El Manso podría dejar de serlo (si no lo dragan)

El presidente Correa dice que estamos preparados para el inminente fenómeno de El Niño que, según expertos, será el peor desde 1997. La Secretaría General de Riesgos afirma que se han invertido cuatrocientos cincuenta millones de dólares en megaproyectos de control de inundaciones. Pero nadie en el Gobierno dice una palabra sobre el dragado del río Guayas. Su cuenca —la mayor de toda la costa sur del Pacífico— abarca el doce por ciento del territorio nacional y en ella vive el cuarenta por ciento de la población del Ecuador. Si el Guayas no se draga —si no se extrae los cinco millones de metros cúbicos de sedimentación que acumula— y si no se coordinan acciones ambientales y forestales para evitar la sedimentación a mediano plazo, cuando la marea suba se inundarán Guayaquil y más de veinte cantones. La agricultura de un sector rural —que ya sufre más de 52% de pobreza  y que hoy sostiene las exportaciones de todo el país ante la crisis del petróleo— será arrasada.  

Sobre este tema no solo sorprende el silencio, sino las contradicciones. 

El pasado 10 de septiembre, el Ministro Coordinador de Seguridad, César Navas, afirmó en Ecuavisa que estaban asignando recursos a los gobiernos locales para dragar ríos.

Buena noticia, pensé. Le pregunté en Twitter si eso significaba dar, por, fin los sesenta millones de dólares necesarios para dragar el Guayas. “Nunca se mencionó eso. El gobierno apoyará las acciones de limpieza de canales y dragado. Es competencia de los GAD.”, me respondió.

¿Están dragando ríos pero no el que más importa dragar? ¿Cuál es la lectura que debemos tener respecto de esto? 

El ministro Navas culpa a las Prefecturas. En parte con razón. Desde la resolución del Consejo Nacional de Competencias del 26 de abril de 2012, la responsabilidad de dragar el río recae sobre el prefecto de Guayas, Jimmy Jairala, que prometió hacerlo este año. Pero estamos octubre y ni siquiera ha empezado el proceso de contratación. Más contradicciones: en su enlace del 17 de septiembre (minuto 29), el Prefecto ahora dijo que no tiene sentido dragar los cinco millones de metros cúbicos sedimentados en el manso Guayas, porque El Niño aumentará esa cantidad. Algo similar declaró el 2 de octubre a Ecuavisa. Eso es tan absurdo como afirmar que no hay que limpiar la casa porque se ensuciará la semana siguiente. ¿Por qué esperar que llegue más sedimentación al río —según Jairala podría hasta duplicarse— para recién dragar? ¿Al aumentar el volumen, sube el costo del proyecto? 

Por otro lado, si bien la Prefectura es responsable del dragado, el Gobierno debe darle recursos para que lo haga. El artículo 273 de la Constitución es clarísimo: no se puede transferir una competencia sin dinero a un gobierno local, salvo que el local renuncie a su derecho a recibir los recursos. Ahí surgen más dudas: ¿por qué Jimmy Jairala no se sacó el sombrero para exigir los sesenta millones de dólares cuando le dieron la competencia hace tres años y medio, en abril de 2012, en plena bonanza petrolera? Si en efecto aceptó la competencia, ¿renunció a ese dinero que era de la Provincia? ¿O le dieron los recursos y no se han invertido en el dragado? En Venezuela, el Estado asume el dragado permanente del Orinoco en cooperación con China. ¿Por qué el Gobierno no cobra a los chinos el favor de pagar tasas altísimas de interés en compras anticipadas de petróleo, a cambio de que nos ayuden dragando el Guayas? 

Otra área gris en en todo esto es el costo de no dragar. En 1997 y 1998, El Niño perjudicó a Ecuador por casi tres mil millones de dólares según la CEPAL, sin contar la pérdida de vidas humanas, pero, además, hay que pensar en el uso de la sedimentación dragada que, mezclada con cal, sirve para relleno hidráulico en obras de construcción. En mayo de 2015, Jimmy Jairala prometió un millón y medio de metros cúbicos de sedimentación para relleno del Parque Samanes y el resto para El Recreo en Durán. Sin embargo, la draguita de la Armada que hoy está en el río contratada para extraer 268.000 metros cúbicos —tan solo 5% del total—, coloca la sedimentación en el islote El Palmar. Es correcto confinar el islote con sedimentación, ¿pero qué hay del resto? ¿Cuánto perjudica en costo para el Estado no haber utilizado el relleno hidráulico en obras públicas? ¿Cómo se avalúa el daño de no contar con ese relleno para la sufrida población de El Recreo?  

