Cruces sobre el agua

Hace 92 años, cumplidos el pasado 15 de noviembre, ocurrió uno de los episodios más escalofriantes de toda la historia del Ecuador. Fue en 1922. Los trabajadores ferroviarios iniciaron una huelga general que terminó paralizando todo Guayaquil. El liberal José Luis Tamayo, entonces presidente, ordenó contener la situación “cueste lo que cueste”. La represión terminó con centenares de seres humanos asesinados por la fuerza pública, cuyos cadáveres fueron arrojados al manso Guayas y cuyos vientres fueron abiertos con bayonetas para que los cuerpos se hundieran. El pueblo guayaquileño veló a sus muertos con cruces que flotaron en lugar de los cadáveres partidos, sobre el agua de nuestro río convertido en cementerio, como lo inmortalizara en su libro Joaquín Gallegos Lara, en una tragedia cuyas víctimas son auténticos mártires no solo de las conquistas laborales, sino del derecho del pueblo a la protesta social.

Aunque han pasado 92 años, y salvando las obvias diferencias, en algunas cosas Ecuador parece seguir atrapado en 1922. Entonces, el conflicto se produjo no solo por las terribles injusticias sociales de la época, sino por un colapso económico desatado por la crisis del cacao, producto nacional estrella, lo cual provocó un declive de exportaciones que, junto a un exceso de importaciones, ocasionó falta de divisas, en el contexto de una economía internacional atribulada desde 1914, cuando estalló la Primera Guerra Mundial. 

Casi un siglo después, el cacao se nos convirtió en petróleo y la guerra mundial en los conflictos del Medio Oriente, Estados Unidos y Rusia. Pese al cacareo del cambio de matriz productiva, todos los huevos de nuestra economía siguen en una sola canasta y el bienestar de 15 millones de ecuatorianos depende de un modelo sostenido por el sector público, a su vez sostenido por un precio del petróleo que es una lotería ajena a nuestro control.

Por otro lado, el movimiento obrero de 1922 logró conquistas que hoy damos por sentadas, pero que costaron sangre. Ironías de la historia: entonces los mártires del 15 de noviembre fueron aniquilados por orden del presidente Tamayo, del Partido Liberal, quien había peleado y gobernado junto a Eloy Alfaro, ícono legendario de la lucha social, aunque luego se le opuso y coqueteó con parte del conservadurismo.

Casi un siglo después, sin una brutalidad que hoy sería insostenible, la ironía continúa. Una revolución ciudadana que se autoproclama heredera del alfarismo, pese a contradecir principios históricos del liberalismo radical, y que ha contribuido con un aporte innegable a los derechos laborales al prohibir la tercerización, ampliar la seguridad social y mejorar los salarios, hoy aplaca el clamor de la clase trabajadora con el refinamiento propio de los autoritarismos latinoamericanos del siglo 21. Esa misma revolución, luego de haberse inventado las “renuncias obligatorias” para despedir inconstitucionalmente a servidores del Estado, hoy busca perjudicar a los obreros en el sector público a través de una camuflada reforma constitucional, intenta “mensualizar” (lo cual podría llevar en la práctica a “eliminar”) los décimos, pretende confiscar los ahorros de 146 mil trabajadores del magisterio y reducir las utilidades de los empleados, a la vez que proclama —con razón— el derecho a la seguridad social de las amas de casa mientras las excluye —sin razón— de la salud pública y condiciona el financiamiento de su jubilación a la violación de los derechos de otros empleados sin ninguna lógica económica.

Ahora bien, el 15 de noviembre no es solo un símbolo de la clase obrera, sino también de la protesta social, al recordar la violencia autoritaria contra un pueblo que se levantó en las calles de Guayaquil y reivindicar el derecho humano de la ciudadanía a manifestarse, con o sin motivo, contra toda especie de poder, sea de los adinerados señores de la oligarquía o de los potentados que dirigen los resortes de la maquinaria estatal.

