Entrevista con Jorge Ortiz

Les comparto mi entrevista con Jorge Ortiz en www.larepublica.ec sobre nuevos impuestos y medidas económicas, bonanza petrolera, afectación a la clase media, falta de independencia judicial y eliminación de subsidio al transporte urbano:

Raspando la olla

Los impuestos, en sí mismos, no tienen por qué ser malos. A mí me parece justo ceder parte de nuestro ingreso para financiar la gestión pública y “redistribuir la riqueza”, si por ello se entiende garantizar un piso mínimo y oportunidades iguales que nos permitan a todos salir adelante en la vida, sin importar en qué condición nos haya tocado nacer. Así, bien cobrados, bien cuantificados y, sobre todo, bien utilizados en salud, educación, seguridad y otros servicios, los impuestos pueden ser positivos en la sociedad. Ejemplo de ello son los países nórdicos, líderes en desarrollo humano, que mantienen altos tributos combinados con niveles envidiables de transparencia y libertad económica.

¿Pero qué sucede en Ecuador? Estas últimas semanas se han anunciado una larga serie de medidas económicas para aumentar el dinero en manos del Estado. Nuevos impuestos a la comida chatarra y a utilidades contra los empleados de telefónicas, aumento drástico del impuesto a la plusvalía, confiscación de fondos previsionales privados, amenaza de desfinanciar el transporte en las ciudades… ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué parece que el gobierno está “raspando la olla” para pellizcar el bolsillo ciudadano por todos los frentes?

Según la narrativa oficial, las finanzas públicas están perfectas. El régimen adorna una explicación para cada una de las nuevas medidas, pero la realidad es testaruda. El impuesto a la comida chatarra es un saludo a la bandera: gravar a negocios internacionales como McDonald’s no cambiará los hábitos de una mayoría que no se alimenta en ellos. Dicen que un impuesto mayor a la plusvalía serviría para devolver al Estado la ganancia de inmuebles beneficiados por obras públicas en casos de expropiación, pero lo cierto es que ese impuesto casi siempre se cobra en ventas privadas donde el Estado no tiene nada que ver. El impuesto del 12% a las utilidades de los empleados de telefónicas no solo es discriminatorio, sino que mantiene intactas las ganancias excesivas de Claro y Movistar, que bien podrían reducirse bajando las tarifas de sus servicios a favor de los ciudadanos, en vez de aprovechar ese “injusto” exceso para engrosar el erario público. Y la confiscación de fondos previsionales privados no tiene lógica alguna: en el caso del magisterio, que el BIESS se lleve 431 millones de dólares ahorrados por 146 mil maestros es simplemente indefendible.

El último capítulo: el régimen exige que los municipios con competencia de tránsito, empezando por Quito, fijen las tarifas urbanas de transporte y amenaza con quitar un “subsidio” del gobierno nacional. Aquí se dicen verdades a medias, que —como al presidente le gusta recordar— son lo mismo que medias mentiras. Es cierto que tales municipios deben fijar el pasaje en el transporte urbano, pero también es cierto que debe existir una política tarifaria nacional. No solo lo dicta el artículo 394 de la Constitución, sino el sentido común: sería lunático que haya 224 tarifas distintas de transporte, una por cada cantón. El gobierno central debe establecer parámetros nacionales, dentro de los cuales se puedan mover los gobiernos locales para decidir la tarifa final.

Por otro lado, una cosa es que el municipio determine el pasaje y otra cosa es pretender eliminar la transferencia de recursos del gobierno central para el transporte urbano. En esto la Constitución es clarísima:

“Art. 273.- Las competencias que asuman los gobiernos autónomos descentralizados serán transferidas con los correspondientes recursos. No habrá transferencia de competencias sin la transferencia de recursos suficientes, salvo expresa aceptación de la entidad que asuma las competencias.” 