El Niño se acerca. Las autoridades deben tener cuidado: el río Guayas será manso, pero si se suma la falta de dragada a la llegada de un fenómeno climático que los científicos han bautizado —sin consideraciones infantiles— como Godzilla, podría no solo sacarlo de su calma, sino tener efectos devastadores en la economía y la vida de muchos ecuatorianos.  


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Al Manso Guayas

Panteón de los piratas invasores

y de cruces de obreros rebelados.

Testigo mudo al sol de los enfados

de ayer esclavos, que hoy son vencedores.

Eres viva corriente que refrescas

calores de pasión. Tu honda brisa

seduce al malecón y tu ola pisa

recuerdos de astilleros y de grescas.

Con Olmedo encendiste el alma brava

que en Guayaquil parió al libre Ecuador

con sangre, independencia y equidad;

y bañas en mansa agua al son que graba,

en grito huancavilca abrasador,

la lucha por la eterna libertad.

Dos caminos, un solo Ecuador

Ante las masivas protestas contra las enmiendas constitucionales y la política económica, la Revolución Ciudadana tiene dos caminos. El primero: bajar la guardia y lograr consensos. El segundo: contraatacar con todo, bajo la consigna bélica de matar o morir.

El sentido común aconsejaría la primera alternativa en el panorama actual del país. En una economía donde el Gobierno ya se comió las vacas gordas, según el Presidente recibiremos solo 40 millones de dólares en petróleo para 2015, cuando esperábamos 3.087 millones. El agresivo endeudamiento apenas alcanza para cubrir el déficit. Se viene un fenómeno de El Niño que amenaza al agro, hoy motor económico del país, arriesgando con ello la balanza comercial y la dolarización, lo cual puede agravarse por el incumplimiento del dragado del río Guayas. Y la anunciada erupción del volcán Cotopaxi es una espada de Damocles cuyas consecuencias catastróficas son impredecibles.

En este peligroso escenario, un estadista pondría el bienestar nacional por encima de su agenda partidista. Incluso si las enmiendas fueran justificadas, mejor sería dejarlas de lado aunque solo fuera para lograr la unidad y paz social que nos permitan a todos arrimar el hombro en tiempos difíciles. El diálogo no es solo una recomendación del papa Francisco. Es el único camino sensato para el Ecuador.

Sin embargo, el oficialismo le apuesta al segundo camino: matar o morir. La lógica no responde al bien común, sino a la supervivencia electoral. La estrategia del correísmo obedecería a la siguiente doctrina: si cedemos, nos comen vivos; por tanto, hay que pelear con todo y ver qué pasa. Avivar el conflicto les parece el mal menor.

Esa es la única explicación para lo que vivimos. Mientras el régimen dialoga frente al espejo, redobla el acoso para quebrar a los medios de comunicación e inicia la disolución de FUNDAMEDIOS, en una evidente desviación de poder similar al caso de RCTV en Venezuela, que acaba de ser condenada en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que nuestro gobierno sí dice respetar. El correísmo avanza en las enmiendas y se obstina en su defensa a los impuestos de herencia y plusvalía, lo cual rechaza la mayoría del país. Y frente a las protestas de más de medio millón de ecuatorianos en las últimas semanas, que dejaron un saldo de 104 encarcelados según la CONAIE, el Presidente ahora reniega del derecho a la resistencia garantizado en Montecristi y amenaza, en plena sabatina, a los jueces que procesan a los manifestantes.

El Niño y el Cotopaxi, la crisis económica y la caída del petróleo, nos golpean a todos por igual, seamos oficialistas u opositores de izquierda, centro o derecha. Por ende, lo que necesitamos son paños de agua fría y promover un auténtico diálogo con concesiones mutuas para superar lo que se viene. Lo último que necesita un Ecuador ya incendiado es echarle, de lado y lado, más gasolina al fuego. La llave del camión de bomberos está en manos de Carondelet.

