Crudo Ecuador: La madre de todas las batallas

Después de ocho años en el poder, después de gozar la mayor bonanza petrolera en nuestra historia, después de controlar desde el gobierno un imponente oligopolio de medios de comunicación, después de ganar elecciones y refundar la Patria en Montecristi, hoy la Revolución Ciudadana, capitaneada por el presidente Correa, ha declarado la batalla contra su nueva amenaza política. No es el Imperio. No es la Restauración Conservadora. No es la Prensa Corrupta. Es una página de memes: Crudo Ecuador.

Parece un chiste --como los que suele publicar Crudo Ecuador--, pero no, no es broma. "Por cada tuiter que mande, mandaremos diez mil diciéndole: eres un cobarde", increpó el mandatario a raíz de un meme que lo mostraba con compras durante sus vacaciones en Bélgica. Y así, el omnipotente aparato estatal se moviliza por una parodia en redes sociales que disgustó al presidente: todo el Estado al servicio de un capricho personal. Esto no es tan nuevo. Ya en 2011, la policía detuvo a la señora Irma Parra por hacerle una "yuca" al presidente en plena campaña electoral. En 2014, con Ley de Comunicación en la mano y Carlos Ochoa en el gatillo, sancionaron a Bonil por una caricatura en El Universo.

Ahora bien, luego de ocho años en el poder, no hay cómo confundirse: esta actitud no obedece a ninguna cuestión de principios. El presidente suele hablar de los límites éticos del periodismo, la sátira y la disidencia. Se aferra a la boya del Papa Francisco, quien a propósito del atentado contra Charlie Hebdo sostuvo, en síntesis, que la libertad de expresión no es absoluta. Pero nada de eso es creíble en Rafael Correa. Quien dirige el mayor grupo de medios en el Ecuador, dedicados sistemáticamente a la propaganda partidista, es obvio que no cree en el periodismo imparcial. Y quien todos los sábados insulta, amenaza, burla y menosprecia a raimundo y todo el mundo --incluyendo a veces a sus propios colaboradores--, en un espacio retransmitido por canales y radios de todo el país, donde no existe derecho a la réplica, es imposible que sinceramente crea que la expresión debe estar limitada por el respeto al honor ajeno. Eso es un cuento que, repetido mil veces, sirve como arma política para desacreditar a sus adversarios y justificar el abuso de poder. La otra alternativa sería que estemos frente a un caso gravísimo de esquizofrenia, lo cual dudo.

"Oficialmente el día de hoy entonces declarada, organizada, la batalla por la dignidad, por la verdad en las redes sociales", sentenció el presidente en la última sabatina. Esta batalla es un episodio de la más amplia guerra contra la libertad de expresión. Y es una insistencia lamentable en fomentar el odio irracional por la diversidad de tendencias políticas. Eso es especialmente vergonzoso. Lo que el poder público debe promover es que nuestras diferencias sociales se discutan de manera civilizada. No que nos entremos a insultos o golpes por ellas. El poder público debe llamar a la paz y la unidad. No al salvajismo entre compatriotas.

Pero los intereses se imponen: hoy es el mejor momento para levantar el fantasma del enemigo público. Hoy que Alianza País enfrenta un desafío político por un desajuste fiscal --un problema de partido convertido en problema de Estado--, luego del "revés" sufrido el pasado 23 de febrero, es ideal unir a la militancia contra un "villano" que, aun tan inofensivo como una página de memes, canalice la pasión política. Mejor aún cuando el villano no tiene ninguna relación con los verdaderos problemas del país. Porque, mientras movilizan al ejército de AP, mientras en la otra orilla se defienden de los ataques, mientras la prensa da amplia cobertura a la nueva "batalla"... en la vida cotidiana baja el barril del petróleo, se encarece el dólar, los vehículos suben de precio, la gente espera hasta el cansancio por una cita en hospitales del seguro social sin camas ni medicinas suficientes, aumentan los impuestos, la justicia permanece sumisa, nadie fiscaliza nada, y siguen su curso las reformas constitucionales para eternizarse en el poder, quitarle competencias a municipios, convertir la comunicación en servicio público y recortar el derecho ciudadano a la consulta popular.

Sí, la estrategia puede ser hábil. Pero su éxito no está en manos del gobierno. Está en manos --y, sobre todo, depende de la boca-- de nosotros, los ciudadanos.

Yo sí soy Charlie

Yo sí soy Charlie Hebdo.

