#LaUnidad para una nueva Asamblea

Después de nueve años de correísmo, el régimen consecutivo más largo y adinerado de la historia del Ecuador, los resultados están a la vista. Carreteras donde transita cada vez menos comercio. Hospitales sin medicinas ni equipos suficientes. Seguro social con más afiliados, pero quebrado. Sector rural donde dos de cada tres ecuatorianos no tienen empleo. Agro tres veces más pobre que la zona urbana. 84.500 ecuatorianos que han perdido su empleo en 2015. Todo según cifras oficiales que ratifican la crisis económica, en medio de una democracia devastada por el caudillismo autoritario, la persecución a la prensa y la concentración de todos los poderes: el mejor caldo de cultivo para la corrupción y la ineficiencia que resulta de la ausencia de contrapesos y diálogo social.

Nueve años después, Ecuador está en una encrucijada: o continuamos el modelo correísta —con o sin Correa— o lo cambiamos por un nuevo modelo el 2017. Ese cambio pasa por dos instancias: la Presidencia de la República y la Asamblea Nacional. Pues bien, este martes 19 de enero, un grupo de activistas tomamos un paso decisivo para concretar lo segundo: una convergencia legislativa a favor de la democracia, las libertades y el progreso en Ecuador desde mayo de 2017.

¿Qué implica esta convergencia legislativa?

No es una alianza electoral, sino una coincidencia para impulsar una agenda legislativa común en la nueva Asamblea. Un compromiso firmado que los ciudadanos podrán hacer exigible a los nuevos asambleístas, sea que lleguen juntos o cada uno por su cuenta. Por tanto, al ser esta una convergencia temática y no electoral, no puede excluir a absolutamente nadie que desee entrar en ella. Si un ex correísta se compromete a reformar la Ley de Comunicación y derogar las enmiendas, lo cual no implica ir en listas conjuntas con él, ¿por qué se lenegaría tal derecho? El cambio del 2017 no puede repetir el sectarismo que hoy tanto fastidia al pueblo. El diálogo no se puede construir en base al odio y la revancha. Eso es, justamente, lo que practica hoy Alianza País. Y es lo quedebemos superar.

Por otro lado, convergencia no significa mimetismo, ni ponerse de acuerdo exige pensar idéntico. Al revés: solo pueden converger quienes vienen desde distintas orillas. El objetivo es lograr consensos en torno a propuestas y principios, más allá de diferencias que siguen estando ahí. La invaluable diversidad ideológica, étnica, cultural y política en un país tan pequeño como Ecuador, es uno de nuestros mayores tesoros que el correísmo ha pretendido eliminar: elsueño húmedo del presidente es que todos pensemos como él. En La Unidad buscamos lo opuesto: construir acuerdos que se edifican sobre el respeto alpluralismo que nos enriquece a todos y es el motor permanente del progreso social.

¿Cuál es el contenido de la convergencia?

Primero, reconstruir la democracia, lo cual implica que la nueva Asamblea derogue las enmiendas a la Constitución aprobadas de espaldas al pueblo, garantice la independencia de poderes y cumpla la función más olvidada por los sumisos de Alianza País: la fiscalización.El 19 de enero firmamos el compromiso de fiscalizar a todos, de cualquier partido o ideología. Y eso incluye, por supuesto, a quienes estuvieron presentes el 19 de enero. Más claro: incluye a Ramiro González y cualquier otro que haya participado en el régimen correísta, así como a quienes participen en el nuevo gobierno el 2017, aun cuando fueren parte de La Unidad. Cada dólar que se desvía en corrupción es un dólar menos para los ciudadanos. La fiscalización, por tanto, es una obligación para cuidar el bolsillo del pueblo, caiga quien caiga, y no un arma que distinga entre amigos o enemigos para intentar persecuciones o revanchas políticas.

Segundo, defender las libertades. La nueva Asamblea devolverá a los jóvenes su derecho a elegir la carrera que les dé la gana, sin imposiciones arbitrarias del Estado, y a los ciudadanos su derecho a expresarse libremente, a criticar a quien quieran, sin mordazas en una Ley de Comunicación que debe reformarse de raíz para promover el pluralismo y proteger a los periodistas ante cualquier censura o represalia autoritaria.

Tercero, impulsar el progreso económico y social. La nueva Asamblea debe reformar la seguridad social para que cada afiliado sea dueño de su ahorro individual y debe prohibir que cualquier gobierno siga utilizando al IESS como caja chica. La nueva Asamblea debe evitar impuestos confiscatorios y promover normas estables que aseguren a todo inversionista que, si cumple con las leyes, sus derechos a cambio serán respetados y no estarán a merced del hígado del caudillo de turno. La nueva Asamblea debe garantizar la seguridad jurídica y generar los incentivos necesarios para blindar la dolarización, aumentar el empleo, reducir la informalidad laboral que hoy aqueja a la mitad del país, estimular el emprendimiento y mejorar la productividad del agro, sobre todo en su zona principal que es la cuenca del río Guayas.