No hay competencia sin dinero. Que el gobierno entregue recursos para el tránsito municipal no es una dádiva presidencial. Es una obligación impuesta por la Constitución. Lo curioso es que las normas no han variado del 2013 al 2014. Lo que sí varió es el escenario político: el pasado 23 de febrero Alianza País perdió elecciones en 9 de las 10 ciudades más pobladas del Ecuador. Pues bien, si esto se trata de una venganza electoral, el oficialismo olvida que atacar el transporte urbano no es un castigo a los alcaldes electos por el pueblo, sino una amenaza contra todos los habitantes de cada ciudad, incluyendo a quienes votaron por candidatos de AP.

Por último, si todas estas medidas carecen de argumentos y algunas representan un alto costo político, ¿por qué el régimen las impulsa a capa y espada? No hay otra explicación posible que la falta de liquidez. Fausto Ortiz estima en más de 7000 millones de dólares el déficit tanto en el 2014 como para el 2015. Según Moisés Naím, los precios del petróleo bajaron este verano, cuando lo normal en esta temporada es que hubieran estado “por las nubes”, sobre todo a causa de los conflictos en Medio Oriente y Ucrania. Es un secreto a voces que hay retrasos en el pago de sueldos del sector público. Lo grave es que esto ocurre en la mayor bonanza petrolera de la historia ecuatoriana: según Henry Llanes, en 6 años de este gobierno Ecuador recibió 71 mil millones de dólares por petróleo, 35% más de lo que recibió en tres décadas y media entre 1972 y 2006. Entonces, si el gobierno tiene más plata que nunca, ¿por qué la urgencia de subir impuestos, llevarse plata privada de los maestros y quitarle dinero a las ciudades? Ya no se puede tapar el sol con un dedo. ¿Por qué no dejan las piruetas políticas y nos dicen de frente la verdad?

Twitter: @hectoryepezm

Gobierno chiro, ciudadanos indefensos

Pese a disfrutar de la mayor bonanza petrolera en la historia ecuatoriana, cada día es más difícil ocultar que el gobierno anda escaso de dinero. Hay dos proyectos de ley en el capítulo más reciente para engordar la billetera estatal, esta vez a costa de los derechos fundamentales. Un proyecto busca manejar desde el Banco del IESS más de 900 millones de dólares ahorrados en fondos privados de cesantía; el más representativo, el Fondo del Magisterio, administra alrededor de 431 millones de dólares ahorrados por más de 146 mil maestros en el país. El otro pretende reducir de 15% a 3% las utilidades a los empleados de las empresas de telecomunicaciones, convirtiendo la diferencia del 12% en un impuesto que no lo sufrirán las multinacionales Claro o Movistar, sino sus trabajadores de clase media en Ecuador.

Contra este par de medidas hay abundantes argumentos sociales y económicos. Pero sobre todo hay razones jurídicas: ambos proyectos de ley, más allá de los debates políticos, violan la Constitución y tratados de derechos humanos. El proyecto contra los maestros y los ahorristas en fondos privados es inconstitucional, por la sencilla razón de que el Estado no puede llevarse dinero que no le pertenece. Eso se llama confiscación, prohibida en los artículos 323 de la Constitución y 21.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El proyecto contra los trabajadores de telecomunicaciones es inconstitucional por lesionar el principio de igualdad en su derecho laboral a percibir utilidades, puesto que los empleados son discriminados en función del sector donde trabajan, por una ley con dedicatoria que no guarda ningún parámetro general, lo cual viola los artículos 11 de la Carta Magna y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Ahora bien, si ambos proyectos son evidentemente ilícitos y amenazan los derechos de cientos de miles de ciudadanos, ¿entonces por qué nadie habla de acudir a la justicia?