Por borrar caricaturas,

por quitarle filo al lápiz,

matan vidas testarudas.

Y, sin embargo, el dibujo

de línea mordaz y burda,

sin pudor, irreverente,

choca, indigna y me pregunta:

¿No soy Charlie? ¿No merecen

morir por pintar locuras?

¿No tentaron, imprudentes,

la espada de media luna?

Ciertamente yo discrepo

de su satírica burla,

pero defiendo el derecho

a insultar con tinta oscura,

a la libre tontería,

sin temer la bala turbia.

Yo soy Charlie, aunque rechace

su vulgar caricatura,

porque aquello poco importa

cuando las armas dibujan

fronteras color de sangre

al derecho de la pluma.

Mujica en Ecuador

Pepe Mujica, presidente de Uruguay, ya es célebre en América Latina por la sencillez de su discurso humano, frontal y, sobre todo, coherente: vive en una chacra y dona el 90% de su sueldo. Hace poco fue homenajeado en Guayaquil, al asumir la presidencia de la UNASUR, en un evento protagonizado por un exabrupto del presidente Correa contra la vicealcaldesa de Guayaquil. 

Como era de esperarse, todos aprovecharon la oportunidad para alabar al sabio uruguayo. Pero vale la pena contrastar las reflexiones de este Quijote del sur con la conducta real de políticos ecuatorianos que tanto dicen coincidir con él.

A quienes piensan que siempre tienen la razón y que su criterio se impone por encima de todos los demás, Mujica confiesa: “Quizás esté equivocado, porque yo me equivoco mucho.”

A quienes necesitan aviones, edificios y séquitos para gobernar, Mujica dice: “Preciso poco para vivir.” Mujica usualmente viaja en clase turista o comparte el avión de otros presidentes en eventos regionales.

A quienes se quejan porque el mundo les falla, Mujica replica: “Lo inevitable no se lloriquea. Lo inevitable hay que enfrentarlo.”

A quienes pretenden abruptos cambios sociales, Mujica enseña: “Por el camino largo el viaje es más corto.”

A quienes buscan destruir a sus contrincantes, Mujica sentencia: “una izquierda que quiera ser democrática… tiene que acostumbrarse a vivir con la oposición.”

A quienes permiten círculos de corrupción y roscas empresariales, Mujica advierte: "A los que les gusta mucho la plata hay que correrlos de la política… son un peligro”, porque “no puede ser la política el mundo de los empresarios”. Aunque se digan de izquierda.

A un Ecuador que hoy ocupa el antepenúltimo lugar en percepción de corrupción de Sudamérica según Transparencia Internacional, Mujica exhorta: “Hay que gritar fuerte en el mundo: no a la corrupción”.

A quienes buscan la reelección indefinida, Mujica la califica como “monárquica”. Él sostiene que el “presidente no es un rey, no es un dios, no es el brujo de la tribu que las sabe todas. Es un funcionario y como tal debe irse y ser sustituido”. Al final del día, “los líderes electos tienen que tomarse un respiro”, porque “los mejores luchadores no son los que hacen más sino aquellos que son capaces de dejar a alguien que lo suplante.”

Y a quienes persisten en trabajar, día a día, por el sueño de una auténtica democracia, donde la justicia sea tan imprescindible como la libertad, Mujica los alienta: “Los únicos derrotados son los que dejan de luchar”.

Amas de casa: ¿afiliación o entuque?

Lo prometieron en Montecristi. El artículo 34 de la Constitución del 2008 garantizó el seguro social universal, que incluye a las amas de casa “que realizan trabajo no remunerado en los hogares”, aunque ello ya estaba implícito en los artículos 55 y 56 de la Constitución del 1998. Yo coincido: todos quienes contribuimos al desarrollo económico del país tenemos derecho —no obligación— a una seguridad social universal garantizada desde el Estado. Fácil es decirlo y escribirlo. Lo difícil es convertir esa promesa política de la Constitución en un hecho real.

Seis años después, el presidente por fin anuncia que cumplirá lo ofrecido. Lo hace en medio de un torbellino social por medidas impopulares contra los derechos laborales (de maestros, empleados de telefónicas, obreros en el sector público, etc.), mientras pretende enmendar la Constitución para reelegirse indefinidamente en el poder, recortar el derecho a la consulta, amenazar las competencias de municipios en educación y salud, estatizar la comunicación, entre otros, en contra del 73% de la ciudadanía que exige decidir sobre estos cambios en las urnas. Si a ello se suma que las amas de casa, sobre todo de escasos recursos, hoy están preocupadas por el programa de cocinas de inducción que busca eliminar el subsidio al gas, al presidente Correa le sobran razones para relanzar, con bombos y platillos, promesas de impacto popular.