Ese legado de protesta social que trazaron las cruces sobre el agua no pertenece hoy a la revolución ciudadana —ni a ningún grupo político, como entonces no perteneció al presidente Tamayo—, sino al pueblo que, por cualquier causa, defiende su derecho a protestar en la calle. Y es que aumentar el salario mínimo o prohibir la tercerización no son favores: defender los derechos de la gente es la obligación primordial de los gobiernos. Que regímenes anteriores hayan incumplido parte de esa tarea —como también la ha incumplido éste en algunos aspectos— no significa que la gestión pública sea una dádiva pagada con el precio del silencio, ni un privilegio que los ecuatorianos, únicos dueños de la soberanía, debamos agradecer a costa de perder no solo otros derechos laborales, sino ese derecho a expresarnos con absoluta libertad en los espacios públicos, que a punta de sangre conquistaron aquellos héroes enterrados hace 92 años, con el vientre abierto bajo cruces flotantes, en el corazón del manso Guayas.

Twitter: @hectoryepezm

Coliseo en Guayaquil

En la antigüedad, los romanos acudían al coliseo para distraerse con la lucha salvaje de los gladiadores. Y también practicaban la guerra, igualmente salvaje, solo que entre militares. En ambos casos los contendientes se jugaban la vida. La diferencia estaba en que la guerra se libraba —supuestamente— por causas más o menos serias, mientras que el coliseo era escenario de un mero espectáculo de distracción.

Quitándole la sangre, el coliseo romano sirve como metáfora para la polémica que hoy encandila a Guayaquil. Justo en medio de las fiestas de independencia, se ha desatado una contienda entre el gobierno y la alcaldía sobre el tema de transporte. Mejor dicho, entre Rafael Correa y Jaime Nebot. Como en el coliseo, las amenazas son serias. Si hoy el gobierno elimina el subsidio al transporte y a la vez garantiza una rentabilidad a los transportistas, aunque sea indeterminada, eso puede arrinconar al municipio a explorar un alza en el pasaje o a subsidiar el transporte urbano con fondos de la ciudad. En cualquier hipótesis, el costo es importante. Y no lo sufrirá el alcalde Nebot, que ni utiliza el transporte público ni mantiene con su bolsillo privado las finanzas municipales. Lo pagaremos la mayoría de los guayaquileños, sin importar nuestra tendencia política: los impuestos prediales no distinguen entre oficialistas u opositores, ni los choferes le preguntan a uno si votó por tal o cual candidato antes de cobrar el pasaje.

Ahora bien, aunque las amenazas resulten serias, los móviles y objetivos de esta pelea parecen propios de gladiadores descuartizándose en el coliseo por pura diversión.

Ni la Constitución ni las leyes cambiaron en el 2014: esta maniobra no es jurídica, sino política. La ejecutan precisamente en un año de complicaciones fiscales que coincide con la derrota de Alianza País en 9 de las 10 ciudades más pobladas del Ecuador. La fórmula es ideal: si AP ya no gobierna en esos municipios, qué mejor que transferirle a sus alcaldes el costo social y económico de lidiar con el transporte público. Así, el origen de la polémica, que amenaza la economía de todos los habitantes de Guayaquil, sea cual sea su color político, obedece a estrategias electorales del partido oficialista.

Por otro lado, la finalidad de avivar la batalla del gobierno con el alcalde Nebot parece deberse a un puro espectáculo, que llegó al ridículo extremo de amagar una detención para llevarlo a declarar en el caso Las Dolores, a través del juez Wilson Merino —cuestionado por irregularidades de puntaje en el proceso de “metida de mano” a la justicia— lo que permitió al alcalde Nebot intentar un suavizado reprise en el siglo 21 del famoso “yo no me ahuevo” de Febres Cordero, para luego denunciar supuestas presiones del presidente Correa en las cortes. Lujo de material de espectáculo para los canales, periódicos y radios, disfrutable con canguil o cerveza en mano. Lujo de distractor para los problemas de fondo que afligen al país.