¿Qué nos falta?

Sumar otros compromisos que surjan del diálogo ciudadano y lograr la unidad electoral para tener mayoría en la nueva Asamblea.

Ahora, si bien la unidad es deseable en el 2017, se vuelve imperativa en las listas provinciales de asambleístas, donde el método D’Hont castiga la división electoral y premia desmedidamente a quien obtiene un mayor porcentaje. Gracias al método D’Hont, hoy Alianza País tiene muchos más asambleístas que votos. Por ende, si queremos una nueva Asamblea, es indispensable la unidad en las listas provinciales o, al menos, pactos de no agresión. Y eso debe incluir a CREO, cierta izquierda y parte de Pachakutik que hoy no están en La Unidad. Aun cuando vayamos separados en los binomios presidenciales —donde hay segunda vuelta— o las listas nacionales para la Asamblea —donde rige un método proporcional que asigna escaños en base al número exacto de votos—, si nos dividimos en las provincias, perdemos todos.

* * *

Las cartas están sobre la mesa. El 2017 será la prueba de fuego: nos tocará elegir entre enquistar un modelo correísta que ha sumergido en crisis al país luego de la mayor bonanza petrolera de la historia, o promover el cambio hacia un nuevo Ecuador que construya la democracia, defienda las libertades y detone el progreso con un equilibrio inteligente entre emprendimiento y justicia, reglas claras e inversión social.

La mayoría ya lo tenemos claro. Ahora solo falta que los políticos se pongan a la altura de los ciudadanos.

Enmiendas: una derrota de Alianza País

Hablemos claro: el principal objetivo político de las enmiendas era que Rafael Correa se reelija como presidente ecuatoriano en 2017. Así lo anunció él mismo, después de que su movimiento político, Alianza País, perdiera elecciones locales en nueve de las diez ciudades más pobladas del Ecuador, incluyendo Quito, el 23 de febrero de 2014. Entonces, el Presidente afirmó que cambiaba de opinión —hasta esa fecha había defendido la alternancia como valor esencial de la democracia— para hacer frente a lo que denominó la “restauración conservadora”, un supuesto contraataque de la derecha regional contra gobiernos progresistas, pese a que en 2014 sucumbió ante líderes de muy diversa edad y tendencia ideológica.

Ese fue el móvil político para reformar la Constitución. No la reelección indefinida como cuestión de principios: siempre se habló de la reelección con el fin pragmático del 2017. Tampoco es creíble pensar que Alianza País haya estado dispuesta a soportar movilizaciones sociales para modificar competencias municipales, bajar la edad de un candidato presidencial o poner en la Constitución lo que ya dice la ley sobre la comunicación y las Fuerzas Armadas. El costo político no habría valido la pena.

Pues bien, siendo así, el objetivo de las enmiendas fracasó rotundamente el 3 de diciembre de 2015, cuando cien asambleístas reformaron la Constitución sin consulta popular e incluyeron una disposición transitoria que permite la reelección indefinida después de las elecciones de 2017, en la que no se podrá postular ninguna autoridad que lleve ya dos periodos consecutivos en el cargo. Por tanto, las enmiendas, lejos de ser una victoria, constituyen una sonora derrota para Alianza País desde un punto de vista político y electoral, puesto que impiden al presidente Correa y un grupo considerable de actuales asambleístas ser candidatos en 2017 — más allá de sus terribles consecuencias jurídicas y democráticas, ampliamente expuestas en la opinión pública.

¿Qué cambió?

Luego de pensar en una tercera reelección consecutiva a raíz del “revés electoral” de febrero de 2014 —como simpáticamente lo bautizó la propaganda oficialista—, el presidente Correa ha vuelto a recular. Ahora dijo en Francia que piensa retirarse, en Europa, durante “un buen tiempo” de la política. Pretenderá seguir los pasos del Gran Ausente, el cinco veces presidente ecuatoriano José María Velasco Ibarra, quien dominó la vida política de la primera mitad del siglo XX y era célebre por volver del extranjero para postularse directamente en las elecciones. ¿Cómo así?

Vamos por partes.

El mapa político ecuatoriano se redibujó en el 2014. Exceptuando la alcaldía de Guayaquil, que el correísmo jamás ha podido amenazar, en febrero de ese año el oficialismo sufrió su única derrota electoral importante en ya casi nueve años. La cereza del pastel fue la alcaldía de Quito: aunque el ex alcalde Augusto Barrera arrancó una campaña de menos de dos meses con 45% de intención de voto, al final Mauricio Rodas ganó la capital con el 58% por el movimiento SUMA —donde milito—, organización que además sirve al 26% de los ecuatorianos desde gobiernos locales, incluyendo las alcaldías de Manta, Tulcán, Puyo y otras quince, más las prefecturas de Bolívar, Pastaza y El Oro. Si añadimos las administraciones socialcristianas en la Costa —Guayaquil, Machala, Babahoyo— y la fuerza de la izquierda —Pachakutik y Paúl Carrasco— en la Sierra y Amazonía, más la obtención de numerosos municipios pequeños por parte de AVANZA —que reclutaron a candidatos excluidos de Alianza País—, eso significa un quiebre frente al modelo concentrador del correísmo en los gobiernos locales, que son los más cercanos a la gente. Antes del 2014, ciudades populosas como Quito, Cuenca y Manta tenían alcaldes del oficialismo. Hoy la mayoría de la población no vive bajo administraciones de Alianza País.