Todos sabemos la respuesta: porque no serviría para nada. Hace poco se ha publicado un informe, redactado por Luis Pásara con el auspicio de organizaciones internacionales, sobre la falta de independencia judicial en el país. Como era previsible, la respuesta del gobierno ha sido desacreditar a Pásara: matar al mensajero. La realidad, sin embargo, es que no hace falta ningún experto para probar que en Ecuador no tenemos justicia independiente. De eso ya se han encargado numerosos espectáculos judiciales: el proceso penal contra El Universo, la sanción económica a los autores de El Gran Hermano por los contratos de Fabricio Correa, la condena a Cléver Jiménez, Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa violando la inmunidad parlamentaria, entre muchos otros casos en los que jueces y fiscales se alinean contra objetivos políticos públicamente anunciados desde las sabatinas. A ello se suma que el Consejo de la Judicatura —que nombra, sanciona y destituye a todos los jueces del país— está integrado por hombres cercanos al Ejecutivo, al punto de que lo preside el ex secretario personal de Rafael Correa. En un país donde ni siquiera se guardan las apariencias, el informe Pásara retumba como la ingenua voz que, ante la silenciosa mirada del pueblo, anuncia que el rey camina desnudo.

Hasta ahora, la autoproclamada “metida de mano” a la justicia ha apuntado, en su mayoría, a políticos, activistas sociales, comunicadores y uno que otro gran empresario. Se trata de casos usualmente ajenos a la cotidianeidad de la calle, con poco impacto popular. Así, con un costo político relativamente bajo, han logrado que demos por sentado que, en la práctica, no existe ningún mecanismo eficaz contra la violación de derechos desde el poder.

Pero eso no es normal. Y no puede dejar de indignarnos. No es normal que, ante la confiscación de cientos de millones de dólares ahorrados por maestros, servidores públicos y otros trabajadores, o ante la discriminación contra miles de empleados de telefónicas inocentes por la actividad de su empleador, la única salida hoy sea pedir reuniones al presidente para ver si cambia de opinión. Aquí la ciudadanía no mendiga dádivas ni concesiones, sino que merece el respeto a sus derechos humanos tutelados en la Constitución. ¿Por qué el derecho a que el Estado no confisque ahorros de los maestros depende de una exposición de Juan José Castelló al presidente? ¿Por qué el derecho de un empleado de Claro o Movistar a recibir utilidades sin discriminación está condicionado al humor de un mandatario, que en vez de atacar a la clase media, bien podría bajar tarifas telefónicas para disminuir las ganancias exorbitantes de las multinacionales?

Si viviéramos en una democracia normal, todos estaríamos tranquilos: la vía para impedir estos abusos sería acudir ante una justicia independiente. En una democracia constitucional, tendríamos la absoluta seguridad de que cualquier juez autónomo y honrado impediría la confiscación de ahorros privados o la discriminación en el reparto de utilidades. Pero eso no ocurre en Ecuador, porque no tenemos jueces imparciales ni, por tanto, auténtica democracia. Estos casos hoy demuestran que las víctimas de una justicia sometida al poder político no solo son periodistas o militantes de la izquierda, sino cientos de miles de ciudadanos de a pie, indefensos contra un Estado que no duda en lesionar derechos para financiar la cosa pública. Y confirman que, ante la arbitrariedad y la injusticia, las garantías de la Constitución quedan subordinadas al cabildeo, la plegaria y la benevolencia de un sola persona en el poder.

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Llevarse fondos al BIESS: ¿confiscación?

La respuesta es sí. Un proyecto de ley para expropiar alrededor de $936 millones de dólares en 54 fondos previsionales al Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS), en los cuales hay dinero privado, es una confiscación prohibida por el artículo 323 de la Constitución y el artículo 21.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

El caso más representativo es el Fondo de Cesantía del Magisterio, que suma aproximadamente $430 millones aportados por más de 146 mil maestros a lo largo del país. Según Juan José Castelló, presidente del Fondo, ahí no hay dinero público: todo es privado. Según el presidente Correa, ese fondo nació con un capital “semilla” del Estado. 

¿Qué dice la Constitución?

Art. 372.- (…) “Los fondos previsionales públicos y sus inversiones se canalizarán a través de una institución financiera de propiedad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.”*

La norma es muy clara: el Estado, a través del BIESS, solo puede gestionar fondos públicos. Por el contrario, el Estado no tiene potestad para apropiarse de dinero privado, que ha sido ahorrado con el sudor de trabajadores ecuatorianos durante años, al menos que cada uno de esos trabajadores lo consienta de manera expresa. La razón salta a la vista: el Estado no tiene derecho a administrar o adueñarse de plata que no le pertenece.