Mientras tanto, al son de las últimas bravuconadas políticas, continúa el proceso de reforma constitucional para eternizar al presidente en el poder, negando el derecho de una amplia mayoría del pueblo que quiere consulta popular. Continúa el intento de aumentar impuestos y confiscar los ahorros privados de más de 140 mil maestros. Continúa un modelo económico que ya ha confirmado 5000 millones de dólares de déficit para el 2015 y que, ante la baja del precio en la lotería del petróleo, no ha anunciado recortes en publicidad o burocracia, sino en inversión social y educación. Continúa el acoso a la libertad de prensa: Carlos Ochoa ya propuso endurecer las sanciones de la Ley de Comunicación. Y continúa la sumisión política de un sistema judicial y policial que, por encima de los derechos fundamentales de las personas, defiende a ultranza los intereses del poder, como recién lo volvió a demostrar el caso contra los estudiantes del Mejía y la represión del 17S.

Frente a ello, los guayaquileños, sí, debemos unirnos para defender a nuestra ciudad. En ese sentido, una consulta popular no es descabellada para dirimir la polémica con un pronunciamiento popular. Pero no podemos permitir que el intento de afectar las finanzas de Guayaquil sirva de cortina de humo para disimular tantos otros problemas, algunos mucho más graves, que afectan la democracia, los derechos humanos y la estabilidad económica del Ecuador.

¿Cabe consulta sobre transporte en Guayaquil?

Rolando Panchana, actual gobernador del Guayas, dice que no. Él sostiene que una consulta sobre el tema está prohibida por los artículos 20 y 21 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana (LOPC). "Es lo que aprobé, otros no saben lo que aprobaron, esa consulta es una cantinflada", sentenció el ex legislador de la anterior Asamblea Nacional.

Pero ¿realmente el hoy gobernador sabe bien lo que aprobó cuando era asambleísta? 

Leamos los artículos:

Art. 20.- Consulta popular convocada por los gobiernos autónomos descentralizados.- Los gobiernos autónomos descentralizados, con la decisión debidamente certificada de las tres cuartas partes de sus integrantes, podrán solicitar la convocatoria a consulta popular sobre temas de interés para su jurisdicción.
Las consultas populares que solicitaren los gobiernos autónomos descentralizados no podrán referirse a asuntos relativos a tributos, a gasto público del gobierno central o a la organización político administrativa del país. Se requerirá dictamen previo de la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad de las preguntas propuestas.

Art. 21.- Consulta popular por iniciativa ciudadana.- La ciudadanía podrá solicitar la convocatoria a consulta popular sobre cualquier asunto. Lasconsultas populares solicitadas por los gobiernos autónomos descentralizados o la ciudadanía no podrán referirse a asuntos relativos a tributos, a gasto público o a la organización político administrativa del país, salvo lo dispuesto en la Constitución.
En todos los casos, se requerirá dictamen previo de la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad de las preguntas propuestas.
Cuando la consulta sea de carácter nacional, el petitorio contará con el respaldo de un número no inferior al cinco por ciento (5%) de las personas inscritas en el registro electoral; cuando sea de carácter local, el respaldo será de un número no inferior al diez por ciento (10%) del correspondiente registro electoral.
Las ecuatorianas y los ecuatorianos en el exterior podrán solicitar la convocatoria a consulta popular sobre asuntos de su interés y relacionados con el Estado Ecuatoriano; ésta requerirá el respaldo de un número no inferior al cinco por ciento (5%) de las personas inscritas en el registro electoral de la circunscripción especial.

¿Qué dice la Constitución?

Art. 104.- (...)
La ciudadanía podrá solicitar la convocatoria a consulta popular sobre cualquier asunto. Cuando la consulta sea de carácter nacional, el petitorio contará con el respaldo de un número no inferior al cinco por ciento de personas inscritas en el registro electoral; cuando sea de carácter local el respaldo será de un número no inferior al diez por ciento del correspondiente registro electoral. (...)
Las consultas populares que soliciten los gobiernos autónomos descentralizados o la ciudadanía no podrán referirse a asuntos relativos a tributos o a la organización político administrativa del país, salvo lo dispuesto en la Constitución.
En todos los casos, se requerirá dictamen previo de la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad de las preguntas propuestas.