Así como ha cambiado la política local “por debajo” de la nacional, también ha cambiado la política regional “por encima” de ella. Salvo Bolivia, todos los países sudamericanos del socialismo bolivariano del siglo 21 están en recesión. Brasil y Venezuela, además de sus terribles problemas económicos, viven de las peores crisis políticas en su historia. El peronismo kirchnerista perdió en Argentina, la segunda economía de Sudamérica, en manos de Mauricio Macri. La oposición en Venezuela acaba de triunfar en las elecciones legislativas. Y Dilma Rousseff enfrenta un juicio político que busca su destitución.

Hoy Alianza País juega en un terreno político local y regional desfavorable. Sin embargo eso, por sí solo, no tendría por qué forzar un giro sobre la reelección indefinida en 2017. Pero algo más grave cambió: la economía.

El astuto Perón decía que el bolsillo es el órgano más sensible del cuerpo humano. La mayor movilización popular en 2015 no fue contra las enmiendas, sino contra el aumento frustrado de impuestos a la herencia y plusvalía, liderada por el alcalde Jaime Nebot en Guayaquil, que aglutinó a 355 mil personas: más del 10% de toda la ciudad salió a la calle. Fue el ataque al bolsillo lo que despertó la reacción masiva de la ciudadanía. Antes y después de ese episodio, casi todas las protestas las han protagonizado los activistas políticos, no las mayorías ciudadanas. No debería sorprender: ya en la época de Juan José Flores, el pueblo no se sumó a los políticos contra la Carta de la Esclavitud, sino al grito de “¡mueran los tres pesos!”. Bien lo decía Bill Clinton: “It’s the economy, stupid!”

En 2016 la cosa no pinta mejor. Luego de dos trimestres seguidos de decrecimiento, ya estamos en recesión. 30% de las empresas están reduciendo puestos de trabajo y 15% de manera drástica, según el director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano. El sector rural sufre 52% de pobreza y 71% sin empleo adecuado, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos. El próximo año no entrará al país un centavo de petróleo, con lo cual hoy vivimos de la agricultura y el camarón, actividades perjudicadas por la actual actividad de volcanes y amenazadas por el inminente fenómeno de El Niño.

Entonces parece ser la recesión económica, más un entorno político desfavorable desde los gobiernos locales y el tablero regional, lo que ha causado que Rafael Correa se eche para atrás en el 2017. Especulo que no solo teme una posible derrota electoral, sino una victoria pírrica: ganar en 2017 con crisis económica, Asamblea en contra y un panorama regional cada vez más adverso. Rafael Correa evitará quemarse el 2017 cuando cumpla recién 54 años. Y para eso preferirá arriesgar el poder —en Argentina, el 50% de popularidad de Cristina no impidió que pierda Daniel Scioli—, con tal de salvar los muebles más adelante.

Así las cosas, todo el futuro queda en la cancha de la oposición. Solo de ella depende canalizar la mayor preocupación de la gente, la economía, en una alternativa creíble para ganar las elecciones del 2017 y luego superar a la Revolución Ciudadana. Y, por tanto, solo de ella depende si la arriesgada apuesta a largo plazo de Rafael Correa queda como anécdota para la historia o se convierte en una realidad.

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Ecuador después de las enmiendas

Aunque más del 80% de los ciudadanos queríamos consulta popular, este 3 de diciembre cien asambleístas reformaron la Constitución en un recinto legislativo que dejó de ser de “puertas abiertas”, como repite la propaganda oficialista, para convertirse desde temprano, por un lado, en un bunker acordonado por miles de policías y, por otro, en un hotel al que incluso llevaron colchones verdes para madrugar antes de la sesión.

¿Cuáles son los principales cambios?

1. Se permitirá la reelección indefinida a partir de la elección local del 2019, destruyendo el principio de alternancia esencial en un sistema democrático presidencialista —a diferencia de sistemas parlamentarios como Alemania— y perjudicando el derecho de igualdad en las elecciones, como razonó la Corte Constitucional de Colombia al impedir un tercer periodo de Álvaro Uribe. Sí, esto no es cuestión de izquierda o derecha. Y da igual si Rafael Correa se postula o no el 2017. Es cuestión de principios.

2. Se recortará el derecho humano a la participación política: los ciudadanos no podrán convocar a consulta sobre “cualquier asunto”, sino solo sobre lo que defina la Asamblea por ley.