Asumamos, sin embargo, que fuera cierta la tesis del presidente Correa. Reflexionemos: si en un barrio hay una casa construida con dinero del Estado, ¿eso justifica una ley que diga que todo el barrio va a pasar a propiedad del MIDUVI? No, ¿verdad? Pues bien, de igual manera, si entre los $430 millones del magisterio alguna vez hubo una parte de dinero público, eso no justifica expropiar la totalidad de los $430 millones, sino tan solo aquella parte que era pública y que, hasta ahora, ni el presidente ni nadie se han dignado especificar o demostrar. Es decir, aun en la teoría presidencial, existe confiscación.

No nos confundamos. Esto no se trata de si el MPD —partido que, a propósito, no es santo de mi devoción— tiene injerencia o no en el magisterio, o si el BIESS hace o no un buen trabajo otorgando créditos hipotecarios. Aquí el punto es que llevarse dinero ajeno a la fuerza mediante una ley, en términos jurídicos, se llama confiscar. Y, en términos comunes, se llama robar. 

* Por un error tipográfico, la Constitución en realidad dice “provisionales”. Este desliz se busca corregir en el actual paquete de enmiendas constitucionales.

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Impuesto a las utilidades

Ya está en la Asamblea el proyecto de reforma a la Ley de Telecomunicaciones, firmado por el Presidente, que recorta el derecho de los trabajadores a recibir utilidades en ese sector, incluyendo a las telefónicas Claro y Movistar. Hasta ahora, como en todo empleo normal, los trabajadores recibían el 15%. En adelante recibirán el 3%. Y el otro 12% se lo quedará el Estado.

Aquí hay dos fenómenos.

El primero es una reducción del derecho fundamental a percibir utilidades. El proyecto, en apariencia, es constitucional: según el artículo 328 de la Carta Magna, si bien no se puede eliminar el derecho a las utilidades, su monto sí se puede determinar por ley. Por ese lado, disminuir de 15% a 3% está permitido. Lo debatible, a mi juicio, es que esta medida resulta inconstitucional a la luz del principio de igualdad: si el resto de empleados en todo el país recibe el 15%, ¿por qué los empleados en compañías de telecomunicaciones —al igual que en las petroleras— han de recibir un porcentaje cinco veces inferior? ¿Por qué castigar a un empleado por lo que hace su empleador? Es lícito que la ley regule el porcentaje de utilidades, pero es ilícito que lo haga discriminando a cierto grupo de personas, inocentemente perjudicadas por la actividad de su patrón.

El segundo fenómeno es que ese 12% sobre la utilidad, que antes lo recibía el empleado, hoy se pagará al Estado. Y eso equivale a decir que, para las empresas de telecomunicaciones, su impuesto a la renta ha aumentado en un 12%. Aquí también hay una innegable discriminación: ¿por qué una empresa ha de pagar casi la mitad más de lo que paga el resto, en virtud del sector donde opera? Y si hubiera alguna razón para ese incremento, ¿bajo qué lógica se concluyó que el porcentaje a aumentar es, ni más ni menos, 12%? ¿Existe algún estudio sobre el impacto de fijar dicho número? ¿O simplemente lo escogieron para que “cuadre” con el anterior 15%?

Estas preguntas, cuya respuesta es fácil de intuir, demuestran la arbitrariedad y la improvisación con la que se ha adoptado una delicadísima decisión legal y económica, que perjudica los derechos sociales de los trabajadores. Al final del día, más allá de reajustar sus políticas de remuneración, las empresas pagarán lo mismo. El impuesto realmente lo sufrirán los empleados.