Eso, en principio, es positivo. Es bueno que el descontento en la calle obligue a los políticos a tomar acciones a favor del pueblo. El problema es que la oferta, hasta ahora, parece pura demagogia.

La prometida seguridad social se refiere, en realidad, a que las amas de casa puedan jubilarse dentro de 20 años. Mientras tanto, estarán forzadas —sí, será obligatorio— a afiliarse al IESS sin derecho a atención médica, aportando, en las familias más necesitadas, $2 de los $50 que reciben al mes por el bono de desarrollo humano. ¿Pero de qué sirve jubilarse en 20 años si una ama de casa, ante una enfermedad grave, no se puede atender en un hospital del IESS? Lo más básico de la seguridad social es, precisamente, la salud: si hay que elegir uno de cualquiera de los beneficios del IESS, la atención médica debería tener prioridad.

Por otro lado, el 95% del aporte para esa jubilación no lo pagarán las afiliadas, sino que se cubrirá con los excedentes de las utilidades de otros trabajadores, cuando superen 24 remuneraciones básicas unificadas, que equivalen a $8160. Esta reforma, por supuesto, es inconstitucional, puesto que el derecho al 15% de utilidades, como todo derecho laboral, es intangible y, por tanto, irreversible. Pero lo más grave es que el gobierno no ha explicado su consistencia económica. ¿Qué relación hay entre la cifra de un millón y medio de amas de casa que se van a afiliar y el monto de utilidades de empresas que exceden los $8160 por empleado? ¿Qué pasa si, por ejemplo, en unos siete años el número de amas de casa aumenta drásticamente —tenemos la tercera tasa más alta de madres adolescentes en América Latina según la CEPAL— mientras las utilidades de las compañías disminuyen, sea por problemas económicos, factores internacionales o reformas que desincentivan la rentabilidad empresarial? ¿Cómo es posible ofrecer a 20 años una jubilación cuyo 95% estaría garantizado por ganancias que ningún economista en el mundo puede asegurar? 

Los cálculos no cuadran. Y estas dudas, al menos de momento, no han sido disipadas por Alianza País: su oferta más bien parece una jugada en combo para contentar con humo a la ciudadanía, contrarrestar las protestas de los trabajadores y maquillar con pretextos sociales un impuesto ilícito a las utilidades de empleados, así como una reducción de $2 al bono de desarrollo humano, que en vez de ir a las familias pobres pasarán a los fondos del IESS, tradicional financista del Estado central. Dos medidas que, de otro modo, en medio de un probable desajuste fiscal por la caída del petróleo y la subida del dólar, ante el pueblo serían imposibles de justificar.

El cálculo político del régimen, sin embargo, puede fallarle tanto como las matemáticas. La gente no es tonta. Y las recientes manifestaciones del 17S y el 19N han demostrado, una vez más, que la paciencia del pueblo no es eterna. Sobre todo cuando le meten la mano en el bolsillo.

Twitter: @hectoryepezm

Cruces sobre el agua

Hace 92 años, cumplidos el pasado 15 de noviembre, ocurrió uno de los episodios más escalofriantes de toda la historia del Ecuador. Fue en 1922. Los trabajadores ferroviarios iniciaron una huelga general que terminó paralizando todo Guayaquil. El liberal José Luis Tamayo, entonces presidente, ordenó contener la situación “cueste lo que cueste”. La represión terminó con centenares de seres humanos asesinados por la fuerza pública, cuyos cadáveres fueron arrojados al manso Guayas y cuyos vientres fueron abiertos con bayonetas para que los cuerpos se hundieran. El pueblo guayaquileño veló a sus muertos con cruces que flotaron en lugar de los cadáveres partidos, sobre el agua de nuestro río convertido en cementerio, como lo inmortalizara en su libro Joaquín Gallegos Lara, en una tragedia cuyas víctimas son auténticos mártires no solo de las conquistas laborales, sino del derecho del pueblo a la protesta social.