3. Se constitucionalizará dos normas que ya habían incluido en la ley —inconstitucionalmente hasta ahora—: que la comunicación sea un servicio público, como la energía o el agua potable, y que las Fuerzas Armadas puedan intervenir en tareas de policía, en contra de lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos —a la que el gobierno sí dice respetar— en el caso Zambrano Vélez contra el mismo Ecuador.

4. Se incluirá a los obreros del Estado en la normativa de servicio público, pero sin derecho a la contratación colectiva, discriminándolos frente a empleados del sector privado.

5. Se quitará a la Contraloría General del Estado la competencia de fiscalizar la gestión en la función pública, aumentando la impunidad contra la corrupción.

6. Se impedirá la competencia de municipios en salud y educación, para lo cual solo podrán construir infraestructura con permiso del Gobierno central.

7. Otros cambios son inofensivos —esos sí, verdaderas enmiendas—, como corregir la palabra “provisionales” por “previsionales” (error mecanográfico en el artículo 372 de la Constitución) o rebajar a treinta años la edad para ser candidato presidencial.

¿Cuáles serán las consecuencias?

En lo jurídico, la mayoría de cambios son inválidos en forma y fondo. En cuanto a la forma, porque al modificarse la estructura del Estado —en casos como la reelección indefinida, Contraloría, Fuerzas Armadas y competencias municipales—, se requería una reforma vía consulta popular En cuanto al fondo, porque hay artículos que restringen derechos humanos —como la igualdad, participación política y libertad de expresión—, lo cual está prohibido y ni siquiera podría resolverse en consulta popular.

En lo político, algunas observaciones:

1. El objetivo electoral de Alianza País era que Correa se reelija el 2017. Y eso no se aprobó, lo cual es una contundente derrota del oficialismo. Veremos qué dice luego la Corte Constitucional. Yo no veo ninguna ventaja para Correa en postularse el 2017: incluso si ganara con las justas, no podría gobernar cómodo teniendo en contra la Asamblea y, sobre todo, la economía. Intentará seguir los pasos de Velasco Ibarra, “el Gran Ausente”, con la esperanza de volver el 2021. Pero nadie sabe cuál será el panorama entonces. En política es imposible apostar a tan largo plazo.

2. Ignoro cuáles serán los efectos prácticos de las enmiendas. Cambios sobre la comunicación o las Fuerzas Armadas ya estaban en vigencia. Veremos qué pasa con los municipios y la Contraloría. Sin la reelección del caudillo el 2017, persistir en la reforma constitucional solo tuvo sentido para Alianza País como demostración de fuerza política. Como una victoria pírrica para ocultar el fracaso.

3. Fuera de la Asamblea, la policía abusó salvajemente contra manifestantes, lo cual prueba que un correísmo con cada vez menos respaldo popular está dispuesto a “defender lo logrado” a punta de fuerza bruta. Tal como en Venezuela. Pero también resulta increíble la violencia promovida por ciertos manifestantes en Quito. Algunos parecen querer combatir al correísmo con sus propios métodos, lo cual es hacerle el juego. Cuidado: el único camino sostenible hacia la democracia es la resistencia pacífica. La violencia solo engendra más violencia. Y rechazo popular.

4. Pese a que se había anunciado en diciembre “la madre de todas las batallas”, la realidad es que muchos ciudadanos han sido indiferentes a esta violación constitucional. La recesión económica, la pérdida de miles de puestos de trabajo, la tragedia de un sector rural que sufre 52% de pobreza y 71% sin empleo adecuado, son las prioridades de la gente que no sigue la política. Que es la amplia mayoría. Y siempre ha sido así. De hecho, las protestas más multitudinarias este año no se dieron contra las enmiendas, sino contra los impuestos a la herencia y plusvalía. La gente salió a defender su bolsillo, no la democracia. Y en época de crisis, eso no debería sorprender.

5. Las enmiendas eran un hecho consumado. La democracia está golpeada, no enterrada. El gran desafío es el 2017. Y la victoria es posible, si la oposición sintoniza con la mayor preocupación ciudadana: la recesión económica. La gente votará por quienes planteen las propuestas más eficaces para que los ciudadanos vivan mejor, lo cual pasa por superar el fracaso del autoritarismo político y del estatismo económico. Al final del día, en democracia las batallas se ganan en las urnas. El 23 de febrero de 2014 vencimos en nueve de las diez ciudades más grandes del país: la única victoria electoral en casi nueve años de correísmo, salvo el caso de la alcaldía de Guayaquil. Con la estrategia correcta y liderazgos convincentes, podremos vencer de nuevo en febrero del 2017, si volvemos a luchar, con unidad y propuestas, para resolver los problemas de la mayoría popular.

Triunfo de Macri y lecciones para Ecuador

Mauricio Macri venció en Argentina contra 12 años de kirchnerismo.

