron de existir.

Otro síntoma preocupante es el proyecto urgente de Ley de Remisión de Intereses, Multas y Recargos Tributarios sobre Impuestos Nacionales, que envió el Presidente a la Asamblea. En él se perdonan todos los intereses, multas y recargos a quienes paguen de contado sus deudas con el Servicio de Rentas Internas (SRI) dentro de 60 días desde que entre en vigencia la ley (y se perdona el 50% a quienes paguen en 90 días), incluyendo a quienes litigan contra el SRI y desistan de su demanda. Es comprensible ayudar a un profesional o una empresa mediana que no pudieron pagar a tiempo sus tributos, pero el espectro de esta amnistía tributaria es amplísimo. Se supone que la ley no busca beneficiar a quienes con fundamento litigan contra el SRI: ellos se espera que peleen hasta el final. Por tanto, si se busca recaudar un monto significativo —según Galo Borja, unos 600 millones de dólares—, el incentivo entonces va dirigido a los grandes evasores del país. Para ponerlo en perspectiva, de los 102 millones de dólares que el SRI demandaba a Álvaro Noboa, 53 millones eran por intereses y multas. Hoy quedarían condonados.

Es decir, el gobierno está dispuesto a perder millones de dólares a los que legítimamente tiene derecho, con tal de cobrar la mayor cantidad posible de dinero en los 90 días posteriores a la publicación de la ley. Conociendo la opinión del Presidente sobre el pago de impuestos, dudo que la idea le fascine. De nuevo, ¿qué tan grave debe ser la crisis para llegar a tal extremo?

A ciencia cierta no sabemos. No hay cifras claras y el poder camufla las verdades con propaganda. Lo grave es que, en vez de aprovechar la crisis como oportunidad para aprender y mejorar, estamos cometiendo el mismo error que nos llevó hasta este punto: coger toda la plata que se pueda ahora a costa de arriesgar el futuro. Hoy estamos pagando los platos rotos de ocho años de esa política económica. Si no enderezamos el rumbo, puede que los platos rotos de las decisiones de hoy los paguemos mucho antes.

Twitter: @hectoryepezm

Publicado en LaRepublica.ec

La propaganda perpetua

En la Cumbre de las Américas en Panamá, la intervención del presidente Rafael Correa dio mucho de qué hablar. ¿Hizo el ridículo? Cuando el mandatario expuso su relato histórico —con el que coincido— sobre el imperialismo yanqui en América Latina, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama le contestó que la Guerra Fría ya terminó. Cuando el Mashi dijo que la “muy mala” prensa latinoamericana es una amenaza para la democracia, el líder estadounidense replicó que él también tiende a ver mal a la prensa que lo critica en su país, pero la democracia implica que todas las voces se puedan expresar. Sin embargo, más allá de este cruce de palabras, la Cumbre de las Américas pasó a la historia por la reunión entre Obama y el presidente cubano Raúl Castro, dejando en segundo plano tanto a Rafael Correa como al resto de sus aliados en la región.

Tal vez “hacer el ridículo” sea exagerado. Más apropiado sería reconocer que esa retórica grandilocuente del presidente Correa desentona cuando hilvana teorías abstractas sobre ideas tan indefendibles —incluso para sus pares socialistas— como aniquilar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o cuando se empeña por resucitar el fantasma del imperialismo gringo anterior a Jimmy Carter —el “regreso de los zombies”, como lo llama Roberto Aguilar en su blog—, mientras Ecuador baila al compás del expansionismo contemporáneo de China.

Lo que pasó en Panamá, más allá de la vergüenza, tal vez sea inofensivo. Pero no es un hecho aislado. Ya no resulta inofensiva esa misma actitud practicada, todos los días —o, al menos, todos los sábados— casa adentro en Ecuador: ese cambio constante de la verdad por la propaganda masiva, de la realidad por la teoría escabrosa, del debate por el megáfono autoritario.

El primer ejemplo de esta actitud es simbólico. A propósito del aniversario del nacimiento de Juan Montalvo, el Mashi recordó en Twitter que lo llamaban “el Gran Insultador”. El paralelismo —he de suponer— se refería a las constantes críticas que recibe el Presidente por insultar a ciudadanos en las sabatinas. Sí, en realidad Montalvo fue un insultador contumaz y brillante —cuyos dardos deleitaban a nada menos que Unamuno—, pero justamente dentro de esa profesión que tanto le disgusta al Presidente: el periodismo de opinión. Montalvo convirtió el insulto en obra de arte, en magistral recurso literario, para utilizarlo despiadadamente contra lo que encarna Correa: el poder. O más exacto: el poder autoritario. Mucho más virulento que cualquier “sicario de tinta” de hoy, si Juan Montalvo —un liberal acérrimo que sostenía todo lo opuesto al socialismo del siglo 21— hubiera publicado sus panfletos incendiarios en los tiempos de la Revolución Ciudadana —que acaso bautizaría como “la Propaganda Perpetua”—, si hubiera calificado al presidente como “ente fatídico”, “Satanás” o “cacique ignorante”, si se hubiera referido a la “lepra de su alma” o hubiera proclamado que “el derecho de conspirar contra la tiranía es de los más respetables para los hombres libres”, seguramente ya estaría exiliado, preso, vilipendiado en una sabatina o condenado a pagar millones de dólares al ofendido en el poder. Montalvo no es Correa. Es todo lo que Correa hoy persigue.

El segundo ejemplo es sobre algo mucho más grave: la reforma de la seguridad social. No voy a considerar el contenido de la Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, que acaban de aprobar noventa asambleístas de Alianza País más una aliada de ARE. Únicamente me referiré al debate en torno a ella. La seguridad social debería trascender los colores políticos. Es un derecho humano garantizado en la Constitución. De su efectiva garantía dependen el bienestar, la salud, la vejez y, a veces, la vida misma de cientos de miles de ecuatorianos. Sin embargo, a diferencia del encendido debate que, por ejemplo, despertó la reforma de salud en los Estados Unidos —conocida como Obamacare—, acá no hay espacio para la discusión de fondo. No se contrastan números, no se presentan reportes técnicos, no se exhiben pruebas y documentos. Acá la reforma depende de que el Presidente diga, sin demostrar si es cierto o no, que no le debe ni un centavo al IESS —lo cual es ágilmente confirmado a coro por sus subordinados—, que nunca debió cubrir el 40% por pensiones —¿entonces lo que pagó por ese concepto todos estos años fue un despilfarro?— y que, por supuesto, todo el que diga lo contrario es un mentiroso vendepatria. Sí, de tan agudas reflexiones depende todo el futuro de nuestro seguro social.

El nivel de discurso del presidente en la Cumbre de las Américas no pasa de ser decepcionante. Ese nivel sobre un símbolo nacional como Montalvo es una distorsión de la historia. Pero esa misma actitud, trasladada a los problemas reales de los ecuatorianos, en asuntos tan dramáticos como la jubilación y la seguridad social, es un error que, por beneficiar el interés de un grupo político, perjudica la capacidad para abordar nuestros mayores desafíos con libertad, información abierta y respeto a las ideas. Y esa es una factura que no la paga Alianza País, sino toda la sociedad.

Publicado en Gkillcity.com