Aunque han pasado 92 años, y salvando las obvias diferencias, en algunas cosas Ecuador parece seguir atrapado en 1922. Entonces, el conflicto se produjo no solo por las terribles injusticias sociales de la época, sino por un colapso económico desatado por la crisis del cacao, producto nacional estrella, lo cual provocó un declive de exportaciones que, junto a un exceso de importaciones, ocasionó falta de divisas, en el contexto de una economía internacional atribulada desde 1914, cuando estalló la Primera Guerra Mundial. 

Casi un siglo después, el cacao se nos convirtió en petróleo y la guerra mundial en los conflictos del Medio Oriente, Estados Unidos y Rusia. Pese al cacareo del cambio de matriz productiva, todos los huevos de nuestra economía siguen en una sola canasta y el bienestar de 15 millones de ecuatorianos depende de un modelo sostenido por el sector público, a su vez sostenido por un precio del petróleo que es una lotería ajena a nuestro control.

Por otro lado, el movimiento obrero de 1922 logró conquistas que hoy damos por sentadas, pero que costaron sangre. Ironías de la historia: entonces los mártires del 15 de noviembre fueron aniquilados por orden del presidente Tamayo, del Partido Liberal, quien había peleado y gobernado junto a Eloy Alfaro, ícono legendario de la lucha social, aunque luego se le opuso y coqueteó con parte del conservadurismo.

Casi un siglo después, sin una brutalidad que hoy sería insostenible, la ironía continúa. Una revolución ciudadana que se autoproclama heredera del alfarismo, pese a contradecir principios históricos del liberalismo radical, y que ha contribuido con un aporte innegable a los derechos laborales al prohibir la tercerización, ampliar la seguridad social y mejorar los salarios, hoy aplaca el clamor de la clase trabajadora con el refinamiento propio de los autoritarismos latinoamericanos del siglo 21. Esa misma revolución, luego de haberse inventado las “renuncias obligatorias” para despedir inconstitucionalmente a servidores del Estado, hoy busca perjudicar a los obreros en el sector público a través de una camuflada reforma constitucional, intenta “mensualizar” (lo cual podría llevar en la práctica a “eliminar”) los décimos, pretende confiscar los ahorros de 146 mil trabajadores del magisterio y reducir las utilidades de los empleados, a la vez que proclama —con razón— el derecho a la seguridad social de las amas de casa mientras las excluye —sin razón— de la salud pública y condiciona el financiamiento de su jubilación a la violación de los derechos de otros empleados sin ninguna lógica económica.

Ahora bien, el 15 de noviembre no es solo un símbolo de la clase obrera, sino también de la protesta social, al recordar la violencia autoritaria contra un pueblo que se levantó en las calles de Guayaquil y reivindicar el derecho humano de la ciudadanía a manifestarse, con o sin motivo, contra toda especie de poder, sea de los adinerados señores de la oligarquía o de los potentados que dirigen los resortes de la maquinaria estatal.

Ese legado de protesta social que trazaron las cruces sobre el agua no pertenece hoy a la revolución ciudadana —ni a ningún grupo político, como entonces no perteneció al presidente Tamayo—, sino al pueblo que, por cualquier causa, defiende su derecho a protestar en la calle. Y es que aumentar el salario mínimo o prohibir la tercerización no son favores: defender los derechos de la gente es la obligación primordial de los gobiernos. Que regímenes anteriores hayan incumplido parte de esa tarea —como también la ha incumplido éste en algunos aspectos— no significa que la gestión pública sea una dádiva pagada con el precio del silencio, ni un privilegio que los ecuatorianos, únicos dueños de la soberanía, debamos agradecer a costa de perder no solo otros derechos laborales, sino ese derecho a expresarnos con absoluta libertad en los espacios públicos, que a punta de sangre conquistaron aquellos héroes enterrados hace 92 años, con el vientre abierto bajo cruces flotantes, en el corazón del manso Guayas.

Twitter: @hectoryepezm

Coliseo en Guayaquil

En la antigüedad, los romanos acudían al coliseo para distraerse con la lucha salvaje de los gladiadores. Y también practicaban la guerra, igualmente salvaje, solo que entre militares. En ambos casos los contendientes se jugaban la vida. La diferencia estaba en que la guerra se libraba —supuestamente— por causas más o menos serias, mientras que el coliseo era escenario de un mero espectáculo de distracción.