Su triunfo es importante no solo porque Argentina es la mayor economía sudamericana después de Brasil, sino porque Macri ha condicionado la permanencia de Venezuela en Mercosur a que Nicolás Maduro libere a los presos políticos, cuyo rostro más visible es Leopoldo López, y garantice transparencia en las elecciones legislativas el próximo 6 de diciembre, en las cuales, si no hay fraude, se vaticina una contundente victoria de la oposición. El cambio en Argentina podría ser la antesala del cambio en Venezuela.

Así, la victoria de Macri representa una esperanza de giro continental hacia la defensa de la democracia y las libertades, que están por encima del debate entre izquierda y derecha. Y el peso geopolítico de Argentina puede envalentonar a gobiernos civilizados de izquierda, como Chile y Uruguay, para alzar la voz contra sus pares autoritarios del socialismo bolivariano. Por último, una mejora —veremos si llega— en la atribulada economía argentina agravará el desprestigio del modelo despilfarrador de Venezuela, Brasil y Ecuador, hoy hundidos, los tres, en recesión.

Casa adentro, también el resultado argentino deja lecciones a la oposición en Ecuador. Todo el mundo se cree general después de la guerra y algunos acá interpretan conclusiones diametralmente opuestas a las estrategias de que le dieron el triunfo a Macri, que se logró contra viento y marea, con apuestas arriesgadísimas tanto a nivel nacional como en la provincia de Buenos Aires, en contra de la opinión de expertos y columnistas, del “círculo rojo” tan criticado —¡con toda razón!— por el gurú ecuatoriano Jaime Durán Barba.

Macri no ganó con el discurso del conflicto y la revancha, de combatir odio con odio, sino con un mensaje de proposición y reconciliación nacional, de unidad, de alegría, de esperanza, de moderación. Macri ganó sin unirse a Sergio Massa. No cedió a la unidad porque sí y a cualquier costo. No se pasó insultando a Cristina. Puso más énfasis en proponer que en oponerse. Conectó con la mayoría de la gente. Habló de sus problemas, que suelen ser muy diferentes a las preocupaciones de los políticos y analistas. Macri hizo su campaña pensando en la ciudadanía, no en sus amigos y grupos de presión.

Eso se traduce en algunas lecciones para la próxima campaña electoral del 2017 en Ecuador. La victoria exige unirse, sí, pero no con cualquiera: hay sumas que restan y ciertas figuras cuentan con apoyo de parte de la oposición, pero despiertan un rechazo mayoritario en el resto del país. Más importante aún: el único camino para ganar es la proposición. Nadie vota por la crítica sino por las soluciones, que no pueden desconocer algunos logros del correísmo. Lo principal hoy es plantear una alternativa clara para Ecuador, que no signifique un retroceso ni una defensa del pasado, sino que construya una mirada hacia el futuro, en una tarea nacional que no puede excluir a una mayoría que ha votado por el correísmo, sino que debe promover el reencuentro de los ecuatorianos, con una visión de equilibrio entre sector privado y público —sin sustituir la asfixia del Estado por el libertinaje del mercado— a fin de reducir la pobreza y fomentar el empleo para que cada ciudadano viva mejor.

¿Aprenderemos la lección? Estamos contra el tiempo.

Publicado en La República.

Rafael Correa, entre Maduro y Cristina

El panorama político está cambiando en América Latina. Venezuela vive una de las peores crisis de su historia. Brasil y Ecuador están en recesión. En Argentina, Mauricio Macri logró un balotaje sin precedentes que ha puesto en jaque al peronismo. El socialismo bolivariano, aunque permanece en el poder, se resquebraja en el continente. Y la grieta es la economía. con la excepción de Bolivia, que mantiene reservas por el 43% de su producto interno bruto: la prudencia de los “fonditos” que tanto desprecia el gobierno de Ecuador.



¿Qué significa eso para el correísmo? Su futuro puede, por lo pronto, reflejarse en dos posibles espejos: Venezuela y Argentina.



En Venezuela, tras un apoyo multitudinario en las urnas durante la bonanza petrolera, el desastre económico está hundiendo el barco chavista que dirige Nicolás Maduro, quien ya amenazó sin desparpajo que gobernará “en unión cívica militar” con el pueblo si pierde —como se vaticina— en las elecciones legislativas de diciembre. ¿Parecido con Ecuador? Luego de un crecimiento económico sostenido por ocho años, la caída del precio del petróleo hoy hunde a Ecuador en recesión. ¿Querrá Rafael Correa asumir el costo político de la desaceleración económica —por no decir crisis— al presentarse como candidato en 2017? Es cierto que, en lo personal, no se puede comparar a Maduro con Correa, pero también es verdad que ambas economías presentan cuadros similares, cuyos síntomas en Ecuador son atenuados por una administración más profesional y el blindaje de la dolarización. Mirando el espejo de Venezuela, si Rafael Correa persiste en su modelo con un entorno económico adverso, puede que logre la reelección en 2017, pero también puede que su respaldo electoral —y, por tanto, su gobernabilidad— disminuya drásticamente en un cuarto mandato.