Twitter: @hectoryepezm

¿Estamos preparados para El Niño?

El Niño no viene a jugar. Según Rodney Martínez, director del Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno del Niño (CIIFEN), este fenómeno climático se repetirá en 2015 y puede ser similar al que causó las catástrofes de 1997 y 1998. Lo mismo pronostica la Organización Meteorológica Mundial. El Niño de esos años fue devastador: según la CIIFEN, hubo 352 muertos y 30.000 damnificados. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), los daños económicos ascendieron a más de USD 2.869 millones, equivalentes al 48% del producto interno bruto de 1997 de Ecuador. No, esto no es un juego.


Hoy nuestra infraestructura es superior a la de 1997. Sin embargo, los estragos de El Niño pueden ser terribles por la actual situación económica del Ecuador. Mientras el sector público raspa la olla con un petróleo por los suelos y la construcción está paralizada, es el agro lo que mantiene al Ecuador: según el Banco Central, entre enero y junio de 2015 solo las exportaciones de banano, camarón, cacao y café ascendieron a 3046 millones de dólares, cifra muy cercana a lo que vendimos en petróleo durante el mismo periodo, 3824 millones. Si El Niño arrasase con la agricultura, acuicultura y ganadería, no solo dejaría en la ruina a los campesinos —ya más del 52% viven en la pobreza según el INEC—, sino que podría desequilibrar toda la balanza comercial del país. Y eso significa un riesgo gravísimo para la dolarización: si las exportaciones son muy inferiores a las importaciones, salen más dólares de los que entran. El sistema monetario puede colapsar.


El problema es nacional, pero el principio de la solución es regional. La principal medida de prevención es extraer y evitar la sedimentación del río Guayas, cuya cuenca —la más grande del Pacífico sur— integra a nueve provincias y supera los 34.000 kilómetros cuadrados, un área diez veces más grande que el tamaño de Guayaquil. Para ello, la acción más importante en el mediano plazo es dragar el río, sin perjuicio de otras medidas de largo plazo, sobre todo ambientales, para evitar que se forme la sedimentación. En estos momentos, una draga de la Armada remueve 268 mil metros cúbicos —más de dos veces el volumen total que podía cargar el Titanic— de sedimiento para ponerlos en el islote El Palmar, que ha surgido a la vista de Guayaquil, Durán y Samborondón. Pero eso es apenas el 5% de los cinco millones de metros cúbicos de sedimentación que deben dragarse en el Guayas. Es como arar en el mar.


¿De quién es la culpa? Que no se drague desde 1968 es responsabilidad histórica del Estado ecuatoriano. Pero desde hace tres años y medio la pelota está en la cancha del prefecto Jimmy Jairala: el 26 de abril de 2012, el Consejo Nacional de Competencias resolvió que corresponde a los gobiernos provinciales “ejecutar obras de dragado” (resolución 005-CNC-2012, artículo 13), en coordinación con el Estado central, de acuerdo al artículo 263.3 de la Constitución ecuatoriana. Su artículo 273 dispone que las competencias a los gobiernos locales se otorgarán con el dinero necesario: “no habrá transferencia de competencias sin la transferencia de recursos suficientes, salvo expresa aceptación de la entidad que asuma las competencias”. ¿Entonces por qué la Prefectura no exigió la entrega de los USD 60 millones que cuesta el dragado, cuando el presupuesto provincial de Guayas en 2012 era USD 156 millones? ¿Por qué Jimmy Jairala no defendió de pie los recursos para la provincia, cuando en 2012 sobraba la plata del petróleo? ¿O será que aceptó asumir la competencia sin recursos suficientes, como prevé el artículo 273 de la Constitución? ¿Tendrá algo que ver que, en abril de 2012, estábamos a las puertas de las elecciones del 2013 en las cuales su movimiento político apoyó la campaña presidencial de Rafael Correa? La provincia merece respuestas claras a estas interrogantes.