Quitándole la sangre, el coliseo romano sirve como metáfora para la polémica que hoy encandila a Guayaquil. Justo en medio de las fiestas de independencia, se ha desatado una contienda entre el gobierno y la alcaldía sobre el tema de transporte. Mejor dicho, entre Rafael Correa y Jaime Nebot. Como en el coliseo, las amenazas son serias. Si hoy el gobierno elimina el subsidio al transporte y a la vez garantiza una rentabilidad a los transportistas, aunque sea indeterminada, eso puede arrinconar al municipio a explorar un alza en el pasaje o a subsidiar el transporte urbano con fondos de la ciudad. En cualquier hipótesis, el costo es importante. Y no lo sufrirá el alcalde Nebot, que ni utiliza el transporte público ni mantiene con su bolsillo privado las finanzas municipales. Lo pagaremos la mayoría de los guayaquileños, sin importar nuestra tendencia política: los impuestos prediales no distinguen entre oficialistas u opositores, ni los choferes le preguntan a uno si votó por tal o cual candidato antes de cobrar el pasaje.

Ahora bien, aunque las amenazas resulten serias, los móviles y objetivos de esta pelea parecen propios de gladiadores descuartizándose en el coliseo por pura diversión.

Ni la Constitución ni las leyes cambiaron en el 2014: esta maniobra no es jurídica, sino política. La ejecutan precisamente en un año de complicaciones fiscales que coincide con la derrota de Alianza País en 9 de las 10 ciudades más pobladas del Ecuador. La fórmula es ideal: si AP ya no gobierna en esos municipios, qué mejor que transferirle a sus alcaldes el costo social y económico de lidiar con el transporte público. Así, el origen de la polémica, que amenaza la economía de todos los habitantes de Guayaquil, sea cual sea su color político, obedece a estrategias electorales del partido oficialista.

Por otro lado, la finalidad de avivar la batalla del gobierno con el alcalde Nebot parece deberse a un puro espectáculo, que llegó al ridículo extremo de amagar una detención para llevarlo a declarar en el caso Las Dolores, a través del juez Wilson Merino —cuestionado por irregularidades de puntaje en el proceso de “metida de mano” a la justicia— lo que permitió al alcalde Nebot intentar un suavizado reprise en el siglo 21 del famoso “yo no me ahuevo” de Febres Cordero, para luego denunciar supuestas presiones del presidente Correa en las cortes. Lujo de material de espectáculo para los canales, periódicos y radios, disfrutable con canguil o cerveza en mano. Lujo de distractor para los problemas de fondo que afligen al país.

Mientras tanto, al son de las últimas bravuconadas políticas, continúa el proceso de reforma constitucional para eternizar al presidente en el poder, negando el derecho de una amplia mayoría del pueblo que quiere consulta popular. Continúa el intento de aumentar impuestos y confiscar los ahorros privados de más de 140 mil maestros. Continúa un modelo económico que ya ha confirmado 5000 millones de dólares de déficit para el 2015 y que, ante la baja del precio en la lotería del petróleo, no ha anunciado recortes en publicidad o burocracia, sino en inversión social y educación. Continúa el acoso a la libertad de prensa: Carlos Ochoa ya propuso endurecer las sanciones de la Ley de Comunicación. Y continúa la sumisión política de un sistema judicial y policial que, por encima de los derechos fundamentales de las personas, defiende a ultranza los intereses del poder, como recién lo volvió a demostrar el caso contra los estudiantes del Mejía y la represión del 17S.

Frente a ello, los guayaquileños, sí, debemos unirnos para defender a nuestra ciudad. En ese sentido, una consulta popular no es descabellada para dirimir la polémica con un pronunciamiento popular. Pero no podemos permitir que el intento de afectar las finanzas de Guayaquil sirva de cortina de humo para disimular tantos otros problemas, algunos mucho más graves, que afectan la democracia, los derechos humanos y la estabilidad económica del Ecuador.

¿Cabe consulta sobre transporte en Guayaquil?

Rolando Panchana, actual gobernador del Guayas, dice que no. Él sostiene que una consulta sobre el tema está prohibida por los artículos 20 y 21 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana (LOPC). "Es lo que aprobé, otros no saben lo que aprobaron, esa consulta es una cantinflada", sentenció el ex legislador de la anterior Asamblea Nacional.

Pero ¿realmente el hoy gobernador sabe bien lo que aprobó cuando era asambleísta? 