Argentina es la otra cara del futuro ecuatoriano. Sin reelección indefinida, Cristina Fernández de Kirchner mantiene una popularidad en torno al 50%, pero su apoyo al candidato oficialista Daniel Scioli —quien, por cierto, no es un incondicional del kirchnerismo— no fue suficiente para evitar, contra todo pronóstico, casi un empate en primera vuelta con el liberal Mauricio Macri, forzando un balotaje inédito en Argentina cuyo resultado es aterradoramente incierto para el peronismo. ¿Parecido con Ecuador? Si Correa no es candidato en 2017, aun reteniendo su popularidad personal, eso no garantiza el triunfo del correísmo, bien porque puede haber una segunda vuelta donde cualquier cosa puede pasar, o bien porque otro candidato no necesariamente será fiel al Presidente. En este escenario, Rafael Correa se arriesga a que su apoyo electoral a un tercero —quizá Lenin Moreno; después del reciente debate, Ramiro González parece descartado— no se traduzca en la continuidad de la argolla oficialista en el poder.



Ahora bien, el futuro político de Ecuador, con sus propios desafíos y realidades, depende de algunos factores peculiares.



El primer factor —y más importante— es la situación económica: si la actual recesión continúa, es probable que Correa desista de lanzarse en 2017.



El segundo factor es la carta de la oposición: puede que Correa confíe en un relevo oficialista si no enfrenta a un rival contundente. Hasta ahora, nadie se ha proclamado candidato —cosa normal a estas alturas— salvo Guillermo Lasso. Sin embargo, tras una campaña multimillonaria y permanente, su intención de voto sigue estancada desde 2013, cuando obtuvo un resultado electoral de 22,6%, seis puntos menos que el derrocado Lucio Gutiérrez en el proceso anterior del 2009 (28,2%), lo cual demuestra que el crecimiento de la oposición en los últimos años no se traduce en un respaldo a su candidatura.



El tercer factor es el cabildeo casa adentro: la decisión de Correa en gran parte se ve influenciada por los intereses de poder al interior de Alianza País y por la necesidad de protegerse —incluso judicialmente— ante un eventual giro al otro extremo del péndulo político.



Por supuesto, aún falta tiempo para la campaña y hay amplio margen de sorpresas. Acaba de entrar en la arena Alberto Dahik, resucitando desde la larga noche neoliberal para pelear, de repente, en la primera línea de fuego del debate económico. Ramiro González dividiría el voto de centroizquierda si compite contra Alianza País. Jaime Nebot dice que no quiere ser candidato, pero la maquinaria socialcristiana se ha reactivado. Mauricio Rodas puede ser una alternativa fresca y equilibrada si, en media crisis nacional, concreta megaproyectos como el Metro y Quitocables. A lo mejor Lenin Moreno participa con su propio movimiento, para aprovechar su capital electoral esquivando el desgaste oficialista. O Rafael Correa podría seguir los pasos de Maduro y combatir el creciente desencanto popular con aún más autoritarismo. Eso sin contar el sexto intento de Alvarito, el contraataque del bucaramato con Dalo, la obstinación de Lucio, las aspiraciones de Paúl Carrasco y el resurgimiento de un movimiento indígena fortalecido en los últimos meses por su liderazgo en las calles.



El tiempo dirá. Lo único claro es que en 2017, por primera vez en una década, las elecciones presidenciales volverán a ser un enigma.





Twitter: @hectoryepezm

No hay crisis y otros cuentos

Dos de cada tres ecuatorianos carecen de empleo adecuado en un sector rural que sufre 52% de pobreza, tres veces más que en la zona urbana. Ya llevamos dos trimestres seguidos de decrecimiento, lo cual técnicamente significa recesión. Estamos cerca del tope de endeudamiento permitido por la ley. Los bancos tienen problemas de liquidez. La construcción está paralizada. Y Ecuador es el país que menos crecerá —o decrecerá, según los nuevos amigos del Fondo Monetario Internacional— después de las peores economías de la región: Venezuela y Brasil. Eso sin contar la amenaza del fenómeno de El Niño que, agravada por la falta de dragado del río Guayas, puede devastar la producción agrícola y acuícola, que hoy sostiene las exportaciones y, por tanto, el equilibrio de la dolarización ante el derrumbe petrolero.

Ninguno de estos datos fue suficiente para evitar que el presidente Rafael Correa defendiera que en Ecuador no hay crisis, durante el debate económico mantenido frente a Alberto Dahik, ex Ministro de Finanzas de León Febres Cordero y ex Vicepresidente del fundador socialcristiano Sixto Durán-Ballén, Mauricio Pozo, ex Ministro de Economía de Lucio Gutiérrez, y Ramiro González, hace poco aliado del gobierno al mando del seguro social, promotor de las salvaguardias y viejo sobreviviente de la Izquierda Democrática.