Noten lo resaltado. La Constitución, al garantizar el derecho a la consulta en estos casos, exclusivamente la prohíbe sobre tributos u organización político administrativa. La LOPC añadió "gasto público", limitando el ejercicio de un derecho humano de participación ciudadana, lo cual es ilícito: cuando la Constitución garantiza un derecho fundamental, la ley no puede establecerle excepciones, salvo las que haya fijado la misma Constitución. Así se desprende de su artículo 11, números 3 y 4. Por tanto, la frase "gasto público" en los artículos 20 y 21 de la LOPC, es inconstitucional.

Aclarado lo anterior, examinemos la tesis del gobernador Panchana según los posibles escenarios.

Si la consulta, propuesta por iniciativa ciudadana o por Jaime Nebot como alcalde de Guayaquil, se refiere a si debe o no haber un alza de pasajes, no hay ningún problema legal: eso no lo prohíben ni la Constitución ni la LOPC. 

Si la consulta pregunta si debe haber o no subsidio al transporte, sería constitucional, pero violaría una ley oficialista evidentemente inconstitucional. Por tanto, la Corte Constitucional --si fuera independiente-- debería anular la ley inconstitucional y dar paso a la consulta.

Ahora bien, ¿puede consultarse sobre la competencia de tránsito en sí? Según Panchana, no. Yo pienso que eso depende de la pregunta.

La competencia municipal de tránsito la ordena el artículo 264.6 de la Constitución:

Art. 264.- Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley: (...)
6. Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público dentro de su territorio cantonal.

Por tanto, no se puede consultar si la gente quiere o no que el municipio tenga la competencia de tránsito. Lo que sí se puede preguntar, a mi juicio, es la forma en que dicha competencia se debe ejercer y las decisiones políticas que sobre ella se debatan en la sociedad. De lo contrario, si no se pudiera preguntar sobre ningún asunto que fuera objeto de una competencia municipal, provincial o presidencial, no podría consultarse sobre casi absolutamente nada. Lo cual sería inaceptable, para quienes pensamos, como reza la Constitución, que la participación ciudadana es un derecho esencial en democracia.

Entrevista con Jorge Ortiz

Les comparto mi entrevista con Jorge Ortiz en www.larepublica.ec sobre nuevos impuestos y medidas económicas, bonanza petrolera, afectación a la clase media, falta de independencia judicial y eliminación de subsidio al transporte urbano:

Raspando la olla

Los impuestos, en sí mismos, no tienen por qué ser malos. A mí me parece justo ceder parte de nuestro ingreso para financiar la gestión pública y “redistribuir la riqueza”, si por ello se entiende garantizar un piso mínimo y oportunidades iguales que nos permitan a todos salir adelante en la vida, sin importar en qué condición nos haya tocado nacer. Así, bien cobrados, bien cuantificados y, sobre todo, bien utilizados en salud, educación, seguridad y otros servicios, los impuestos pueden ser positivos en la sociedad. Ejemplo de ello son los países nórdicos, líderes en desarrollo humano, que mantienen altos tributos combinados con niveles envidiables de transparencia y libertad económica.

¿Pero qué sucede en Ecuador? Estas últimas semanas se han anunciado una larga serie de medidas económicas para aumentar el dinero en manos del Estado. Nuevos impuestos a la comida chatarra y a utilidades contra los empleados de telefónicas, aumento drástico del impuesto a la plusvalía, confiscación de fondos previsionales privados, amenaza de desfinanciar el transporte en las ciudades… ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué parece que el gobierno está “raspando la olla” para pellizcar el bolsillo ciudadano por todos los frentes?