Ahora bien, esta abrupta reforma es parte de un paquete más amplio para inyectar liquidez al fisco. Cuando el río suena, piedras trae: pese a que vivimos en la época de mayor bonanza petrolera de toda nuestra historia y de una excepcional estabilidad gracias a la dolarización, en estos días los ecuatorianos somos testigos de una serie de maniobras para conseguir dinero a cómo dé lugar. Prendaron parte de la reserva de oro para que Goldman Sachs nos preste $400 millones. Volvieron al mercado internacional con $2000 millones en bonos, a una tasa de 7,95%, superior a la que pagamos en los contratos clandestinos con China. Gravaron con $42 cada compra en Internet. La CAF nos prestó $296 millones. El BID, $220 millones. Aceptamos plata del Banco Mundial, antes denostado organismo neoliberal, aunque de los publicitados $1000 millones solo había $307 millones por entregar — el resto ya estaba comprometido. Y acaban de crear dinero electrónico respaldado en cualquier “activo” del Banco Central, cuya eliminación de balances diferenciados podría arriesgar la dolarización. Todo con el afán de cubrir los más de $5000 millones de déficit para 2014, mientras todo el sector público rumora —sin que nadie se atreva a decirlo en público— que por el momento tienen cerrada la llave: “No hay plata.”

Lo bueno es que el porcentaje de deuda de Ecuador sigue siendo prudente. Algunos de estos créditos, como los de la CAF y el BID, reportarán enormes beneficios sociales si cumplen su finalidad. Pero es imposible no preocuparse cuando, pese a los enormes ingresos fiscales, la sábana no alcanza a sostener el desenfrenado gasto público. Y más preocupante resulta aún que, ante ello, la reacción del gobierno no sea racionalizar sus egresos, sino subir los impuestos contra los ciudadanos y endeudar más al país.

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Genocidio en Gaza

Lo más probable es que, al momento de publicarse este artículo, haya quedado desactualizada la cifra de 514 palestinos muertos desde que Israel inició la operación “Margen Protector” en la franja de Gaza. Tres de cada cuatro muertos son civiles. Uno de cada cinco son niños. Los heridos suman más de 3.300. Hay 81.000 palestinos hacinados en 61 refugios de la ONU y 650 gazatíes han podido huir por el paso de Erez hacia Jordania, gracias a la bendición de contar con un pasaporte extranjero. Del otro lado, 18 de 20 israelíes muertos son militares.

Es imposible resumir en pocas líneas la compleja historia del conflicto en Gaza, pero no hace falta ser un experto en ella para concluir que esto no es una guerra entre fuerzas similares, sino una masacre contra palestinos civiles, gente inocente en medio de la pelea entre el ejército israelí y la organización palestina Hamás.

No se puede negar las atrocidades del terrorismo de Hamás contra los israelíes y contra los propios palestinos, cuyos actos han sido calificados como crímenes de lesa humanidad por Amnistía Internacional. También sería ilógico negar la historia milenaria de persecuciones contra el pueblo judío, que tuvieron su peor expresión en el Holocausto del nazismo. Pero aún más disparatado sería pretender que tales realidades justifiquen la ofensiva del ejército israelí en una zona donde viven 1.7 millones de personas —43% menores de 14 años—, contra una fuerza terrorista que no puede, ni de lejos, hacerle cosquillas al poderío militar de Israel. Para muestra, a dos civiles llegan las víctimas de más de 1.900 cohetes lanzados por Hamás contra Israel, muchos de ellos interceptados por el sofisticado sistema “Cúpula de Hierro”. Si se me permite ilustrar con una exageración, la matanza en la franja de Gaza es tan “guerra” como lo sería la lucha entre tanques y aviones contra un pelotón de arqueros del siglo dieciséis.

Más allá de que atacar civiles en un conflicto armado es un crimen de guerra tipificado en el artículo 8.2 del Estatuto de Roma —que, por supuesto, Israel, al igual que los Estados Unidos, no ha ratificado—, la acción sistemática del gobierno de Israel para aniquilar a centenares de palestinos no puede entenderse como efecto “colateral” de una guerra, cuando la inmensa mayoría de los muertos son civiles ajenos a Hamás y cuando Israel cuenta con armamento de una precisión que bien podría evitar la muerte de tan inmenso número por “error”. No. Aquí estamos frente a la liquidación deliberada de miembros de un grupo por su nacionalidad, etnia o religión. Y eso, según el mismo Estatuto de Roma, se llama genocidio.