¿Propuestas? Decretar estado de excepción en la cuenca del Guayas —Colombia y Perú ya declararon emergencia— para tomar las siguientes medidas. Primero, contratar el dragado urgente: si la Prefectura no tiene plata, el Gobierno debe cubrir el costo de inmediato. USD 60 millones para dragar es muchísimo más barato que los USD 2.869 millones de daños que dejó El Niño en 1997 y 1998. Segundo, ya que ese dragado indispensable no alcanzará a mitigar el impacto de El Niño, cuyo golpe duro se prevé para noviembre, hay que intensificar el trabajo en drenajes y canales de la cuenca del Guayas (parte de eso ya se ha anunciado). Tercero, se debe elaborar un plan integral de apoyo al agro con capacitación y crédito, incluso evaluando la posibilidad de subsidios focalizados. Cuarto, urge reubicar a quienes viven en zonas de riesgo para evitar muertes y destrucción de hogares. Y, por último, es necesaria una campaña masiva de prevención para que los habitantes en áreas urbanas y rurales sepamos cómo reaccionar ante posibles catástrofes. De seguro hay más y mejores ideas. La pregunta es qué esperan las autoridades para, en vez de montar caballos, tomar el toro —o, más preciso, al Niño— por los cuernos.

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Somos más... ¿Y ahora?

Ecuador asiste a la decadencia política de Alianza País. Está por verse si eso se traducirá en un cambio electoral el 2017. Lo cierto es que el modelo correísta está hecho pedazos ante el derrumbe petrolero, luego de casi 9 años de incontenible gasto público que en parte se invirtió en infraestructuras y modernizar servicios públicos, mientras por otro lado se despilfarró en tejer una red impresionante de clientelismo político. Todo con la consigna ideológica de reemplazar, hasta la asfixia, a la empresa privada. Contratos para los ricos, consumo y empleo burocrático para la clase media, bono para los pobres: esa fue la estrategia para anestesiar, con abundancia de petrodólares, a la mayoría de la sociedad para impunemente secuestrar la justicia, perseguir a periodistas y opositores, tomarse el Consejo Nacional Electoral, encubrir la corrupción y construir un autoritarismo del siglo 21 que destruye las libertades bajo el pretexto de las elecciones.

Pero el modelo se vuelve insostenible sin petróleo ni respaldo popular.

Es lo que ocurre hoy: si sumamos 355 mil personas el 25 de junio en Guayaquil y más de 100 mil el 13 de agosto en Quito, alrededor de medio millón de ecuatorianos hemos salido a las calles en las últimas semanas. Eso más decenas de miles en otros días y lugares a lo largo del Ecuador. La cifra es altísima para un país con 15 millones de habitantes. Solo en Guayaquil protestó más del 10% de su población: si no estuvo personalmente, cualquier guayaquileño seguro tiene un amigo o pariente que salió el 25 de junio a la 9 de Octubre. Pese a que una parte timorata —o chantajeada— de la prensa lo disimula, somos muchisisísimos más quienes queremos un cambio democrático y estamos dispuestos a luchar por él.

La pregunta es: ¿y ahora? Ante la agonía del correísmo, algunos pretenden satanizar a la izquierda para promover un giro a la derecha. Con la crisis de Dilma en Brasil y Maduro en Venezuela, el eco es latinoamericano. Sin embargo, a nivel regional, las protestas también se dirigen contra gobiernos de centro o derecha como en México y Guatemala. El problema principal del correísmo —o del socialismo del siglo 21— no es ser un proyecto de izquierda, sino un proyecto autoritario. Y el autoritarismo no distingue entre izquierda o derecha. Si quienes lideran la política y la opinión pública no llegan a esa conclusión, es posible que el péndulo nos lleve a una derecha —o a otra variante de la izquierda— igual o peor que Alianza País.

Lo urgente en Ecuador, por tanto, no es discutir sobre izquierdas y derechas, sino sobre autoritarismo y democracia. También urge admitir que la democracia no es algo a recuperarse, sino a prácticamente inaugurarse en nuestra historia reciente. Lucio destituyó a la Corte Suprema. Jamil nos llevó al desastre económico. Abdalá gobernó como un lunático. Los tres fueron derrocados. Rafael pescó a río revuelto y profundizó la tendencia a hacer política contra los valores democráticos. La diferencia es que fue más hábil que el resto y le jugó la lotería del petróleo.