Según la narrativa oficial, las finanzas públicas están perfectas. El régimen adorna una explicación para cada una de las nuevas medidas, pero la realidad es testaruda. El impuesto a la comida chatarra es un saludo a la bandera: gravar a negocios internacionales como McDonald’s no cambiará los hábitos de una mayoría que no se alimenta en ellos. Dicen que un impuesto mayor a la plusvalía serviría para devolver al Estado la ganancia de inmuebles beneficiados por obras públicas en casos de expropiación, pero lo cierto es que ese impuesto casi siempre se cobra en ventas privadas donde el Estado no tiene nada que ver. El impuesto del 12% a las utilidades de los empleados de telefónicas no solo es discriminatorio, sino que mantiene intactas las ganancias excesivas de Claro y Movistar, que bien podrían reducirse bajando las tarifas de sus servicios a favor de los ciudadanos, en vez de aprovechar ese “injusto” exceso para engrosar el erario público. Y la confiscación de fondos previsionales privados no tiene lógica alguna: en el caso del magisterio, que el BIESS se lleve 431 millones de dólares ahorrados por 146 mil maestros es simplemente indefendible.

El último capítulo: el régimen exige que los municipios con competencia de tránsito, empezando por Quito, fijen las tarifas urbanas de transporte y amenaza con quitar un “subsidio” del gobierno nacional. Aquí se dicen verdades a medias, que —como al presidente le gusta recordar— son lo mismo que medias mentiras. Es cierto que tales municipios deben fijar el pasaje en el transporte urbano, pero también es cierto que debe existir una política tarifaria nacional. No solo lo dicta el artículo 394 de la Constitución, sino el sentido común: sería lunático que haya 224 tarifas distintas de transporte, una por cada cantón. El gobierno central debe establecer parámetros nacionales, dentro de los cuales se puedan mover los gobiernos locales para decidir la tarifa final.

Por otro lado, una cosa es que el municipio determine el pasaje y otra cosa es pretender eliminar la transferencia de recursos del gobierno central para el transporte urbano. En esto la Constitución es clarísima:

“Art. 273.- Las competencias que asuman los gobiernos autónomos descentralizados serán transferidas con los correspondientes recursos. No habrá transferencia de competencias sin la transferencia de recursos suficientes, salvo expresa aceptación de la entidad que asuma las competencias.” 

No hay competencia sin dinero. Que el gobierno entregue recursos para el tránsito municipal no es una dádiva presidencial. Es una obligación impuesta por la Constitución. Lo curioso es que las normas no han variado del 2013 al 2014. Lo que sí varió es el escenario político: el pasado 23 de febrero Alianza País perdió elecciones en 9 de las 10 ciudades más pobladas del Ecuador. Pues bien, si esto se trata de una venganza electoral, el oficialismo olvida que atacar el transporte urbano no es un castigo a los alcaldes electos por el pueblo, sino una amenaza contra todos los habitantes de cada ciudad, incluyendo a quienes votaron por candidatos de AP.

Por último, si todas estas medidas carecen de argumentos y algunas representan un alto costo político, ¿por qué el régimen las impulsa a capa y espada? No hay otra explicación posible que la falta de liquidez. Fausto Ortiz estima en más de 7000 millones de dólares el déficit tanto en el 2014 como para el 2015. Según Moisés Naím, los precios del petróleo bajaron este verano, cuando lo normal en esta temporada es que hubieran estado “por las nubes”, sobre todo a causa de los conflictos en Medio Oriente y Ucrania. Es un secreto a voces que hay retrasos en el pago de sueldos del sector público. Lo grave es que esto ocurre en la mayor bonanza petrolera de la historia ecuatoriana: según Henry Llanes, en 6 años de este gobierno Ecuador recibió 71 mil millones de dólares por petróleo, 35% más de lo que recibió en tres décadas y media entre 1972 y 2006. Entonces, si el gobierno tiene más plata que nunca, ¿por qué la urgencia de subir impuestos, llevarse plata privada de los maestros y quitarle dinero a las ciudades? Ya no se puede tapar el sol con un dedo. ¿Por qué no dejan las piruetas políticas y nos dicen de frente la verdad?