Sin embargo, amén de ponerle un membrete a tanta aberración, resulta indignante la doble moral de la política mundial, que en estos casos comprueba que el derecho internacional sigue estando bajo el viejo imperio de la ley del más fuerte. Mientras las potencias occidentales, con toda razón, se rasgan las vestiduras por el trágico atentado contra 298 pasajeros en un avión de Malaysia Airlines, al mismo tiempo Estados Unidos y Alemania legitiman la invasión israelí, cuyas víctimas ya mismo duplican a las del atentado en Ucrania. Y al revés: mientras cierta izquierda internacional condena, con toda razón, la violencia de Israel, en cambio guarda silencio sobre el terrorismo de Hamás y se alía, con mayor o menor complicidad, al régimen sanguinario de Corea del Norte, al autoritarismo ruso o a la última dictadura de América Latina que sobrevive en Cuba. ¿Llegará el día en que los gobiernos —incluyendo al de Ecuador, ubicado en el último grupo— dejen de prestarse para tan triste juego de hipocresía internacional?

NOTA: Por si acaso, mi opinión no obedece a ningún antisemitismo. Soy de raza judía, por descendencia de mi abuela materna, Margit Buchholz, que llegó a Ecuador huyendo del nazismo alemán en Breslau durante la Segunda Guerra Mundial.

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Lo que HRW no dijo sobre la enmienda en Ecuador

Tal como comenté hace algunas semanas, el proyecto de enmienda constitucional que aprobaron 103 asambleístas y hoy está en manos de la Corte Constitucional, contiene algunas violaciones a derechos humanos que no pueden aprobarse ni por enmienda, ni por reforma. Ni por asamblea constituyente, en mi opinión.

Pues bien, Human Rights Watch --la organización de derechos humanos más prestigiosa del mundo, junto a Amnistía Internacional-- ha expresado una preocupación similar en los siguientes temas:

• Declarar la comunicación como servicio público permitiría endurecer las regulaciones contra la libertad de expresión.

• Se busca recortar el derecho de ciudadanos en acciones de protección, que son juicios rápidos contra abusos del poder público.

• Militarizar la seguridad pública, es decir, dar tareas habituales de policía a las Fuerzas Armadas, genera un enorme riesgo de violación de derechos contra civiles.

En cuanto a la reelección indefinida, Human Rights Watch no se pronunció ni en contra ni a favor. Solo dijo que se "debe asegurar que el presidente en ejercicio no se beneficie injustamente de las normas vigentes". Una postura cómodamente equivocada, a mi juicio, cuando existe un consenso amplio en Latinoamérica contra la reelección indefinida --salvo en Cuba, Venezuela y Nicaragua--, al entender la alternancia como un elemento consustancial a la democracia, y cuando los esquemas institucionales de pesos y contrapesos se distorsionan si un presidente eternizado en el cargo se beneficia al influir en autoridades judiciales, electorales y de control. Además, la reelección indefinida sí tiene un impacto en los derechos humanos de participación política, al desequilibrar las relaciones de poder a favor de una sola persona, lo cual viola el principio de igualdad, como bien razonó la Corte Constitucional colombiana al impedir una tercera candidatura de Álvaro Uribe.

Por último, me parece que Human Rights Watch cometió una grave omisión: no ha dicho nada sobre la enmienda al artículo 104 de la Constitución, que impediría a la ciudadanía llamar a consulta popular sobre "cualquier tema". Es decir, la Asamblea decidirá sobre qué se puede consultar y sobre qué no, recortando el derecho actual de los ecuatorianos a la democracia directa y a esa participación ciudadana de la que tanto se habla, pero tan poco se practica.

Acá el comunicado oficial de HRW: http://www.hrw.org/es/news/2014/07/14/ecuador-problematico-proyecto-de-reforma-constitucional


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