Una y mil veces la historia lo comprueba: el combate a un régimen autoritario no necesariamente conduce a la democracia. Sobre todo si no se atacan las causas del autoritarismo y no se practica un esfuerzo extraordinario para evitar que se reinstalen en la sociedad. Si se enfrentara al correísmo a través del insulto, la violencia y el sectarismo, con líderes de mano dura y mesías que prometen borrón y cuenta nueva, se abriría la puerta a reeditar los mismos vicios de hoy en la derecha o la izquierda. Incluso puede que Alianza País prevalezca a falta de una clara diferenciación al momento de las elecciones. Igual riesgo existe si quien encara al oficialismo, siendo democrático, no conecta con las preocupaciones masivas de las grandes mayorías de la clase pobre y media.

Así, el 2017 exige un difícil balance: carisma sin megalomanía, tolerancia sin debilidad, inteligencia sin arrogancia, popularidad sin populismo. Y voluntad firme para edificar instituciones democráticas con amplia participación nacional, lo cual requiere un equilibrio entre liderazgo y consenso. Son varios los caminos para llegar allá. Ninguno pasa por la hipertrofia del ego ni el extremo de las ideologías.

Twitter: @hectoryepezm

Militarizar la calle

Mientras el presidente Rafael Correa hace propaganda sobre el diálogo, las Fuerzas Armadas se toman las calles del Ecuador. Ante el anuncio de un paro nacional y un levantamiento indígena contra las enmiendas constitucionales —luego de protestas masivas que empezaron el 25 de junio en Guayaquil— el Presidente llamó a los militares a “combatir por la patria”, desnaturalizando su deber de proteger la soberanía nacional para involucrarlas en asuntos internos en defensa de Alianza País, el partido oficialista. Desde entonces, las FFAA están en un lugar que no les pertenece y su participación no debería ser aceptada bajo ningún argumento.

El 18 de agosto, la infantería de marina llegó a Macas y, días después, 1.200 policías y militares rodearon la gobernación de Morona Santiago. Esto desembocó en enfrentamientos entre indígenas y militares. Tres días antes, el 15 de agosto, a los militares se les pasó la mano con los protestantes y llegaron al extremo de disparar a una casa donde ellos se refugiaban en Sucúa, un pueblo de Morona Santiago. El hecho fue reproducido en un video que el Ministro de Defensa Nacional, Fernando Cordero, no pudo negar ante la entrevistadora María Josefa Coronel en Teleamazonas. Corcho acusó a Coronel de desinformación y justificó el “uso progresivo de la fuerza”. No le quedaba más: es imposible tapar con un dedo la represión contra el pueblo ecuatoriano.

Es cierto que durante las manifestaciones de estas últimas semanas hubo personas violentas, pero la inmensa mayoría de los cientos de miles de ecuatorianos —siquiera medio millón— que hemos protestado en las calles de Guayaquil, Quito, Galápagos, la Amazonía y el resto del país, nos hemos expresado en paz y democracia. Muchos en familia, con niños y adultos mayores. Los violentos —a quienes la Conaie, no sé si con razón, acusa de infiltrados— son una pequeñísimo grupo. Y esa violencia, por minoritaria que sea, hay que condenarla con todas las letras: el único camino hacia la democracia es la resistencia pacífica. En cualquier caso, militarizar las calles al estilo de dictadura setentera es inaceptable.

Que las FFAA intervengan en los conflictos internos del país es inconstitucional. El artículo 158 de la Constitución limita el rol de las Fuerzas Armadas a defender la soberanía y la integridad territorial. Para la seguridad dentro del país está la Policía Nacional. Y si para los oficialistas eso no es suficiente, entonces nos deben una explicación sobre cómo administran la institución policial. El problema, por supuesto, es que la Constitución no siempre es respetada por los asambleístas. Por eso, en 2014, la mayoría la violó para reformar la Ley de Seguridad Pública y del Estado, que permite a los militares “apoyar” a la policía en la seguridad interna. Con el pretexto de combatir la delincuencia, abrieron la puerta a la militarización de la calle.  Como la reforma fue inconstitucional —ya que una ley no puede estar sobre la Carta Magna—,  el paquete de enmiendas vigente en la Asamblea busca cambiar de una vez por todas el artículo 158 de la Constitución para autorizar a las Fuerzas Armadas a “complementariamente, apoyar en la seguridad integral del Estado de conformidad con la ley”. Se quiere legalizar lo inconstitucional. 