Twitter: @hectoryepezm

Gobierno chiro, ciudadanos indefensos

Pese a disfrutar de la mayor bonanza petrolera en la historia ecuatoriana, cada día es más difícil ocultar que el gobierno anda escaso de dinero. Hay dos proyectos de ley en el capítulo más reciente para engordar la billetera estatal, esta vez a costa de los derechos fundamentales. Un proyecto busca manejar desde el Banco del IESS más de 900 millones de dólares ahorrados en fondos privados de cesantía; el más representativo, el Fondo del Magisterio, administra alrededor de 431 millones de dólares ahorrados por más de 146 mil maestros en el país. El otro pretende reducir de 15% a 3% las utilidades a los empleados de las empresas de telecomunicaciones, convirtiendo la diferencia del 12% en un impuesto que no lo sufrirán las multinacionales Claro o Movistar, sino sus trabajadores de clase media en Ecuador.

Contra este par de medidas hay abundantes argumentos sociales y económicos. Pero sobre todo hay razones jurídicas: ambos proyectos de ley, más allá de los debates políticos, violan la Constitución y tratados de derechos humanos. El proyecto contra los maestros y los ahorristas en fondos privados es inconstitucional, por la sencilla razón de que el Estado no puede llevarse dinero que no le pertenece. Eso se llama confiscación, prohibida en los artículos 323 de la Constitución y 21.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El proyecto contra los trabajadores de telecomunicaciones es inconstitucional por lesionar el principio de igualdad en su derecho laboral a percibir utilidades, puesto que los empleados son discriminados en función del sector donde trabajan, por una ley con dedicatoria que no guarda ningún parámetro general, lo cual viola los artículos 11 de la Carta Magna y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Ahora bien, si ambos proyectos son evidentemente ilícitos y amenazan los derechos de cientos de miles de ciudadanos, ¿entonces por qué nadie habla de acudir a la justicia?

Todos sabemos la respuesta: porque no serviría para nada. Hace poco se ha publicado un informe, redactado por Luis Pásara con el auspicio de organizaciones internacionales, sobre la falta de independencia judicial en el país. Como era previsible, la respuesta del gobierno ha sido desacreditar a Pásara: matar al mensajero. La realidad, sin embargo, es que no hace falta ningún experto para probar que en Ecuador no tenemos justicia independiente. De eso ya se han encargado numerosos espectáculos judiciales: el proceso penal contra El Universo, la sanción económica a los autores de El Gran Hermano por los contratos de Fabricio Correa, la condena a Cléver Jiménez, Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa violando la inmunidad parlamentaria, entre muchos otros casos en los que jueces y fiscales se alinean contra objetivos políticos públicamente anunciados desde las sabatinas. A ello se suma que el Consejo de la Judicatura —que nombra, sanciona y destituye a todos los jueces del país— está integrado por hombres cercanos al Ejecutivo, al punto de que lo preside el ex secretario personal de Rafael Correa. En un país donde ni siquiera se guardan las apariencias, el informe Pásara retumba como la ingenua voz que, ante la silenciosa mirada del pueblo, anuncia que el rey camina desnudo.

Hasta ahora, la autoproclamada “metida de mano” a la justicia ha apuntado, en su mayoría, a políticos, activistas sociales, comunicadores y uno que otro gran empresario. Se trata de casos usualmente ajenos a la cotidianeidad de la calle, con poco impacto popular. Así, con un costo político relativamente bajo, han logrado que demos por sentado que, en la práctica, no existe ningún mecanismo eficaz contra la violación de derechos desde el poder.