Leamos los artículos:

Art. 20.- Consulta popular convocada por los gobiernos autónomos descentralizados.- Los gobiernos autónomos descentralizados, con la decisión debidamente certificada de las tres cuartas partes de sus integrantes, podrán solicitar la convocatoria a consulta popular sobre temas de interés para su jurisdicción.
Las consultas populares que solicitaren los gobiernos autónomos descentralizados no podrán referirse a asuntos relativos a tributos, a gasto público del gobierno central o a la organización político administrativa del país. Se requerirá dictamen previo de la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad de las preguntas propuestas.

Art. 21.- Consulta popular por iniciativa ciudadana.- La ciudadanía podrá solicitar la convocatoria a consulta popular sobre cualquier asunto. Lasconsultas populares solicitadas por los gobiernos autónomos descentralizados o la ciudadanía no podrán referirse a asuntos relativos a tributos, a gasto público o a la organización político administrativa del país, salvo lo dispuesto en la Constitución.
En todos los casos, se requerirá dictamen previo de la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad de las preguntas propuestas.
Cuando la consulta sea de carácter nacional, el petitorio contará con el respaldo de un número no inferior al cinco por ciento (5%) de las personas inscritas en el registro electoral; cuando sea de carácter local, el respaldo será de un número no inferior al diez por ciento (10%) del correspondiente registro electoral.
Las ecuatorianas y los ecuatorianos en el exterior podrán solicitar la convocatoria a consulta popular sobre asuntos de su interés y relacionados con el Estado Ecuatoriano; ésta requerirá el respaldo de un número no inferior al cinco por ciento (5%) de las personas inscritas en el registro electoral de la circunscripción especial.

¿Qué dice la Constitución?

Art. 104.- (...)
La ciudadanía podrá solicitar la convocatoria a consulta popular sobre cualquier asunto. Cuando la consulta sea de carácter nacional, el petitorio contará con el respaldo de un número no inferior al cinco por ciento de personas inscritas en el registro electoral; cuando sea de carácter local el respaldo será de un número no inferior al diez por ciento del correspondiente registro electoral. (...)
Las consultas populares que soliciten los gobiernos autónomos descentralizados o la ciudadanía no podrán referirse a asuntos relativos a tributos o a la organización político administrativa del país, salvo lo dispuesto en la Constitución.
En todos los casos, se requerirá dictamen previo de la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad de las preguntas propuestas.

Noten lo resaltado. La Constitución, al garantizar el derecho a la consulta en estos casos, exclusivamente la prohíbe sobre tributos u organización político administrativa. La LOPC añadió "gasto público", limitando el ejercicio de un derecho humano de participación ciudadana, lo cual es ilícito: cuando la Constitución garantiza un derecho fundamental, la ley no puede establecerle excepciones, salvo las que haya fijado la misma Constitución. Así se desprende de su artículo 11, números 3 y 4. Por tanto, la frase "gasto público" en los artículos 20 y 21 de la LOPC, es inconstitucional.

Aclarado lo anterior, examinemos la tesis del gobernador Panchana según los posibles escenarios.

Si la consulta, propuesta por iniciativa ciudadana o por Jaime Nebot como alcalde de Guayaquil, se refiere a si debe o no haber un alza de pasajes, no hay ningún problema legal: eso no lo prohíben ni la Constitución ni la LOPC. 

Si la consulta pregunta si debe haber o no subsidio al transporte, sería constitucional, pero violaría una ley oficialista evidentemente inconstitucional. Por tanto, la Corte Constitucional --si fuera independiente-- debería anular la ley inconstitucional y dar paso a la consulta.

Ahora bien, ¿puede consultarse sobre la competencia de tránsito en sí? Según Panchana, no. Yo pienso que eso depende de la pregunta.

La competencia municipal de tránsito la ordena el artículo 264.6 de la Constitución:

Art. 264.- Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley: (...)
6. Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público dentro de su territorio cantonal.

Por tanto, no se puede consultar si la gente quiere o no que el municipio tenga la competencia de tránsito. Lo que sí se puede preguntar, a mi juicio, es la forma en que dicha competencia se debe ejercer y las decisiones políticas que sobre ella se debatan en la sociedad. De lo contrario, si no se pudiera preguntar sobre ningún asunto que fuera objeto de una competencia municipal, provincial o presidencial, no podría consultarse sobre casi absolutamente nada. Lo cual sería inaceptable, para quienes pensamos, como reza la Constitución, que la participación ciudadana es un derecho esencial en democracia.