No seamos ingenuos: había una estrategia política del gobierno detrás del debate. Mi teoría es que se buscaba publicitar una confrontación frente a exponentes creíbles del neoliberalismo (Dahik), el centro (Pozo) y la socialdemocracia (González), en el campo del análisis económico, que debía ser la zona de confort del Presidente. La idea era atestar otro golpe mediático de la Revolución contra la partidocracia, representada por sus viejas caras en todas las tendencias ideológicas. Ello a la par que se evitó enrostrar a los extremos de hoy en la izquierda (Alberto Acosta) y la derecha (Guillermo Lasso), así como se rehuyó la polémica con quienes triunfaron en las últimas elecciones: Mauricio Rodas, Jaime Nebot y Paúl Carrasco. El único militante activo invitado fue Ramiro González, el más cercano a Alianza País, ya que las pretensiones de Alberto Dahik, viejo ducho de la política, aún no están claras.

Pero el tiro salió por la culata.

González fue más político y, en ese campo, contundente, al punto de acusar a Correa, como quien no dice nada, de haber recibido plata de los Isaías. Dahik y Pozo dieron cátedra de economía, avalados por su gestión, respectivamente, durante el gobierno de Sixto Durán-Ballén, que exhibe los mejores resultados económicos de la partidocracia, y el régimen de Lucio Gutiérrez, que ya en dolarización redujo la pobreza más rápido que en casi una década de correísmo.

Al contrario, el Presidente, aunque tenía a tres de su lado —dos ministros y el mismísimo moderador—, terminó inquieto y sudoroso, repitiendo las muletillas de siempre frente a contrincantes a quienes no pudo achicar. Con todo a su favor, tal como ocurrió en las últimas elecciones el 23 de febrero de 2014, el perdedor de esta contienda fue Rafael Correa, en una derrota que, sin embargo, poco benefició a sus debatientes, quienes el oficialismo sabe de antemano que representan un pasado que la mayoría popular rechaza: por eso los escogió.

Pero lo personal es lo de menos. Lo grave es que, junto a Rafael, el mayor perdedor del debate es el actual modelo de la Revolución Ciudadana, que mantiene al Ecuador en la que ya es su peor crisis económica desde el feriado bancario.

Publicado en www.larepublica.ec

Falacias sobre El Niño y el manso Guayas

Dragar el río Guayas es imprescindible. En especial ante la amenaza del peor fenómeno de El Niño desde 1997. A mis entrevistas, artículos y tuits he recibido algunas respuestas del Gobierno Nacional y la Prefectura del Guayas. Algunas son imprecisiones, verdades a medias. Otras son informaciones ciertas pero que no corresponden a los problemas reales sobre el fenómeno climático que se avecina y el río. En este artículo las resumo, para que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones.

Se ha invertido 450 millones de dólares en megaproyectos.

Eso contestó la Secretaría General de Riesgos a Gkillcity por mi artículo “¿Estamos preparados para El Niño?”, cuando critiqué que no se ha dragado el río Guayas, cuya cuenca es el hogar del 40% de la población y representa el 12% del territorio nacional.

El comunicado dice:

El Gobierno de la Revolución Ciudadana ha invertido 450 millones de dólares en mega proyectos de control de inundaciones planificados en las zonas más críticas. Son proyectos que no se realizan de un día para el otro y por lo tanto hablan del principio de planificación y priorización de los proyectos que ejecuta este Gobierno,

Y menciona los proyectos de Cañar, Bulubulu, Naranjal y Chone.

Qué bueno. Pero la respuesta no dice una sola palabra sobre el dragado de los cinco millones de metros cúbicos de sedimento en el Guayas. ¿Qué tanta prevención para El Niño puede haber si no se draga el principal río del país, que está junto a la ciudad más poblada del país, Guayaquil, que es además la cuarta más vulnerable a inundaciones en el mundo según la revista Nature?

El Niño no será tan grave.

Hace semanas entrevisté a Rodney Martínez, director del Centro Internacional de Investigaciones para el Fenómeno del Niño (CIIFEN). Cuando le pregunté qué hacer para mitigar los daños de El Niño, me contestó: “Es urgente que todo el Ecuador sepa que El Niño viene y se tomen las medidas desde las actividades económicas tomando en cuenta su potencial impacto. En este momento la clave para Ecuador es la información a todos sobre la venida de El Niño.”

No parece coherente que, mientras los expertos recomiendan campañas masivas de prevención y educación al ciudadano, el Gobierno pretenda minimizar los posibles efectos de El Niño. Colombia y Perú ya han decretado estados de emergencia. Está bien no ser alarmistas, pero tampoco se puede caer en el otro extremo. En su comunicado a Gkillcity, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos afirmó:

De concretarse las predicciones sobre los efectos de El Niño el país sufrirá las consecuencias del mismo, sin duda, pero estamos mejor preparados. Además si bien las inundaciones y los cambios en las temperaturas pueden perjudicar a diferentes tipos de cultivos otros sectores como el camaronero o el turismo se pueden ver beneficiados.