Pero eso no es normal. Y no puede dejar de indignarnos. No es normal que, ante la confiscación de cientos de millones de dólares ahorrados por maestros, servidores públicos y otros trabajadores, o ante la discriminación contra miles de empleados de telefónicas inocentes por la actividad de su empleador, la única salida hoy sea pedir reuniones al presidente para ver si cambia de opinión. Aquí la ciudadanía no mendiga dádivas ni concesiones, sino que merece el respeto a sus derechos humanos tutelados en la Constitución. ¿Por qué el derecho a que el Estado no confisque ahorros de los maestros depende de una exposición de Juan José Castelló al presidente? ¿Por qué el derecho de un empleado de Claro o Movistar a recibir utilidades sin discriminación está condicionado al humor de un mandatario, que en vez de atacar a la clase media, bien podría bajar tarifas telefónicas para disminuir las ganancias exorbitantes de las multinacionales?

Si viviéramos en una democracia normal, todos estaríamos tranquilos: la vía para impedir estos abusos sería acudir ante una justicia independiente. En una democracia constitucional, tendríamos la absoluta seguridad de que cualquier juez autónomo y honrado impediría la confiscación de ahorros privados o la discriminación en el reparto de utilidades. Pero eso no ocurre en Ecuador, porque no tenemos jueces imparciales ni, por tanto, auténtica democracia. Estos casos hoy demuestran que las víctimas de una justicia sometida al poder político no solo son periodistas o militantes de la izquierda, sino cientos de miles de ciudadanos de a pie, indefensos contra un Estado que no duda en lesionar derechos para financiar la cosa pública. Y confirman que, ante la arbitrariedad y la injusticia, las garantías de la Constitución quedan subordinadas al cabildeo, la plegaria y la benevolencia de un sola persona en el poder.

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Llevarse fondos al BIESS: ¿confiscación?

La respuesta es sí. Un proyecto de ley para expropiar alrededor de $936 millones de dólares en 54 fondos previsionales al Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS), en los cuales hay dinero privado, es una confiscación prohibida por el artículo 323 de la Constitución y el artículo 21.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

El caso más representativo es el Fondo de Cesantía del Magisterio, que suma aproximadamente $430 millones aportados por más de 146 mil maestros a lo largo del país. Según Juan José Castelló, presidente del Fondo, ahí no hay dinero público: todo es privado. Según el presidente Correa, ese fondo nació con un capital “semilla” del Estado. 

¿Qué dice la Constitución?

Art. 372.- (…) “Los fondos previsionales públicos y sus inversiones se canalizarán a través de una institución financiera de propiedad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.”*

La norma es muy clara: el Estado, a través del BIESS, solo puede gestionar fondos públicos. Por el contrario, el Estado no tiene potestad para apropiarse de dinero privado, que ha sido ahorrado con el sudor de trabajadores ecuatorianos durante años, al menos que cada uno de esos trabajadores lo consienta de manera expresa. La razón salta a la vista: el Estado no tiene derecho a administrar o adueñarse de plata que no le pertenece.

Asumamos, sin embargo, que fuera cierta la tesis del presidente Correa. Reflexionemos: si en un barrio hay una casa construida con dinero del Estado, ¿eso justifica una ley que diga que todo el barrio va a pasar a propiedad del MIDUVI? No, ¿verdad? Pues bien, de igual manera, si entre los $430 millones del magisterio alguna vez hubo una parte de dinero público, eso no justifica expropiar la totalidad de los $430 millones, sino tan solo aquella parte que era pública y que, hasta ahora, ni el presidente ni nadie se han dignado especificar o demostrar. Es decir, aun en la teoría presidencial, existe confiscación.

No nos confundamos. Esto no se trata de si el MPD —partido que, a propósito, no es santo de mi devoción— tiene injerencia o no en el magisterio, o si el BIESS hace o no un buen trabajo otorgando créditos hipotecarios. Aquí el punto es que llevarse dinero ajeno a la fuerza mediante una ley, en términos jurídicos, se llama confiscar. Y, en términos comunes, se llama robar. 

* Por un error tipográfico, la Constitución en realidad dice “provisionales”. Este desliz se busca corregir en el actual paquete de enmiendas constitucionales.

Twitter: @hectoryepezm