La situación es grave. Ya fue Ecuador sentenciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos —que el Gobierno sí dice respetar— por asignar tareas de seguridad interna a los militares. El argumento de la Corte es que Fuerzas Armadas están entrenadas para la guerra, para neutralizar al enemigo externo y no para proteger al ciudadano común, que es la misión de la Policía. Cambiar los roles de estas instituciones suele desembocar en violaciones de los derechos humanos, como ha pasado en otros países. Y ese es el grave riesgo de manipular los deberes de las Fuerzas Armadas para defender un “proyecto político” por encima de la Constitución.

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Manuela Picq

Está en video: mientras protestaba pacíficamente el 13 de agosto, la francesa y brasileña Manuela Picq fue agredida, vejada y detenida por una fuerza pública que, en vez de defender la Constitución, se ha convertido en la fuerza de choque del correísmo. A Manuela la intentaron deportar, sin ninguna motivación jurídica, violando sus derechos como migrante dedicada a la academia y al periodismo. ¿Su delito? Alzar la voz contra el gobierno y enamorarse de Carlos Pérez Guartambel, uno de los líderes del levantamiento indígena que ha sacudido el país para exigir el archivo de las reformas constitucionales que pretenden eternizar a Rafael Correa como monarca de facto del Ecuador.

El caso de Manuela Picq es dramático, sí, pero es solo la punta del iceberg.

Antes que nada, revela la doble moral de una Revolución de la Chimoltrufia que como dice una cosa, dice otra. Mientras asilan a Julian Assange en la embajada de Londres con nuestros impuestos, alegando la defensa mundial del debido proceso y la libertad de expresión, casa adentro niegan derechos a una extranjera por expresarse en las calles y en los medios. No, en Ecuador no se guardan las apariencias. Lo que normalmente se disimularía para evitar el escándalo, aquí se publicita en televisión nacional, entre la novela y el partido de fútbol, como demostración de omnipotencia política. Para que todos sepamos quién manda.

Pero la realidad es testaruda: esos mismos ciudadanos, en cuyo nombre la Revolución impone su puño autoritario, hoy repletan las calles a lo largo del país. Tal como Manuela Picq y Carlos Pérez Guartambel, Salvador Quishpe y Lourdes Tibán, los trabajadores y los médicos, los estudiantes y los jubilados, somos cientos de miles quienes —antes forajidos, hoy golpistas blandos— exigimos un cambio democrático. Así, aunque no sea ecuatoriana de nacimiento, Manuela Picq se ha convertido en la punta del iceberg de esa protesta violentamente reprimida por la fuerza pública que comanda el ministro José Serrano, cuya foto en redes sociales, escondido detrás de los escudos policiales y arengando a los uniformados, es la mejor caricatura de la tragicómica represión al pueblo, que es siempre tan arrogante como cobarde.

Y el iceberg sigue creciendo: Nina Pacari reclamó por la detención de más de 70 indígenas (contados al fin de semana pasado) y Salvador Quishpe denunció a infiltrados violentos, con las caras tapadas, que intentaron deslegitimar la protesta. Y mientras la amplísima mayoría de manifestantes hemos salido en paz y en familia a expresar nuestra opinión, la agresión policial genera un círculo de violencia cuyo desenlace es imprevisible. ¿Qué esperan para oír al pueblo? ¿Cuándo entenderán que nadie se come el cuento de un diálogo frente al espejo, montado como las sabatinas, para hablar de equidad mientras el Presidente tiene dos aviones de lujo para su uso particular? ¿Cuándo admitirán que no es Revolución empeorar los vicios de la partidocracia que han reciclado, ni es Ciudadana una argolla política que, en vez de obedecer al pueblo, lo pretende silenciar a punta de toletazos? ¿Cuándo se darán cuenta de que la solución para tranquilar al país no es decretar un irresponsable estado nacional de excepción, manipulando la situación del Cotopaxi, sino simplemente escuchar, cumpliendo el deber más elemental de un gobierno en democracia?

Twitter: @hectoryepezm