Datos:

—Con el incremento del volumen de agua se puede potenciar el cultivo de palma, café, cacao, mejorar forestación. Aumenta la captura del camarón silvestre y el dorado. Y beneficia el turismo.

—Se cuenta con 650 millones de dólares para emergencias como las que se puedan suscitar con el Fenómeno El Niño.

—Se cuenta con la disponibilidad de recursos del BID y Banco Mundial por 300 y 150 millones respectivamente.

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. Enlace Ciudadano 440. 5-sept-2015

Los datos de la Secretaría de Gestión de Riesgos tienen como fuente la sabatina 440 que a su vez tiene como fuente al Ministerio de Agricultura. No se muestra ninguna fuente independiente al Gobierno para sustentarlos, ni la metodología utilizada para concluirlos.

La experiencia, sin embargo, ofrece un contraste preocupante. Por un lado, se afirma que El Niño no afectará al cacao y café, que son los productos de mayor exportación nacional después del petróleo, el banano y el camarón en lo que va del 2015. No obstante, hace un par de meses el café y el cacao sufrieron plagas vinculadas al fenómeno de El Niño según un funcionario del Ministerio de Agricultura, entidad que declaró emergencia en el sector. Por otro lado, según el Vicepresidente de la Asociación de Productores de Cacao, en 1997 El Niño arrasó con el 50% de toda la producción de cacao en el Ecuador. ¿Cómo cambiaron las cosas tan drásticamente?

Por último, la Secretaría afirma, sin ofrecer ninguna fuente o estadística, que El Niño beneficia el turismo. Resulta difícil de suponer: mientras toda la costa ecuatoriana esté anegada y paralizada por las inundaciones, el país esté incomunicado y la gastronomía esté afectada por la migración de peces ante la subida de temperatura del agua, como explica Efrén Avilés, consultor del Ministerio de Turismo. No soy experto en el tema, pero me cuesta creer que a uno le den ganas de pasear cuando el cielo se viene abajo.

Con lo anterior no pretendo negar de antemano la validez de lo que publicita el Gobierno. Lo que cuestiono —ante declaraciones y experiencias contradictorias— es que presente evidencia (sin mayor sustento que sus propias afirmaciones) para justificar su publicidad.

Es mejor dragar cuando pase El Niño.

Es el argumento estrella de Jimmy Jairala, Prefecto de Guayas. Jairala ya ha anunciado que dragará el río Guayas recién después mayo de 2016, cuando El Niño haya pasado.

El pretexto: es inútil dragar un volumen de sedimentación que aumentará con el fenómeno. Eso es como decir que es inútil limpiar la casa porque se va a ensuciar la semana siguiente. Por supuesto, se trata de una falacia: si Jairala hubiera dragado antes de El Niño, habría servido enormemente para evitar amenazas a la vida y la economía de los guayasenses, tal como lo explico acá en EXPRESO. Los cinco millones de metros cúbicos de sedimentación que hoy están en el manso Guayas provocarán que el río se desborde con más intensidad que si no existieran. Es puro sentido común.

¿Qué pasa si El Niño trae más sedimento?

Pues hay que dragar de nuevo. Como debería ocurrir siempre: el dragado no es cosa de un día, sino que debe ser una actividad permanente, junto a medidas de mediano y largo plazo para reducir y manejar la sedimentación, como la reforestación de la cuenca alta y megaproyectos de infraestructura (según expertos, propuestas tan variadas como: escolleras, un bypass o una vía artificial dentro de Guayaquil que canalice inundaciones, lo cual debe determinarse con estudios).

El argumento de Jairala es una simple excusa por no haber dragado hasta hoy. Es obvio que, si a estas alturas ni siquiera comienza el proceso precontractual del proyecto, no quedará más que dragar cuando El Niño haya pasado. Se trata de un discurso para justificarse políticamente frente a hechos consumados que bien se pudieron evitar.

El vil metal.

Dragar el Guayas cuesta sesenta millones de dólares. Desde mayo 2014, por lo menos, el Prefecto Jairala esgrime la falta de recursos como un desafío a resolver para ejecutar el dragado. Ahora se ha resuelto que el Gobierno pondrá 20 millones y la Prefectura 40 millones de dólares.

La gran pregunta  es por qué Jimmy Jairala no reclamó los 60 millones completos de parte del Gobierno cuando le pasaron la competencia el 26 de abril de 2012, mediante resolución CNC-005-2012 del Consejo Nacional de Competencias, cuando el artículo 273 de la Constitución obliga a que toda competencia se transfiera con los recursos suficientes. Los motivos de su silencio deberán ser explicados por el mismo Prefecto, pero lo cierto es que su inacción hoy provoca un perjuicio de 40 millones de dólares para la provincia por una obra que, por mandato constitucional, debió ser financiada en su totalidad por el Gobierno Nacional.

Y no ahora, sino hace, por lo menos, tres años y medio.

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